Lucio Aparicio Fuentes
Expediente 649/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lucio Aparicio Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA QUEDADO FIRME. Del incidente de suspensión. Cabe destacar, que en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por no haberlo solicitado las partes. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de ser destruido, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, en términos del precepto 21, del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, Lucio Aparicio Fuentes solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. ° Presidente, Tesorero y Ayuntamiento Municipal de Cuautla, Morelos. Acto reclamado: "La falta de contestación al escrito de fecha 10 de Enero de 2020, presentado en la Oficialía de Partes de la Tesorería Municipal, así como en la Oficialía de Partes del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos, con fecha 14 de Enero del 2020, por virtud del cual el suscrito solicitó la inclusión en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla, Morelos del ejercicio 2020, la deuda que el Municipio de Cuautla, Morelos, tiene con el suscrito por la cantidad de $163,023.37 (ciento sesenta y tres mil veintitrés pesos 37/100 M.N.). 2.- La omisión de incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla, Morelos para el ejercicio fiscal 2020, el monto de la deuda que el Municipio de Cuautla, Morelos, tiene con el suscrito por la cantidad de $163,023.37 (ciento sesenta y tres mil veintitrés pesos 37/100 M.N.). 3.- El incumplimiento al pago de la deuda que el Municipio de Cuautla, Morelos, tiene con el suscrito por la cantidad de $163,023.37 (ciento sesenta y tres mil veintitrés pesos 37/100 M.N.), con motivo del pago del Laudo de fecha 27 de mayo del año 2019 dentro del juicio laboral burocrático número 01/1533/2016 radicado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.". SEGUNDO. El tres, diecisiete, veinticuatro y treinta de septiembre y seis de noviembre, todos de dos mil veinte, en el primero de los mencionados se radicó el asunto con el número de expediente 649/2020, se dictaron autos de prevención, sin que la parte quejosa los hubiera desahogado, por lo que con fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la demanda de amparo. TERCERO. Mediante escrito presentado el doce de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa interpuso recurso de queja contra el auto de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, por el que se tuvo por no interpuesta la demanda. CUARTO. El veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, se recibió el oficio remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual anexó testimonio de la ejecutoria de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, en la que se declaró legalmente incompetente para conocer del recurso de queja de mérito. QUINTO. El diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, se recibió oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual remitió testimonio de la ejecutoria de siete de octubre de dos mil veintiuno, que declaró fundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de no interpuesta. SEXTO. Por auto de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, esta autoridad admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte promovente del amparo reclama lo siguiente: "La falta de contestación al escrito de fecha 10 de Enero de 2020, presentado en la Oficialía de Partes de la Tesorería Municipal, así como en la Oficialía de Partes del H. Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos, con fecha 14 de Enero del 2020, por virtud del cual el suscrito solicitó la inclusión en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla, Morelos del ejercicio 2020, la deuda que el Municipio de Cuautla, Morelos, tiene con el suscrito por la cantidad de $163,023.37 (ciento sesenta y tres mil veintitrés pesos 37/100 M.N.). 2.- La omisión de incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla, Morelos para el ejercicio fiscal 2020, el monto de la deuda que el Municipio de Cuautla, Morelos, tiene con el suscrito por la cantidad de $163,023.37 (ciento sesenta y tres mil veintitrés pesos 37/100 M.N.). 3.- El incumplimiento al pago de la deuda que el Municipio de Cuautla, Morelos, tiene con el suscrito por la cantidad de $163,023.37 (ciento sesenta y tres mil veintitrés pesos 37/100 M.N.), con motivo del pago del Laudo de fecha 27 de mayo del año 2019 dentro del juicio laboral burocrático número 01/1533/2016 radicado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos.". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al momento de rendir el correspondiente informe justificado. La autoridad señalada como responsable adjuntó a su informe justificado, diversas constancias que constituyen prueba instrumental pública y merecen eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador aún de oficio antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. De conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada en la página 262, del Apéndice de fallos de 1985, parte VIII, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que respecto del acto reclamado consistente en la falta de respuesta a su escrito presentado el catorce de enero de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: "XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Dicho numeral tiene íntima relación con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la misma ley, cuyo contenido dice: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: "V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los preceptos legales transcritos se advierte que el juicio de amparo no tiene razón de ser cuando ha desaparecido su objetivo, que es el de volver las cosas al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado, si éste es de carácter positivo, o de forzar a la autoridad responsable a realizar la conducta que indebidamente omitió, si el acto es de carácter negativo, pues resultaría contrario a la naturaleza del juicio que el mismo fuese seguido sin ninguna finalidad práctica; por lo que resulta justificado que el juicio constitucional se torne improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, como ocurre en el presente caso. El acto reclamado anunciado consiste en la falta de respuesta a la petición presentada el catorce de enero de dos mil veinte, lo cual alude le genera un perjuicio al no dar respuesta congruente en los plazos y términos que señala la ley aplicable al acto reclamado. Ahora, de las constancias remitidas por las responsables, se advierten los diversos oficios dirigidos a la hoy quejosa, mediante los cuales se dio respuesta o se proveyó respecto de la petición formulada en el escrito de referencia, y notificó el acuerdo a la parte hoy quejosa el once de noviembre de dos mil veinte. Constancias, con las que se dio vista por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, sin que la parte hoy quejosa hiciera manifestación alguna, aunado a que en nada cambiaría la vista respecto a la respuesta dada por la autoridad señalada como responsable, ya que para el caso la misma devendría improcedente dado que los actos reclamados guardan relación, y los cuales también serán materia de sobreseimiento. En consecuencia, de lo anterior se advierte que, sobrevino la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, la cual para que surta efectos requiere de la revocación del acto que se reclama o que la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Esto es así, pues de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que se surta la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación la jurisprudencia número 2ª/J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del tomo VII, abril de 1998, novena época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Luego, en relación al acto reclamado consistente en la omisión de incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla, Morelos para el ejercicio fiscal 2020, el monto de la deuda que el Municipio de Cuautla, Morelos, tiene con el hoy quejoso por la cantidad de $163,023.37 (ciento sesenta y tres mil veintitrés pesos 37/100 M.N.), se advierte que se actualiza de manera indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "ARTICULO 61.- El Juicio de Amparo es improcedente: XXII.- Cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo;" En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destacan las que llevan por rubro, texto y datos de identificación los siguientes: (Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIV, página 858). "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo.". (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, tesis 2a. XLVIII/98, página 241). "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad.". Ahora, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de garantías, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En el caso que nos ocupa, partiendo del sentido de que el acto reclamado consiste en la omisión de incluir en el Presupuesto de Egresos del Municipio de Cuautla, Morelos para el ejercicio fiscal 2020, el monto de la deuda que el Municipio de Cuautla, Morelos, tiene con el hoy quejoso; sin embargo, la propia responsable lo manifestó en el sentido de que dicho acto se trata o refiere a un ejercicio fiscal que ya transcurrió, lo que para el caso de atenderse el estudio a nada práctico conllevaría dado que se trata de un ejercicio fiscal anterior a la promoción del juicio de amparo. En ese sentido, se actualiza la improcedencia del presente juicio, pues como se trata de un ejercicio fiscal que ya transcurrió, y por lo que si bien es cierto, con dicho ejercicio fiscal anterior en efecto no se incluyó el adeudo reclamado, por tratarse de un ejercicio fiscal que transcurrió ya no tiene objeto o materia de cumplimiento. Se invoca por orientadora la Jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, Materia(s): Común, Página: 189, Registro: 173858, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia previstas en el artículo 61 fracción XXII de la Ley de Amparo, procede sobreseer respecto de dicho acto en el presente juicio de amparo. En otro orden de ideas, este Juzgado de Distrito advierte que en el presente caso se configura la causal de improcedencia que se desprende de la correlación de los artículos 1º, fracción I, 5, fracción II, y 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo, pues el acto que se le reclama al Ayuntamiento de Cuautla, Morelos, así como a su Presidente y Tesorero no puede ser considerado como acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y por ende, susceptible de analizarse a través de este medio de control constitucional que sólo procede contra actos de autoridad. A fin de evidenciar la citada causa de improcedencia, se transcriben los preceptos citados en el párrafo precedente. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las amparo otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas [.]" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación de los numerales transcritos, se colige que para los efectos del juicio de amparo, el concepto de autoridad responsable establece que es aquella con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En la especie, se reclama un acto que no proviene de autoridad para efectos del juicio de amparo, y que tampoco se puede considerar acto de particular que se conduce como autoridad o equivalente al de una autoridad. Al respecto, conviene tener presente que sobre la figura de "autoridad para efectos del juicio de amparo" el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis P. XXVII/97, la cual sigue surtiendo aplicación al no contradecir lo establecido en la Ley de Amparo vigente, con número de registro 199459, visible en la página 118, Novena Época, Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente a febrero de 1997, cuyo rubro y texto disponen: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Ahora, el sistema jurídico autoriza a que los organismos públicos, en algunos supuestos, actúen como particulares en relaciones de derecho privado, lo que es impugnable a través de los procedimientos ordinarios previstos a esos efectos; y que, en otros casos, emitan actos de autoridad susceptibles de combatirse a través del juicio de amparo. En ese orden de ideas, no todo acto emitido por un órgano de la administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solamente aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación. Cuestión que se contempla en la actualidad en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente. Luego, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el procedimiento contencioso administrativo y el juicio de amparo. En cambio, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. La nota distintiva de las relaciones de coordinación consiste en que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, en caso de ser necesario, se impongan coactivamente las reparaciones que genere el incumplimiento de alguna de las partes. Luego, en la jurisprudencia 164/2011, sustentada por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del siete de septiembre de dos mil once, se determinó que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. El criterio en comento, se encuentra publicado en la página mil ochenta y nueve, tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, y su rubro es del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS." Ahora bien, a fin de advertir si en el caso, es dable atribuir el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en los términos que se analizan, al Ayuntamiento Constitucional de Cuautla, Morelos, así como al Presidente, Síndico y Tesorero del mismo conviene tener en cuenta lo siguiente: En la demanda de amparo, la parte quejosa señala que el Ayuntamiento demandado no ha dado cumplimiento al laudo, es decir, existe imposibilidad de ejecutar el laudo. Sin embargo, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado, tiene a su alcance diversos instrumentos legales a fin de hacer cumplir sus determinaciones, entre ellos, las sanciones contenidas en el artículo 124 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Para evidenciarlo, es necesario destacar que el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado, establece lo siguiente: "Artículo 11.- Los casos no previstos en esta Ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las Leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad." De lo anterior se deduce lo siguiente: 1.- Que los supuestos o casos no previstos en la ley citada o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicada supletoriamente. 2.- En segundo orden será aplicable supletoriamente la Ley Federal del Trabajo. 3.- De no ser posible lo anterior, aplicaran las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad, según corresponda. Ahora bien, la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos no establece el procedimiento a seguir a fin de ejecutar los laudos emitidos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado. De ahí que siguiendo el orden de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil, en el título octavo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, relativo a los medios de apremio y de la ejecución de los laudos, sus artículos 148, 149, 150 y 151, estatuyen lo que enseguida se transcribe: "TITULO OCTAVO De los medios de Apremio y de la Ejecución de los Laudos. CAPITULO I ARTÍCULO 148.- El Tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de mil pesos. ARTÍCULO 149.- Las multas se harán efectivas por la Tesorería General de la Federación, para lo cual el Tribunal girará el oficio correspondiente. La Tesorería informará al Tribunal de haber hecho efectiva la multa, señalando los datos relativos que acrediten su cobro. CAPITULO II ARTÍCULO 150.- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. ARTÍCULO 151.- Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da (sic) que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." Como puede advertirse, el artículo 151 dispone que cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola de que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior, esto es, conforme a los artículos 148 y 149. Es decir, la primera actuación en el procedimiento de ejecución por parte del tribunal, consiste en dictar acuerdo ordenando la ejecución del laudo a través de la presencia de un actuario en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, concretamente la imposición de multa hasta por mil pesos. No obstante lo anterior, el artículo 150 ya señalado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, con independencia de que pueda imponer la medida de apremio indicada, también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes a fin, precisamente, de hacer eficaz tal ejecución. Si bien la primera diligencia del procedimiento de ejecución de los laudos ha de realizarse conforme se ha dicho, ello no implica que el tribunal deba en todo momento y bajo cualquier circunstancia, limitarse a proceder apercibiendo al demandado con la imposición de una multa, pues contrariamente a ello, el artículo 150 le permite y aún le obliga a dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia número 2a./J. 133/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 227, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168880, bajo el rubro y texto siguientes: "LAUDOS. ADEMÁS DE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 148 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE CUENTA CON UNA AMPLIA GAMA DE INSTRUMENTOS LEGALES PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fija la garantía a la tutela jurisdiccional y acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, de ahí que las leyes locales y federales deban establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatoria dicha garantía. A partir de lo anterior, el artículo 150 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, a cuyo efecto dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes. A su vez, conforme al artículo 151 de la ley citada, la primera actuación del procedimiento de ejecución consiste en dictar acuerdo ordenando ésta a través de la presencia de un actuario, en compañía de la parte actora en el domicilio de la demandada, a quien requerirá el cumplimiento de la resolución bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrán las medidas de apremio previstas en el artículo 148, el cual sólo prevé la imposición de multa hasta por $1,000.00. Por otra parte, las fracciones III y IV del artículo 43 del indicado ordenamiento, imponen la obligación a los titulares de reinstalar a los trabajadores y ordenar el pago de los salarios caídos o cubrir la indemnización por separación injustificada y pagar las prestaciones correspondientes cuando fueron condenados por laudo ejecutoriado, mientras que el artículo 147 prevé que el mencionado Tribunal podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles y militares para hacer cumplir sus resoluciones. En consecuencia, si bien la imposición de una multa es la única medida de apremio expresamente establecida por la Ley Burocrática, no puede desconocerse que el referido artículo 150 ordena al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos, por lo que también podrá dictar todas las medidas necesarias en la forma y términos que a su juicio sean procedentes, para lo cual la ley pone a su disposición el auxilio de las autoridades civiles y militares y señala con claridad las obligaciones legales de los titulares condenados en laudo ejecutoriado, cuyo incumplimiento puede dar lugar a sanciones de distinta naturaleza, por lo que el análisis integral de todas estas disposiciones permite considerar que el indicado Tribunal cuenta con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento de los laudos que emite y no solamente con la multa." Conforme a lo anterior, es posible colegir que los artículos 150 y 151 de la ley en consulta, sí establecen un procedimiento para ejecutar los laudos y, por ende, son estas disposiciones legales las que aplican supletoriamente a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Resulta aplicable al caso la tesis XVIII.1o.1 L, con número de registro 2002143, sustentada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, página 1859, que señala: "EJECUCIÓN DE LAUDO EN EL JUICIO LABORAL BUROCRÁTICO DEL ESTADO DE MORELOS. ANTE LA NO PREVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO PARA LLEVARLO A CABO, ES APLICABLE SUPLETORIAMENTE EL PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 150 Y 151 DE LA LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. El artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos establece: "Los casos no previstos en esta ley o en sus reglamentos, se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, aplicada supletoriamente, y, en su defecto, por lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad.". Ahora bien, la referida ley en sus artículos 123 y 124, fracciones I y II, estatuye que las resoluciones del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad se cumplirán desde luego por la autoridad correspondiente, y la desobediencia a sus fallos se castigará con multa de hasta 15 salarios mínimos y con destitución del infractor; esto implica que dicho ordenamiento faculta al referido tribunal para hacer cumplir o ejecutar sus resoluciones, así como utilizar los medios de apremio; pero no establece el procedimiento a seguir e, incluso, los artículos 12, fracciones II y XVI y 13, fracción X, de su reglamento interior no lo contemplan. Consecuentemente, conforme al orden supletorio descrito en el aludido artículo 11, es el procedimiento de ejecución previsto en los artículos 150 y 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el que supletoriamente debe seguirse para la ejecución de un laudo." Así, se pone en evidencia que el Tribunal de Conciliación del Estado, tiene a su alcance medidas para hacer cumplir el laudo, de lo que se hace patente el hecho que al Ayuntamiento demandado todavía le reviste el carácter de parte en dicho juicio laboral de origen; por tanto, la autoridad demandada, aquí señalada como autoridad responsable, no actúa en un esquema de supra a subordinación, sino en todo momento dentro de una relación de coordinación con el particular actor. Consecuentemente, el incumplimiento por parte del Titular y Tesorero del Ayuntamiento referido, a un laudo dictado en su contra, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia número 2a./J. 34/2018 (10a.), en materia Común, Laboral, surgida de la Contradicción de tesis 363/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, con el número de registro 2016588, del tenor literal siguiente: "AYUNTAMIENTOS. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EN LA LEGISLACIÓN ESTATAL RESPECTIVA EXISTA UN PROCEDIMIENTO PARA EJECUTARLO. De la interpretación armónica de las jurisprudencias 2a./J. 85/2011, 2a./J. 31/2014 (10a.) y 2a./J. 79/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deriva que el incumplimiento a un laudo por parte de los Ayuntamientos no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando en la legislación estatal se desarrollen los procedimientos respectivos para ejecutarlo a través de los instrumentos legales que correspondan a ese fin, porque en estos casos las partes en el juicio se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y a la igualdad procesal que subyace en ellas, que se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos, sin que obste a lo anterior el hecho de que no se prevean el embargo ni el auxilio de la fuerza pública, porque éstos no son los únicos mecanismos para garantizar la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales." Por tanto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 63 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por las razones aludidas lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo respecto de la omisión reclamada a las autoridades municipales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además, en los numerales 1° Fracción I, 61, 62, 63, 73, 74, 76, 75, 79, 119, y 124 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintitrés de marzo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como corresponda, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; al respecto, con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses legales convenga. Con fundamento en el artículo 9, de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las autoridades responsables de mérito a las personas que citan. De conformidad con los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que remiten, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza. Ahora, respecto del correo electrónico que citan, se tiene únicamente como contacto, lo anterior, a efecto de privilegiar la salud, y aplicar el protocolo de prevención para evitar el contagio del virus que dio origen a la pandemia que se padece. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUATRO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta de conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de Amparo, se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Octavo Circuito, mediante el cual comunica que ordenó el archivo del toca relativo al recurso de queja 139/2021; al respecto, agréguese a los autos para que obre como corresponda, teniendo por hecha la comunicación que vierte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Erik Calderón Ocampo, Secretario quien autoriza y da fe. Doy fe. CARLOS C. O.
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