Lucio Alberto Nah Chan
Expediente 1015/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1015/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Lucio Alberto Nah Chan
Actuaciones
- Principal
Se notifica por lista de estrados a los terceros interesados, la sentencia de veinte de abril de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 27, fraccion I, inciso c) Mérida, Yucatán; veinte de abril de dos mil veintitrés. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 237/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por *****, contra el acto reclamado a la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otras autoridades. (.) R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo Mediante escrito presentado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, Rodrigo Humberto Cisneros Pech promovió juicio de amparo en contra de los actos reclamados a la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y otras autoridades, consistentes en el emplazamiento al juicio natural, y todo lo actuado en el mismo, destacando el embargo trabado sobre el salario del quejoso. En la demanda de amparo, el quejoso narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación (.) TERCERO. Certeza de los actos reclamados Al rendir su informe con justificación, la Juez y Actuario adscrito a la Central de Actuaria de los Juzgado Civiles, Mercantiles y Familiares, reconocieron la existencia de los actos reclamados.29 6. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue omiso al rendir su informe justificado, no obstante de estar debidamente notificado,30 sin embargo, al reclamarse a la referida autoridad responsable un acto de ejecución, queda vinculada a lo ordenado por la juez responsable, quien aceptó los actos reclamados; por tanto, debe tenerse por cierto el acto. 7. La certeza se corrobora con la fotocopia certificada del juicio natural, documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuenta con valor probatorio pleno, pues se trata de una reproducción autorizada por un funcionario con fe pública. (.) SÉPTIMO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado 20. En el estudio del presente asunto, aunque en un orden diverso al escrito que los contiene, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. 42 21. Además, debido a que la materia del juicio que se resuelve reside en decidir sobre la legalidad o ilegalidad del emplazamiento al juicio de origen, el cual constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, de tal forma que su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, procede la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. 43 22. En efecto, el emplazamiento es un acto procesal de trascendental importancia porque permite el cumplimiento del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,44 el cual consiste en otorgar la oportunidad de defensa previamente a ser sometido a un procedimiento, que tenga como objeto privar de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", para la determinación de sus derechos y obligaciones en controversias de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, esto es, el respeto al derecho al debido proceso. 23. Sobre el tema el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95 de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO."45, sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala como parte de esta formalidad. 24. Siguiendo esas directrices, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), que dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO."46 25. Ahora, el juicio natural se rigió conforme al Código de Comercio, con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 1,061 1392, 1393, 1396 y 1396 Bis, que establecen lo siguiente: "Art. 1,061. Al primer escrito se acompañarán precisamente I. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro; II. II. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigante se presente en juicio en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación o cuando el derecho que reclame provenga de habérsele transmitido por otra persona; III. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor, y carezca de algún documento, deberá acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Si se tratare del demandado deberá acreditar la solicitud de expedición del documento de que carezca, para lo cual la copia simple sellada por el archivo, protocolo o dependencia, deberá exhibirla con la contestación o dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del término para contestar la demanda. Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes no tuvieren a su disposición o por cualquier otra causa no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, lo declararán al juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el juez, ordenará al responsable de la expedición que el documento se expida a costa del interesado, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley. Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por las partes con alguno de los requisitos anteriores, no se le recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación como tampoco si en esos escritos no se dejan de identificar las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y sean recibidas; IV. Además de lo señalado en la fracción III, con la demanda y contestación se acompañarán todos los documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como pruebas de su parte; y, los que presentaren después, con violación de este precepto, no le serán admitidos, salvo que se trate de pruebas supervenientes, y V. Copia simple o fotostática siempre que sean legibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, incluyendo la de los que se exhiban como prueba según los párrafos procedentes para correr traslado a la contraria; así como del Registro Federal de Contribuyentes (RFC), de la Clave Única de Registro de Población (CURP) tratándose de personas físicas, en ambos casos cuando exista obligación legal para encontrarse inscrito en dichos registros, y de la identificación oficial del actor o demandado. Lo dispuesto en la fracción anterior, se observará también respecto de los escritos en que se oponga la excepción de compensación o se promueva reconvención o algún incidente." (.) III. "Art. 1,068 Bis. El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, en su caso la denominación o razón social, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encontrarse el buscado; después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento." "Art. 1,069. Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven." IV. (.) "Art. 1,392. Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien." "Art. 1,393. No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio." "Art. 1,394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado. V. La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a disposición del interesado el oficio respectivo junto con copia certificada de la diligencia de embargo para su inscripción. El juez, en ningún caso, suspenderá su jurisdicción para dejar de resolver todo lo concerniente al embargo, su inscripción en el Registro Público que corresponda, desembargo, rendición de cuentas por el depositario respecto de los gastos de administración y de las demás medidas urgentes, provisionales o no, relativas a los actos anteriores. Art. 1,396. Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se computará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello. (.)" 26. Al analizar los citados preceptos, se obtiene que las formalidades que debe contener el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil son las siguientes: Debido cercioramiento de que el domicilio a donde se constituye el fedatario corresponde a la persona buscada, indicando los medios de que se valga para ello, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten y describir los signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de que acudió al domicilio señalado como del demandado. Si a la primera búsqueda se encuentra presente el interesado, su representante, mandatario o procurador, se procederá a practicar la diligencia de manera personal, y de no ser así, se le dejará citatorio para hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores. De no esperar al fedatario, el emplazamiento se entenderá con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. Asimismo, el notificador deberá entregar cédula de notificación, la que tiene que contener: I. Fecha y hora en que se entrega, II. Clase de procedimiento, III. Nombre y apellidos de las partes, IV. Juez o Tribunal que manda practicar la diligencia, V. Transcripción de la determinación que se manda notificar, VI. Nombre y apellidos de la persona a quien se entrega. Además de la cédula, debe entregarse copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, y en su caso, copias simples de los documentos que el actor haya exhibido con su demanda. Asentar las manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. El actuario debe identificarse ante la persona con quien entienda la diligencia y requerir a ésta a su vez para que se identifique, asentando el resultado. Debe levantarse acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada, procurando recabar la firma de la persona con quien se hubiera entendido la notificación. 27. Ahora, en el particular el emplazamiento al juicio se realizó de la forma siguiente (.) 28. Ahora, en la demanda de amparo, el quejoso se ostenta como tercero extraño por equiparación, bajo el argumento de que no fue emplazado legalmente, situación que ocasionó el desconocimiento del juicio, impidiendo su adecuada defensa, dado que no se cumplieron con las formalidades del procedimiento, esencialmente por dos razones, a saber: Que la primera notificación a juicio, se debe efectuar de manera personal y se impone la obligación al actuario de cerciorarse de que en el domicilio en el que se practica sea precisamente el de la persona que se pretende notificar; y, que el domicilio proporcionado en la demanda para efectuar su emplazamiento no es donde el quejoso habita, así, afirma que el Actuario no se constituyó en su domicilio. Que en el acta de notificación no se consignaron los elementos de convicción que empleó el Actuario para saber que realizaba la diligencia en el sitio correcto, por ello, aduce, no hay certeza de que el emplazamiento se efectuó en el domicilio señalado en el escrito inicial de demanda. 29. Apreciados en su conjunto por así permitirlo el artículo 76 de la Ley de Amparo, son infundados los conceptos de violación. 30. En primer lugar, no asiste razón al quejoso dado que la diligencia se llevó a cabo en el domicilio señalado en la demanda del juicio origen, por lo que se cumplió con el requisito que establece el artículo 1069 del Código de Comercio. 31. En efecto, conforme al artículo 1,392 del Código de Comercio, presentada la demanda en la vía ejecutiva mercantil, acompañada del título ejecutivo, el Juez dictará auto con efectos de mandamiento en forma para que el deudor sea requerido de pago, y en caso de que no pague se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y las costas del juicio, poniéndolos bajo la responsabilidad del acreedor, en depósito de la persona nombrada por éste, y lo emplazará a juicio. 32. Ahora, en términos del artículo 1069 del Código de Comercio, el lugar en el que se lleve a cabo esa actuación será el domicilio señalado en la demanda para hacer la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueve, lo cual aconteció en el caso que se analiza. 33. Se afirma lo anterior, ya que en la demanda del juicio natural se aprecia que el actor señaló como domicilio del demandado, aquí quejoso, el inmueble marcado con el número **** ubicado en la calle ***, con cruzamientos ** y ** de la colonia ***, de esta ciudad, el cual coincide con la dirección que acento el actuario en las diligencias de catorce y quince de junio de dos mil veintiuno, en las que dejos citatorio de espera fin de realizar el emplazamiento y finalmente en la que llevó a cabo la diligencia de exequendo. 34. En ese contexto, contrario a lo expresado por el quejoso el domicilio en el cual debía realizarse el emplazamiento, no actualizó una violación a las formalidades del procedimiento, pues el Actuario se constituyó en el domicilio indicado en la demanda mercantil, por lo que no actuó en forma adversa a las reglas que rigen el emplazamiento en los juicios ejecutivos mercantiles, de ahí lo infundado del concepto de violación. 35. Cabe señalar, que resulta insuficiente la manifestación del quejoso en el sentido de que el domicilio señalado en la demanda de origen no es su domicilio, máxime que se trata del propio domicilio precisado en el documento base de la acción. 36. Se dice lo anterior, dado que en la diligencias de catorce y quince de junio de dos mil veintiuno, el Actuario recabó datos objetivos y subjetivos suficientes para cerciorarse, por una parte, que en el lugar en cual se constituyó, era el señalado para notificar al demandado, y por otra parte, que en ese domicilio habitaba el enjuiciado. 37. En efecto, de las diligencia en comento se aprecia que el fedatario responsable asentó que se constituía en el predio marcado con el número ****, de la calle ** entre ** y ** colonia ***, de esta ciudad, cerciorado de que se trataba de la dirección correcta por la nomenclatura oficial de las calles, visibles en las placas metálicas instaladas en la esquina de la cuadra, aunado a que en el predio se encontraba visible el número que lo identificaba y describió el inmueble. 38. En ese contexto, el fedatario añadió que se cercioró de que el demandado habitaba en el referido domicilio, porque así se lo manifestó una persona que habitaba en el predio del costado derecho, quien le aseguró que en el predio contiguo vivía el buscado con sus suegros, y le aseguró que en ese predio número *** habitadas y tenía su domicilio el demandado ****, circunstancia que le confirmó una persona de género femenino, que salió del interior del inmueble señalado, con quién entendió la diligencia y dijo ser esposa del buscado. 39. Ahora, la presunción de validez que el legislador le confirió a las actuaciones que realizan quienes gozan de fe pública, está basada en el valor de seguridad jurídica. Entonces, para desvirtuar la fe pública con que se encuentra investido el funcionario judicial, es necesario aportar pruebas idóneas y eficaces que demuestren que la autoridad judicial, en ejercicio de sus funciones, se condujo con falsedad al practicar la diligencia. 40. Lo anterior, ya que si bien es cierto que la fe pública de que está investido un actuario judicial no es absoluta, también lo es que no puede aceptarse que esa fe quede desvirtuada con pruebas que no demuestren en forma fehaciente y contundente que los hechos no ocurrieron en la forma en que se asentaron en la diligencia. 41. Así, en el particular, el aquí inconforme no ofreció medio de convicción alguno para destruir la referida presunción contenida en las diligencias que se analizan, por lo que debe estimarse que el emplazamiento ocurrió en la forma ahí descrita. 42. En ese sentido, no advirtiéndose motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja y al resultar infundados los concepto de violación hechos valer por la quejosa, al no demostrase la inconstitucionalidad del acto reclamado, se impone negar el amparo y protección de la justicia federal. 43. En esa virtud, si la parte quejosa impugna todo lo actuado dentro del citado juicio, por virtud de un supuesto ilegal emplazamiento, el cual fue válidamente realizado, la negativa del amparo se hace extensiva a todo lo actuado en el citado expediente con posterioridad al mencionado emplazamiento, en razón de que tales actuaciones no fueron combatidas por vicios propios, sino como consecuencia directa de la diligencia de emplazamiento. 44. Apoya a lo antes expuesto, por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia II.3o. J/12, del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, pública en la página 41, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 55, Julio de 1992, Octava Época, con número de registro 218867, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE LAS, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." 45. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÙNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********, contra el acto reclamado a la Juez Cuarto Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otras autoridades, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
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V. Mérida, Yucatán, diecisiete de abril de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede en el sentido de que mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintitrés causo ejecutoria la sentencia que amparó a la parte quejosa, sin que a la fecha la autoridad haya dado cumplimiento a la misma. Ahora bien, en el fallo protector se determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto del acto reclamado al Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, en los siguientes términos: [...] En tal virtud, requiérase a la autoridad Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibida que, en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado, se le impondrá multa de cien a mil Unidades de Medidas y Actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE. [...]
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V. Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Con la demanda de amparo promovida físicamente por ********************contra actos del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número ********************. Precisión del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda se advierte que el promovente reclama del Juzgado Sexto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: [...] Admisión. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los numerales 33, fracción IV, 37, 108, 112, 115, 116, 117 y 107, fracción V de la Ley de Amparo, en virtud que se trata de una omisión por parte de una autoridad jurisdiccional cuyos efectos son de imposible reparación; se admite la demanda. Representante común. Como en su demanda de amparo los quejosos no señalaron entre ellos un representante común, con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Constitucional, designa a ********************para que funja como tal, con independencia que pueda substituirse por otro. Solicitud de informe con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe. Apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en la fracción ll, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa por la cantidad de $3,112.2 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia. Audiencia constitucional. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS; ello, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Sin que haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Incidente de suspensión. No se apertura el incidente de suspensión relativo, porque la parte quejosa no solicitó la suspensión del acto reclamado. Vista al Ministerio Público. Dese la intervención legal que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Tercero Interesado. De una lectura integral de la demanda no se desprende que se actualice alguno de los supuestos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo cual se determina que a la fecha no existe tercero interesado, sin perjuicio de que con posterioridad se puede reconocer ese carácter a alguna persona, una vez que obren datos que comprueben esa situación. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tiene por ofrecida las pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa, así como la presuncional en su doble aspecto, para ser relacionadas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Domicilio y autorizados. Como solicita la parte promovente, y toda vez que el usuario ******************** se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al citado usuario para consultar el presente expediente en línea y recibir notificaciones electrónicas. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento del Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este Juzgado, para que en términos del artículo 87 del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes para el permiso y acceso a la consulta y notificaciones en comento. Ténganse como domicilio alternativo para oír y recibir notificaciones el que señala la parte quejosa en su demanda de amparo. De igual manera, téngase como sus autorizados en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en su demanda de amparo, en virtud de que no acreditaron el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Reproducción electrónica. De conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los quejosos y a sus autorizados el uso de aparatos como cámaras, grabadoras o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos. Juicio en línea. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este. Asimismo, se invita a las partes a que, a la brevedad, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el arábigo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, reconocido en el en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese. [...]
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