Lucino Eugenio Mendoza Chavez

Expediente 1818/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1818/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
27/02/2017

Partes del expediente

  • Lucino Eugenio Mendoza Chavez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta evidencia que no fue recurrida por las partes el auto de diecisiete de enero del año en curso, a través de la cual se sobreseyó por auto el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito. Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto de referencia, pues el mismo establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) II. Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que únicamente se haya sobreseído; (...)." Ello es así, pues se sobreseyó el presente juicio de amparo. En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se hace la precisión que una vez que obren la totalidad de los acuses de notificación, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; siete de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que mediante determinación de diecisiete de enero del año en curso se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que de autos se advierta que las autoridades responsables se encuentren debidamente notificadas, por lo que se ordena expedir el oficio correspondiente para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; diecisiete de enero de dos mil diecisiete. En términos de los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio a través del cual el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, remite copias certificadas del expediente laboral 983/2016 Ahora, es pertinente indicar que en el presente juicio al quejoso Lucino Eugenio Mendoza Chávez, reclama la omisión para señalar fecha de audiencia de conciliación demanda y excepciones, pruebas y resolución. Sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable se advierte que el quince de diciembre de dos mil dieciseis, la autoridad responsable se pronunció al respecto, al señalar las nueve horas de diecinueve de enero de dos mil diecisiete para la celebración de la audiencia demanda, excepciones, pruebas y resolución del juicio Laboral 983/2016 y a dichas constancias se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sobre el particular se invoca, la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Expuesto lo anterior, es pertinente indicar que la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, antes que cualquier otra cuestión, en conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo y en términos de la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Materia Común, Tomo VI, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Motivo por el cual, en el caso en particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. ." Al respecto, debe decirse que el Tribunal Pleno ha sostenido que para ser operante esa causa en el juicio de amparo, no basta que la autoridad responsable revoque o derogue el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, cuyo objeto, es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Conforme a los matices del caso, tomando en cuenta que los hechos en análisis son omisiones o actos negativos y que en estos supuestos la regla restitutoria establecida en la ley reglamentaria dispone que el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, podría decirse entonces que la omisión de tramitar y resolver oportunamente el juicio cesaría de manera absoluta, completa e incondicional, sólo si éste prosiguiera hasta su conclusión y resolución, ya que ésta sería la única forma de resarcir al quejoso plenamente en el goce de la garantía individual violada, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. En la especie, el quince de diciembre de dos mil dieciséis, la Junta responsable emitió el auto correspondiente en el juicio laboral 983/2016, determinando en lo conducente "Radíquese y tramítese bajo el número que le correspondió al ser registrada en el Libro de Gobierno y con fundamento en los artículos 892, 893 y 895 de la Ley Federal del Trabajo se señalan las nueve con treinta horas del día diecinueve de enero del año dos mil dieciseis, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución." Por consiguiente, es patente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en la medida que cesaron los efectos de la omisión reclamada al satisfacerse a plenitud la pretensión de la quejosa, esto es, que se señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución. En tales condiciones, es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en conformidad en la fracción V del artículo 63 de dicho ordenamiento. Es aplicable en lo conducente, el criterio sustentado en la jurisprudencia 103, visible en la página 81, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, materia común, Tomo VI, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También resulta aplicable la tesis P.CL/97, que se localiza en la foja 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1997, Tomo VI, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las diez horas con cincuenta minutos del veinticuatro de enero de dos mil diecisiete se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    VI. Para conocimiento de las partes y a fin que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje; a través del cual rinde su informe justificado al presente juicio de amparo. En tal virtud, téngase por rendido el informe de mérito y hágase relación de él al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, toda vez que del informe de mérito se advierte que la responsable no adjuntó ninguna constancia que acredite la legalidad del acto que se combate, requiérasele para que dentro del término de veinticuatro horas computadas legalmente, remita copia certificada del expediente laboral J.29/983/2016, de su índice; apercibido, que en caso de ser omiso a lo anterior, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, de acuerdo a la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.

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