LUCINA RAZO AYALA y Otros.

Expediente 212/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
212/2021
Año
2021
Actuaciones
15
Última actuación
18/08/2021

Partes del expediente

  • Lucina Razo Ayala
  • LUCINA RAZO AYALA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión contra la sentencia de quince de julio pasado, donde se sobreseyó en el presente juicio, sin que se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, ...; se concluye que no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó. En ese mismo sentido, por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión, ..., se estima que es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados; por lo que, una vez que transcurran más de tres años, en que se haya ordenado su... Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del Acuerdo en cita. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Tomando en consideración que el juez responsable remitió constancias en justificación de sus actos, devuélvanse; en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, acorde a la certificación inicial, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el expediente integrado en la versión impresa coincide con la electrónica. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 212/2021; ..., procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    SENTENCIA DEFINITIVA NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (Sentencia engrosada hasta hoy quince de julio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.)

  4. Incidental

    Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 212/2021, promovido por ..., representado por su asesora jurídica designada, contra un acto del Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama el proveído de veintidós de marzo de la presente anualidad, emitido en el procedimiento de jurisdicción voluntaria 237/2021 del índice del Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde señaló las once horas con treinta minutos del catorce de octubre próximo para que tenga verificativo el primer reconocimiento médico para la declaración de su estado de interdicción. SEGUNDO. TRÁMITE DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En su oportunidad se admitió a trámite la demanda de amparo, se concedió la suspensión provisional, la autoridad responsable rindió su informe previo, finalmente, la audiencia incidental se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. CERTEZA DEL ACTO. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado. SEGUNDO. INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE AMPARO. El quejoso es parte material en el proceso de origen, por lo que acredita su interés para efectos de la suspensión de amparo. TERCERO. REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO; Y ANALISIS DE LA NATURALEZA DEL RECLAMO CONFORME AL 107, FRACCIÓN X DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues: Existe petición de parte agraviada; y No se sigue perjuicio al interés social ni contravención a disposiciones del orden público, ya que el reclamo surge de actuaciones llevadas a cabo en un procedimiento de jurisdicción voluntaria; de modo que los intereses sociales y colectivos se encuentran a salvo. Por el contrario, este órgano considera, basado en máximas de experiencia judicial y sana crítica, que es interés de la sociedad en lo general, que los derechos humanos tengan una eficacia inmediata, específicamente, cuando se trata de personas que forman parte en un juicio de interdicción toda vez que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Por otro lado, también existe materia suspendible acorde a la naturaleza del acto reclamado, en términos del artículo 107, fracción X de la Constitución Federal. Ello es así, porque al margen de que la naturaleza del acto reclamado que es de carácter declarativo al haberse fijado fecha hasta el mes de octubre para el primer reconocimiento médico en el procedimiento de interdicción de origen, lo cierto es que ello genera consecuencias de tracto sucesivo en la esfera del quejoso, quien pasa día a día la incertidumbre sobre el acceso y goce efectivo de sus derechos fundamentales. Máxime que esa materia suspendible puede tratarse a la luz del contenido del artículo 147 de la Ley de Amparo y siguiendo los precedentes del Máximo Tribunal del País, que establecen que el carácter de los actos no es en sí mismo un impedimento para proteger transitoriamente los derechos del justiciable. Al efecto, se invoca en lo conducente la tesis de jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, página 286, que dispone: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. ... ." Así, la actual postura, tiende a una mayor protección de los derechos humanos, lo cual se refleja no solo en cuanto al fondo de las decisiones que atañen violaciones a derechos humanos, sino que se proyecta también en criterios sobre medidas cautelares, con las que ha reconocido la posibilidad de llegar a una protección anticipada y amplia, calificándolas incluso como un "amparo provisorio". Por lo anterior, se colige que existe materia suspendible para el presente caso, por lo que ahora corresponde examinar la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, como elementos indisociables a las providencias precautorias constitucionales. ESTUDIO DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. La figura de la apariencia del buen derecho tiene asidero para este juicio, en la Constitución Federal y en el artículo 138 de la Ley de amparo, e impone al juzgador analizar y advertir si de forma preliminar, le asiste o no la razón al solicitante de una medida, como para hacer previsible, en un rango de probabilidades, que se acogerá la acción y habrá en lo principal, una declaración de inconstitucionalidad. Para ello, primero debe identificarse si el justiciable goza de la prerrogativa alegada en los términos sujetos al caso; y luego, analizar si es verosímil sostener que ésta se viera afectada con la conducta de autoridad, lo que se debe apreciar de forma "sencilla", es decir, sin necesidad de un examen de mayor profundidad, pues por eso es que se trata de una apariencia. Al efecto se cita la tesis de jurisprudencia P./J. 15/96, de la Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Abril de 1996, en Materia(s): Común, Página: 16, que dispone: "SUSPENSION. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTICULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACION DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. ... ." La imposición de examinar la apariencia del buen derecho, conjugado con la herramienta jurídica prevista en el artículo 147 de la Ley de Amparo -que dispone que, de ser jurídica y materialmente posible, se restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado- tienen su razón de ser en la necesidad de tutelar de manera efectiva las prerrogativas inmersas en el proceso constitucional. El estudio relativo se hará en dos secciones, una en la que se examinen las cuestiones jurídicas conducentes al caso y las particularidades de la situación de las partes; y otra en la que se examine superficialmente la respuesta dada por la autoridad responsable. Lo anterior servirá para validar, en un marco de probabilidades, y con un estudio superficial del caso, si es previsible una futura concesión de amparo, que amerite otorgar una protección cautelar más amplia y de carácter anticipatorio. Primera parte. Del procedimiento para declarar la interdicción de una persona. El artículo 450 del Código Civil para esta ciudad establece lo siguiente: "Artículo 450.- Tienen incapacidad natural y legal: I.- Los menores de edad; II.- Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, ya sea de carácter físico, sensorial, intelectual, emocional, mental o varias de ellas a la vez, no puedan gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí mismos o por algún medio que la supla." De dicho numeral se advierte que las personas mayores de edad que por causa de alguna enfermedad reversible o irreversible, o que por su estado particular de discapacidad, en los supuestos ahí establecidos, no pueden gobernarse, obligarse o manifestar su voluntad, por sí o por algún medio que la supla, tendrán incapacidad legal. Ahora bien, para determinar dicha situación, el Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad, dispone en su artículo 904 lo siguiente: "Artículo 904. La declaración de incapacidad por alguna de las causas a que re (sic) refiere el artículo 450, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal: se acreditará en juicio ordinario que se seguirá entre el peticionario y un tutor interino que para tal objeto designe el juez. Como deligencias (sic) prejudiciales se practicarán las siguientes: I.- Recibida la demanda de interdicción, el juez ordenará las medidas tutelares conducentes al aseguramiento de la persona y bienes del señalado como incapacitado; ordenará que la persona que auxilia a aquél de cuya interdicción se trata, lo ponga a disposición de los médicos alienistas o de la especialidad correspondiente o bien, informe fidedigno de la persona que lo auxilie u otro medio de convicción que justifique la necesidad de estas medidas. II.- Los médicos que practiquen el examen deberán ser designados por el juez y serán de preferencia alienistas o de la especialidad correspondiente. Dicho examen se hará en presencia del juez previa citación de la persona que hubiere pedido la interdicción y del Ministerio Público. III.- Si del dictamen pericial resultare comprobada la incapacidad, o por lo menos hubiere duda fundada acerca de la capacidad de la persona cuya interdicción se pide, el juez proveerá las siguientes medidas: a).- Nombrar tutor y curador interinos, cargos que deberán recaer en las personas siguientes, si tuvieren la aptitud necesaria para desempeñarlos: padre, madre, cónyuge, hijos, abuelos y hermanos del incapacitado. Si hubiere varios hijos o hermanos serán preferidos los mayores de edad. En el caso de abuelos, frente a la existencia de maternos o paternos, el juez resolverá atendiendo a las circunstancias. En caso de no haber ninguna de las personas indicadas o no siendo aptas para la tutela el juez con todo escrúpulo debe nombrar como tutor interino a persona de reconocida honorabilidad, prefiriendo a la que sea pariente o amiga del incapacitado o de sus padres y que no tenga ninguna relación de amistad o comunidad de intereses o dependencias con el solicitante de la declaración. El Juez deberá recabar el informe del Archivo General de Notarias, sobre el registro de la designación de tutor cautelar, de la persona cuya interdicción se pide y, en su caso, los datos de la escritura del otorgamiento de las designaciones de tutor cautelar y curador, en su caso. Si el informe arroja que la persona de cuya interdicción se trata no hubiere designado tutor cautelar, el juez procederá a nombrar tutor y curador interinos, cargos que deberán recaer conforme al orden señalado en las personas señaladas en los párrafos que anteceden en ésta fracción. b).- Poner los bienes del presunto incapacitado bajo la administración del tutor interino. Los de la sociedad conyugal, si la hubiere, quedarán bajo la administración del otro cónyuge. c).- Proveer legalmente de la patria potestad o tutela o las personas que tuviere bajo su guarda el presunto incapacitado. De la resolución en que se dicten las providencias mencionadas en este artículo procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo que será de tramitación inmediata. IV.- Dictadas las providencias que establecen las fracciones anteriores se procederá a un segundo reconocimiento médico del presunto incapacitado, con peritos diferentes, en los mismos términos que los señalados por la fracción II. En caso de discrepancia con los peritos que rindieron el primer dictamen se practicará una junta de avenencia a la mayor brevedad posible y si no la hubiere el juez designará peritos terceros en discordia. V.- Hecho lo anterior el juez citará a una audiencia, en la cual si estuvieren conformes el Tutor y el Ministerio Público con el solicitante de la interdicción, dictará la resolución que la declare. En caso de que en la resolución se haya declarado la interdicción, ésta deberá establecer el alcance de la capacidad y determinar la extensión y límites de la Tutela, en los términos enunciados en el segundo párrafo del Artículo 462 del Código civil para el Distrito Federal. Si en dicha audiencia hubiera oposición de parte, se substanciará un Juicio Ordinario con intervención del Ministerio Público." De dicho numeral se advierte que recibida la demanda de interdicción, el juez ordenará las medidas tutelares conducentes al aseguramiento de la persona y bienes del señalado como incapacitado; ordenará que la persona que auxilia a aquél de cuya interdicción se trata, lo ponga a disposición de los médicos alienistas o de la especialidad correspondiente o bien, informe fidedigno de la persona que lo auxilie u otro medio de convicción que justifique la necesidad de estas medidas. En el caso, el acuerdo que constituye el acto reclamado deriva de un procedimiento donde se busca declarar al quejoso en estado de interdicción, y consiste en la fijación lejana para que tenga verificativo la audiencia en la que se hará el primer reconocimiento médico, lo que conlleva a un retraso para designar un tutor o persona que lo que represente, así como resolver lo relativo a dicha declaratoria de estado de interdicción o no. Segunda parte. Examen superficial del acto de autoridad. Establecido lo anterior, y siguiendo el estudio que implica la apariencia del buen derecho, ahora corresponde examinar con una mirada superficial, si el actuar de la autoridad encuentra justificación aparente o no, a fin de determinar la procedencia de la suspensión en los términos en que fue pedida. En el caso, del acto reclamado de fecha veintidós de marzo del año actual se aprecia que la autoridad responsable tuvo por recibida la solicitud de interdicción y, con fundamento en el artículo 904 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, señaló las nueve horas con treinta minutos del catorce de octubre siguiente para que tenga verificativo el primer reconocimiento médico del presunto interdicto. Sin embargo, a criterio del suscrito, tal postura es incorrecta, sin necesidad de un análisis de mayor profundidad. Lo anterior, pues la fecha señalada para efectuar los estudios es hasta el mes de octubre, esto es, siete meses después del dictado del acto reclamado -veintidós de marzo del presente año-, lo cual genera una abierta dilación para que el peticionario pueda obtener una declaración relacionada con su capacidad jurídica. Peligro en la demora. Finalmente, otro elemento que debe ser analizado en el presente asunto, para efectos de la procedencia de la medida cautelar es el periculum in mora, o el riesgo que se genera con la ausencia de una providencia que mitigue las violaciones alegadas. Este elemento se explica en la contradicción de tesis 255/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció: "45. Por eso, los presupuestos de las medidas cautelares son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, es decir, se deben sustentar en un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho alegado por el interesado, mediante el examen preliminar que se hace al fondo del asunto (fumus boni iuris), así como en la amenaza de que por el tiempo de duración del proceso ese derecho aparente no sea satisfecho (periculum in mora). Y las notas distintivas de tales medidas son la instrumentalidad y la provisoriedad, entendidas la primera, en el sentido de que la medida sirve a un proceso principal, del cual depende su existencia; y la segunda, no simplemente como algo temporal, sino sobre todo como lo que está destinado a durar hasta en tanto sobrevenga un evento sucesivo: la resolución definitiva, en que se determine con certeza sobre el derecho alegado." En el caso, después de exponerse los elementos de derecho a favor del promovente, es claro que con la tardanza en el desarrollo del procedimiento se priva al peticionario de la designación de un representante o tutriz que vele por sus actos y derechos, así como del posterior dictado de la resolución correspondiente donde se defina su estado de interdicción o no. CUARTO. OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN CON EFECTOS ANTICIPADOS A FAVOR DEL QUEJOSO. Atendiendo a lo anterior, y por estar suficientemente acreditada la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, con fundamento en lo previsto en los artículos 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 138, fracción I y 147 de la Ley de Amparo, que permite el otorgamiento de medidas cautelares con efectos anticipatorios, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN solicitada, para el efecto de que: Atento a la nueva fecha señalada por el juzgador responsable para el primer reconocimiento médico del quejoso -diez horas del catorce de julio de dos mil veintiuno-, tenga verificativo la citada diligencia, sin excepción alguna. Cabe precisar que los análisis vertidos en el presente asunto tienen alcances única y exclusivamente para la suspensión, y la apreciación de los hechos y del acto reclamado se hicieron conforme a una apariencia del buen derecho, por lo que no implica un prejuzgamiento en la causa ni un reconocimiento pleno del estado de interdicción del quejoso; de modo que este pronunciamiento se acota, primordialmente a la protección cautelar del peticionario -presunto interdicto-, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo. Al efecto, se invoca la tesis XVII.2o.C.T.14 C (10a.) de la Décima Época, en Materias(s): Común. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, página 2602, que dispone: "JUICIO DE INTERDICCIÓN. SI SE RECLAMA UNA DILACIÓN INEXCUSABLE EN ÉSTE, AUN CUANDO SE TRATA DE ACTOS NEGATIVOS, RESULTA FACTIBLE DECRETAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CON EFECTOS PROVISIONALMENTE RESTITUTORIOS. ... ." CUARTO. DE LA GARANTÍA. La medida concedida surtirá sus efectos desde luego y sin necesidad de otorgar garantía, dada la naturaleza familiar de los actos reclamados y los derechos involucrados. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además en lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA a ... contra actos del Juez Cuadragésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos precisados en esta resolución. NOTIFÍQUESE.

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