Lucina Martinez Garcia

Expediente 1384/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de diciembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1384/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/12/2023

Partes del expediente

  • Lucina Martinez Garcia
  • Juez Vigesimo Quinto Civil de Proceso Escrito del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Mexico

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, presentado físicamente, signado por la Actuaria adscrita al Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 956/2023-V, con dos legajos de constancias, así como el original del escrito de expresión agravios del recurso de revisión interpuesto por la quejosa. De igual manera, informa que ADMITIÓ a trámite el recurso de revisión en cita, quedando registrado bajo el R.C. 421/2023; en consecuencia, téngase por realizada la manifestación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. MESA V

  2. Principal

    Agréguese a sus autos la razón de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, suscrita por el Licenciado Cornelio Olascoaga Rodríguez, actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, por medio de la cual hace constar su imposibilidad para notificar a la promovente Lucina Martinez García, el auto de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, ya que al constituirse en el domicilio ubicado en Calle Doctor Carmona y Valle, número 60, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México, fue atendido por una persona quien dijo llamarse Arturo Galicia quien le manifestó "no conocer a la persona buscada y que en dicho inmueble se encuentran establecidas dos torres con varios pisos y con diversos interiores". En ese sentido, con fundamento en el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele a la promovente el auto de veintinueve de noviembre del año en curso, el presente proveído, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista que se fije en el local de este órgano federal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones, lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista a la promovente. MESA IV AUTO DE 29 NOVIEMBRE 2023 México, Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA Y REGISTRO Agréguense a sus autos los oficios de cuenta signado por el signado por el Actuario del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al que se adjunta el D.C. 782/2023, de su índice que contiene el informe justificado rendido por la Conciliadora del Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la demanda de amparo presentada por Lucina Martinez García, por propio derecho, la certificación a que se refiere el artículo 178 de la Ley de Amparo, constancia de emplazamiento del tercero interesado Guillermo Jesús Orellana Reyes, auto de diez de noviembre de dos mil veintitrés, emitido en el D.C. 782/2023, del que se advierte que la Superioridad se declaró incompetente para seguir conociendo del presente juicio de amparo, los autos del juicio de origen, un cuaderno de amparo, un sobre de documentos y una bolsa de documentos; en consecuencia, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto, remítase el acuse de recibo de estilo. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 1384/2023-IV y NEUN 33948058. FUNDAMENTO DE DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que la Juzgadora de Distrito debe examinar la demanda de garantías y escrito aclaratorio, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. ACTO RECLAMADO Así las cosas, la promovente señala como acto reclamado en síntesis: La resolución de siete de agosto de dos mil veintitrés, emitida en el procedimiento vía de apremio expediente 16/2023 del índice del Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en la que se declaró infundada la excepción de nulidad opuesta por la codemandada. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de las manifestaciones expuestas por la promovente en su demanda de amparo y de las constancias remitidas por la autoridad señalada como responsable, se desprenden los siguientes antecedentes de la vía de apremio: 1.- Los actos reclamados derivan del procedimiento vía de apremio promovido por Guillermo Jesús Orellana Reyes, en contra de VSR Insumos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Luciana Martinez García y Cosmeticare, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, expediente 16/2023 del índice del Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 2.- Con fecha diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite el procedimiento en la vía de apremio y como consecuencia de ello se ordenó requerir a VSR Insumos, Sociedad Anónima de Capital Variable, Luciana Martinez García y Cosmeticare, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para que dentro del término de cinco días acreditaran el cumplimiento dado al laudo arbitral de fecha nueve de diciembre de dos mil veintidós, dictado por el árbitro Marco Antonio Zaragoza Galindo. 3.- Seguido el procedimiento en sus etapas procesales, con fecha quince de marzo de dos mil veintitrés, el juez de origen tuvo por acusada la rebeldía en que incurrieron las ejecutadas VSR Insumos, Sociedad Anónima de Capital Variable y Cosmeticare, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, al no haber realizado manifestación alguna dentro del término concedido. 4.- Mediante proveído de veintidós de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la codemandada Lucina Martinez García, realizando diversas manifestaciones en torno al requerimiento que le fue formulado en auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, asimismo, se le tuvo oponiendo la excepción de nulidad en contra del juicio arbitral manifestando que carecía de validez en virtud de que dicho procedimiento no le fue notificado, por lo que con dicha excepción se ordenó dar vista por tres días a la parte actora a fin de que manifestara lo que a su interés conviniera. 5.- Por auto de cuatro de julio del año en curso, se tuvo a la parte actora desahogando la vista otorgada en auto de veintidós de junio de dos mil veintitrés y como consecuencia de ello se ordenó turnar los autos a fin de dictar la interlocutoria correspondiente. 6.- Mediante resolución de siete de agosto de dos mil veintitrés, el juez de origen declaró infundada la excepción de nulidad interpuesta por la codemandada Luciana Martinez García (aquí promovente). La resolución de siete de agosto de dos mil veintitrés, constituye el acto reclamado. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA Atento a lo anterior, en el caso en concreto se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo. 107.- El amparo indirecto procede: .. IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo, contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.". MOTIVO DEL DESECHAMIENTO Es preciso hacer hincapié que la vía de apremio consiste en un procedimiento que se sigue con la finalidad de obtener el cumplimiento de una sentencia o de un convenio celebrado ante una autoridad, que se encuentra regulada en el Capítulo V, Sección I, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, que en sus numerales 500, 504, 505, 506 y 525, disponen lo siguiente: "Artículo 500.- Procede la vía de apremio a instancia de parte, siempre que se trate de la ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en el juicio o en virtud de pacto comisorio expreso, ya sea por las partes o por terceros que hayan venido al juicio por cualquier motivo que sea. Esta disposición será aplicable en la ejecución de convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y la Procuraduría Social de la Ciudad de México, así como los laudos emitidos por dichas Procuradurías; en la ejecución de convenios emanados del procedimiento de mediación, incluidos los de mediación comunitaria prevista en las leyes de la Ciudad de México, que cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, y los celebrados ante los Juzgados Cívicos, tratándose de daños culposos causados con motivo del tránsito de vehículos". "Artículo 504.- La ejecución de las sentencias arbitrales, de los convenios de transacción, de los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y de los laudos dictados por ésta, así como en la ejecución de convenios celebrados ante el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal en los casos previstos en el párrafo segundo del artículo 500, se hará por el juez competente designado por las partes o, en su defecto, por el juez del lugar del juicio." "Artículo 505.- La ejecución de las sentencias y convenios en la vía ejecutiva, se efectuará conforme a las reglas generales de los juicios ejecutivos." "Artículo 506.- Cuando se pida la ejecución de sentencia, sólo en caso de que no se hubiese fijado algún término para que el condenado la cumpla, se señalará al deudor el término improrrogable de cinco días para que le dé cumplimiento." "Artículo 525.- Cuando en virtud de la sentencia o de la determinación del juez debe entregarse alguna cosa inmueble, se procederá inmediatamente a poner en posesión de la misma a la parte que corresponda o a la persona en quien fincó el remate aprobado, practicando a este fin todas las diligencias conducentes que solicite el interesado. Si la cosa fuere mueble y pudiere ser habida, se le mandará entregar al actor o al interesado, que indicará la resolución. Si el obligado se resistiere, lo hará el actuario, quien podrá emplear el uso de la fuerza pública y aun mandar romper las cerraduras. En caso de no poderse entregar los bienes señalados en la sentencia, se despachará la ejecución por la cantidad que señale la parte interesada, que puede ser moderada prudentemente por el juez, y sin perjuicio de que se oponga al monto el deudor." De dichos numerales se desprende que es procedente la vía de apremio cuando a instancia de parte, se reclame la ejecución de una sentencia o de un convenio celebrado en el juicio o en virtud de pacto comisorio expreso, ya sea por las partes o por terceros que hayan venido al juicio por cualquier motivo que sea. En ese sentido, toda vez que la vía de apremio se trata de una etapa procesal - de ejecución - sólo existen muy limitadas posibilidades de oposición para la parte condenada y desde su admisión, el juzgador debe requerirle para que dé cumplimiento a la obligación contenida en el básico, ya que se trata de un medio por el que se solicita la intervención judicial para que se cumpla coactivamente la sentencia o convenio que constituye cosa juzgada. En el juicio de amparo será procedente reclamar las violaciones ocurridas en el procedimiento de vía de apremio una vez que se emita la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, pudiendo reclamarse hasta ese momento todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución que hayan dejado sin defensa a los peticionarios de amparo. Por tanto, en el caso a estudio se actualiza el supuesto previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 fracción IV, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, ya que en el juicio de amparo será procedente reclamar las violaciones ocurridas en el procedimiento de vía de apremio una vez que se emita la última resolución dictada en el procedimiento vía de apremio, entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo convenido. En ese entendido, el acto reclamado en relación al procedimiento de ejecución en la vía de apremio, consiste en la resolución de siete de agosto de dos mil veintitrés, en la que el juez de origen declaró infundada la excepción de nulidad opuesta por la aquí impetrante, no constituye la última resolución en el procedimiento de ejecución en la vía de apremio, pues no constituye aquél acto que declara el cumplimiento del convenio pactado por las partes o su imposibilidad para ello. Se concluye lo anterior, en atención a que las reglas contenidas en la fracción IV, del artículo 107, de la ley de la materia, establecen que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación y tratándose de actos dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia o de remate, existe la posibilidad de impugnarlos por las partes exclusivamente cuando: a) El acto infrinja directamente derechos sustantivos; y b) Los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, es decir, que no hayan sido consecuencia directa y necesaria del fallo que se pretende ejecutar Lo anteriores razonamientos fueron adoptados de la contradicción de tesis 215/2009, consultable en la Novena Época, Registro: 163152, sustentada por Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 108/2010, visible en la página: 6, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente la jurisprudencia VI.2o.C. J/6, con número de registro 2001059, consultable en la página 1515, Libro X, Julio de 2012, Tomo 3, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. La regla genérica contenida en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, no indica si los actos intermedios dictados durante un procedimiento sustanciado en esa etapa -después de concluido el juicio- pueden atacarse de manera inmediata mediante la acción de amparo biinstancial, o si ello debe hacerse junto con la resolución que decide en definitiva dicho procedimiento. No obstante, de conformidad con el principio de definitividad, aun los actos dictados después de concluido el juicio que no formen parte de un procedimiento deben ser definitivos, es decir, deben reclamarse a través del medio ordinario de defensa que la ley establezca, previo a su impugnación en amparo; luego, el referido principio es aplicable y debe respetarse también en tratándose de aquella clase de actos. Por otro lado, al tenor de los párrafos segundo y tercero del dispositivo legal mencionado, el juicio de garantías indirecto procede contra actos de ejecución de sentencia, pero sólo respecto de la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo, y en relación con los actos pertenecientes a un remate sólo es reclamable, en forma destacada, la resolución definitiva en que aquél se apruebe o desapruebe, bajo la misma mecánica impugnativa que en el supuesto anterior, es decir, hasta ese momento pueden reclamarse las violaciones cometidas durante el procedimiento de remate. Aunado a lo anterior, y de conformidad con los criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicados en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a excepción del último, de rubros: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.", Tomo VII, febrero de 1998, página 230, tesis 2a. VIII/98; "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", Tomo XIII, abril de 2001, página 31, tesis P./J. 32/2001; "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA DENTRO DE UN PROCE DIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA RESPECTIVA.", Tomo V, abril de 1997, página 15, tesis P. LVI/97; "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO ENTABLADO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR LA PARTE VENCEDORA EN EL JUICIO NATURAL.", Tomo XX, julio de 2004, página 75, tesis 1a./J. 36/2004; y "VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO EN REMATE SÓLO PUEDEN RECLAMARSE EN AMPARO CUANDO AQUÉL SE APRUEBA.", Informe de 1934, Tercera Sala, página 74; en los que el Máximo Tribunal del País estableció que el amparo indirecto no procede contra actos dictados en ejecución de sentencia, incluso si son de imposible reparación, si quien lo promueve es el vencedor en el juicio natural (ejecutante) o si se impugna la constitucionalidad de la ley aplicada, sino sólo contra la última resolución dictada en ese procedimiento; de todo lo que se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, que no se traten de ejecución de sentencia o remate, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga". Máxime, que de las actuaciones habidas en el procedimiento no se advierte que a la fecha el juzgador natural hubiera dictado determinación alguna en la cual haya resuelto que se tenía por cumplido el laudo arbitral o en su caso la imposibilidad para ello. Por lo anterior, al haberse actualizado en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Lucina Martinez Garcia, por su propio derecho. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que los promoventes tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que el peticionario de garantías interponga oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." FORMACIÓN DE LEGAJO Vistas las constancias remitidas por el Juez señalado como responsable, se ordena formar los cuadernos de constancias identificados como ANEXO UNO a CUATRO. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconózcase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la promovente, el ubicado en: Calle Doctor Carmona y Valle, número 60, Colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México. Se tiene por autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a los diversos profesionistas que refiere en su escrito de demanda, esto es para oír y recibir notificaciones. INTEGRACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DEL EXPEDIENTE De conformidad con lo previsto en el artículo 263 el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", que a la letra dice: "(.) Artículo 263. Con Independencia del esquema tradicional, hibrido o en línea con el que intervengan las partes en un asunto, los órganos jurisdiccionales adoptarán como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE, en el SIGE y en los demás sistemas de gestión judicial, que se utilicen en los órganos jurisdiccionales, en atención a las siguientes bases I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Solo se digitalizarán los documentos remitidos por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. La digitalización de documentos requerirá la firma electrónica de quien la lleve a cabo. Adicionalmente, los órganos jurisdiccionales procurarán exhortar a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea; III. La única excepción a lo dispuesto en la fracciones I y II del presente artículo será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como la digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas; IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto; y V. Las constancias recibidas físicamente deberán coincidir con las incorporadas al expediente electrónico mediante digitalización". Hágase del conocimiento de las partes que la integración del presente expediente se realizará conforme a lo que establecen las fracciones del citado numeral; es decir las que sean presentadas de manera física se seguirán integrando en el expediente que previamente se hubiere formado y las que sean presentadas por medios electrónicos solo constarán en dicha forma y no se integrarán de manera física al expediente. En caso de que la demanda inicial se presente de manera electrónica, el expediente sólo se integrará de forma electrónica, por lo cual, su consulta podrá realizarse por dicho medio y en caso de existir una promoción presentada de manera física, se ordenará integrar al expediente como constancia. SE INSTRUYE A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el considerando quinto punto 1 y noveno del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", en relación con el artículo 9 del "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal", se instruye a las partes para que realicen la tramitación de la firma electrónica que les permitirá realizar la revisión, promoción y notificación electrónica en el presente expediente, ello, en razón de que en los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, la presentación de demandas, solicitudes, recursos, incidentes y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas con independencia del tipo de asunto o materia de que se trate, se realizarán a través del Sistema Electrónico del propio Consejo, conforme a las disposiciones del presente Acuerdo General, las políticas de transformación digital, la Estrategia Digital del Consejo de la Judicatura Federal y de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo. En ese sentido, tomando en consideración que en el artículo 263 del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo", se estableció que los órganos jurisdiccionales adoptarán como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el SISE, en el SIGE y en los demás sistemas de gestión judicial que se utilicen, para lo cual todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente y sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. En tal virtud, se requiere a las partes para que realicen los trámites necesarios para la obtención de la firma electrónica que les permita continuar con la promoción del presente sumario mediante la modalidad de juicio en línea, ello, ya que la consulta de las determinaciones emitidas en el presente expediente se realizará a través del Portal de Servicios en Línea y quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto, por tanto, de no contar con usuario electrónico y firel, las notificaciones ordenadas en este expediente se realizaran por medio de lista y la consulta de las determinaciones emitidas tendrán que ser realizadas en este juzgado por medio de la utilización del equipo de cómputo que se designe. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la promovente, por oficio vía interconexión al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por oficio al juzgado de origen.

  3. Principal

    Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso en su carácter de representante auxiliar de bienes comunales en atención a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de las constancias que refiere en el escrito de cuenta, previa toma de razón que por su recibo obre en autos Notifíquese. MESA V

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