Lucina González Flores

Expediente 471/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
471/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Lucina González Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ---------, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, por medio del cual solicita de devolución de los documentos exhibidos con la demanda inicial de amparo; atento a su contenido, dígase que deberá estarse a lo acordado en proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, en el cual se pusieron a su disposición por el plazo de noventa días. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal y la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Lucina González Flores, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de ---------, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; (.)" "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (.)" En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. En ese orden, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Por otra parte, se dejan a disposición de la parte quejosa los documentos que exhibió en su escrito inicial de demanda; previa toma de razón que por su recibo asiente en autos, apercibida que de no recogerlos en el término de noventa días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de la presente determinación, se procederá a su destrucción. En el entendido de que, conforme a los artículos 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá generar una cita en el Portal de Servicios en Línea, micrositio "Servicios jurisdiccionales", en el que encontrará el apartado "Agenda OJ", a fin de que este Juzgado esté en posibilidad de darle acceso a este recinto judicial, para que pueda recoger sus documentos, para lo cual deberá cumplir además con las medidas que establece el capítulo II del Acuerdo General en consulta, y los controles sanitarios que al efecto se establezcan. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de demanda de amparo promovida *****, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Aurora Flores Sánchez, contra actos del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 471/2021-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la Ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. Ahora, el numeral 61, en su fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Y el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; (.)" En ese orden de ideas, es pertinente destacar, que el procedimiento de ejecución constituye el conjunto de actos dirigidos a lograr la satisfacción coactiva de la sentencia de condena, ante la falta de cumplimiento voluntario de la parte vencida, dicho procedimiento se encuentra, encaminado a asegurar la eficacia práctica de ese tipo de sentencias. La razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de amparo fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva. Por constituir la sentencia el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, lograr restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo, el Legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa. En ese sentido se ha pronunciado el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en la página 31 del tomo XIII, abril de 2001 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dispone: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Señalado lo anterior, es pertinente destacar que en el presente asunto se actualiza lo establecido en el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en virtud de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo en la vía indirecta, sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. Así, tenemos que en el presente caso la parte quejosa hace consistir su reclamo en: El acuerdo emitido el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en autos del Juicio Ordinario Civil de Acción Reivindicatoria 1232/2012, del índice del Juzgado Primero Civil y de Extensión de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México. No resulta inadvertido para este Juzgado que la parte quejosa refiere en su escrito inicial que interpuso recurso de revocación contra del requerimiento aquí reclamado, no obstante, la esencia de su inconformidad radica en el apercibimiento realizado en su contra por la autoridad responsable. Proveído de veintisiete de abril de dos mil veintiuno que en lo conducente establece: ".NUEVAMENTE SE TURNAN LOS AUTOS AL EJECUTOR ADSCRITO A ESTE JUZGADO PARA QUE SE CONSTITUYA EN EL DOMICILIO DE LUCINA GONZÁLEZ FLORES EN SU CARÁCTER DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN DE FLORES SÁNCHEZ AURORA Y FRANCISCO GONZÁLEZ ROJAS Y LES REQUIERA QUE TIENEN EL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES PARA QUE HAGAN ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DESCRITOS EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL ADENDUM DE CONVENIO DE PAGO CELEBRADO EN FECHA ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE A LA DEMANDADA POR CONDUCTO DE SU APODERADO LEGAL CONSISTENTES EN 1).- TRASLADO DE DOMINIO 2).- RECIBOS DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL AL DÍA ACTUAL O CONSTANCIA DE NO PAGO 3).- RECIBOS DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE O CONSTANCIA DE NO PAGO 4).- CEDULA DE ZONIFICACIÓN 5).- CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE Y 5).- CERTIFICADO DE LIBERTAD DE GRAVÁMENES, CON EL APERCIBIMIENTO QUE EN CASO DE NO HACERLO, SE LES IMPONDRÁ A CADA UNO UNA MEDIDA DE APREMIO CONSISTENTE EN VEINTE DÍAS DE SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE EN ESTA ZONA ECONÓMICA." En ese sentido, la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad en su capítulo de hechos lo siguiente: "2.- Agotada la secuela procesal, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil trece, el Juez instructor dictó sentencia definitiva. 3.- En fecha veintisiete de enero de dos mil veinte los hoy quejosos y la parte demandada celebraron convenio de pago, mismo que fue ratificado por las partes ante la autoridad Judicial en la fecha antes citada. 4.- En fecha once de agosto de dos mil veinte los hoy quejosos y la parte demandada celebraron un Adendum al convenio de pago de fecha veintisiete de enero de dos mil veinte, mismo que fue ratificado por las partes ante la autoridad Judicial el once de agosto de dos mil veinte. 5.- Mediante proveído de fecha ocho de abril de dos mil veintiuno, la autoridad responsable ordenó se requiriera a la parte actora para que dentro del plazo de tres días hiciera entrega de los documentos originales descritos en la Cláusula Primera del Adendum al convenio de pago de fecha once de agosto de dos mil veinte. 6.- Mediante promoción de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, la ahora quejosa exhibió el original del Título de Propiedad y copias certificadas del auto Declarativo de Herederos y Aceptación y Cargo de Albacea, señalándose por lo que respecta a las documentales consistentes al Traslado de Domino, Recibos de Pago del Impuesto Predial, Suministro de Agua Potable y los certificados de inscripción y de libertad de gravamen los mismos debido a la contingencia sanitaria no se habían obtenido y que una vez que se obtuvieran serían exhibidos. 7.- En fecha veintiocho de abril de dos ml veintiuno me fue notificado el proveído de fecha veintisiete de abril de dos mil veintiuno, mismo que constituye el acto reclamado en el presente Constitucional." Lo anterior, podemos concluir que el acto reclamado constituye un auto de trámite emitido en ejecución de sentencia, por el cual la autoridad responsable requiere a la aquí quejosa para que exhiba diversa documentación relativa a la cláusula primera del Adendum realizado al convenio de pago celebrado entre las partes en el juicio reivindicatorio del cual emana el acto reclamado. Determinación que no puede ser considerada como la última resolución dictada en la fase ejecutiva, ya que, ésta debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce del cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad para darle cumplimiento, circunstancia que en el caso concreto no acontece; de ahí que, en la especie, se estime actualizada la causal de improcedencia en comento. Sin que se soslaye que el juicio de amparo indirecto resulta procedente excepcionalmente contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, Novena Época, que señala: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE."; sin embargo, el proveído que impugna no conlleva por sí violación a sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional de los que el Estado Mexicano es parte (vida, integridad y libertad personal, honra y dignidad, conciencia y religión, pensamiento y expresión, propiedad privada, posesión, reunión, asociación, a recibir alimentos por parte de los menores, salud, educación), sino que se limita a una cuestión intraprocesal. Asimismo, su imposición dependerá de la participación de la parte quejosa en el desahogo del requerimiento, y puede suceder que cumpla la misma, lo haga de forma parcial o solicite una prórroga, pudiendo la autoridad no imponer la medida de apremio. Es aplicable a lo anterior, pero en sentido contrario, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009, página 642, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA RESOLUCIÓN QUE IMPONE UNA MULTA EN ESA ETAPA ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado diversas reglas para la impugnación, a través del juicio de amparo indirecto, de actos dictados en ejecución de sentencia, las cuales pueden sintetizarse de la manera siguiente: a) el juicio de garantías debe interponerse contra el último acto dictado en el procedimiento correspondiente (en el que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento) y tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben (regla general); y, b) el amparo es procedente cuando el acto reclamado de manera autónoma genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos en grado predominante o superior (regla de excepción). En ese sentido, si se parte de la base de que una multa impuesta a efecto de vencer la renuencia del obligado a brindar el cumplimiento referido es una medida de apremio susceptible de afectar de manera inmediata los derechos sustantivos del quejoso, entonces es inconcuso que se actualiza la segunda regla de excepción a la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en ejecución de sentencia, de ahí que con fundamento en el artículo 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, aplicada la segunda por analogía, contra la resolución que la impone puede promoverse el referido medio de control constitucional, salvo que se actualice alguna causa de improcedencia." En mérito de lo expuesto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con la fracción IV, del artículo 107 y 113, todos de la ley reglamentaria, resulta procedente DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Lucina González Flores, por propio derecho y en su carácter de albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Aurora Flores Sánchez, contra actos del Juez Primero Civil y de Extinción de Dominio de Primera Instancia de Ecatepec de Morelos, Estado de México, por los motivos expuestos. No pasa inadvertido para este Juzgador, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el sumario; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los Órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los Órganos Jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión a los promoventes, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Se tiene por autorizado de la parte quejosa en amplios términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a Emilio E. Jiménez Romero, toda vez que tiene debidamente registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y por lo que hace las diversas personas que fueron autorizados, por el momento se les tiene por autorizados únicamente para para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten tener registradas su patente de licenciado en Derecho en el sistema aludido. Por otro lado, con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, el inmueble ubicado en calle Valentín Flores, número 17, Santa María Chiconautla, Ecatepec de Morelos, Estado de México, por así haberlo designado. También, se hace del conocimiento al actuario judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Finalmente, en relación a la devolución de las constancias con las que acredita su personalidad, dígase a la quejosa que una vez que cause estado la presente determinación se acordara la conducente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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