Lucila Velasco López

Expediente 668/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
668/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • Lucila Velasco López

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Téngase al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, informando que admitió a trámite el conflicto competencial planteado, registrándolo con el número 37/2023. Conforme a la vista que da el Tribunal Colegiado en referencia, se insiste que este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda, en base a las razones manifestadas en el proveído del veintinueve de mayo pasado, por lo que corresponde conocer de la misma al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca. Aunado a que similares consideraciones sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 42/2022. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    VI. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio remitido por el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual remite por incompetencia lo autos originales del juicio de amparo 786/2023 de su índice, así como cuatro traslados; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 668/2023-VI. Ahora, el homologo federal declina competencia en favor de este Juzgado, al considerar carecer de competencia por razón de territorio, en razón de que la omisión de pago de la pensión otorgada a la quejosa mediante el dictamen CP/85737/2023, tiene efectos positivos, con ejecución en la jurisdicción de este juzgado, bajo el argumento de que el quejoso presentó escrito de aceptación el veintitrés de febrero de este año en la Oficina de Atención al Derechohabiente en Naucalpan, Estado de México. Sin embargo, este órgano federal no comparte el sentido de la determinación del homólogo oficiante, por las razones que a continuación se expresarán. En primer término, conviene señalar que el quejoso señala como acto reclamado la omisión de pago de pensión, la cual fue solicitada el veintitrés de febrero pasado. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de este precepto se obtienen tres reglas básicas que determinan la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) cuando en su jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, en el cualquiera de los casos antes mencionados, para que el Juzgado de Distrito pueda conocer del asunto, se debe tener la certeza del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto o norma reclamada, o bien, del lugar en el que ha comenzado a ejecutarse y el lugar en donde se siga ejecutando, en caso contrario, el Juzgador de Distrito no debe emitir una resolución de incompetencia, pues ello quebrantaría las reglas establecidas en la Ley de Amparo. Lo anterior se afirma, teniendo en cuenta que es obligación del órgano jurisdiccional analizar de manera íntegra la demanda de amparo, y que, los criterios que han surgido de la interpretación de las normas relativas, determinan, que para establecer la competencia, pueden apreciarse las directrices de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda. En el caso, como ya se indicó, que el acto reclamado consiste en la omisión de pago de la pensión otorgada a la quejosa mediante el dictamen CP/85737/2023. Ahora, aunque el acto reclamado se ubique en su forma de expresión como un acto negativo (falta de pago de la pensión), lo cierto es que, en virtud de sus consecuencias, es positivo, si se toma en cuenta que implica la privación del ejercicio de un derecho como es el de disfrutar de la pensión (derecho ya reconocido); en efecto, la omisión reclamada de la autoridad, actúa en forma positiva afectando la esfera jurídica del quejoso al no pagarle; derecho que ya ha sido reconocido. Luego, es claro que el acto reclamado se asemeja por su forma de expresión a una abstención; sin embargo, por sus efectos se deduce que en realidad tiene naturaleza positiva y como tal debe tratarse. Dilucidado lo anterior, debe señalarse que en virtud de que la falta de pago de pensión, está intrínsecamente ligado al domicilio personal del beneficiario, por ser razonablemente el lugar en el que lo cobra, por lo que la omisión reclamada tiene consecuencias materiales en el ámbito privado del peticionario de amparo, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, de conformidad con el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por lo que es competente para conocer del juicio el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso. Máxime, que dicha conclusión es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado". Por tanto, el juez competente para conocer del juicio de amparo, en el que se reclame la omisión de pagar la pensión respectiva, es aquel en cuya jurisdicción se sitúe el domicilio del quejoso, en el entendido de que es en el que reside habitualmente. Sin embargo, en el caso, dicha cuestión no fue tomada en consideración por el juez declinante al declararse incompetente para conocer del juicio. Además, del análisis de la demanda y de los anexos que acompaña, no se advierte que dentro de la jurisdicción de este juzgado se ubique el domicilio del quejoso. Similar criterio sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el conflicto competencial 42/2022. Por lo anterior, este órgano federal no acepta la competencia declinada; en consecuencia, devuélvase el expediente con sus anexos al homólogo oficiante y solicítese acuse el recibo correspondiente. Fórmese, el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Notifíquese mediante lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente, Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Martin Peñaloza Contreras, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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