Lucila Sofía de la Vega Armas

Expediente 1568/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1568/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Lucila Sofía de la Vega Armas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO DEL PROVEIDO DE veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.EN EL CUAL Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria De autos se advierte que en sentencia dictada el quince de noviembre de dos mil veintidós, este juzgado de distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "1) Deje insubsistente la resolución interlocutoria de tres de marzo de dos mil veintiuno; y dicte una nueva determinación en la que, siguiendo los lineamiento de esta determinación y con plenitud de jurisdicción, resuelva el incidente de perdida de la representación de la menor identificada con las iniciales C.V.D.A.H." Resolución que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, en el recurso de revisión principal 90/2023, de su índice. Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo Mediante comunicado firmado por el Juez Cuarto Auxiliar Especializado en Materia Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la resolución de diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, emitida dentro del expediente ********************, de la que se advierte la responsable dejó insubsistente la resolución de tres de marzo de dos mil veintidós, y en su lugar, emitió una nueva determinación relativa al incidente de pérdida de representación originaria sobre la menor de edad ********************. Con lo anterior, en acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a las partes quejosa, terceros interesados y asesor jurídico del menor de edad, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera, sin que hubieren realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector Precisado lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que, dentro del procedimiento de origen, dejó insubsistente la resolución de tres de marzo de dos mil veintidós, y en su lugar, emitió una nueva determinación relativa al incidente de pérdida de representación originaria sobre la menor de edad ********************. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de las partes el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de conservación una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso a del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que deberá conservarse en su integridad el expediente. Relevancia documental Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en algún supuesto previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese; y personalmente a las partes quejosa y tercera interesada, así como al asesor jurídico del menor del edad.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Se remite revisión. Visto el estado que guardan las presentes actuaciones, se advierte que a la fecha obran la totalidad de las constancias de notificación a las partes respecto de la sentencia dictada el siete de septiembre del año en curso y del proveído de veintisiete del mismo mes y año. En consecuencia, se ordena remitir el original de escrito de agravios, así como el juicio en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, para que por su conducto sean turnados al Tribunal en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en contra la sentencia en mención. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Interposición de recurso. Téngase por recibido el oficio signado por el apoderado general de la autoridad responsable Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en autos. Distribución del escrito de agravios a las partes. En consecuencia, distribúyanse las copias de los agravios respectivos a las partes y, una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase dentro del término de tres días legalmente computados, tanto los autos de este controvertido, como el escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común, para la substanciación del medio de impugnación de que se trata. Formación del cuaderno de antecedentes. Fórmese el cuaderno de antecedentes con las constancias relativas al juicio de amparo en que se actúa, a partir del presente auto. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1568/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El seis de julio de dos mil veintitrés, ********************, por derecho propio, ingresó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común, de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, demanda en la que solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por el acto que en ella precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 8º, 14, 17 y 123 de la Constitución Federal, expresando los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El once de julio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda promovida, por lo cual solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; asimismo, se dio vista al representante social de la adscripción y, fijó día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. Seguido el juicio en todas sus etapas, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residentes dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000. En esas condiciones, del análisis integral del escrito de demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se desprende que se reclama: - La omisión de dar respuesta al escrito dirigido al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, el cual fue presentado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El apoderado general del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, en representación del Director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y dicho instituto, al momento de rendir el informe de ley, aceptó el acto que se le reclama; sin embargo, no debe tenerse por cierto en atención a las siguientes razones. Cierto, las facultades del Director del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, se encuentran establecidas en los artículos 81 y 82 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 81.- Corresponde al Consejo Directivo: I. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones contenidas en este ordenamiento; II. Elaborar los planes y programas en relación a las prestaciones, servicios y operaciones de la Dirección de Pensiones; III. Determinar y decidir las inversiones, las reservas actuariales y financieras que deban constituirse, para asegurar el otorgamiento de las prestaciones y servicios que establece esta ley; IV. Conceder, denegar, suspender, modificar o revocar las pensiones, en los términos de esta ley; V. Autorizar los préstamos hipotecarios; VI. Examinar, aprobar o modificar, en su caso, el balance anual de la Institución, el que deberá remitir al Congreso del Estado, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda, para su examen, dentro de los sesenta días siguientes a su aprobación; VII. Examinar y aprobar los presupuestos de ingresos y egresos de la Institución; VIII. Conferir poderes, con las facultades que estime necesarias, y revocarlos parcial o totalmente; IX. Aprobar los reglamentos generales y particulares de la Institución, y de las operaciones que así lo ameriten; X. Proponer al Ejecutivo del Estado los anteproyectos de reformas a esta ley; XI. Administrar los bienes y negocios de la Dirección de Pensiones del Estado, con plenas facultades de gestión, representación, administración y dominio. El patrimonio inmobiliario será de dos tipos: a) El que la Institución destine para su uso, el cual no podrá ser enajenado, sino con autorización previa del Congreso del Estado; y b) El que la Dirección de Pensiones del Estado, por acuerdo del Consejo Directivo, adquiera para fines de vivienda, y así se haga constar en los títulos de adquisición correspondientes, que no requerirá para su enajenación, autorización previa del Congreso del Estado, pero sí requerirá de avalúo bancario, sin que, en ningún caso, el precio que se fije sea menor al valor real del bien, al momento de su enajenación; XII. Concertar las bases para la contratación de empréstitos y suscribir, por conducto de su Presidente, Tesorero y Director General, los contratos, títulos de crédito y documentos que se requieran para este fin; XIII. Mandar hacer revisiones a las nóminas de las oficinas retenedoras, con el único fin de verificar la exactitud de los descuentos o cualquiera otra situación relacionada contablemente con la Dirección de Pensiones; y XIV. En general, realizar todos aquellos actos que sean necesarios para el mejor gobierno de la Dirección de Pensiones y cumplimiento de sus fines. Artículo 82.- El Director General será designado por el titular del Poder Ejecutivo y tendrá las facultades y obligaciones siguientes: I. Ejecutar los acuerdos del Consejo Directivo; II. Llevar la contabilidad de la Institución; III. Formular el balance anual de la Institución y presentarlo a la consideración del Consejo Directivo; IV. Presentar, para aprobación del Consejo Directivo, el presupuesto anual de ingresos y egresos de la Institución; V. Mantener informado al Consejo Directivo del Estado que guarda la administración; VI. Representar a la Dirección de Pensiones ante las autoridades administrativas, judiciales y del trabajo, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la ley; para tal efecto, estará investido de poder general para pleitos y cobranzas, para actos de administración, y ejercerá aquellas facultades de dominio que, expresa y específicamente, autorice el Consejo Directivo; asimismo, podrá otorgar y revocar poderes generales o especiales para pleitos y cobranzas; VII. Celebrar los contratos que apruebe el Consejo Directivo, otorgar y suscribir títulos de crédito a nombre, y en representación de la Dirección de Pensiones, con firma mancomunada de los servidores públicos de la Institución que autorice dicho Consejo, salvo en el caso de los créditos a que se refiere la fracción XII, del artículo anterior; VIII. Someter a la decisión del Consejo Directivo todos aquellos asuntos que sean de su exclusiva competencia; IX. Designar al personal de la Institución y establecer sus funciones; X. Otorgar, previa aprobación del Consejo Directivo, premios, estímulos e incentivos al personal de la Institución; XI. Aplicar las medidas disciplinarias que procedan al personal de la Institución; XII. Convocar a sesión a los miembros del Consejo Directivo, cuando menos una vez al mes; XIII. Someter a la consideración del Consejo Directivo los proyectos de reglamentos generales y particulares de la Institución y de las operaciones que así lo ameriten; XIV. Vigilar el estricto cumplimiento de lo preceptuado por esta ley; y XV. Las demás que le fije esta ley, su reglamento y el Consejo Directivo." Del contenido del precitado artículo, se advierte, en esencia, que el Director General cuenta con diversas facultades de carácter administrativo, financiero y de representación, entre otros; asimismo, que dentro de las obligaciones que tiene el Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, es conceder, denegar, suspender, modificar o revocar las pensiones, en los términos establecidos en dicho ordenamiento. Por otra parte, no se puede atribuir la omisión reclamada al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, dado el carácter de unidad burocrática que le reviste; ya que de establecer lo anterior y en el supuesto de conceder el amparo, al momento de requerir el cumplimiento del fallo protector, no se podría determinar con claridad a quién le correspondería acatar el fallo. De lo anterior, se advierte que no es facultad u obligación del Director General, la modificación de las pensiones otorgadas, sino del Consejo directivo; motivo por el cual es que debe de tenerse por inexistente la omisión reclamada a dichas autoridades; aunado a lo anterior, es de tomar en cuenta que el escrito del cual se reclama su omisión se encuentra dirigido al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cierto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la interpretación gramatical del precepto legal en cita, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Así, como ya se adelantó, se actualiza la citada causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, en virtud de que la peticionaria de amparo no probó la existencia del acto reclamado respecto a dichas autoridades, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, las jurisprudencias 310 y 1a./J. 81/2002, que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. En consecuencia, como se adelantó lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades antes señalada. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Presidente del Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, al momento de rendir su informe con justificación, negó la omisión que se le reclama; sin embargo, contrario a lo que señala, la petición respectiva se encuentra dirigida a dicho funcionario, de ahí la certeza del acto que se le atribuye. Lo cual se acredita con la copia simple del acuse de recibo aportado por la parte quejosa al momento de presentar su demanda, a la cual se le concede valor probatorio de conformidad a lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con independencia de que se trate de copia simple, dada la facultad que esta juzgadora tiene para valorar las pruebas en términos del primero de los numerales en cita. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia que se actualiza. Las causas de improcedencia son cuestiones de orden público, las cuales deben analizarse preferentemente ante cualquier otro planteamiento lo aleguen o no las partes, como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 814, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, las autoridades responsables, al rendir su informe con justificación, manifestaron que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo; toda vez que estima que la omisión que se le reclama no puede considerarse como acto de autoridad, dado el carácter que tiene de ente asegurador con la peticionaria, lo anterior resulta infundado en atención a lo siguiente. Cierto, de acuerdo con lo previsto en el numeral 1, fracción I, el objeto del juicio de amparo es resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El diverso artículo 5, fracción II, refiere que por autoridad responsable debe entenderse aquella que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; para lo cual, debe aclararse que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. Por su parte, el alto tribunal considera que es autoridad para efectos del amparo el ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; de ahí que autoridad es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de ésta (tal potestad). De lo que se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. En el caso, la parte quejosa reclama la omisión de dar respuesta al escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, libelo mediante el cual solicitó la modificación -aumento- de su pensión por jubilación en coordinación con el personal en activo, dado que éste no corresponde al aumento anual realizado, como lo establece el artículo 31 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco. Petición, que fue dirigida al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, ente público encargado de organizar y administrar el sistema de pensiones en esta entidad federativa de conformidad con la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco, por tanto, facultada para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión, con lo cual puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Así, si el derecho de petición establecido en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares; de ahí que si se atribuye dicha omisión en materia de pensiones, resulta procedente el juicio de amparo indirecto, ante la necesidad de garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del instituto dé respuesta a la petición realizada. Tiene apoyo lo anterior en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), con número de registro digital 2011948, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 898, de rubro y contenido siguiente: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." De igual forma, resulta infundada la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, mediante la cual refiere que previo a la interposición del juicio de amparo, la quejosa debió de agotar el principio de definitividad, toda vez que previamente a la presentación del presente juicio de amparo, debió de haber agotado el recurso de inconformidad ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. Contrario a lo señalado por la autoridad responsable, en el caso, se considera que no debe agotarse el principio de definitividad, dado que el presente juicio de amparo se promovió con motivo de la violación al derecho de petición, lo cual constituye una violación directa a la Constitución en particular el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene apoyo lo anterior en la tesis X.1o.18 K, con número de registro digital 201758, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Decimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Agosto de 1996, página 707, de rubro y contenido siguiente: "PETICION. DERECHO DE. SU PROTECCION DIRECTA POR LA CONSTITUCION EXCLUYE LA NECESIDAD DE AGOTAR RECURSO ORDINARIO ALGUNO, ANTES DE ACUDIR AL AMPARO. No es procedente sobreseer en el juicio de garantías, con fundamento en la fracción XV, del artículo 73 de la Ley de Amparo, si la litis a que se contrae el amparo lo es la especial tutela constitucional del derecho de petición, que no se norma por ningún procedimiento o ley ordinaria que obligue al peticionario de amparo a agotar algún recurso o medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de garantías, para suponer que no se cumplió con el principio de definitividad que debe observarse en el amparo; puesto que el derecho de petición se protege de manera directa por el artículo 8o. constitucional, que obliga a las autoridades a dar contestación de manera invariable y por escrito, en breve término, a toda solicitud que se le formule en forma pacífica, respetuosa y también por escrito, de lo que se sigue que tal contestación debe producirse sin mayores presupuestos o exigencias legales que los de que exista, por una parte, una petición producida de manera respetuosa y pacífica, y que ésta se formule por escrito (requisito de mera forma) para que la autoridad quede obligada, desde luego, a la citada contestación y en los términos señalados por el artículo constitucional en comento; de tal forma que la Protección Constitucional al precitado derecho se da de manera directa e inmediata; cuanto más si en el caso la quejosa en su demanda de garantías no invocó, junto a la violación anotada, también violaciones a leyes o procedimientos secundarios, para suponer válidamente que la primera (violación constitucional) sólo se dio de manera indirecta o refleja, y por tanto, que no se colmó el principio de definitividad de que se trata." Asimismo como la jurisprudencia, con número de registro digital 237480, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 175-180, Tercera Parte, página 119, de rubro y contenido siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca." No se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que pueda estudiarse de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Fijación de la Litis constitucional. Resulta imperativo señalar que la litis se centra en determinar si se violó el derecho humano previsto en el artículo 8º constitucional. Conceptos de violación. La parte quejosa aduce que la autoridad responsable viola el derecho de petición previsto en el artículo 8º constitucional, ya que no le ha dado respuesta al escrito presentado el veintiuno de abril del año en curso, mediante el cual solicitó la modificación -aumento- de su pensión por jubilación en coordinación con el personal en activo, dado que éste no corresponde al aumento anual realizado, como lo establece el artículo 31 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco. Decisión sobre la litis constitucional. Es fundado el concepto de violación formulado por la peticionaria de amparo. Como premisa legal se estima necesario tener presente el contenido del artículo 8º constitucional, el cual dispone: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del dispositivo trascrito se desprende que contiene dos vertientes formales que toda autoridad debe observar: a. Dictar el acuerdo correspondiente por escrito; y, b. Comunicar en breve término ese proveído al peticionario. Derecho fundamental que opera siempre y cuando la petición se formule, al funcionario o servidor público, en su calidad de autoridad. Sirve de apoyo, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001; página 126, de rubro y texto siguiente: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Por lo que, la prerrogativa en cuestión no sólo implica que la autoridad ante quien se eleve una petición debe emitir una respuesta en breve término, sino también que el acuerdo respectivo sea congruente con lo solicitado. Por ello, no es suficiente que se dé respuesta por escrito a la petición que se le formuló a la autoridad, sino además resulta necesario que ésta atienda de manera coherente y completa lo pedido, pronunciándose como en derecho proceda, en sentido negativo o positivo, pero resolviendo lo planteado. Orienta lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 162603, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2167, siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Así, su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos siguientes: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa, dirigirse a una autoridad y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla, que tendrá que ser congruente con la petición y la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos, sin que exista obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos que resulten aplicables al caso, y la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicada precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por otra diversa." Cabe apuntar que una característica más que define al derecho fundamental en estudio estriba en que, de ser necesario, se llevaran a cabo diversos trámites tendientes a satisfacer la solicitud elevada por el gobernado, la autoridad responsable debe igualmente hacerle saber, en breve término, cada uno de los trámites relativos a las gestiones conducentes para estar en aptitud de otorgar la determinación definitiva. Lo antes aseverado encuentra fundamento en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 2011, Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera Parte - SCJN Séptima Sección - Derecho de petición, página 979, que establece. "PETICIÓN, DERECHO DE. NOTIFICACIÓN DE TRÁMITES. El artículo 8o. constitucional se refiere no sólo al derecho que los particulares tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también al de los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber, en breve término, a los interesados, todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones." Del análisis de las constancias que obran en el sumario constitucional, en concreto, la exhibida por la quejosa, se advierte que no se ha dado respuesta al escrito presentado el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, el cual se encuentra dirigido al Consejo Directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, por el cual solicitó la modificación -aumento- de su pensión por jubilación, en coordinación con el personal en activo, dado que este no corresponde al aumento anual realizado, como lo establece el artículo 31 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco. Documental que se le concede valor probatorio de conformidad a lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con independencia de que se trate de copia simple, dada la facultad que esta juzgadora tiene para valorar las pruebas en términos del primero de los numerales en cita, dado que ello se concatena con la presunción de certeza del acto reclamado, evidenciada en el considerando tercero de la presente sentencia. En ese tenor, si la autoridad responsable fue omisa en dar contestación a la petición presentada por la agraviada, lo cual evidencia una transgresión al derecho de petición que ejerció la quejosa; lo anterior es así, si tomamos en cuenta que a la fecha en que se actúa, han transcurrido, prácticamente, poco más de cuatro meses y diecisiete días, sin que la responsable haya emitido respuesta alguna. En efecto, es de recordar que la responsable recibió el escrito cuya falta de respuesta se reclama en el presente juicio de amparo, el veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Por lo que para quien resuelve estima que por más compleja que pueda ser la respuesta que dicho escrito amerite, a la fecha en que la presente sentencia cause estado y esté en condiciones procesales de solicitar su cumplimiento, habrá transcurrido, incluso en exceso, el breve término al que, por lo general, se refieren los criterios emitidos al respecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; esto es, tres meses. Motivo por el cual, al tratarse de un acto negativo el reclamado, corresponde a la responsable la carga de la prueba relativa a que recayó acuerdo a la solicitud y/o petición, y lo dio a conocer al peticionario de amparo en breve término. Sin que en el caso se haya acreditado tal extremo con medio de convicción alguno. Se cita en apoyo de lo así sostenido, la tesis sustentada en la Novena Época, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2256, tomo XXVII, de febrero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8O. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. LA PROCEDENCIA DEL JUICIO NO DEPENDE DE QUE SE HAYA INTERPUESTO SIN SUJETARSE A UN PLAZO FIJO NI PREDETERMINADO RESPECTO DEL MOMENTO EN QUE EL QUEJOSO ELEVÓ SU PETICIÓN A LA AUTORIDAD, YA QUE CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CALIFICAR EL "BREVE TÉRMINO" QUE TUTELA EL CITADO PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN CADA CASO CONCRETO.- El derecho de petición no puede vincularse a un plazo fijo ni predeterminado para que la autoridad emita su contestación, como puede ser el de cuatro meses; esto es así, porque de aceptarlo se llegaría al extremo de que cualquier solicitud, sin importar su simplicidad o complejidad, deba ser contestada siempre en ese lapso; en ese entendido, corresponde al Juez de Distrito que conozca del amparo indirecto promovido por violación al citado precepto constitucional, calificar el "breve término" que tutela el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera congruente con la naturaleza de la petición formulada en cada caso concreto, al conceder o negar la protección de la Justicia Federal solicitada, ya que en ocasiones un plazo fijo puede ser demasiado para que la autoridad dé una respuesta, o poco tiempo para responder a cuestiones extremadamente complejas. Por tanto, el hecho de que la demanda relativa se haya promovido sin sujetarse a un plazo fijo ni predeterminado respecto del momento en que el quejoso elevó su petición a la responsable, no conlleva la improcedencia del juicio de garantías, ya que, por las razones apuntadas, aquélla puede presentarse en cualquier tiempo." De ahí, que resulta evidente que se transgredió en contra de la quejosa el derecho fundamental consagrado en el artículo 8º del Pacto Federal, pues es claro que para la satisfacción del derecho fundamental establecido en dicho precepto, es necesario que se emita la resolución o determinación correspondiente a la solicitud de cancelación o condonación del crédito de vivienda y que se haga del conocimiento de la solicitante; lo que en el caso no acontece. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, el contenido de la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en página 169, Tomo XV-I, del Semanario Judicial de la Federación, Febrero de 1995, Octava Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA AUTORIDAD A QUIEN SE HA DIRIGIDO LA PETICIÓN ESTÁ OBLIGADA A DAR CONTESTACIÓN A LA MISMA. El hecho de que materialmente le resulte imposible al Secretario de Hacienda y Crédito Público dar contestación a los escritos de petición que se le formulan, o atender todas y cada una de las solicitudes presentadas por los peticionarios o bien, aducir que para tal efecto existen unidades administrativas con facultades otorgadas por el Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, competentes para desahogar o despachar esas peticiones, en tanto que son departamentos administrativos subordinados, no justifica la omisión de la autoridad en dar respuesta al particular peticionario. Independientemente del cúmulo de trabajo que tiene que desarrollar el titular de la secretaría referida, el artículo 8o. constitucional establece la obligación de dar contestación a las peticiones formuladas, a aquellas autoridades a quienes van dirigidas éstas y no a otras diversas. Así pues, para satisfacer el derecho de petición será suficiente que se informe o haga del conocimiento del peticionario, en forma personal, bien que la autoridad en cuestión es incompetente para resolver su solicitud, bien que se ha turnado ésta a otra autoridad interna o subordinada sin que, necesariamente, deba resolverse el problema planteado en la petición o peticiones formuladas a la autoridad respectiva. En consecuencia, si bien es cierto que conforme al Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público existen unidades o departamentos administrativos encargados de atender las peticiones formuladas al titular de la dependencia, este hecho no lo exime del deber de turnar las peticiones a dichas unidades y hacer del conocimiento del peticionario el trámite que siguieron sus peticiones y a qué autoridad subordinada se remitieron." De igual manera, sirve de apoyo el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 479, Tomo CXXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "PETICIÓN, FORMA DE RESPETAR EL DERECHO DE (ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN). Si se comprueba que la quejosa se dirigió a la Dirección General de Precios pidiéndole la reconsideración de la multa, este solo hecho es suficiente para imponer la obligación a la autoridad a quien se dirige la petición, que dé contestación en el sentido que estime conveniente, aun siendo una autoridad incompetente para resolver un recurso en el que no tiene facultades; es decir, precisamente hacerle saber al peticionario que dicha inconformidad fue turnada a la autoridad que compete, que la misma resulta infundada, o en su caso desecharla por las razones que se estimen convenientes y con los fundamentos en que se apoye, pero fundamentalmente, se debe dar contestación a la petición, porque lo contrario contraviene en forma inevitable lo dispuesto en el artículo 8o. constitucional siendo de advertirse que el precepto establece la obligación de contestar por escrito la petición correspondiente, sin que lo anterior quiera decir, que deba ser en determinada forma, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece el derecho de petición en los términos antes especificados, por lo que la autoridad tiene la obligación de contestarle lo que estime conveniente, pero no dejarlo sin acuerdo alguno." Por lo anterior, es inconcuso que debe concederse el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para los efectos que enseguida se precisarán. SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para los siguientes efectos: 1) Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, de inmediato, la autoridad responsable deberá dar respuesta por escrito en forma completa y congruente a la petición realizada por la agraviada y resolver en términos del fin que persigue el numeral 8º constitucional. 2) Notificar a la quejosa sin dilación, la respuesta que recayó a su petición. Sobre el particular, cabe citar la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala y la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se citan enseguida: "PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro: 206849, Tercera Sala, Tomo: IX, Abril de 1992. Tesis: 3a. XXXIV/92. Página: 81.)" Asimismo, resulta aplicable en lo conducente, la tesis XVI.1o.A.20 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, de datos de identificación, rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. EL EFECTO DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO EN UN JUICIO EN EL QUE SE EXAMINÓ SU VIOLACIÓN, NO PUEDE QUEDAR EN LA SIMPLE EXIGENCIA DE UNA RESPUESTA, SINO QUE REQUIERE QUE ÉSTA SEA CONGRUENTE, COMPLETA, RÁPIDA Y, SOBRE TODO, FUNDADA Y MOTIVADA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El derecho de petición, que es una prerrogativa gestada y promovida en el seno del Estado democrático -en el cual es concebible la posibilidad de participación activa de las personas en la vida pública-, se respeta sólo si la autoridad proporciona en su respuesta a la solicitud del particular la suficiente información para que éste pueda conocer plenamente su sentido y alcance, así como para manifestar su conformidad o inconformidad con ella y, en su caso, impugnarla. Por ende, si la información no existe o es insuficiente, el derecho de petición se quebranta, porque de nada sirve al particular que su planteamiento sea contestado, aun con pulcritud lógica, es decir, respondiendo con la debida congruencia formal a lo solicitado, pero sin proporcionarle la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Lo anterior, en virtud de que la congruencia formal de la respuesta a una petición no es suficiente para ser acorde con el actual sistema jurídico mexicano, porque no satisface las exigencias previstas en el artículo 8o., en relación con el numeral 1o. en sus primeros tres párrafos, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que manda el respeto del ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica, respetuosa y conforme al principio de progresividad, que evoca la necesidad de avance en la defensa de los derechos humanos en general. Por otra parte, la entrada en vigor de la Ley de Amparo, el 3 de abril de 2013, en aras de una justicia pronta y completa, tratándose de este derecho, pretende evitar prácticas dilatorias, como son la omisión de respuesta, lo incongruente, falso, equívoco o carente de fundamentos y motivos de ésta o su incorrección en cuanto al fondo, para lo cual proporciona herramientas que efectivizan el respeto a los derechos humanos a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva, para hacer posible que esos vicios se reparen en un mismo juicio; tal es el caso de la oportunidad de ampliar la demanda a que se refiere el numeral 111 del citado ordenamiento y de la exigencia para la responsable, tratándose de actos materialmente administrativos, de complementar en su informe justificado la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado cuando se aduzca en la demanda, contenida en el artículo 117, último párrafo, de la propia ley. Por tanto, el efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examinó la transgresión al artículo 8o. constitucional no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada; de otro modo, no obstante el nuevo sistema jurídico, el juzgador obligaría al gobernado a una nueva instancia para obtener una solución de fondo, con el consiguiente retraso en la satisfacción de la reparación del derecho violado." (Época: Décima Época, Registro: 2006825, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: XVI.1o.A.20 K (10a.), Página: 1672) En la inteligencia que cualquier otra autoridad que esté relacionada al cumplimiento de este fallo protector, pueda vincularse eventualmente, en virtud que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento. Ante ello y en razón de lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 1o, 63, 73 a 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo y por las razones contenidas en el diverso tercero. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto y autoridad precisada en el considerando segundo, por las razones, motivos establecidos en el considerado sexto y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

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