Lucila Sandoval Ceron

Expediente 196/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
196/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/03/2022

Partes del expediente

  • Lucila Sandoval Ceron

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a tres de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio en que el Director de Investigación y Análisis Financiero en suplencia por ausencia de la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Fiscalía General de la República, informa la imposibilidad que le asiste para proporcionar un perito en materia de grafoscopía, por los motivos que refiere. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Al respecto conviene destacar que los artículos 14, y 42, fracción XIII, ambos de la Ley de la Fiscalía General de la República, establecen siguiente: Artículo 14. La Agencia de Investigación Criminal, sin perjuicio de las facultades que se establezcan y desarrollen en el Estatuto orgánico, será la encargada de llevar a cabo la operación, investigación e inteligencia para la investigación y persecución de los delitos, así como de coordinar y asignar personas agentes de la Policía Federal Ministerial, personas peritas y personas analistas para el desarrollo de las investigaciones que formen parte de la Fiscalía General. [.] Artículo 42. Las personas peritas además de las facultades previstas en otras disposiciones aplicables, actuarán bajo la autoridad, conducción y mando de la persona agente del Ministerio Público de la Federación, y contarán con las siguientes facultades: [.] XIII. Promover la cooperación y colaboración con los servicios periciales de las procuradurías o fiscalías de las entidades federativas, así como con otras instituciones;" Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 17 lo siguiente: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales." Por su parte, el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a le Ley de la Materia, establece: ARTICULO 79.- Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos. Los tribunales no tienen límites temporales para ordenar la aportación de las pruebas que juzguen indispensables para formar su convicción respecto del contenido de la litis, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones, en materia de prueba, establecidas en relación con las partes. En ese sentido, no obstante no se ignora que la fiscalía referida es un órgano público autónomo, lo cierto es que de las disposiciones transcritas se observa que los peritos de la Fiscalía cuentan con facultades para colaborar con otras instituciones, como lo es este juzgado. Ahora bien, por disposición constitucional, la administración de justicia es un derecho de los mexicanos, la cual debe ser pronta, completa e imparcial, y que toda autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a privilegiar la solución del conflicto sobre cualquier formalismo procedimental, a efecto de garantizar el derecho de los gobernados, previsto en el artículo17 Constitucional. Tiene sustento lo anterior en la jurisprudencia que indica: DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO). A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA ADICIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, CONSTITUCIONAL, TODAS LAS AUTORIDADES JUDICIALES Y AQUELLAS CON FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES DEBEN PRIVILEGIAR LA SOLUCIÓN DEL CONFLICTO SOBRE LOS FORMALISMOS PROCEDIMENTALES, SIEMPRE Y CUANDO NO SE AFECTE LA IGUALDAD ENTRE LAS PARTES (DOF DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017). Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en el cual alegó que los artículos 91 y 92 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo que prevén la resolución del recurso de revisión en sede administrativa, son contrarios al mandato previsto en el tercer párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no contemplan que se privilegie la resolución de fondo del asunto sobre los formalismos procedimentales. La Jueza de Distrito que conoció del asunto consideró que la disposición constitucional de referencia contiene una regla que confiere poder a la autoridad legislativa, mas no un derecho subjetivo público a favor de la persona, lo cual implica que hasta en tanto no se ejerza esa atribución por parte del Congreso de la Unión, a fin de adecuar las normas legales al texto del artículo 17 de la propia Constitución, las situaciones jurídicas imperantes en materia de resolución de recurso de revisión en sede administrativa no debían cambiar. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que a la entrada en vigor de la adición al artículo 17, tercer párrafo, contenida en el Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana (Solución de Fondo del Conflicto y Competencia Legislativa sobre Procedimientos Civiles y Familiares), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2017, todas las autoridades judiciales y aquellas con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país deben privilegiar la resolución de fondo de los conflictos sometidos a su potestad sobre los formalismos procedimentales, siempre y cuando no se afecte la igualdad entre las partes. Lo anterior, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión. Justificación: Del análisis de la reforma constitucional mencionada, se advierte que el Constituyente Permanente consideró que, para hacer frente a la problemática consistente en la "cultura procesalista", la cual genera que en el desahogo de una parte importante de asuntos se atiendan cuestiones formales y se deje de lado el fondo y, por tanto, sin resolver la controversia efectivamente planteada, debía adicionarse al artículo 17 constitucional, el deber de las autoridades de privilegiar, por encima de aspectos formales, la resolución de fondo del asunto. Se dijo, que este deber exige también un cambio en la mentalidad de las autoridades para que en el despacho de los asuntos no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial. Además, se precisó que la incorporación explícita de tal principio en la Constitución General pretende que éste permee el sistema de justicia a nivel nacional, es decir, que todas las autoridades judiciales y con atribuciones materialmente jurisdiccionales del país se vean sometidas a su imperio, pero más allá de su obligatoriedad, reconozcan la razón y principio moral que subyacen a la adición al artículo 17 constitucional. Por lo anterior, esta Sala concluye que a la entrada en vigor de la referida adición, todas las autoridades jurisdiccionales deben privilegiar la resolución de los conflictos sometidos a su potestad, con independencia de que las normas que rigen sus procedimientos no establezcan expresamente dicha cuestión, puesto que del análisis teleológico de la reforma constitucional, se desprende la intención relativa a que este principio adicionado apoyara todo el sistema de justicia nacional para que las autoridades privilegiaran una resolución de fondo sobre la forma, evitando así reenvíos de jurisdicción innecesarios y dilatorios de la impartición de justicia. Registro digital: 2023741, Instancia: Segunda Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 16/2021 (11a.), Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tipo: Jurisprudencia. Cabe destacar que el diez de septiembre de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia pericial", el cual en su artículo 9, fracción I, dispone: "Artículo 9. Procedimiento El Solicitante para designar a los peritos registrados en la Lista, deberá agotar el siguiente procedimiento: I. Formular en dos ocasiones, solicitud a dos instituciones públicas, educativas o colegios de profesionistas a fin de que proporcionen el auxilio de un perito que se encuentre en aptitud de proporcionar los servicios sin costo para el Consejo. (.)" Disposiciones de las cuales en su conjunto, evidencian que este órgano jurisdiccional se encuentra facultado para requerir a cualquier persona o autoridad, a efecto de resolver los asuntos que aquí se tramitan, privilegiando la solución de conflictos sobre cualquier formalismo o tecnicismo, como los que pretenden hacer valer la autoridad oficiante, toda vez que si bien ahora la Fiscalía es una institución autónoma, continua siendo una institución de carácter público integrante del Estado Mexicano, por lo que resulta inconcuso que en los casos en que si cuenta con perito en la especialidad solicitada, se encuentra aptitud, además de constituir una obligación de su parte, de prestar el auxilio a este Juzgado de Distrito. En tales circunstancias, no obstante la existencia de una lista de peritos de los cuales los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación pueden disponer, ello ocurre únicamente en los casos en que después de la búsqueda realizada, no se hubiese encontrado una institución pública o educativa, que proporcione el auxilio de un perito que se encontrase en aptitud de proporcionar sus servicios sin costo para el Consejo de la Judicatura Federal; lo que no acontece en la especie, en razón de que es un hecho conocido para el suscrito que la Fiscalía General de la República sí cuenta con peritos en la materia solicitada, toda vez que incluso muchos de ellos, aún continúan auxiliado en diversos de los asuntos que se substancian antes el suscrito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis que dispone: PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. LA NEGATIVA DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE PROPORCIONAR UN EXPERTO EN DETERMINADA RAMA PARA QUE RINDA EL DICTAMEN REQUERIDO, AUN CUANDO RECONOCE CONTAR CON PERSONAL QUE CUBRE EL PERFIL SOLICITADO, SIN EXPONER RAZONAMIENTOS FUNDADOS DEL IMPEDIMENTO LEGAL PARA ELLO, NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR FEDERAL DEBA CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 20, INCISO A), DEL ACUERDO GENERAL 37/2001 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA NOMBRAR UN PERITO. De conformidad con los artículos 4o., 52, 59, 79, 80 y 90 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2o., párrafo segundo, para el conocimiento de la verdad el juzgador está facultado para valerse de toda persona, sea parte o tercero (especialista en determinada materia), para decretar en todo tiempo la práctica de cualquier diligencia mientras esté reconocida por la ley, tenga relación inmediata con los hechos y no afecte a las partes. Así, dichos terceros están obligados a prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales en aras de alcanzar el fin citado; para tal efecto, los juzgadores están dotados de atribuciones para hacer cumplir ese deber, y en caso de oposición, oír las razones en que la funden y resolver sin ulterior recurso. Por otra parte, el Consejo de la Judicatura Federal, en términos de la fracción XXIX del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene entre sus facultades formar anualmente una lista con los nombres de las personas que puedan fungir como peritos ante los órganos del Poder de la Unión aludido. En congruencia con ello, el artículo 20, inciso a), del Acuerdo General 37/2001 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, modificado mediante el diverso acuerdo 34/2004 del propio Pleno, que establece algunas de las formalidades que deben cumplir los titulares de los órganos jurisdiccionales para nombrar a alguno de los peritos de la lista mencionada, consistentes en recabar la cotización de honorarios del especialista requerido y solicitar la autorización respectiva a la Comisión de Carrera Judicial del indicado consejo, para lo cual deben acreditar en forma fehaciente que después de haber realizado los trámites necesarios, por lo menos ante dos dependencias gubernamentales o instituciones públicas de educación superior o colegios de profesionistas para que se les proporcionara en forma gratuita el perito correspondiente, no obtuvieron respuesta favorable. En ese orden de ideas, el cumplimiento de las referidas formalidades no es exigible cuando una institución pública de educación superior se niega a proporcionar un experto en determinada rama para que rinda el dictamen pericial requerido, aun cuando reconoce contar con personal que cubre el perfil solicitado, sin que exponga razonamientos fundados del impedimento legal para ello, en atención a que el juzgador federal de amparo debe agotar los medios de apremio más eficaces para que las instituciones requeridas proporcionen gratuitamente al especialista de que se trate, en apoyo a la debida impartición de justicia. Registro digital: 169237, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: I.7o.A.119 K, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 1835, Tipo: Aislada. Sin que pasen desapercibidas las manifestaciones de la Fiscalía en las que aduce que no puede prestar el auxilio solicitado conforme a lo dispuesto del artículo 47, fracción VII, de la Ley de la Fiscalía General de la República, no obstante, tal artículo establece lo siguiente: Artículo 47. Son obligaciones de las personas servidoras públicas de la Fiscalía General, las siguientes: (.) VIII. Abstenerse de realizar cualquiera de las conductas siguientes: a) Desempeñar empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, poder legislativo, judicial u órgano constitucional autónomo, en alguno de los órdenes de gobierno, así como trabajos o servicios en instituciones privadas cuando resulten incompatibles o representen un conflicto de interés con sus funciones públicas. Los remunerados de carácter docente, científico u honorario en todos los casos deberán ser comunicados por escrito, a la persona superior inmediata para contar con la autorización de la persona titular de la Fiscalía General o de la persona servidora pública que se determine en el Estatuto orgánico; De la lectura del precepto transcrito se advierte que la prohibición de desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el poder judicial, como lo es la designación de un perito en auxilio a las labores de este juzgado, se refiere únicamente a aquellos casos en que éste sea contrario a los intereses de la Fiscalía, lo cual en la especie no acontece. En tales circunstancias, y toda vez que es obligación de las instituciones públicas que integran al Estado Mexicano prestar su auxilio en la impartición de justicia, con copia del proveído de dieciséis de febrero del año en curso y del cuestionario sobre el que versará la prueba pericial, se requiere al Fiscal General de la República, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, designe un perito en materia de grafoscopía, para que funja como perito en auxilio de las labores de este Juzgado Federal. Lo anterior en atención al conocimiento técnico que se requiere para el desarrollo de la pericial contable, cuyo conocimiento técnico no causa perjuicio a las labores criminalísticas en que se especializa la Fiscalía General de la República, en observancia al texto de la ley citada. Aunado a que lo aquí ordenado, constituye un mandato judicial, que debe ser atendido sin excusas ni pretextos. Apercibido que de no hacerlo, se impondrá a la persona física que ostenta el cargo de la autoridad requerida, una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, con base en lo dispuesto en los artículo 237 fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a diez de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades Directora General de Recursos Humanos y Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, han sido omisas en desahogar el requerimiento de veintiocho de enero del año en curso, no obstante de haber sido debidamente notificadas, como se advierte de las constancias respectivas. En ese sentido, tomando en consideración que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, y con fundamento en el artículo 297, fracción II, del supletorio código adjetivo federal, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído: ? Remita copia certificada de la planilla de liquidación actualizada al ejercicio dos mil veintidós, a favor de la quejosa Lorena Valladares Negrete. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II del citado código y del artículo 21, fracción VII, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y en el tercero transitorio, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, REQUIÉRASE POR ÚLTIMA OCASIÓN al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (antes Oficial Mayor), para que en su calidad de superior jerárquico de la vinculada responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la vinculada responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas la totalidad de las autoridades requeridas, que en caso de no cumplir con lo anterior, en el siguiente requerimiento, se impondrá a las personas físicas que ostentan los cargos referidos, una multa por ciento cincuenta veces la unidad de medida actualizada vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Lo anterior, sin perjuicio de los requerimientos que en su momento pudiera realizarles el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que conoce del incidente de inejecución de sentencia 17/2021. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

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