Lucila Rodríguez Menez

Expediente 277/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
277/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Lucila Rodríguez Menez

Actuaciones

  1. Principal

    Querétaro, Querétaro, tres de mayo de dos mil veintitrés. I. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que tal determinación ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo y destino del expediente Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21, inciso b), del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. No existen documentos originales. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento original que por sus características amerite proveer su devolución. IV. Devolución de tomo. De igual forma, devuélvase al Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial de Querétaro, un tomo de prueba que exhibió en copias certificadas en apoyo a su informe justificado. Sin que se estime necesario solicitar el acuse de recibo, en consideración que la constancia de notificación hace las veces de acuse. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. I. Se recibe oficio. Agréguense a los autos el oficio suscrito por el Juez Segundo Menor Civil de Querétaro, en que evacua el requerimiento formulado en autos, en tanto informa el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, asimismo, se le tienen por exhibidas las constancias en que sustenta lo informado; atento a ello, se provee: II. Se levanta reserva. Según se advierte del estado que guardan los autos, en proveído de quince de marzo del año en curso, se reservó dar vista a la parte quejosa con lo informa por la autoridad responsable sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, hasta en tanto se desahogara el requerimiento formulado en dicho acuerdo, lo que ya aconteció; por tanto, se levanta la reserva indicada y se provee: II. Se da vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo1 , dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexos de cuenta, así como con las diversas actuaciones remitidas en fase de ejecución, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que una vez transcurrido dicho plazo, con o sin su desahogo, se efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente. Notifíquese, y de forma personal a la parte quejosa.

  3. Principal

    POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, SIENDO LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL DÍA DE HOY, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO B, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCION DE VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRES QUE EN LO CONDUCENTE DICE AL HABER SIDO OMISA EN COMPARECER A ESTE JUZGADO FEDERAL PARA NOTIFICARSE DE LA CITADA DETERMINACION, NO OBSTANTE EL CITATORIO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO INDICADO PARA TAL EFECTO, DETERMINACION QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. I. Informe justificado. Vista la cuenta, agréguese a los autos el informe justificado que rinde el Juez Octavo de Primera Instancia Civil del Primer Distrito Judicial de Querétaro; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, para los efectos legales conducentes. II. Pruebas Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 de la ley que rige el juicio constitucional, se tiene como pruebas las documentales que acompaña a su informe, las que serán relacionadas en la audiencia de Ley, con las que se ordena formar un cuaderno de prueba por cuerda separada identificado como tomo I, para un mejor manejo del sumario. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que, se encuentra escaneado el oficio a través del cual la responsable rinde su informe justificado; sin embargo, de conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al tratarse de una excepción, debido a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable, estas quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado, para su consulta. III. Sobreseimiento fuera de audiencia *** En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Asimismo, la causa de improcedencia por la que se sobresee fuera de audiencia el presente asunto, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1 de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Libro 3, febrero de dos mil catorce, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a la Analista Jurídico SISE. IV. Captura de proveído. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, seis de marzo de dos mil veintitrés. I. Recepción de demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Juez Octavo Civil de Primera Instancia con residencia en esta ciudad. II. Expediente y registro. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos; anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado con el consecutivo ********************, procédase a la digitalización de las constancias existentes para la integración del expediente electrónico, bajo el entendido de que si llegase a ser imposible por causa de su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o de datos personales, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico. Igualmente, se hace saber a las partes que el expediente electrónico está a su disposición en términos del artículo 6, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, y en vigor al día siguiente según su artículo transitorio primero. III. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata, por cumplir con los requisitos que establece la ley de Amparo. IV. Tercero interesado. Por la naturaleza del acto reclamado en el presente asunto, no le reviste el carácter de tercero interesado, en virtud de que no se está en alguno de los supuestos del artículo 5, fracción III de la Ley de la Materia. V. Audiencia constitucional. Se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. En el entendido de que dicha audiencia se llevará a cabo sin público, al margen de que subsista la posibilidad de ofrecer pruebas de conformidad con lo que establece el numeral 119 de la Ley de Amparo, mediante escrito presentado electrónicamente, y de forma física sólo en casos urgentes, además de que de acuerdo al artículo 124 de la misma ley, los alegatos pueden formularse de la manera antes indicada, todo ello con la oportunidad debida a la fecha señalada; máxime que en el supuesto de las objeciones respectivas, ello daría lugar a la suspensión del procedimiento. VI. Diferimiento de audiencia constitucional. Se entera a las partes que el señalamiento de una nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, se realizará por lista, toda vez que el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles en forma personal las actuaciones que emite en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no es uno de esos supuestos, de ahí que resulta procedente que este acuerdo se notifique, como fue precisado, por medio de lista, en términos del artículo 29 de dicha ley. Similar argumento es válido para la autoridad responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a la parte quejosa, toda vez que mediante la notificación personal es informada en su domicilio o en el que señaló para oír y recibir notificaciones, de modo que si la notificación vía oficio cumple con tal exigencia, esto es, aquella con la que se satisface vía personal y dado que la autoridad responsable también es parte en el juicio y nombra delegados que vigilan el procedimiento, es admisible concluir que igual le rigen los supuestos del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, y si entre ellos no está la notificación personal del auto que difiere la audiencia constitucional, es operante informarle éste mediante lista. VII. Incidente de suspensión. No se está en el caso de formar incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. VII. Informes justificados. Con fundamento en el artículo 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, mismas que deberán rendirlo DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS siguientes a aquél en que reciban el oficio por el que se les pide dicho informe, en el entendido que en de dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndole saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se le atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. VIII. Apercibimiento. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés. IX. Forma de recepción de informes provenientes exclusivamente de autoridades responsables. Con el propósito de privilegiar el juicio en línea, se pone a disposición ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES el correo electrónico institucional 5jdo22ctomacatjf@cjf.gob.mx, PARA QUE HAGAN LLEGAR -DEBIDAMENTE ESCANEADOS Y FIRMADOS- LOS INFORMES O CONSTANCIAS QUE SEAN SOLICITADAS O QUE ESTIMEN NECESARIAS PARA LA RESOLUCIÓN DE ESTE ASUNTO, en el entendido de que el Secretario que corresponda deberá verificar la documentación que reciba de acuerdo a los lineamientos expuestos en la jurisprudencia 27/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Al respecto, se puntualiza a las autoridades responsables que, en el caso de recibir confirmación de recepción proveniente de correo electrónico oficial que se proporciona, SE ABSTENGAN DE REENVIAR LA INFORMACIÓN EN FORMA FÍSICA, pues no debe olvidarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a través de las normativas indicadas con antelación, ha insistido en privilegiar el uso de firma y medios electrónicos como medio de comunicación, así como de las medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general. X. Atención presencial y recepción de promociones. Se hace del conocimiento de las partes que conforme al nuevo esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales deberá regir el ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO. XI. Obligación de recibir oficios. Se les hace saber a las autoridades señaladas como responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual, pero lleven a cabo las funciones de la autoridad que señale el quejoso. Por tanto, en el caso de que alguna de las autoridades señaladas como responsables no se encuentre señalada correctamente, se comisiona al Actuario Judicial a efecto de que dirija el oficio correspondiente, mediante la inserción de la denominación correcta de la autoridad responsable, quedando ésta obligada a cumplimentar lo ordenado por este órgano de control constitucional. En el entendido que, de negarse a recibir los oficios, de conformidad con el artículo 28, fracción I de la Ley de Amparo, el Actuario deberá informar a las autoridades, que no obstante esa circunstancia, se tendrá por hecha la notificación, por lo que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por practicada y serán responsables de la falta de cumplimiento de la determinación que contenga. XII. Requiere por constancias sobre la actualización de causal de improcedencia. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley del juicio constitucional, se requiere a las partes, para que comuniquen de inmediato ya sea física o vía correo electrónico a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. XIII. Intervención al agente del ministerio público de la adscripción. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. XVI. Domicilio y autorizados. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa y con fundamento en el artículo 305 del Código Adjetivo Federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, se le tiene como domicilio procesal el que indica en su ocurso de cuenta y, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que cuenta con su cédula profesional en el Registro Nacional de Cedulas Profesionales, mientras que a ********************, en términos restringidos de dicho numeral por no contar de dicho requisito. XV. Habilitación de horas y días inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario de esta adscripción para que lleve a cabo las notificaciones personales en este expediente en días y horas inhábiles. XVI. Uso de medios electrónicos. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. XVII. Información sobre transparencia y acceso a la información pública. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Se adiciona a lo anterior, el desahogo de audiencias, sesiones o diligencias judiciales que cuenten con intervinientes presenciales en sede judicial y en sedes virtuales, así como las denominadas videoconferencias, en las que se garantizarán la protección de los datos personales de las partes, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en las que la Dirección General de Tecnologías de la Información del propio Consejo, deberá generar las soluciones tecnológicas necesarias para evitar la grabación y eventual diseminación no autorizada del material videograbado, a partir de los lineamientos generados por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, tal y como se proveyó en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.

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