Lucila Pimentel Rodríguez

Expediente 1034/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1034/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Lucila Pimentel Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    PRAL1034/2021.MESA-4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de enero de dos mil veintidós. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades, pues al haberse, por una parte, sobreseído en el juicio de amparo, y por otra, negado la protección constitucional, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. V. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VI. Destino. Al haberse, entre otra cuestión, negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. VII. Archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es depurable. VIII. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. IX. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. X. Devolución de documental. Como la parte quejosa exhibió con la promoción inicial constitucional una documental en original; con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado, se requiere a dicha parte para que en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esa constancia, para lo cual deberá obtener el código QR en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el que tendrá acceso al edifico sede en el que se encuentra este órgano jurisdiccional, y se le apercibe que, si no se presenta para tal fin, la misma será destruida junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL1034/2021.MESA-4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de enero de dos mil veintidós. I. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de siete de diciembre de dos mil veintiuno, en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo, y por otra, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; sin que lo hubiese hecho. II. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. III. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de las autoridades, pues al haberse, por una parte, sobreseído en el juicio de amparo, y por otra, negado la protección constitucional, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". IV. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. V. Se ordena archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu) y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. VI. Destino. Al haberse, entre otra cuestión, negado a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es depurable; por tanto, una vez transcurrido el plazo de tres años, contados a partir de la fecha de este proveído, procédase a lo dispuesto en el penúltimo y último párrafo del artículo 18 del acuerdo mencionado. VII. Archivo reciente. Conforme al artículo 18, del Acuerdo en cita, se comunica a las partes que, este expediente será conservado en este Juzgado durante tres años y, cumplido tal plazo, dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional depurará el expediente y, una vez terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es depurable. VIII. Instrucción (certificación). Asimismo, se le instruye para que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. IX. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. X. Devolución de documental. Como la parte quejosa exhibió con la promoción inicial constitucional una documental en original; con fundamento en el artículo 21, párrafo segundo, del Acuerdo General invocado, se requiere a dicha parte para que en el plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger esa constancia, para lo cual deberá obtener el código QR en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el que tendrá acceso al edifico sede en el que se encuentra este órgano jurisdiccional, y se le apercibe que, si no se presenta para tal fin, la misma será destruida junto con el expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Teresa Silvia Hernández Ferrer, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL.1034/2021.MESA-3 Visto para resolver el juicio de amparo 1034/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el cual fue turnado a este Juzgado el mismo día y registrado veintiocho siguiente, Lucila Pimentel Rodríguez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo con el expediente 1034/2021, se admitió a trámite, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta; por tratarse de un asunto en materia administrativa, cuyos actos reclamados tienen consecuencias jurídicas y materiales en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar de jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la quejosa Lucila Pimentel Rodríguez reclama: De la 1) Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez: (Imagen escaneada) Del 2) delegado y 3) encargado de la subdelegación de Prestaciones, ambos de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en lo subsecuente se referirá al Instituto únicamente como ISSSTE, para efectos prácticos): (Imagen escaneada) Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de un acto reclamado. El encargado de la subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE, al rendir informe justificado negó el acto reclamado. Aunado a que no es procedente considerar como existente el acto que le atribuye la parte quejosa, en razón de que dicho subdelegado de prestaciones no es parte procesal en el expediente 2085/19-15-01-5. En efecto, de las constancias remitidas por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a las que desde ahora se concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron remitidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, se aprecia que el treinta de septiembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia en el expediente 2085/19-15-01-5, en cuyo resultando primero la Sala responsable precisó que, en su carácter de actora, Lucila Pimentel Rodríguez demandó la nulidad de la resolución negativa ficta imputable a la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE; y en el último considerando declaró la nulidad de lo impugnado, para el efecto de que la autoridad demandada, dentro del plazo de cuatro meses, emitiera una resolución expresa, fundada y motivada, aplicando a la pensión de la parte actora (aquí quejosa) los incrementos de los años 2010 y 2017 en adelante que obran en la constancia de evolución salarial; asimismo, para que pagara a la actora las diferencias resultantes de los incrementos y de la gratificación anual señalada en la sentencia. Así, resulta inexistente el acto reclamado a dicho subdelegado, ya que la Sala responsable no lo vinculó de forma alguna al cumplimiento de la sentencia, pues al que vinculó fue al delegado Estatal Oaxaca del ISSSTE, quien fue señalada como autoridad demandada en el juicio administrativo; de ahí que, aun cuando tuviera que realizar alguna gestión en el cumplimiento de la sentencia, atendiendo a las indicaciones que le llegara a ordenar el delegado, las constancias de autos en este asunto no demuestran que se encuentre vinculada jurídicamente como autoridad responsable a quien le pueda ser reprochable la omisión correspondiente al expediente 2085/19-15-01-5. En consecuencia, por lo que hace al acto reclamado al encargado de la subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE, con motivo de su inexistencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir informe justificado, negó el acto reclamado, pues refirió que no existe omisión de parte de ese Tribunal en verificar el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso 2085/19-15-01-5, en razón de haber realizado lo siguiente: El diez de junio de dos mil veintiuno, inició de oficio, el procedimiento previsto por el numeral 58, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que transcurrió el plazo de los cuatro meses a que se refiere el artículo 52, segundo párrafo, de la citada Ley, sin que la autoridad demandada diera cumplimiento a la sentencia definitiva y firme de treinta de septiembre de dos mil diecinueve. El uno de octubre de dos mil veintiuno hizo efectivo el apercibimiento de diez de junio de dos mil veintiuno, imponiendo al titular de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE una multa de $26,886.00 (veintiseis mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). Además, en el mismo auto requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia y lo apercibió con la imposición de nueva multa de apremio; aunado a que se daría vista al superior jerárquico. En tres de noviembre de dos mil veintiuno hizo efectivo el apercibimiento dictado en proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno e impuso una multa a la Delegada Estatal del ISSSTE por la cantidad de $44,810.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.), giró oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia y lo apercibió con la imposición de nueva multa de apremio; aunado a que dio vista a su superior jerárquico. Manifestaciones que acreditan la existencia de los actos reclamados, pues la parte quejosa presentó su demanda de amparo el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, y fue hasta el uno de octubre del año en curso que la Sala Regional responsable se pronunció respecto al apercibimiento que había realizado el diez de junio pasado, pues requirió el cumplimiento de la sentencia e hizo efectivo el apercibimiento decretado y requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia, aunado a que apercibió con dar vista al superior jerárquico; de ahí que, a la fecha de presentación de la demanda, sí existían los actos que le reclama la parte quejosa. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del texto que sigue: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Libro Núm. 79, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por su parte, el delegado Estatal del ISSSTE negó la existencia de la omisión que se le reclama, sin aportar probanza que demostrara que no incurrió en la omisión reclamada; por ello, se tiene por cierto el acto se le atribuye, máxime que de las constancias de autos resulta evidente que es la parte demandada en el juicio 2085/19-15-01-5 y obligada a su cumplimiento. Resulta aplicable, por las razones que la sostienen, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 189, del texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables". QUINTO. Improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. De las constancias que integran este asunto se advierte que el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado invocó una causal de improcedencia; no obstante, en razón del sobreseimiento decretado por lo que hace al acto reclamado a dicha autoridad, no ha lugar a analizar la causal de improcedencia que alegó en su informe. Ahora, como ninguna de las partes hizo valer alguna causa de improcedencia, ni este Juzgado, de oficio, la advierte, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Concepto de violación. El análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, en relación con las constancias de autos, conduce a determinar lo siguiente: Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la Sala responsable que, como se anticipó, tienen valor probatorio pleno, se aprecia que: El treinta de septiembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia en el expediente 2085/19-15-01-5, en la que la Sala declaró la nulidad de la resolución negativa ficta para el efecto de que el delegado Estatal Oaxaca del ISSSTE, dentro del plazo de cuatro meses, emitiera una resolución expresa y pagara las diferencias a la quejosa, en los términos precisados en esa sentencia. El diez de junio de dos mil veintiuno, inició, de oficio, el procedimiento previsto por el numeral 58, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que transcurrió el plazo de los cuatro meses a que se refiere el artículo 52, segundo párrafo, de la citada Ley, sin que la autoridad demandada diera cumplimiento a la sentencia definitiva y firme de treinta de septiembre de dos mil diecinueve. El uno de octubre de dos mil veintiuno hizo efectivo el apercibimiento de diez de junio de dos mil veintiuno, imponiendo al titular de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE una multa de $26,886.00 (veintiseis mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). Además, en el mismo auto requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia y lo apercibió con la imposición de nueva multa de apremio; aunado a que se daría vista al superior jerárquico. En tres de noviembre de dos mil veintiuno hizo efectivo el apercibimiento dictado en proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno e impuso una multa a la Delegada Estatal del ISSSTE por la cantidad de $44,810.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.), giró oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia y lo apercibió con la imposición de nueva multa de apremio; aunado a que dio vista a su superior jerárquico. Siendo ésta la última actuación que obra en autos, según la etapa de ejecución del juicio ordinario tradicional de que se trata. Análisis del concepto de violación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos, a saber: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. En esta última etapa se acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 151, registro 2015591, del texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. En este último aspecto, el material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284, registro 2018637, del texto siguiente: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos". Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el cumplimiento de las sentencias. En el caso, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia dictó sentencia en el juicio 2085/19-15-01-5, declarando la nulidad de lo impugnado, para el efecto de que el delegado Estatal Oaxaca del ISSSTE, dentro del plazo de cuatro meses, emitiera una resolución expresa, fundada y motivada, aplicando a la pensión de la parte actora (aquí quejosa) los incrementos de los años 2010 y 2017 en adelante, que obran en la constancia de evolución salarial; asimismo, para que pagara a la actora las diferencias resultantes de los incrementos y de la gratificación anual señalada en la sentencia. Para hacer cumplir la sentencia dictada, la Sala responsable procedió en términos del artículo 58, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la conducta del Delegado Estatal; precepto que dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: (.) 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. (.) Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo". Es así que, conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. Análisis de las omisiones reclamadas. Bajo ese tenor, se advierte que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha observado las etapas que conforman ese procedimiento para doblegar la contumacia de la demandada para cumplir con las prestaciones a que fue condenada en la sentencia pronunciada en el juicio 2085/19-15-01-5; por tanto, no vulnera el derecho fundamental de ejecución de sentencia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo alega la parte quejosa. Ello, toda vez que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en autos de uno de octubre y tres de noviembre de dos mil veintiuno hizo efectivas las multas con las que apercibió a la parte demandada, ordenó dar vista a su superior jerárquico y lo apercibió con nueva multa para el caso de incumplimiento; todo ello, fundando su proceder en el artículo 58, fracción I, segundo párrafo, incisos a) y b). Además, en el proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno requirió nuevamente a la autoridad demandada para que cumpliera con la sentencia, apercibiéndola con imponerle una multa por una suma mayor, giró oficio al administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" y dio vista a su superior jerárquico para que la obligara a cumplir sin demora. Como se ve, la Sala responsable ha cumplido con el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues ha realizado las gestiones legales para lograr que, como parte demandada en el expediente 2085/19-15-01-5, el delegado Estatal del ISSSTE cumpla con la sentencia emitida; por tanto, no se vulnera el derecho fundamental de ejecución de la sentencia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Federal. Por lo expuesto y fundado, al no existir queja que suplir, y al resultar infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia solicitada por Lucila Pimentel Rodríguez. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lucila Pimentel Rodríguez, contra el acto reclamado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Lucila Pimentel Rodríguez, contra los actos reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, y Delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN PARTE QUEJOSA (AVISO) Número de expediente: 1034/2021 Acuerdo: PRAL.1034/2021.MESA-3 Visto para resolver el juicio de amparo 1034/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito depositado el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, el cual fue turnado a este Juzgado el mismo día y registrado veintiocho siguiente, Lucila Pimentel Rodríguez, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y de otras autoridades, que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno se registró la demanda de amparo con el expediente 1034/2021, se admitió a trámite, se dio intervención a la agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se desahogó al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta; por tratarse de un asunto en materia administrativa, cuyos actos reclamados tienen consecuencias jurídicas y materiales en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, lugar de jurisdicción de este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Así, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la quejosa Lucila Pimentel Rodríguez reclama: De la 1) Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez: (Imagen escaneada) Del 2) delegado y 3) encargado de la subdelegación de Prestaciones, ambos de la Delegación Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (en lo subsecuente se referirá al Instituto únicamente como ISSSTE, para efectos prácticos): (Imagen escaneada) Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Inexistencia de un acto reclamado. El encargado de la subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE, al rendir informe justificado negó el acto reclamado. Aunado a que no es procedente considerar como existente el acto que le atribuye la parte quejosa, en razón de que dicho subdelegado de prestaciones no es parte procesal en el expediente 2085/19-15-01-5. En efecto, de las constancias remitidas por la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a las que desde ahora se concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron remitidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, se aprecia que el treinta de septiembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia en el expediente 2085/19-15-01-5, en cuyo resultando primero la Sala responsable precisó que, en su carácter de actora, Lucila Pimentel Rodríguez demandó la nulidad de la resolución negativa ficta imputable a la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE; y en el último considerando declaró la nulidad de lo impugnado, para el efecto de que la autoridad demandada, dentro del plazo de cuatro meses, emitiera una resolución expresa, fundada y motivada, aplicando a la pensión de la parte actora (aquí quejosa) los incrementos de los años 2010 y 2017 en adelante que obran en la constancia de evolución salarial; asimismo, para que pagara a la actora las diferencias resultantes de los incrementos y de la gratificación anual señalada en la sentencia. Así, resulta inexistente el acto reclamado a dicho subdelegado, ya que la Sala responsable no lo vinculó de forma alguna al cumplimiento de la sentencia, pues al que vinculó fue al delegado Estatal Oaxaca del ISSSTE, quien fue señalada como autoridad demandada en el juicio administrativo; de ahí que, aun cuando tuviera que realizar alguna gestión en el cumplimiento de la sentencia, atendiendo a las indicaciones que le llegara a ordenar el delegado, las constancias de autos en este asunto no demuestran que se encuentre vinculada jurídicamente como autoridad responsable a quien le pueda ser reprochable la omisión correspondiente al expediente 2085/19-15-01-5. En consecuencia, por lo que hace al acto reclamado al encargado de la subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE, con motivo de su inexistencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio de amparo. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. La magistrada presidenta de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al rendir informe justificado, negó el acto reclamado, pues refirió que no existe omisión de parte de ese Tribunal en verificar el cumplimiento de la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso 2085/19-15-01-5, en razón de haber realizado lo siguiente: El diez de junio de dos mil veintiuno, inició de oficio, el procedimiento previsto por el numeral 58, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que transcurrió el plazo de los cuatro meses a que se refiere el artículo 52, segundo párrafo, de la citada Ley, sin que la autoridad demandada diera cumplimiento a la sentencia definitiva y firme de treinta de septiembre de dos mil diecinueve. El uno de octubre de dos mil veintiuno hizo efectivo el apercibimiento de diez de junio de dos mil veintiuno, imponiendo al titular de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE una multa de $26,886.00 (veintiseis mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). Además, en el mismo auto requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia y lo apercibió con la imposición de nueva multa de apremio; aunado a que se daría vista al superior jerárquico. En tres de noviembre de dos mil veintiuno hizo efectivo el apercibimiento dictado en proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno e impuso una multa a la Delegada Estatal del ISSSTE por la cantidad de $44,810.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.), giró oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia y lo apercibió con la imposición de nueva multa de apremio; aunado a que dio vista a su superior jerárquico. Manifestaciones que acreditan la existencia de los actos reclamados, pues la parte quejosa presentó su demanda de amparo el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, y fue hasta el uno de octubre del año en curso que la Sala Regional responsable se pronunció respecto al apercibimiento que había realizado el diez de junio pasado, pues requirió el cumplimiento de la sentencia e hizo efectivo el apercibimiento decretado y requirió nuevamente el cumplimiento de la sentencia, aunado a que apercibió con dar vista al superior jerárquico; de ahí que, a la fecha de presentación de la demanda, sí existían los actos que le reclama la parte quejosa. Resulta ilustrativa, por las razones que la integran y en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XIV, julio de 1994, página 391, registro 211004, del texto que sigue: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Libro Núm. 79, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, que establece: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por su parte, el delegado Estatal del ISSSTE negó la existencia de la omisión que se le reclama, sin aportar probanza que demostrara que no incurrió en la omisión reclamada; por ello, se tiene por cierto el acto se le atribuye, máxime que de las constancias de autos resulta evidente que es la parte demandada en el juicio 2085/19-15-01-5 y obligada a su cumplimiento. Resulta aplicable, por las razones que la sostienen, la tesis del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 189, del texto siguiente: "ACTOS NEGATIVOS, CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES LA CARGA DE LA PRUEBA DE LOS. Advirtiéndose que los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos imputados a las autoridades responsables, la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino a las responsables". QUINTO. Improcedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. De las constancias que integran este asunto se advierte que el encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado invocó una causal de improcedencia; no obstante, en razón del sobreseimiento decretado por lo que hace al acto reclamado a dicha autoridad, no ha lugar a analizar la causal de improcedencia que alegó en su informe. Ahora, como ninguna de las partes hizo valer alguna causa de improcedencia, ni este Juzgado, de oficio, la advierte, se procede al estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SÉPTIMO. Concepto de violación. El análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, en relación con las constancias de autos, conduce a determinar lo siguiente: Antecedentes del asunto. De las constancias remitidas por la Sala responsable que, como se anticipó, tienen valor probatorio pleno, se aprecia que: El treinta de septiembre de dos mil diecinueve se dictó sentencia en el expediente 2085/19-15-01-5, en la que la Sala declaró la nulidad de la resolución negativa ficta para el efecto de que el delegado Estatal Oaxaca del ISSSTE, dentro del plazo de cuatro meses, emitiera una resolución expresa y pagara las diferencias a la quejosa, en los términos precisados en esa sentencia. El diez de junio de dos mil veintiuno, inició, de oficio, el procedimiento previsto por el numeral 58, primer párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que transcurrió el plazo de los cuatro meses a que se refiere el artículo 52, segundo párrafo, de la citada Ley, sin que la autoridad demandada diera cumplimiento a la sentencia definitiva y firme de treinta de septiembre de dos mil diecinueve. El uno de octubre de dos mil veintiuno hizo efectivo el apercibimiento de diez de junio de dos mil veintiuno, imponiendo al titular de la Delegación Estatal Oaxaca del ISSSTE una multa de $26,886.00 (veintiseis mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.). Además, en el mismo auto requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia y lo apercibió con la imposición de nueva multa de apremio; aunado a que se daría vista al superior jerárquico. En tres de noviembre de dos mil veintiuno hizo efectivo el apercibimiento dictado en proveído de uno de octubre de dos mil veintiuno e impuso una multa a la Delegada Estatal del ISSSTE por la cantidad de $44,810.00 (cuarenta y cuatro mil ochocientos diez pesos 00/100 M.N.), giró oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, requirió de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia y lo apercibió con la imposición de nueva multa de apremio; aunado a que dio vista a su superior jerárquico. Siendo ésta la última actuación que obra en autos, según la etapa de ejecución del juicio ordinario tradicional de que se trata. Análisis del concepto de violación. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Así, tal precepto fija el derecho a la tutela jurisdiccional, la que comprende tres etapas, a las que atañen tres derechos, a saber: I. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte. II. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, III. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. En esta última etapa se acoge el principio de ejecutoriedad de las sentencias, por lo que las leyes locales y federales deben establecer los medios necesarios para garantizar su cumplimiento, pues de lo contrario se haría nugatorio el mismo. Lo anterior así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 151, registro 2015591, del texto siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales". Por otra parte, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por el Estado Mexicano el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno, relativo a la protección judicial, señala que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la Ley o la Convención. Así también, establece el compromiso de los Estados Partes a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decida, entre otros, a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente un recurso; de lo que se advierte que el Estado Mexicano ha reconocido el acceso a la justicia como un derecho fundamental. Sin embargo, para que se concrete en la esfera jurídica de los gobernados, debe manifestarse en sus dos aspectos complementarios: uno, formal y, otro, material. En este último aspecto, el material, se refiere a la obligación de la autoridad de hacer cumplir sus resoluciones y, especialmente, cuando se trata de una sentencia definitiva o laudo que ha sido favorable a los intereses de alguna de las partes. De ahí que no sea posible sostener que se respeta el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, aunque se dé respuesta al justiciable en los términos de ley, si no se atiende al aspecto material o subgarantía de "ejecución de resoluciones" o de "justicia cumplida", que otorga a los gobernados el derecho a que los fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales se notifiquen y cumplan cabalmente, pues, de estimar lo contrario, la prerrogativa constitucional y convencional de acceso a la justicia tendría sólo carácter adjetivo o procesal. Es aplicable al respecto la tesis 1a. CCXXXIX/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 284, registro 2018637, del texto siguiente: "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. En el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, el cual comprende tres etapas, a las que corresponden determinados derechos: (i) una previa al juicio, a la que corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción; (ii) una judicial, a la que corresponden las garantías del debido proceso; y (iii) una posterior al juicio, que se identifica con la eficacia de las resoluciones emitidas con motivo de aquél. Ahora bien, el derecho a la ejecución de sentencias, como parte de la última etapa, es relevante por su instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo anterior se advierte en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Baena Ricardo y otros Vs. Panamá, y Acevedo Jaramillo y otros Vs. Perú, en los que se consideró que "la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia", sino que se requiere, además, que el Estado consagre normativamente recursos para ejecutar esas decisiones definitivas y garantice la efectividad de esos medios. Posteriormente en los casos Acevedo Buendía y otros (Cesantes y Jubilados de la Contraloría) Vs. Perú, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, Furlan y Familiares Vs. Argentina, y del Tribunal Constitucional (Camba Campos y otros) Vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos agregó que "la efectividad de las sentencias depende de su ejecución", de modo que ésta se establece como un componente fundamental de la protección efectiva de los derechos declarados o reconocidos". Aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el cumplimiento de las sentencias. En el caso, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia dictó sentencia en el juicio 2085/19-15-01-5, declarando la nulidad de lo impugnado, para el efecto de que el delegado Estatal Oaxaca del ISSSTE, dentro del plazo de cuatro meses, emitiera una resolución expresa, fundada y motivada, aplicando a la pensión de la parte actora (aquí quejosa) los incrementos de los años 2010 y 2017 en adelante, que obran en la constancia de evolución salarial; asimismo, para que pagara a la actora las diferencias resultantes de los incrementos y de la gratificación anual señalada en la sentencia. Para hacer cumplir la sentencia dictada, la Sala responsable procedió en términos del artículo 58, fracciones I y II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la conducta del Delegado Estatal; precepto que dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: (.) 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. (.) Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo". Es así que, conforme a la porción normativa transcrita, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe actuar de oficio o a petición de parte para asegurar el pleno cumplimiento de sus resoluciones, pero ello una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la referida ley, esto es, de cuatro meses, a partir de la fecha en que la sentencia quede firme. Entonces, cumplido ese término, debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia; de no hacerlo, decidirá si hubo incumplimiento injustificado y, en tal caso, le impondrá una multa como medida de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario -actualmente unidad de medida de actualización-, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada, para que la obligue a cumplir, apercibiéndola con multa también. Análisis de las omisiones reclamadas. Bajo ese tenor, se advierte que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha observado las etapas que conforman ese procedimiento para doblegar la contumacia de la demandada para cumplir con las prestaciones a que fue condenada en la sentencia pronunciada en el juicio 2085/19-15-01-5; por tanto, no vulnera el derecho fundamental de ejecución de sentencia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo alega la parte quejosa. Ello, toda vez que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en autos de uno de octubre y tres de noviembre de dos mil veintiuno hizo efectivas las multas con las que apercibió a la parte demandada, ordenó dar vista a su superior jerárquico y lo apercibió con nueva multa para el caso de incumplimiento; todo ello, fundando su proceder en el artículo 58, fracción I, segundo párrafo, incisos a) y b). Además, en el proveído de tres de noviembre de dos mil veintiuno requirió nuevamente a la autoridad demandada para que cumpliera con la sentencia, apercibiéndola con imponerle una multa por una suma mayor, giró oficio al administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca "1" y dio vista a su superior jerárquico para que la obligara a cumplir sin demora. Como se ve, la Sala responsable ha cumplido con el procedimiento previsto en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues ha realizado las gestiones legales para lograr que, como parte demandada en el expediente 2085/19-15-01-5, el delegado Estatal del ISSSTE cumpla con la sentencia emitida; por tanto, no se vulnera el derecho fundamental de ejecución de la sentencia a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Federal. Por lo expuesto y fundado, al no existir queja que suplir, y al resultar infundados los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia solicitada por Lucila Pimentel Rodríguez. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Lucila Pimentel Rodríguez, contra el acto reclamado al encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Lucila Pimentel Rodríguez, contra los actos reclamados a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Oaxaca de Juárez, y Delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo y realícense las anotaciones en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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