Lucila Natalia Zavaleta Villalobos y Otros.

Expediente 219/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
219/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
06/09/2019

Partes del expediente

  • Lucila Natalia Zavaleta Villalobos y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, seis de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, de la que advierte que no existe asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita se comunica a las partes este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que una vez cumplido ese plazo, se transferirá la Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de la Nación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. V-B

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 49-53), en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. NOTIFÍQUESE. V-B

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el informe justificado rendido por los Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que anexa a su informe de cuenta, consistente en copia al carbón con firmas autógrafas, del laudo emitido el diez de junio de esta anualidad, en el expediente 21/2017, de su índice. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de los autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en: "IV. ACTO RECLAMADO: La abstención y negativa de la Autoridad señalada como responsable, a dictar el laudo en el juicio laboral Núm. 21/2017, seguido por las CC. LUCILA NATALIA ZAVALETA VILLALOBOS y GUADALUPE MENDOZA ENRIQUEZ en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oax." Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2 de ésta, se desprende que en el expediente laboral 21/2017, dentro del cual el diez de junio de dos mil diecinueve, se dictó el laudo, cuyos puntos resolutivos se transcriben: "PRIMERO.- Las actoras Lucila Natalia Zavaleta Villalobos y Guadalupe Mendoza Enríquez, acreditaron parcialmente la procedencia de sus acciones. SEGUNDO.- El demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, probó parcialmente sus defensas y excepciones. TERCERO.- Se absuelve al referido Ayuntamiento demandado de todas y cada una de las prestaciones que le reclamó la actora Lucila Natalia Zavaleta Villalobos. CUARTO.- Se absuelve al Ayuntamiento demandado del pago de vacaciones que le reclamó la actora Guadalupe Mendoza Enriquez, por el año 2017, y de las que se generen "durante todo el tiempo que dure el juicio laboral", así como del pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y ayuda para despensa, correspondiente al año 2017. QUINTO.- Se condena al demandado a reinstalar en su puesto base como Coordinador de Área, adscrita al DIF Municipal, a la actora Guadalupe Mendoza Enriquez, a pagarle salarios vencidos, salarios devengados, aguinaldo, prima vacacional y ayuda para despensa, en los términos señalados en la presente resolución." CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Con lo anterior, se concluye que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece la inejercitabilidad del juicio de amparo por cesación de los efectos del acto impugnado y que efectivamente se actualiza. Lo anterior es así, en atención a que la Junta responsable emitió el laudo en el juicio laboral, cuya omisión esencialmente constituye el acto reclamado en el presente juicio; lo anterior, dentro del expediente laboral 27/2016. En consecuencia, se colige que en el caso cesaron total e incondicionalmente los efectos del acto combatido, toda vez que lo pretendido por la parte afectada al promover el juicio de amparo, fue alcanzado por la actuación propia de la Junta responsable, pues con posterioridad a la presentación en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (veintiuno de mayo de dos mil diecinueve), la Junta responsable emitió el laudo correspondiente, situación que pone de relieve que los efectos que producían los actos reclamados a la fecha han cesado, pues el laudo de referencia fue dictado dentro del expediente en cuestión, lo que indefectiblemente implica que ha desaparecido la omisión de dictar la resolución correspondiente y, por ende, los efectos que esto producía, ya que dejó de prevalecer la conducta omisiva por parte de la autoridad responsable. SOBRESEIMIENTO Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, con registro 193758, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo IX, Junio de 1999, visible en la página 38, correspondiente a la Novena Época, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues, ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia. Por los razonamientos jurídicos cobra aplicación 2a./J. 10/2003, con registro 184572, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XVII, Marzo de 2003, visible en la página 386, correspondiente a la Novena Época, bajo el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página 1579, del Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2006, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas en auto de veinte de junio de dos mil diecinueve (foja 32 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cinco minutos del diez de julio de dos mil diecinueve). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conviene precisar que algunos de los criterios citados en esta determinación fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, empero al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, de conformidad con su transitorio sexto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. V-B

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil diecinueve. RECEPCIÓN DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta sus efectos legales el informe justificado rendido por los Integrantes de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, con residencia en Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental que anexa a su informe de cuenta, consistente en copia al carbón con firmas autógrafas, del laudo emitido el diez de junio de esta anualidad, en el expediente 21/2017, de su índice. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de los autos se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en: "IV. ACTO RECLAMADO: La abstención y negativa de la Autoridad señalada como responsable, a dictar el laudo en el juicio laboral Núm. 21/2017, seguido por las CC. LUCILA NATALIA ZAVALETA VILLALOBOS y GUADALUPE MENDOZA ENRIQUEZ en contra del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oax." Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2 de ésta, se desprende que en el expediente laboral 21/2017, dentro del cual el diez de junio de dos mil diecinueve, se dictó el laudo, cuyos puntos resolutivos se transcriben: "PRIMERO.- Las actoras Lucila Natalia Zavaleta Villalobos y Guadalupe Mendoza Enríquez, acreditaron parcialmente la procedencia de sus acciones. SEGUNDO.- El demandado Ayuntamiento Municipal Constitucional de Salina Cruz, Oaxaca, probó parcialmente sus defensas y excepciones. TERCERO.- Se absuelve al referido Ayuntamiento demandado de todas y cada una de las prestaciones que le reclamó la actora Lucila Natalia Zavaleta Villalobos. CUARTO.- Se absuelve al Ayuntamiento demandado del pago de vacaciones que le reclamó la actora Guadalupe Mendoza Enriquez, por el año 2017, y de las que se generen "durante todo el tiempo que dure el juicio laboral", así como del pago de vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y ayuda para despensa, correspondiente al año 2017. QUINTO.- Se condena al demandado a reinstalar en su puesto base como Coordinador de Área, adscrita al DIF Municipal, a la actora Guadalupe Mendoza Enriquez, a pagarle salarios vencidos, salarios devengados, aguinaldo, prima vacacional y ayuda para despensa, en los términos señalados en la presente resolución." CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Con lo anterior, se concluye que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece la inejercitabilidad del juicio de amparo por cesación de los efectos del acto impugnado y que efectivamente se actualiza. Lo anterior es así, en atención a que la Junta responsable emitió el laudo en el juicio laboral, cuya omisión esencialmente constituye el acto reclamado en el presente juicio; lo anterior, dentro del expediente laboral 27/2016. En consecuencia, se colige que en el caso cesaron total e incondicionalmente los efectos del acto combatido, toda vez que lo pretendido por la parte afectada al promover el juicio de amparo, fue alcanzado por la actuación propia de la Junta responsable, pues con posterioridad a la presentación en la Oficialía de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca (veintiuno de mayo de dos mil diecinueve), la Junta responsable emitió el laudo correspondiente, situación que pone de relieve que los efectos que producían los actos reclamados a la fecha han cesado, pues el laudo de referencia fue dictado dentro del expediente en cuestión, lo que indefectiblemente implica que ha desaparecido la omisión de dictar la resolución correspondiente y, por ende, los efectos que esto producía, ya que dejó de prevalecer la conducta omisiva por parte de la autoridad responsable. SOBRESEIMIENTO Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo de conformidad con la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, con registro 193758, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo IX, Junio de 1999, visible en la página 38, correspondiente a la Novena Época, bajo el rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que el sobreseimiento fuera de audiencia, cause agravio a la parte quejosa o la prive de defensa, pues, ni aun celebrándose ésta, podría desvirtuar con prueba alguna la causa de improcedencia de mérito, que se torna notoria, manifiesta e indudable; razones por las cuales el resultado del fallo sería en el mismo sentido; por tanto, atendiendo al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional, lo procedente es resolver fuera de audiencia. Por los razonamientos jurídicos cobra aplicación 2a./J. 10/2003, con registro 184572, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Tomo XVII, Marzo de 2003, visible en la página 386, correspondiente a la Novena Época, bajo el rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." De igual manera resulta aplicable al caso en estudio la Jurisprudencia establecida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible a página 1579, del Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Febrero de 2006, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha y hora señaladas en auto de veinte de junio de dos mil diecinueve (foja 32 vuelta), para la celebración de la audiencia constitucional (diez horas con cinco minutos del diez de julio de dos mil diecinueve). Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, conviene precisar que algunos de los criterios citados en esta determinación fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo abrogada, empero al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, de conformidad con su transitorio sexto. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. V-B

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