Lucila Montaño Martínez

Expediente 652/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
652/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • Lucila Montaño Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; veintiuno de junio de dos mil veintiuno. CONFIRMA RECEPCIÓN. Agréguese a los autos el oficio referido en la cuenta secretarial; visto su contenido, se tiene al Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito acusando recibo del juicio de amparo indirecto 652/2021-V-B, del índice de este juzgado, enviado al haberse considerado este órgano jurisdiccional legalmente incompetente para conocer del mismo. Asimismo, del contenido del comunicado de cuenta, se advierte que el mencionado tribunal asumió la competencia para conocer del citado asunto, radicándolo bajo el número de juicio de amparo directo 350/2021. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura en el sistema integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como concluido. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente cuaderno es destruible, al tratarse de un cuaderno auxiliar de antecedentes..-. M-V

  2. Principal

    ...Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de cuenta signada por Lucila Montaño Martínez, por propio derecho, contra un acto del Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, se acuerda: REGISTRO. Fórmese el cuaderno respectivo, regístrese el expediente en el libro de gobierno con el número 652/2021-V-B, y dese de alta el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA. Con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer del presunto asunto, debido a que es procedente el juicio de amparo directo, no así el indirecto, de acuerdo los razonamientos que a continuación se exponen. El artículo 170 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; [.]." Del numeral antes transcrito se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a (i) sentencias definitivas o laudos y (ii) resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Así, las sentencias definitivas o laudos son aquellos que dictan los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo que deciden el juicio en lo principal, es decir, los que contienen un pronunciamiento sobre la materia que constituyó la litis del asunto sometido a su potestad, declarando el derecho que corresponda a cada una de las partes como resultado del análisis de sus planteamientos y de las pruebas que aportaron. Cabe precisar que el concepto tribunal se debe entender en un sentido amplio, esto es, como ente jurídico dotado de atribuciones legales para decir el derecho en los asuntos que la ley le otorgue competencia. En este orden de ideas, quedan incluidos los juzgados y tribunales, con independencia de que la conformación de estos últimos sea unitaria o colegiada. Por otra parte, las resoluciones que ponen fin al juicio son las que lo dan por concluido en forma anticipada; éstas se distinguen de las sentencias definitivas, porque no contienen pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes, sino que terminan el juicio por actualizarse causales desechamiento, de sobreseimiento (desistimiento de la acción, muerte alguna de las partes, convenio judicial o extrajudicial, entre otras), la incompetencia del tribunal que conoce, en algunos casos, así como la inactividad procesal de las partes interesadas en que se dirima la controversia legal de que se trate. Por otra parte, el numeral 34 de la Ley de Amparo dispone, entre otras cosas, que el órgano competente para conocer del juicio de amparo directo es el tribunal colegiado de circuito. Ahora bien, en el caso, la quejosa Lucila Montaño Martínez, por propio derecho, reclama el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 248/2020, por el Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, que en lo que interesa dispuso: "I.- No ha lugar en acordar de conformidad el recurso de apelación que pretende interponer, toda vez que no es recurrible la sentencia dentro del supuesto del artículo 1339 del Código de Comercio [.]." A fin de contextualizar el citado proveído, conviene precisar que, de los antecedentes que, bajo protesta decir verdad, narró la promovente en la demanda de amparo, a los cuales se les otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, al constituir una confesión espontánea, se advierte:  El doce de febrero de dos mil veinte, la quejosa Lucila Montaño Martínez, demando en la vía ejecutiva mercantil a Elioenai Canales Pérez, el pago de diversas prestaciones.  El catorce de febrero siguiente la autoridad responsable admitió a trámite la demanda en vía y forma propuesta, radicándola bajo el número de expediente 248/2020.  Posteriormente, mediante acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Juez Primero Mercantil del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, decretó la caducidad de la instancia en el referido juicio mercantil, en virtud de haber transcurrido más de ciento veinte días desde que surtió efectos la notificación de la última resolución dictada en el citado sumario.  Luego, para combatir tal proveído, la promovente interpuso recurso de apelación el trece de abril de dos mil veintiuno, puesto que, a su consideración, en todo momento se impulsó el procedimiento; sin embargo, mediante auto de veintiocho de abril del año en curso se tuvo por no admitido el referido medio de impugnación (el cual constituye el acto reclamado), toda vez que, no es recurrible. Como se evidencia de lo anterior, la determinación jurisdiccional reclamada se cataloga como de aquellas que ponen fin al juicio, pues sin decidirlo en lo principal, lo dio por concluido. Se afirma lo anterior, porque mediante el proveído de veintiocho de abril del año en curso, la autoridad señalada como responsable no admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto por Lucila Montaño Martínez, que intentó en contra la determinación del juez señalado como responsable en la que decretó la caducidad de la instancia en el juicio de origen. Ahora, dicha figura procesal (caducidad de la instancia) constituye una sanción procesal a la inactividad de las partes o a su falta de interés por impulsar el procedimiento hasta obtener sentencia que dirima o que resuelva las cuestiones sometidas ante la autoridad judicial, pues de conformidad con el artículo 1076, incisos a) y b), del Código de Comercio, procede en aquellos casos en que hayan transcurrido ciento veinte días y que no hubiere promoción que impulse el procedimiento para su trámite, debe decretarse la caducidad de la instancia. Asimismo, de conformidad con el artículo 1076, fracción I, de la misma legislación comercial, sus efectos son la extinción de la instancia (aunque no de la acción), la ineficacia de las actuaciones practicadas y que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la presentación del escrito inicial. De lo expuesto, es evidente que el auto en que se resolvió que no procedía el recurso de apelación en contra de la resolución jurisdiccional que determinó la caducidad de la instancia, constituye una resolución que, sin decidirlo en lo principal, dio por concluido el juicio mercantil 248/2020, del registro del Juzgado Primero Mercantil del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo. Sirve de apoyo la tesis aislada VII.2o.C.25 C (10a.)emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, página 1939, registro digital 2002461; que a continuación se inserta: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. De lo interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 96/2011 (9a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 2, octubre de 2011, página 709, de rubro: "CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL. PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN.", se establece que, con independencia de la denominación dada, si en alguna resolución judicial se decreta la caducidad, debe interponerse en su contra el recurso ordinario respectivo, porque la declaratoria de caducidad es un auto definitivo que extingue la instancia pero no la acción, convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda; consecuentemente, si la resolución judicial en la que se decrete la caducidad de la instancia en el juicio mercantil no es una sentencia definitiva, al no decidir la controversia de fondo, entonces no resulta procedente el juicio de amparo directo en su contra." También, se invoca en apoyo, por el criterio que contiene, la tesis aislada XV.3o.5 C (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Decima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3323, registro digital 2016334; que establece: "AMPARO DIRECTO. PROCEDE TANTO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO COMO CONTRA EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO INTERPUESTO EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL, EN EL QUE POR DISPOSICIÓN LEGAL NO SE ADMITEN RECURSOS ORDINARIOS. En términos del segundo párrafo del artículo 1390 Bis del Código de Comercio, si contra las resoluciones pronunciadas en el juicio oral mercantil no procede recurso ordinario alguno, por consiguiente, cuando se reclama en la demanda de amparo directo la sentencia definitiva o resolución que pone fin al juicio conjuntamente con el auto que desecha el recurso interpuesto, debe resolverse respecto de ambos actos reclamados, no obstante que ante la improcedencia del recurso contra la resolución definitiva, el auto que desecha el medio de impugnación deba considerarse como una determinación judicial dictada después de concluido el juicio, reclamable en amparo indirecto conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, toda vez que en este supuesto debe privilegiarse la resolución expedita del asunto en aplicación del derecho fundamental a una justicia pronta y completa consagrado en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, evitando de esta manera dividir la continencia de la causa." Cabe mencionar, que en la jurisprudencia P./J. 6/2015 (10a.), el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los tribunales colegiados de circuito son competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. El citado criterio jurisprudencial está contenido en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95, registro digital 2008791; que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." En mérito de lo expuesto y con apoyo en lo previsto por los artículos 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, previo cuadernillo auxiliar de antecedente que se integre, por medio de atento oficio remítase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, en turno, el original de la demanda de amparo promovida por Lucila Montaño Martínez, para lo que tenga a bien determinar, solicitándole que, de no tener inconveniente alguno, confirme su recepción e informar la determinación que tome respecto a la competencia de mérito. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. DOMICILIO PROCESAL DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como tal, el ubicado en calle Puerto Madero, edificio 7, departamento 1, fraccionamiento El Palmar, en Pachuca de Soto, Hidalgo, AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Ángel Alanís Blancas, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Alma Rosa Mendoza Trejo dado que no acreditó que se encuentra legalmente autorizada para ejercer la profesión de licenciada en derecho o abogada; además, no se encontró inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En atención al principio de economía procesal y, de conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento se autoriza a las partes para hacer uso de cámaras fotográficas, lectores de láser u otros medios electrónicos, para la reproducción de los acuerdos y resoluciones dictados en el presente sumario.-. M-V

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