Lucila Margarita Aguilera de Alba

Expediente 137/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
137/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
08/02/2022

Partes del expediente

  • Lucila Margarita Aguilera de Alba

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio proveniente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite el original del juicio de amparo 137/2021, en un tomo y el testimonio de la ejecutoria emitida el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en el recurso de revisión R.A. 150/2021 de su índice, en la que determinó lo siguiente: PRIMERO. Se confirma el fallo recurrido. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege... Cuaderno de varios. Finalmente, glósese copia de la presente determinación al cuaderno de varios 7/2021 predial, en el que se integrarán todos los acuerdos de los expedientes remitidos de ese tema al Juzgado Auxiliar. Notifíquese, y por conducto de Actuario en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que contiene inserto el proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, emitido en el recurso de revisión R.A. 150/2021 de su índice, relativo al que interpuso el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,en contra de la sentencia de once de mayo de dos mil veintiuno, dictada por este órgano jurisdiccional; del que se advierte acusa recibo del diverso por medio del cual se le enviaron los autos originales del juicio de amparo del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, el oficio de expresión de agravios, con copia del mismo y admite a trámite el recurso que refiere. ...Notifíquese.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el oficio de expresión de agravios signado por el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de once de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio. Con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del ocurso de expresión de agravios de mérito, y una vez que obren en autos las constancias de notificación correspondientes, dentro del plazo de tres días remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para la substanciación del recurso de referencia, anexando por separado el original del oficio de expresión de agravios, para que resuelva lo que en derecho corresponda. ...NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    SEXTO. ESTUDIO DE FONDO Con fundamento en los artículos 74, 75, 76 y 79 de la Ley de Amparo en vigor, se procede el estudio de los conceptos de violación planteados, sin necesidad de reproducirlos literalmente, en atención a la jurisprudencia número 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicada analógicamente, cuyo rubro es: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN"; así como a valorar el material probatorio ofrecido y que obre en autos. En ese sentido, la parte quejosa argumenta en su ÚNICO concepto de violación que el Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial, en específico el artículo 2, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el veinte de enero de dos mil veintiuno, es inconstitucional porque viola el principio equidad tributaria, ya que establece un trato distinto entre contribuyentes propietarios de un bien inmueble destinado a uso habitacional, al permitir sólo a quienes cuenten con inmuebles con valores catastrales que se sitúen en los rangos "A" a "D", acceder al beneficio establecido en el referido numeral, lo que evidencia un trato inequitativo. Para dar respuesta al planteamiento anterior, se precisa que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de equidad tributaria radica en la igualdad ante la misma ley fiscal de todos los sujetos pasivos de un tributo, los cuales deben recibir un trato semejante, ya que se debe tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa. Así, para cumplir con este principio, el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, es decir, que se sustenten en bases objetivas que justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría y que pueden responder a finalidades económicas o sociales, a razones de política fiscal o incluso extrafiscales. ... Además, para delimitar el alcance del principio de equidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido ciertos elementos objetivos que deben considerarse, a saber: I. No toda desigualdad de trato por la ley supone una violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que dicha violación se configura únicamente si aquella desigualdad produce distinción entre situaciones tributarias que pueden considerarse iguales sin que exista para ello una justificación objetiva y razonable; II. A iguales supuestos de hecho deben corresponder idénticas consecuencias jurídicas; III. No se prohíbe al legislador contemplar la desigualdad de trato, sino sólo en los casos en que resulta artificiosa o injustificada la distinción; y, IV. Para que la diferenciación tributaria resulte acorde con las garantías de igualdad, las consecuencias jurídicas que resultan de la ley, deben ser adecuadas y proporcionales para conseguir el trato equitativo, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que produce y el fin pretendido por el legislador, superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. ... Establecido lo anterior y con la finalidad de atender al planteamiento de constitucionalidad que nos ocupa, resulta necesario efectuar algunas precisiones en torno al impuesto predial. Elementos esenciales del impuesto predial. Los elementos del impuesto predial, conforme a lo que disponen los artículos 126, 127, 129, 130 y 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México, se pueden desglosar en los términos que a continuación se exponen: Sujeto pasivo: Las personas físicas o morales que sean propietarias del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él, así como dichas personas cuando posean un inmueble respecto del cual se desconozca al propietario o cuando el derecho de propiedad sea controvertible. Objeto: El impuesto predial grava la propiedad o posesión del suelo o del suelo y las construcciones adheridas a él. Tarifa: Se contiene en una tabla que se conforma de dieciséis rangos o renglones delimitados entre un mínimo y un máximo de acuerdo al valor catastral del inmueble, asignándole a cada rango una cuota fija y un porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. ... Base gravable: La constituye el valor catastral de los inmuebles. Sobre este último aspecto, es necesario precisar que el carácter esencial que como elemento del tributo le reviste a la tarifa, por el papel que desempeña en la cuantificación del hecho imponible en concreto y de la obligación tributaria en general, es indudable y constituye, por ende, un elemento al que le aplican las exigencias del principio de equidad en materia tributaria. Ahora bien, la parte quejosa se refiere a diversos conceptos del Acuerdo de Carácter General por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del Impuesto Predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, que forman parte del procedimiento de determinación de la tarifa del impuesto, por lo cual, en el caso en estudio lo que resulta conveniente dilucidar en primer momento, es si dicha norma incide de tal manera en la determinación de la tarifa, para que le sean aplicables los principios de justicia tributaria. Determinación de la tarifa. El veintiuno de diciembre de dos mil veinte, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el "Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México", que en lo que importa destacar, derogó, entre otros, el artículos 130, fracción II, para lo cual se estableció lo siguiente: ... En el caso de que los inmuebles tengan un valor inferior a la cuota fija correspondiente al rango A, sólo se pagará el porcentaje a aplicar sobre el excedente del límite inferior correspondiente a dicho rango. II. Se deroga. ARTÍCULO QUINTO.- Para el ejercicio fiscal 2021, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá emitir a más tardar el 15 de enero, el programa general de subsidios al Impuesto Predial a que se refiere el artículo 130 de este Código, tratándose de inmuebles de uso habitacional. Dicho programa deberá contener de forma clara y precisa los requisitos y circunstancias particulares que deben cumplir los contribuyentes para acceder a los beneficios fiscales, con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda consagrado en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9°, apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México. Dicho subsidio se otorgará a partir del 1° de enero de 2021. El programa mencionado en el párrafo anterior también deberá establecer un subsidio al Impuesto Predial para los contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 127 de este Código, a fin de que se subsidie la diferencia que exista entre el Impuesto determinado conforme a valor de mercado y aquel que corresponda conforme al valor catastral mencionado en los párrafos segundo y quinto del artículo 127 del citado Código. Dicho subsidio se otorgará a partir del 1° de enero del 2021, y hasta en tanto la Secretaría y el Congreso den cumplimiento a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo Sexto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Distrito Federal, publicado en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2013. Como se puede advertir, la tarifa del impuesto predial se estructura conforme a un sistema de rangos o parámetros determinados entre un mínimo y un máximo según el valor catastral del inmueble -que constituye la base gravable-, con cuotas fijas y tasas aplicables sobre el excedente del límite inferior. Entonces, para calcular la tarifa del impuesto predial, el contribuyente, atendiendo al valor catastral de su inmueble, debe ubicar a éste en alguno de los rangos contemplados en dicha fracción de A al P, tomando en consideración para ello la cantidad establecida como límite inferior y la del límite superior, obteniendo de esa forma la cuota fija que le corresponda. Ahora bien, para compensar la diferencia de una unidad de medición de la base gravable entre un rango y otro, debe restarse al monto del valor catastral del inmueble, el límite inferior del rango en el que se ubique, el resultado se multiplica el porcentaje o factor contenido en la columna del mismo rango con el rubro "Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior", con lo que se obtiene el impuesto marginal, para posteriormente a este resultado sumar la cuota fija establecida en el propio rango, con lo cual se obtiene la tarifa o suma a enterar por concepto del tributo. Subsidio fiscal. El veinte de enero de dos mil veintiuno, se publicó en la Gaceta Oficial de esta entidad, el Acuerdo de Carácter General por el que se Otorgan Subsidios Fiscales para el Pago del Impuesto Predial para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que en lo que importa destacar, dispone: El presente Acuerdo tiene por objeto apoyar, en términos del numeral SEGUNDO, en el pago del Impuesto Predial (en adelante Impuesto) a los contribuyentes que se encuentren en los siguientes supuestos: a) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o uso mixto cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México (en adelante Código); b) Que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código; y c) Realicen operaciones de compraventa de inmuebles y adquieran nuevas construcciones en términos del artículo 127, párrafo cuarto del Código. SEGUNDO.- Para efectos de lo dispuesto en el numeral PRIMERO se otorgan los subsidios fiscales que a continuación se indican: Para el pago del Impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código, de acuerdo con las cuotas que a continuación se mencionan: ... Para el pago del Impuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código, de acuerdo con el porcentaje que a continuación se menciona: ... Como se observa en la transcripción anterior, se encuentran los numerales reclamados, de los cuales se advierte en el artículo primero, inciso a) del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, se establece como objetivo del ordenamiento el apoyar en el pago del impuesto predial a los contribuyentes que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C y D , de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México. En el artículo segundo, inciso a), del Acuerdo en comento, se estipula los subsidios fiscales para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D, de la tarifa prevista en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, aplicando para los cuatro primeros rangos la cuota con subsidio de $52.00, $61.00, $73.00 y $88.00, respectivamente. En efecto, los sujetos pasivos que se ubiquen en los rangos A al D de la tarifa respectiva, pagarán la cuota fija con subsidio prevista para cada renglón en el año respectivo y los ubicados en el resto de los rangos, se les aplicará la cuota del subsidio que ahí se indica; sin embargo, aquellos contribuyentes de uso habitacional que se ubiquen en los rangos H al P, no están contemplados para que disminuyan el impuesto predial a su cargo. Ahora bien, a efecto de determinar si esta normativa es violatoria del principio de equidad tributaria, en principio se estima necesario entender la naturaleza de un subsidio, para lo cual, en el Diccionario Jurídico Mexicano, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se define al subsidio de la siguiente manera: "Subsidio I. El subsidio es un apoyo de carácter económico que el Estado concede a las actividades productivas de los particulares con fines de fomento durante periodos determinados y que se considera como la especie del género subvención. II. En la doctrina del derecho administrativo mexicano, el esbozo de los elementos de definición del subsidio, no es común, Gabino Fraga cuando ejemplifica las atribuciones que el Estado tiene en materia de fomento de las actividades de los particulares alude a la subvención como el acto que determina situaciones jurídicas individuales, mas no profundiza en otras características y principios inherentes a este tipo de aportación". De la definición citada se puede destacar, que un subsidio constituye una ayuda de carácter económico, y empleando el término subvención para referirse a las atribuciones del Estado en materia de fomento a las actividades de los particulares, dicha subvención determina situaciones jurídicas individuales. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXXII/99, de rubro: "SUBSIDIOS. NATURALEZA JURÍDICA.", estableció que los subsidios constituyen una atribución constitucional de la autoridad legislativa y excepcionalmente del Ejecutivo Federal en ejercicio de facultades reglamentarias, consistente en una ayuda de carácter predominantemente económico, que debe revestir las características de generalidad, temporalidad y no afectación a las finanzas públicas, con la finalidad de apoyar las actividades económicas que para la economía nacional sean de orden prioritario, así como el estímulo a la organización de empresarios y consumidores, la racionalización de la producción y la creación de industrias de utilidad nacional, cuya vigilancia y evaluación de resultados debe realizar el Estado. En este punto, debe hacerse una distinción respecto de los subsidios en materia impositiva, pues en esta materia el subsidio tiene la naturaleza jurídica de una medida desgravatoria o exoneradora de carácter parcial, que no puede existir sin hecho imponible previo, que puede impactar en la tasa, tarifa o cuota aplicable a la base gravable, ya que constituye un estímulo económico que el legislador tributario concede de manera indirecta, mediante el sacrificio del cobro parcial o porcentual del gravamen relativo, no cobrando la cuota tributaria en su integridad, a efecto de proteger actividades que se consideran prioritarias para el desarrollo del país o incentivar el consumo o racionalización de un servicio público, sin que esto implique que los beneficiarios no deban cumplir los deberes formales respectivos, al encontrarse sujetos al pago de la contribución. ... ... En ese tenor, el subsidio en materia tributaria opera como una medida sustractiva del quantum de la carga tributaria, por lo que es afín a otras medidas de desgravación fiscal, como es el caso del el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, aquí reclamado, que otorga subsidios sobre el impuesto predial, lo que se traduce en el apoyo en el pago de dicho tributo a los contribuyentes que cuenten con inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre dentro de los rangos A, B, C y D de la tarifa prevista en la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Entendido lo anterior, ahora resulta pertinente tener en cuenta lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria de la contradicción de tesis 7/2008-PL, en la parte atinente a que las reglas o principios de justicia fiscal previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, no son aplicables a la figura del subsidio, cuando dicho beneficio no es un elemento de la estructura o naturaleza del tributo que se haya integrado, modifique o incida directamente sobre el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, y época de pago. En efecto, de los argumentos establecidos en dicha ejecutoria se deduce que, cuando el subsidio actúa sobre el impuesto a pagar, esto es, una vez realizado el cálculo para determinar el numerario a cubrir, no conforma la estructura típica del impuesto de que se trate, por lo cual no le son aplicables los principios de justicia fiscal, porque no tiene relación con la tarifa tributaria y con la base del tributo, pues en dicha mecánica no aparecen tales beneficios fiscales, es decir, el subsidio no se incorpora a alguno de los elementos esenciales de la contribución, o bien, no forma parte imprescindible de la estructura típica del impuesto, de acuerdo con su propia naturaleza. De la ejecutoria anterior, derivó a jurisprudencia P./J. 85/2010, de rubro y texto: ... Asimismo, ilustra lo anterior en la parte conducente, la tesis 2a. L/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto ... Ahora bien, aquí debe retomarse que el artículo segundo, inciso a), del Acuerdo en comento, estipula que se otorgarán los subsidios fiscales para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D, de la tarifa prevista en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, de acuerdo con las cuotas con subsidio de $52.00, $61.00, $73.00 y $88.00. Entonces, como se dijo previamente, para calcular la tarifa del impuesto predial, el contribuyente, atendiendo al valor catastral de su inmueble, debe ubicar a éste en alguno de los rangos contemplados en dicha fracción de A al P, tomando en consideración para ello la cantidad establecida como límite inferior y la del límite superior, hecho lo anterior, debe restarse al monto del valor catastral del inmueble, el límite inferior del rango en el que se ubique, el resultado se multiplica el porcentaje o factor contenido en la columna del mismo rango con el rubro "Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior", con lo que se obtiene el impuesto marginal, para posteriormente a este resultado sumar la cuota fija establecida en el propio rango, con lo cual se obtiene la tarifa o suma a enterar por concepto del tributo. Asimismo, para compensar la diferencia de una unidad de medición de la base gravable entre un rango y otro, debe restarse al monto del valor catastral del inmueble, el límite inferior del rango en el que se ubique, el resultado se multiplica el porcentaje o factor contenido en la columna del mismo rango con el rubro "Porcentaje para aplicarse sobre el excedente del límite inferior", con lo que se obtiene el impuesto marginal, para posteriormente a este resultado sumar la cuota fija establecida en el propio rango, con lo cual se obtiene la tarifa o suma a enterar por concepto del tributo. Atento a lo anterior, tomando en cuenta que los rangos A, B, C y D, para la determinación del impuesto predial del ejercicio dos mil veintiuno, deberán aplicar la cuota fija reducida prevista en el artículo segundo, inciso a), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, a la mecánica general del cálculo del impuesto, consecuentemente, es claro que para su determinación se relaciona con uno de los elementos del impuesto predial, pues opera sobre la mecánica para obtener la tarifa, consecuentemente, se puede afirmar que este sistema de reducción del impuesto se rige por los principios de justicia tributaria, pues incide directamente en la obligación sustantiva, por lo que, dicha porción normativa está sujeta a un estudio constitucional a la luz del derecho fundamental de igualdad, el cual se mencionara a continuación: Por otra parte, el artículo segundo, inciso b), del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, estipula que para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto, cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos E, F y G, de la tarifa prevista en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, se otorgaran los subsidios fiscales de acuerdo con los porcentajes con subsidio E-50%, F-35% y G-25%. Entonces, atento a los elementos que integra el impuesto predial, que disponen los artículos 126, 127, 129, 130 y 131 del Código Fiscal de la Ciudad de México, se puede observar que los rangos E, F y G, para aplicar el subsidio otorgado, deberán aplicar la mecánica del cálculo del impuesto y una vez establecido el impuesto a cargo, aplicar el porcentaje de aminoración con subsidio de E-50%, F-35% y G-25%. Atento a lo anterior se deduce que dicha porción normativa actúa sobre el impuesto a pagar, es decir, una vez realizado el cálculo para determinar el numerario a cubrir, por lo cual no le son aplicables los principios de justicia fiscal, porque no tiene relación con la tarifa y con la base gravable del tributo, En efecto, el subsidio otorgado apara los inmuebles de los rangos E, F y G, no regula o incide directamente en la obligación sustantiva, ya que no se relaciona con alguno de los elementos esenciales del tributo, pues se trata de un beneficio fiscal que opera fuera de la mecánica del tributo, por tanto, su constitucionalidad no puede ser analizada a la luz de los principios de justicia fiscal previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Sin embargo, si bien a la porción normativa contenida en el inciso b), del artículo segundo en comento, no le son aplicables los principios de justicia tributaria, ésta no queda exenta del escrutinio constitucional; en ese sentido, atendiendo a la causa de pedir expresada por la parte quejosa con relación a la justificación y finalidad de la norma reclamada, si puede someterse a un estudio constitucional a la luz del derecho fundamental de igualdad. Igualdad y equidad tributaria. No obstante la distinción antes apuntada, es decir, que el diseño de los subsidios es distinto, pues se trata de dos modalidades de aplicar las aminoraciones para el impuesto predial, las que pueden analizarse por un lado a la luz de la equidad tributaria y por otro del derecho de igualdad, al respecto es necesario precisar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diferentes facetas de la igualdad y se refiere a ella tanto en un plano general como en el contexto de un ámbito material específico. Así, el artículo 31, fracción IV, constitucional proyecta las exigencias del principio de igualdad sobre el ámbito impositivo, es decir, la garantía de equidad tributaria es la manifestación del principio de igualdad en materia fiscal, por lo que no tiene menor o mayor valor que la igualdad garantizada en otros preceptos constitucionales. Ahora, sólo en el caso de que las disposiciones legales que se reclamen en forma destacada no correspondan al ámbito específico de aplicación del principio de equidad tributaria, los argumentos en que reclaman la existencia de un trato diferenciado entre dos personas o grupos deben analizarse en un contexto más amplio, esto es, a la luz del diverso de igualdad, excepción hecha de que la distinción se base en una de las categorías sospechosas a las que se refiere el artículo 1° constitucional, pues en ese caso siempre se procederá al pronunciamiento en relación con el derecho de igualdad. ... En ese sentido, resultaría ocioso que ahora se realizara el pronunciamiento respecto a la constitucionalidad de la norma que se combate, distinguiendo o dividiendo el estudio del derecho de igualdad respecto del principio de equidad tributaria, porque uno contiene al otro, incluso porque la normativa reclamada pertenece al ámbito específico de ambos conceptos que están correlacionados, por lo que en el caso es posible efectuar un análisis de las violaciones constitucionales alegadas en un sentido más amplio, esto es, a la luz del principio de igualdad en relación con la materia fiscal. Más aun cuando la clasificación hecha anteriormente, sobre las modalidades de aplicar las aminoraciones del impuesto predial, no obedeció a que la disposición no se ubique en el ámbito específico de aplicación del principio igualdad, sino a que el diseño de los subsidios otorgados es distinto. .... Ahora bien, es menester precisar que el derecho fundamental de igualdad y no discriminación, se encuentra contemplado en el artículo 1° Constitucional, del cual se advierte que el derecho humano de igualdad, debe entenderse como la exigencia constitucional de tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales; de ahí que en algunas ocasiones hacer distinciones estará vedado, mientras que en otras estará permitido o, incluso, constitucionalmente exigido. Sin embargo, no toda desigualdad de trato ante la ley implica vulnerar tal derecho, sino que dicha violación la produce aquella desigualdad o discriminación con base en alguna categoría sospechosa, que introduce una diferencia entre situaciones jurídicas que pueden considerarse iguales, cuando dicha disparidad carece de una justificación razonable y objetiva. Así el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse desiguales dos supuestos de hecho cuando la utilización de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; dicho principio de igualdad no prohíbe al legislador establecer una desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas, por no estar apoyadas en criterios razonables y objetivos, de acuerdo con juicios de valor generalmente aceptados. Para que la diferenciación resulte apegada a la Constitución no basta que el fin sea lícito, sino que es indispensable que las consecuencias jurídicas que resulten de la norma sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de tal manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el objetivo pretendido por el legislador superen un juicio de equilibrio en sede constitucional. Conforme a lo anterior, se puede afirmar que el concepto de igualdad en el plano jurídico significa que en una determinada situación todos los individuos tengan los mismos deberes y derechos, de tal manera que en ningún caso la autoridad pueda dar trato diferente a los gobernados que se ubiquen en las mismas situaciones jurídicas. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 55/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL". Asimismo, sirve de sustento la jurisprudencia 81/2004, también sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO". Con el fin de verificar si el legislador respetó el principio de igualdad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que debe valorarse el cumplimiento, de manera escalonada, de los criterios siguientes: 1) Que exista una diferencia de trato entre individuos o grupos que se encuentren en una situación comparable, no necesariamente idéntica, sino solamente análoga; 2) Que la precisión legislativa obedezca a una finalidad legítima, objetiva y constitucionalmente válida; 3) Que la distinción constituya un medio apto y adecuado para conducir al fin u objetivo que el legislador quiere alcanzar, es decir, que exista una relación de instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; y, 4) Que la norma no dé lugar a una afectación desproporcionada o desmedida de los bienes y derechos constitucionalmente protegidos. Ahora bien, debe hacerse énfasis en la primera de las exigencias precisadas anteriormente, respeto de la cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para llevar a cabo un juicio de igualdad es necesario contar con un punto de comparación, es decir, con algún parámetro que permita medir a las personas, objetos o magnitudes entre las cuales se afirma existe un trato desigual, en razón de que el derecho a la igualdad es fundamentalmente instrumental y siempre se predica respecto de algo. En ese sentido, la carga argumentativa de proponer el término de comparación implica que sea idóneo, pues debe permitir que efectivamente se advierta la existencia de algún aspecto homologable, semejante o análogo entre los elementos comparados. Así, de no proporcionarse el punto de comparación para medir un trato disímil o que éste no sea idóneo, el concepto de violación o agravio en el que se haga valer la violación al principio de igualdad o equidad tributaria deviene inoperante. ... Sobre tales premisas, como se ha establecido a lo largo de esta sentencia, el numeral primero inciso a), en correlación con el artículo segundo apartado a) del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, se estipulan los subsidios fiscales para el pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, que resulte a cargo de los propietarios o poseedores de los inmuebles de uso habitacional o mixto cuyo valor catastral se encuentre comprendido en los rangos A, B, C y D, de la tarifa prevista en el artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, aplicando para los cuatro rangos la cuota con subsidio, respectivamente. Lo anterior evidencia que el sistema de aminoración del impuesto predial que prevé la normativa reclamada se establece atendiendo al destino del inmueble -uso habitacional o mixto- y a la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del tributo -reflejada en el valor catastral del inmueble de que se trate-, mediante un esquema progresivo de cuotas fijas reducidas y porcentajes. Sin embargo, solamente pueden acceder a ese beneficio los sujetos pasivos de inmuebles de uso habitacional o mixto que se ubiquen en los rangos A al D de la tarifa respectiva, quienes pagarán la cuota fija con subsidio prevista para cada renglón; sin embargo, aquellos contribuyentes de uso habitacional que se ubiquen en los rangos H al P, no están contemplados para que le sea disminuido el impuesto predial a su cargo, tal y como acontece con el inmueble de la quejosa, el cual, se ubica en el rango N del tabulador en comento. De tal suerte, se estima que existe una exclusión del beneficio a los contribuyentes cuyos inmuebles se encuentran comprendidos en los rangos H a P, de la fracción I del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, contraviene el derecho fundamental de igualdad en relación con el principio de equidad tributaria, pues analizada la aminoración desde su enfoque interno, esto es, respecto de los inmuebles que tienen uso habitacional pero con diferente valor catastral, no se estableció un esquema de aminoración de la carga tributaria para los inmuebles cuyo valor esté comprendido en los rangos del H al P de la tarifa respectiva, a pesar de que cumplen con el parámetro elegido por el legislador para la actualización de tal beneficio, a saber, que el inmueble sea de uso mixto o habitacional. En efecto, el hecho de que los rangos H al P, de la tarifa del impuesto predial no estén comprendidos en los supuestos de descuentos, los excluye injustificadamente del sistema de aminoración previsto para los inmuebles de uso mixto o habitacional, cuestión que se traduce en un trato desigual entre sujetos que se ubican en la misma situación, sin que exista una razón objetiva para ello. Sin que pueda considerarse que el trato diferenciado encuentre justificación en lo expuesto por el mencionado Acuerdo General en el sentido de que: "Que los rangos materia del presente Acuerdo referidos en el citado artículo 130 del Código Tributario Local, al ser los más bajos, son susceptibles de recibir el otorgamiento de beneficios fiscales que permitan reforzar el derecho a la vivienda previsto en los mencionados artículos de la Constitución Federal y Local. Que el presente beneficio fiscal se otorga con la única finalidad de apoyar la economía de los capitalinos a fin de disminuir las desigualdades, bajo políticas de austeridad y responsabilidad, particularmente para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales". Lo anterior porque, desde el momento en que se está frente a un fin extrafiscal, ya que se modificó el sentido inicial y puro del fin fiscal, que es la recaudación, se requiere una justificación objetiva y razonable del trato, que sin lugar a dudas es diferenciador, en el caso, se justificó sobre la base de que aquéllos inmuebles contemplados para acceder al subsidio, pertenecen a los rangos más bajos a efecto de reforzar el derecho a la vivienda, lo que no se considera una justificación objetiva y razonable. Lo anterior parte de la idea de que, si en atención al derecho que consagra el quinto párrafo del artículo 4º constitucional a favor de los gobernados de tener una vivienda digna y la correlativa obligación del legislador de prever los mecanismos necesarios para alcanzar ese objetivo, derivado de lo cual para este ejercicio fiscal se emitió una disposición general que otorga subsidios para el pago del impuesto predial, entonces, el legislador no puede excluir materialmente de este sistema de aminoración de la carga tributaria a algunos inmuebles por tener valores catastrales altos, dado que la protección garantizada por el citado precepto constitucional no está limitada a la vivienda de bajo o mediano costo, porque esa circunstancia conllevaría a que para dichos inmuebles la aminoración tributaria fuese más baja, dado el sistema decreciente de beneficio que comprende el aludido sistema de aminoración tributaria, pero no permite que se excluya del mismo a determinados inmuebles por virtud de su valor superior. Bajo esa óptica, el solo hecho de que los rangos A, B, C y D, de la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, estén comprendidos en las tablas de descuentos previstas en el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, genera un trato desigual entre sujetos que se ubican en la misma situación, sin que exista una razón objetiva para ello, pues en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, el legislador ordinario puede válidamente establecer un sistema regresivo de aminoración de la carga tributaria, conforme al cual, el beneficio disminuye en la medida que aumenta su valor catastral, pero no puede excluir de dicho sistema a determinados inmuebles por virtud de su valor superior. En consecuencia, al quedar demostrado que los artículos primero y segundo del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, son contrarias al principio de igualdad y equidad tributaria, al excluir del sistema de aminoración del impuesto predial a los propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional que se ubican en los rangos del H al P, de la tarifa respectiva, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en su contra. Por lo tanto, la protección constitucional que se concede es para el efecto de que hasta en tanto no sea reformado el ordenamiento respecto del cual se declaró su inconstitucionalidad, le sea aplicada la última categorización de los beneficios contemplados en el artículo 2, inciso b) del Acuerdo General reclamado, esto es, se le aplique el porcentaje con subsidio de 25%, rango G, dispuesto en dicho precepto, al ubicarse el inmueble de su propiedad en el rango N, de la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México. Concesión que se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se materializó mediante la autoliquidación que realizó la parte quejosa al momento de pagar el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, del inmueble identificado con la cuenta predial 05407403000-5, a nombre de la parte quejosa, ubicado en el rango N, de la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México; en los términos que se cita a continuación. SÉPTIMO. Efectos de la sentencia. De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. Por tanto, la protección constitucional que se concede es para el efecto de que: 1. Se permita a la parte quejosa aplicar el subsidio establecido para el rango G, del inciso b), del artículo segundo del Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el veinte de enero de dos mil veintiuno, hasta en tanto no sea reformada o derogada la parte declarada inconstitucional. Considerando para tal efecto que, una vez determinada la cantidad que por concepto de impuesto predial debe pagar la parte quejosa del ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, respecto del inmueble de su propiedad con la cuenta predial 05407403000-5, ubicado en el rango N de la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, aplique el porcentaje con subsidio del 25%, establecido en el artículo segundo, inciso b), rango G, del Acuerdo General declarado inconstitucional. 2. Se le devuelvan las cantidades que en cumplimiento del aquel artículo se hayan enterado en exceso. Esto es así, porque los efectos de la concesión del amparo de una norma que otorga un beneficio a determinados contribuyentes, excluyendo a otros similares, tiene como efecto restitutorio hacer extensivo al peticionario del amparo el beneficio contenido en la norma declarada inconstitucional. Ahora bien, como se ha visto, el Acuerdo de carácter general por el que se otorgan subsidios fiscales para el pago del impuesto predial, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, establece un sistema de aminoración del impuesto mediante un esquema progresivo de cuotas fijas reducidas y porcentajes, de tal suerte que, el efecto del amparo se fija respecto del último porcentaje efectivo de descuento previsto en este esquema, pues atendiendo al principio de razonabilidad jurídica y a su propia configuración, esta forma resulta la más apta para alcanzar la finalidad perseguida por el creador de la norma, esto es, otorgar los subsidios en forma progresiva atendiendo al sujeto del impuesto. En similares términos se fijaron los efectos del amparo concedidos respecto del artículo 152, fracción II, punto 2, del Código Financiero del Distrito Federal abrogado, precepto en el que también se establecían cuotas fijas y porcentajes de reducción del impuesto predial; por lo cual cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 226/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: ... Lo anterior también se deduce de la jurisprudencia PC.I.A. J/140 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: ... ... Por lo expuesto, fundado se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Lucila Margarita Aguilera de Alba, en términos del considerando sexto y para los efectos precisados en el considerado séptimo de esta sentencia. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,489 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano