Lucila Isaura González Ibarra
Expediente 387/2014 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/01/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Lucila Isaura González Ibarra
Actuaciones
- Principal
Vista la cuenta, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio 72/2015 signado por el Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza y anexo, toda vez que por auto de veinte de enero del presente año, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese.
- Principal
Agréguense a los autos el telégrafo y oficio 52/2015 signado por la Delegada de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Región Carbonífera, con residencia en Sabinas, Coahuila de Zaragoza y anexo, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado con residencia en Nueva Rosita, mediante el cual hace del conocimiento las gestiones que se encuentran realizando para cumplir la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se aprecia que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. Asimismo, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, pues la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida conforme lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo. Previo al análisis en cuestión, es necesario puntualizar al momento de estudiar las constancias por medio de las cuales la responsable da a conocer el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se ajusta a lo que indica la lógica jurídica, al respecto, en el sentido de realizar dicho análisis, estableciendo como base del mismo un silogismo; esto es, una premisa mayor, en este caso representada por el sentido en que fue amparada la parte quejosa en la ejecutoria de que se trata, ya sea que el amparo se haya concedido para efectos, o bien, liso y llano; una premisa menor, caracterizada por el informe y constancias que lo apoyen que rinden las responsables al dar a conocer el cumplimiento que afirman dieron a la ejecutoria de amparo; y una conclusión, que es a lo que se llega después de confrontar la premisa menor con la mayor. En esa línea de pensamiento, es preciso fijar la premisa mayor, es decir, los efectos de la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de octubre de dos mil catorce (fojas 38 a 53), los cuales son: ". . . En esas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado para que la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Nueva Rosita, Coahuila: ? Proceda de manera inmediata a realizar todos los actos tendientes para la integración total de la averiguación previa, gestione y tome las medidas necesarias para hacer cumplir sus requerimientos y continúe de manera constante y exhaustiva con la práctica de la investigación correspondiente para allegarse de las pruebas y elementos de convicción con respecto al acreditamiento del cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del presunto responsable, si en su caso faltasen, de conformidad a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal; y, ? Hecho lo anterior, determine sobre el ejercicio o no de la acción penal, o bien, proceda a acordar lo que en su caso, conforme a derecho corresponda; lo anterior, dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del auto que declare ejecutoriado el presente fallo constitucional." Así, fijada la premisa mayor, se examina la menor, es decir, las constancias de cumplimiento de las que se advierte: El dieciocho de noviembre de dos mil catorce (fojas 63 a 97), se recibió ante la oficialía de partes de este Juzgado, el oficio 2591/2014, signado por el Agente del Ministerio Público de la ciudad de Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza, a través del cual comunicó que el diecinueve de Septiembre de dos mil catorce, emitió Vista de No Ejercicio de la Acción Penal por Hecho Atípico, dentro de la averiguación previa penal 044/2014 iniciada por Lucila Isaura González Ibarra, aquí quejosa, por el delito de Despojo, contra Quien o Quienes Resulten Responsables. De esa manera, mediante proveído de siete de enero de dos mil quince (foja 112), se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días para que expresara lo que a su derecho conviniera; lo anterior, mediante notificación por medio de lista de ocho de enero de dos mil quince (foja 116); sin que haya desahogado la misma. Conforme al texto de la ejecutoria de amparo, la protección de la Justicia Federal se otorgó para los efectos fijados en la premisa mayor. Ahora, confrontadas la premisa mayor y menor antes fijadas, se procede determinar si se cumplió el núcleo esencial para el cual fue otorgado el amparo a la parte quejosa, haciendo el examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable; llegando a la conclusión de que los efectos para los cuales fue concedido el amparo, están cumplidos, pues la autoridad responsable denominada Agente del Ministerio Público Investigadora del Tercer Turno, el ocho de agosto del año en curso, dentro de los autos de la Averiguación Previa 044/2014, determinó no ejercer acción penal por hecho atípico. Por tanto, es evidente que se cumplió con el núcleo esencial que motivó la concesión del amparo otorgado; sin que sea técnico que este Tribunal Federal se ocupe de la legalidad de lo resuelto al no haber sido materia de la litis. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos uno, tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, con registro 165807, la cual establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución". En ese orden de ideas, se estima cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, de conformidad con el cuarto párrafo, del artículo 196 de la Ley de Amparo; archívese este juicio de amparo, y háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno. Finalmente, toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese; personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable indicada en el presente proveído
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia terminada de engrosar el treinta y uno de octubre de dos mil catorce (fojas 38 a 53), en la que se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Lucila Isaura González Ibarra, para los efectos precisados en el penúltimo considerando de la presente resolución constitucional." Por ende, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado de Distrito el cumplimiento al amparo concedido. En el entendido que la concesión del amparo, fue para los siguientes efectos: "Proceda de manera inmediata a realizar todos los actos tendientes para la integración total de la averiguación previa, gestione y tome las medidas necesarias para hacer cumplir sus requerimientos y continúe de manera constante y exhaustiva con la práctica de la investigación correspondiente para allegarse de las pruebas y elementos de convicción con respecto al acreditamiento del cuerpo del delito y a la probable responsabilidad del presunto responsable, si en su caso faltasen, de conformidad a lo previsto en el artículo 21 de la Constitución Federal; y, Hecho lo anterior, determine sobre el ejercicio o no de la acción penal, o bien, proceda a acordar lo que en su caso, conforme a derecho corresponda; lo anterior, dentro del término de veinte días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación del auto que declare ejecutoriado el presente fallo constitucional.". Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos del artículo 258 de la ley de la materia vigente. Asimismo, en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, requiérase al Delegado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Sabinas, Coahuila de Zaragoza, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable de que se trata, para que ordene a ésta cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable, en términos del artículo 258 de la ley de la materia vigente. Apoyan lo anterior, los siguientes criterios: Jurisprudencia CLXXIV/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inejecución de sentencia 163/97, el veintitrés de octubre del dos mil, del rubro: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Jurisprudencia 58/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos ochenta y cuatro, del Tomo XXVIII, Julio de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su Novena Época, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN. LOS SUPERIORES JERÁRQUICOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE INCURREN EN RESPONSABILIDAD POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LAS EJECUTORIAS DE AMPARO". Para que en los incidentes de inejecución se actualice la sanción establecida en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario agotar previamente el procedimiento previsto en la Ley de Amparo; de manera que si al examinar de oficio el cumplimiento de la ejecutoria de amparo se verifica que se requirió al superior jerárquico de las autoridades responsables a fin de conminarlo, al igual que a éstas, a dar cumplimiento a la sentencia de garantías, pero no han llevado a cabo todas las diligencias necesarias dentro del ámbito de sus facultades legales para hacerlo, es evidente que han incurrido en contumacia, retrasando el debido cumplimiento, por lo que debe estarse a lo previsto en el artículo 107 de la Ley de Amparo, el cual dispone que las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad por falta de cumplimiento de las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiese concedido el amparo. En ese sentido, el requerimiento al superior jerárquico no puede tener como fin enterarlo de que uno de sus subordinados ha incumplido con una sentencia de amparo y se concrete únicamente a enviarle una comunicación en la que le solicite obedezca el fallo federal, sino que el requerimiento de que se trata debe involucrar a tal grado al superior, que si la sentencia no se cumple, procede separarlo de su cargo y consignar los hechos directamente ante el juez de distrito que corresponda, en términos de la fracción XVI del artículo 107 constitucional y de los numerales 105 y 107 de la Ley de Amparo. De ahí que un requerimiento de esa naturaleza, tiene por efecto que el superior jerárquico quede vinculado con las responsables a fin de hacer uso de todos los medios legales a su alcance, incluso las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda hacer e imponer, para conseguir el cumplimiento lo que, además, deberá hacer del conocimiento del juez federal". A su vez, se les informa que el cumplimiento de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo, es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes; por tanto, deberán realizar todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que el artículo 193 de la ley de la materia dispone que las normas establecidas para el cumplimiento de las sentencias de amparo, serán aplicables cuando se retarde el cumplimento de la ejecutoria. Se invoca además en apoyo de lo anterior, la tesis pronunciada por la extinguida Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cincuenta y ocho, Cuarta Parte, materia Común, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCIÓN DE LAS. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que por razón de sus funciones deba de intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del artículo 107 de la Ley de Amparo, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la ejecutoria de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de ese fallo." Así como la diversa tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento setenta y nueve, Tercera Parte, materia común, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, la cual establece: "SENTENCIAS DE AMPARO, ALCANCE DE LAS. El alcance de las sentencias de amparo se refiere no únicamente a las autoridades que hayan sido señaladas como responsables, sino también a todas aquellas que siendo jerárquicamente inferiores a las designadas como responsables, pertenezcan a la misma dependencia y que, por razón de su competencia y atribuciones, vayan a intervenir o hayan intervenido en la ejecución de los actos reclamados; esto es así porque las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que por razón de sus funciones, intervengan también en su ejecución, tal y como lo preceptúa el primer párrafo del artículo 107 de la Ley de Amparo." Lo anterior, para que este Órgano de Control Constitucional se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la cuestión del cumplimiento al fallo protector. Finalmente, de autos se advierte que mediante proveído de diecinueve de noviembre de dos mil catorce, se agregó al presente juicio de amparo, el oficio 2591/2014, signado por el Agente del Ministerio Público de Nueva Rosita, Coahuila de Zaragoza, y anexo que acompañó, con el que informó que el diecinueve de septiembre de ese mismo año, dicha autoridad emitió la vista de no ejercicio de la acción penal por hecho atípico, dentro de la averiguación previa 044/2014; por ende, dése vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con el cumplimiento efectuado por la autoridad mencionada, apercibida que de no hacerlo, se resolverá en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo con las constancias y elementos con que se cuente para ello; lo anterior de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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