Lucila Hernández Hidalgo y Otros.

Expediente 961/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
961/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
08/10/2019

Partes del expediente

  • Lucila Hernández Hidalgo y Otros.
  • Lucila Hernández Hidalgo

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFICACION PERSONAL

  2. Principal

    CITATORIO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LIST A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE ocho de octubre de dos mil diecinueve, QUE DICE: "Vista la demanda de amparo promovida por Lucila Hernández Hidalgo por propio derecho y en representación de Diana Laura Jiménez Hernández, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo. Regístrese en el libro de gobierno con el número 961/2019, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. En acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual se hacen las siguientes precisiones. En razón a ello, se precisa que el acto reclamado lo constituye la resolución de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, en el toca 406/2019, mediante la cual se confirma el auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 947-3/2015, por el que no se admitió el incidente de nulidad de actuaciones que hizo valer la quejosa Lucila Hernández Hidalgo en contra de la diligencia de cotejo de documento de cuatro de abril de este año. Precisado lo anterior, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos lo que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. En relación con la segunda de las disposiciones legales, se pone de manifiesto que ahora los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; es decir, ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior; esto de acuerdo con la Jurisprudencia 1/2016 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, Libro 29, Abril de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo." Para estar en condiciones de evidenciar las razones por las que se considera actualizada la causa de improcedencia mencionada, es necesario considerar que al momento de proveer sobre la procedencia de la demanda que dio origen a este juicio de amparo, se toman en consideración los hechos expuestos por la parte promovente en su demanda de cuenta los cuales fueron vertidos bajo protesta de decir verdad; de cuyo contenido se aprecia, en lo conducente: 1. Mediante escrito de fecha dieciocho de agosto de dos mil quince, la quejosa demandó a Jorge Jiménez Vargaz una pensión alimenticia para ella, Luis Fernando Jiménez Hernández y Diana Laura Jiménez Hernández, registrándose bajo el número de expediente 947-3/2015 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad. 2. Seguidos los tramites del juicio natural, mediante escrito de ocho de abril de dos mil dieciséis, Jorge Jiménez Vargaz ofreció como pruebas supervenientes las demandas de nulidad de acta de nacimiento de Luis Fernando Jiménez Hernández y Diana Laura Jiménez Hernández, radicadas con los números de expedientes 1124-3/2015 y 1125-3/2015, de los índices de los Juzgados Primero y Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares. (de las cuales fue informada la quejosa que se había anulado el acta de Diana Laura Jiménez Hernández). 3. Ante tal circunstancia la parte quejosa, el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, promovió incidente de objeción de documento falso, respecto a la anotación marginal del acta de Diana Laura Jiménez Hernández, mismo que fue admitido. 4. Dentro de dicho incidente, Jorge Jiménez Vargaz, ofreció entre otras, la prueba de la inspección judicial a realizarse en las oficinas del registro civil número veintiséis del municipio de Acapulco, en donde se daría fe del acta de nacimiento de Diana Laura Jiménez Hernández. 5. Inconforme con el desahogo de la probanza señalada con antelación, la quejosa promovió incidente de nulidad de actuaciones, el cual por auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 947-3/2015, se determinó no admitir. 6. En contra del dictado del proveído mencionado con antelación, la quejosa interpuso recurso de queja el cual por resolución de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, en el toca 406/2019, lo confirmó. Tal determinación constituye el acto reclamado. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. En el caso, como ya se adelantó, el acto reclamado se hace consistir en la resolución de diez de septiembre de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, en el toca 406/2019, mediante la cual se confirma el auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 947-3/2015, por el que no se admitió el incidente de nulidad de actuaciones que hizo valer la quejosa Lucila Hernández Hidalgo en contra de la diligencia de cotejo de documento de cuatro de abril de este año, el cual no produce una afectación material a algún derecho sustantivo tutelado por la Carta Fundamental, sino a un derecho de naturaleza formal, adjetiva o procesal, que puede ser reparado con la obtención de una sentencia favorable, y que en caso de serle adverso constituiría una violación procesal que en el dictado de la sentencia en el expediente del juicio natural puede ser reparado con el amparo directo, lo anterior tomando en consideración el estado procesal que guarda la contienda, ya que no se ha resuelto el incidente de objeción de documento ni mucho menos se le ha absuelto al tercero interesado de pagar la pensión alimenticia que reclama. Consecuentemente, se estima que conforme a la redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente. En virtud de que la resolución pronunciada por la Sala responsable en la que se determinó confirmar el auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve, respecto de la inadmisión del incidente e nulidad de actuaciones propuesto no constituye un acto de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos de la aquí quejosa. Es aplicable al respecto, por analogía el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la tesis VI.2o.C.167 K, que aparece publicada en la página mil ciento setenta y uno, tomo XVII, correspondiente al mes de Febrero de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE. Al establecer los artículos 158, 159 y 161de la Ley de Amparo, que reglamentan la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.". Así como la tesis de jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, del Tomo 56, agosto de mil novecientos noventa y dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación cuyo tenor literal es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su demanda de amparo; por autorizado en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Olegario Fernández Díaz, cuya cédula se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como profesional del derecho. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles.

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