Lucila García Godínez

Expediente 2632/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2632/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Lucila García Godínez

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la constancia secretarial que antecede, de la que se advierte que JORGE LUIS PÉREZ BUGARÍN perito oficial en materia de Valuación designado por este Juzgado en el juicio amparo 1194/2022, compareció a ratificar su dictamen pericial presentado el veintiuno de noviembre del año en curso; en consecuencia, con el contenido de dicho dictamen, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, sin perjuicio de hacer relación de ello, al momento de la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta los efectos legales procedentes el ocurso de cuenta, suscrito por Blanca Patricia Simancas Bueno, en su carácter de Tesorera Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Tepic, Nayarit, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en los autos del juicio de garantías en que se actúa; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), 85, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, agréguese una copia a este expediente y distribúyanse las otras a cada una de las partes, remítanse los presentes autos y por separado el escrito original de expresión de agravios y copia del mismo a la Superioridad, para que tenga a bien resolver lo que en derecho corresponda. Por último, fórmese cuaderno de antecedentes del juicio de amparo en que se actúa, para los efectos legales procedentes. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, EN ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACIÓN:TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit, remite inserta la resolución pronunciada en el amparo en revisión administrativo 197/2023 de su índice, relacionado con el juicio de amparo indirecto 2040/2022, de la estadística de este Juzgado; en consecuencia, agréguese a sus autos para los efectos legales correspondientes, acúsese recibo de estilo a la Superioridad. Hágase saber a las partes que el Tribunal de referencia, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida." "SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Angélica Romero Mora, contra los actos y autoridades señalados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del citado medio de impugnación. En virtud de que las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes derivado del presente juicio de amparo resultan innecesarias, procédase a su destrucción y agréguense a los autos únicamente las actuaciones realizadas en dicho cuaderno. Luego, toda vez que en la ejecutoria pronunciada por el Tribunal de Alzada, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Angélica Romero Mora, para los efectos siguientes: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la quejosa lo previsto en los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo, y 46, de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit, el treinta de julio de mil novecientos noventa y siete; esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, las indicadas normas jurídicas, mientras no se modifiquen, lo cual implica que no se deberá restar o retener monto alguno de su pensión quincenal, que deba destinarse al fondo de pensiones; y, 2. Para que el Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, el Director General, y el Presidente del Comité de Vigilancia, estos dos últimos, del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, o la autoridad que legalmente corresponda, devuelva a la parte quejosa todas y cada una de las cantidades que le han sido descontadas en los talones de cheques por concepto '504 fondo de pensiones', con base en las normas declaradas inconstitucionales, a saber, los artículos 11, fracción II, 13, segundo párrafo y 46 de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit. En el entendido de que dichas cantidades habrán de ser debidamente actualizadas, hasta el momento en que le sean reintegradas en su totalidad. 3. La devolución las cantidades de referencia, deberá efectuarse a través de los sistemas existentes o de manera personal; en el entendido de que, de realizarse de la última forma, es necesario que se elabore acta de entrega y copia de identificación que se deje para constancia; documentales que deberán ser remitidas en su oportunidad, al Juzgado del conocimiento, debiendo certificarlas para acreditar el cumplimiento del fallo protector." Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase única y exclusivamente a las autoridades Director General, Comité de Vigilancia, ambos del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, y Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que queden legalmente notificadas del presente proveído, procedan a dar cumplimiento a la ejecutoria de referencia; apercibidas que de no hacerlo sin causa justificada, se harán acreedoras a una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme lo prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo. Con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que sea el caso de requerir por el cumplimiento al fallo protector a las autoridades legislativas que intervinieron en la creación de la norma declarada inconstitucional, toda vez que quedan exentas para ello atento al principio de relatividad de las sentencias contra leyes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CXXXVII/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 135, del Tomo IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de 'LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN' y 'LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN', se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general

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