Lucila Fernández Ruiz

Expediente 326/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
326/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Lucila Fernández Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión en contra de la resolución en la que se decretó el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, sin que la inconforme haya impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la resolución de sobreseimiento decretada fuera de la audiencia constitucional en este medio extraordinario de defensa ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 3, fracciones VI, VII, IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12, 14 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo general citado, esto es, no se trata de un asunto que verse sobre delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante los organismos públicos internacionales, tampoco tiene relación con conflictos laborales colectivos trascendentes, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni se generó por un Pleno Regional, tampoco versa sobre materia agraria, no constituye un asunto en el cual la sentencia dictada haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito y tampoco se trata de una asunto de importancia y trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo estatuido por el precepto 3, fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, salvo el instrumento que posteriormente se indicará respecto del cual se proveerá sobre su devolución y como se sobreseyó en este juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional acorde con lo establecido por los criterios de valoración a que aluden los dispositivos 3, fracciones IX, XXXVI y XXXVII, 6, fracción I, 8, fracción I, 9, 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el diverso 20, fracción I, del propio acuerdo de observancia general; en consecuencia, se estima que el presente expediente es susceptible de destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años previsto por el ordinal 20, primer párrafo, del Acuerdo General citado, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de control electrónico respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, realícese el procedimiento de baja documental regulado por el arábigo 44 del multicitado Acuerdo General. Por otra parte, en cuanto al documento original recepcionado en el auto treinta y uno de marzo del año en curso, consistente en el escrito con firma autógrafa de uno de febrero de dos mil veintitrés, con sellos originales de recepción que la justiciable exhibió con su ocurso inicial, el cual obra en el expediente en el que se instrumenta este juicio constitucional, se provee lo siguiente: Con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 20, segundo párrafo, del muticitado acuerdo de observancia general y el diverso precepto 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, comuníquese a la disidente que se deja a su disposición ese instrumento para que acuda ante este Juzgado Federal a recuperarlo dentro de un plazo de noventa días naturales contado a partir del día siguiente a aquel en el que surta efectos la notificación del presente acuerdo, previa copia fotostática simple de esa documental que se glose en autos para constancia, bajo el apercibimiento que de no hacerlo esa documentación será destruida. En tal sentido, se autoriza a la quejosa y se faculta a sus autorizados para recibir el documento indicado, previa identificación y firma de recibo que se establezca en la constancia respectiva. En diverso aspecto, dado que resulta innecesaria la retención del tomo I de pruebas formado con las copias certificadas de diversas documentales que los entes responsables Secretaria de Movilidad de Oaxaca y Subsecretario de esa dependencia de la administración pública estatal centralizada remitieron en atención al requerimiento de veintiuno de agosto del año en curso, devuélvanse esos instrumentos mediante el oficio dirigido a la primera de esas autoridades que se elabore con motivo de esta determinación; en tal sentido, se instruye al Actuario(a) Judicial de la adscripción que al notificar ese comunicado se cerciore que la persona con quien entienda la diligencia respectiva asiente con su puño y letra la recepción de la documentación que se devuelve en el acuse de recibo relativo. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense los documentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que las responsables Secretaria de Movilidad de Oaxaca y Subsecretario de esa dependencia de la administración pública estatal centralizada en atención al requerimiento de veintiuno de agosto del año en curso, remiten diversas documentales que señalan que tienen relación con la omisión reclamada en este asunto, incluido el oficio ********************de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Directora de Licencias y Emplacamiento Vehicular de la Secretaria de Movilidad de Oaxaca que contiene la respuesta a las solicitudes que la justiciable formuló a través de su escrito presentado el uno de febrero anterior. Al respecto, se tiene a esas entidades públicas por atendida la prevención indicada, se recibe la documentación que aportan y se deja insubsistente el apercibimiento formulado en la resolución judicial señalada. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el precepto 119 de la Ley de Amparo ténganse a los entes responsables por anunciadas las documentales que exhiben, sin perjuicio de relacionarlas al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. En diverso aspecto, para un mejor manejo de los anexos aportados, fórmese por separado el tomo I de pruebas con las copias certificadas de las diversas documentales que los entes responsables aportaron, el cual queda a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este Juzgado Federal, en el entendido de que conforma el expediente relativo a este asunto. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Agréguense los documentos señalados en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 117 y 119 de la Ley de Amparo ténganse a las responsables Secretaria de Movilidad de Oaxaca y Subsecretario de esa dependencia de la administración pública estatal centralizada por rendido su informe justificado de manera conjunta y por anunciada la documental que exhiben, sin perjuicio de relacionarla al celebrarse la audiencia constitucional en términos de lo señalado por los normativos 123 y 124 de la citada legislación; en consecuencia, dese vista a las demás partes con el contenido de esos instrumentos para su conocimiento. Por otro lado, se tiene como delegados de las citadas autoridades a las personas que designan con esa calidad conforme a lo dispuesto por el ordinal 9 de la ley de la materia y como domicilio procesal de esos entes públicos el que señalan en el escrito de cuenta. En otro punto, con fundamento en lo estatuido por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo requiérase a las responsables Secretaria de Movilidad de Oaxaca y Subsecretario de esa dependencia de la administración pública estatal centralizada para que en el plazo de veinticuatro horas contado a partir del momento siguiente al en el que surtan efectos las notificaciones de los comunicados que se elaboren con motivo de este proveído remitan físicamente copias certificadas, ordenadas, completas y legibles de las documentales que tengan relación con la omisión reclamada en este asunto, incluidos el oficio SEMOVI/DLEV/031/2023 de siete de febrero de dos mil veintitrés, emitido por la Directora de Licencias y Emplacamiento Vehicular de la Secretaria de Movilidad de Oaxaca que contiene la respuesta a las solicitudes que la justiciable formuló a través de su escrito presentado el uno de febrero anterior, que se anexa al informe justificado de cuenta y la constancia de notificación de ese comunicado, dado que esos instrumentos son indispensables para resolver este medio extraordinario de defensa. Se apercibe a las citadas autoridades que de no atender la prevención indicada se impondrá en su contra una multa por cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos moneda nacional), numerario que resulta de multiplicar las veces referidas del valor diario de dicha medida por $103.74 (cien tres pesos con setenta y cuatro centavos moneda nacional), que es el valor actual de esa unidad conforme a lo previsto por el ordinal 260, fracción IV, de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/97 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." En razón de lo anterior, la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de agosto próximo, se difiere anticipadamente para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.

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