Luciano Virgen Ponce

Expediente 2796/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2796/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
20/12/2019

Partes del expediente

  • Luciano Virgen Ponce

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso medio de impugnación contra la resolución de diecinueve de noviembre del año en curso (fojas 63 a 73), en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa en su ordinales 2°, se declara que dicha determinación ha CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Sin que resulte necesario asentar el cómputo correspondiente, respecto a las demás partes, pues dado el sentido de la sentencia, no estuvieron en posibilidad de recurrirla. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el precepto 214 de la ley de amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. De igual manera, en acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción II, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues se sobreseyó en el presente juicio de garantías y carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Por otra parte, con sustento en las disposiciones generales vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de garantías, es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar emitida tanto en la suspensión provisional como en la definitiva se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 19 a 23 y 32 a 36 del original del cuaderno incidental); razón por la cual, dicho cuaderno déjese por separado para su conservación, en el que en su oportunidad se dejará únicamente la resolución relativa a su otorgamiento, ya que las demás actuaciones deberán destruirse; por su parte, el duplicado del incidente de suspensión, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Asimismo, toda vez que ya no son necesarias las constancias relativas al acto reclamado, que en su oportunidad remitió en un legajo el Juez Primero Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santiago Ixcuintla, Nayarit (foja 34); en consecuencia, devuélvanse, previo acuse de recibo que remita de su recepción. Por otra parte, se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso Henry Alejandro Barrios Guzmán, a través del cual solicita copias simples de la resolución emitida dentro del presente juicio de amparo; luego, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en su numeral 2, se autoriza la expedición de las copias que indica a su costa, previa toma de razón y constancia que de su entrega deje en autos el promovente. Notifíquese.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por ****, en su carácter de apoderado general para pleitos y cobranzas de ***, aquí tercero interesado, mediante el cual comparece al presente juicio de amparo, personalidad que tiene reconocida en el juicio natural, tal y como se advierte de las constancias remitidas por la autoridad responsable (foja 69), sin que pase desapercibido que el representante legal anexa copia simple del citado poder; por tanto, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, se le tiene reconocido dicho carácter y por apersonado al tercero interesado de mérito. Ahora bien, de conformidad con el dispositivo 27, fracción I de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de dicha parte, el indicado en su libelo de cuenta. Asimismo, realiza diversas manifestaciones a manera de alegatos; en consecuencia, con fundamento en el numeral 124 de la ley en cita, se tienen por formuladas las expresiones que hace valer el promovente, sin perjuicio de hacer relación al verificarse la audiencia constitucional correspondiente.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el trece de noviembre de dos mil diecinueve, la delegada del Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, informó el cumplimiento al fallo protector, y al efecto se remitió copia de la transferencia bancaria SPEI de fecha once de noviembre de dos mil diecinueve (fojas 113 y 114). En relación con lo anterior, por acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (foja 115), se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación respectiva manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos; sin que las hubiera formulado. Luego, con fundamento en el precepto 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: Así pues, mediante resolución terminada de engrosar el treinta de agosto de dos mil diecinueve (fojas 72 a 93), por una parte, se negó, por otra se sobreseyó y una más se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó al Congreso del Estado de Nayarit, con domicilio en esta ciudad y otras autoridades, para que hicieran lo siguiente: "En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, sea desincorporado de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencias, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de la erogación realizada por el quejoso, acreditada mediante la impresión del formato de pago expedido por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos en relación al pago que efectuó la parte quejosa sólo respecto de lo que erogó por el concepto de inscripción de documento público o privado. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que el quejoso deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 (Doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece la fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que los quejosos sean restituidos en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto (.)". Resolución que por auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, para que en el término de diez días la acatara y remitiera las constancias que acreditaran dicho cumplimiento. Asimismo, el requerimiento precisado en el párrafo que antecede se hizo extensivo al Titular de la Secretaría en cita, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable citada (foja 100 vuelta). De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar los entes aludidos para cumplir con dicha sentencia, son los siguientes: A).- Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el ordinal 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en relación con los artículos 11, 12 y13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales arábigos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito; y B).- Devolverle al quejoso las cantidades pagadas por impuestos adicionales y el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por concepto de inscripción de documento público, con sustento en el numeral 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarados inconstitucionales. Luego, mediante oficio signado por la delegada de la autoridad responsable Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, informó que transfirió a la cuenta bancaria proporcionada por la parte quejosa el monto de $11,373.85 (once mil trescientos setenta y tres pesos 85/100 moneda nacional), con motivo del cobro declarado inconstitucional y su actualización, tal como lo acreditó con la impresión del reporte de transferencias SPEI que exhibió (foja 114). Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que las autoridades responsables acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y se le devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que el quejoso erogó a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la cantidad de $11,898.88 (once mil ochocientos noventa y ocho pesos 88/100 moneda nacional). A la cual se le debía restar la cantidad de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional). Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver $11,608.88 (once mil seiscientos ocho pesos 88/100 moneda nacional), por lo que se desprende que la obligación tributaria principal no ha sido devuelta, pues únicamente le reintegró 11.373.85 (once mil trescientos setenta y tres pesos 85/100 moneda nacional). Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue expedido el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve (foja 21), y la responsable transfirió a la cuenta proporcionada por la parte quejosa, el once de noviembre de la presente anualidad, la cantidad de $11,373.85 (once mil trescientos setenta y tres pesos 85/100 moneda nacional), por lo que el periodo de actualización comprende de los meses de mayo a noviembre de dos mil diecinueve. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril a octubre del año en cita (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil diecinueve fue de 103.531; y para el mes de octubre de dicha anualidad de 104.503. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.0093. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho e impuesto en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es la cantidad de $11, 716.84 (once mil setecientos dieciséis pesos 84/100 moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $107.96 (ciento siete pesos 96/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que las responsables no acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, devolvió al quejoso la cantidad de $11,373.85 (once mil trescientos setenta y tres pesos 85/100 moneda nacional) por concepto de la devolución de los derechos e impuestos materia del presente juicio y su actualización; sin embargo, la responsable omitió reintegrar a la parte quejosa la cantidad de $342.99 (trescientos cuarenta y dos pesos 99/100 moneda nacional). En consecuencia, en términos del numeral 192 de la ley de la materia, requiérase al Recaudador de Rentas responsable para que, dentro del plazo de tres días dé cumplimiento al fallo protector, es decir acredite haber realizado la devolución de la cantidad faltante. De igual forma, solicítese a la responsable que en las constancias que envíe a fin de acreditar el cumplimiento al fallo protector, indique la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver a la parte quejosa y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, deberá indicar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver al solicitante del amparo. Apercibida que de no hacerlo con causa justificada, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo en vigor, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo). Se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el artículo 193 de la Ley citada. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio signado por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos en representación legal del Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad y anexos, mediante el cual informa que en calidad de superior jerárquico requirió a las responsables, a fin de que den cumplimiento al fallo protector, tal y como lo demuestra con los acuses de recibo de los oficios SSAJ-358/2019, SSAJ-360/2019 y SSAJ-361/2019; en consecuencia, con sustento en el numeral 192 de la Ley de Amparo, agréguense a sus autos el oficio y anexos exhibidos, para que obren como correspondan. NOTIFÍQUESE.

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