Luciano Hurtado González

Expediente 1581/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1581/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Luciano Hurtado González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    (1)...Visto el estado que guarda el presente expediente y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el auto de dos de octubre de dos mil veintitrés (fojas 33 a 40), en que se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese este juicio como asunto concluido. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que carece de relevancia documental. De igual forma, se destaca que en el presente juicio se ha desechado la demanda, por lo que de conformidad al numeral 20, fracción IV, del acuerdo general en cita, es susceptible de destrucción dentro de los tres años siguientes a la emisión de este auto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    (1) Vista la comparecencia de ratificación de firma que antecede, de la cual se desprende que en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinticinco de septiembre del año en curso, el quejoso *****, ratificó el escrito presentado en este Órgano de Control Constitucional el veintidós de septiembre del año en curso (fojas 24 y 25); consecuencia, se atiende el mismo y se provee: Visto el contenido del escrito presentado por ******, téngase a la citada parte procesal dando cumplimiento a lo prevenido en auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 12 a 16), que subsistió en auto de veinte del mes y año en curso (fojas 20 a 22), por tanto, déjese sin efectos el apercibimiento hecho en el primero de los referidos. Ahora bien, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. Apoya a la anterior consideración, la jurisprudencia que se cita: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, esta juzgadora advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. Esta juzgadora advierte que en el caso se evidencia un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, pues se actualiza la causa que deriva de la interpretación de los artículos 61, fracciones XIII, XXIII, de la Ley de Amparo, y 217 del mismo ordenamiento en relación con la tesis con registro 323235 que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." "Registro digital: 323235 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXI, página 922 Tipo: Aislada ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." En la porción normativa transcrita se establece el impedimento legal para examinar la legalidad o la constitucionalidad de un acto o norma general cuando ha mediado consentimiento de la parte quejosa, entendido aquél como la expresión de conformidad que se evidencia a través de signos externos inequívocos, por lo que no puede presumirse ni inducirse, sino que debe constar de forma indubitable. Lo anterior, subyace del principio de certidumbre jurídica que busca evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos normativos del acto o ley reclamada, esto es, opta o se somete voluntariamente a sus efectos legales. En tales términos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el criterio contenido en la tesis que más adelante se cita, consistente en que un acto se considera consentido, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando concurran tres requisitos, a saber: a) La existencia del acto o ley. b) Que ese acto o ley cause un agravio al quejoso; y c) Que el impetrante se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La tesis a que se hizo alusión anteriormente es la sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que señala lo siguiente: "Registro digital: 232527 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 139-144, Primera Parte, página 13 Tipo: Aislada ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Así, en el caso el primero de tales requisitos se encuentra satisfecho, por lo siguiente: -Caso concreto. En el caso a estudio, el accionante de esta vía excepcional reclama el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido por la Jueza Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el expediente ********************/2019 de su estadística, y refiere que es la última resolución, sin embargo no es así. En primer lugar, cabe señalar que, de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por el quejoso, se desprende que mediante auto de doce de julio de dos mil veintitrés, se determinó que operó el derecho del tanto en favor de********************, y se ordenó la adjudicación del inmueble ubicado en ********************requiriéndose por primera vez el otorgamiento y firma de la escritura correspondiente; y fue mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, el cual señala como acto reclamado, donde se determinó que causó ejecutoria aquél, y en consecuencia, ordenó la remisión de los autos a la Notaría Pública, a efecto de que se realizara la escrituración correspondiente. De lo anterior se desprende que por cuanto hace a la adjudicación y otorgamiento de escritura, el auto que reclama es un acto derivado de otro consentido, pues en él solo se declaró la firmeza de diverso auto de doce de julio de dos mil veintitrés, que reconoció el derecho del tanto en favor de********************. Acto del cual, la parte quejosa tuvo conocimiento desde el uno de agosto de dos mil veintitrés, pues el propio accionante del amparo refiere haber sido notificado del mismo en dicha data, por lo tanto, conocía de la existencia del acto de que se trata. En cuanto a la segunda de tales exigencias, para que un acto pueda considerarse consentido, es entendible en el sentido de que, aunque la parte quejosa estuviere conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo si ese acto no le causa un agravio. Por cuanto hace al último requisito, debe decirse que se consiente tácitamente un acto o una ley cuando el particular no impugna el acto o norma general que le depara algún perjuicio, es decir, cuando consiente los efectos que pudieran desplegar en su esfera jurídica. Sobre ese aspecto, cabe destacar que cuando el acto reclamado es consecuencia legal de otro que se considera consentido también se actualiza la causa de improcedencia citada. Lo anterior es así, pues los actos derivados de otros consentidos son aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del que dimanan. Ahora, para que un acto pueda considerarse derivado de otro consentido deben satisfacerse los requisitos siguientes: I. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, II. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar del acto consentido. Cobra aplicación a lo anterior, el siguiente criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "Registro digital: 323235 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXI, página 922 Tipo: Aislada ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Se entienden por actos derivados de otros consentidos, aquellos que se ejecutan dentro del mismo procedimiento y que son consecuencia natural y legal del acto antecedente, como el embargo lo es respecto del requerimiento de pago no acatado por el deudor, como el remate lo es respecto del embargo, etcétera, y contra los cuales no se expresan conceptos de violación específicos. Dos, son, pues, los elementos que se requieren para considerar a un acto derivado de otro consentido, a saber: 1o. Que sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y 2o. Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Ahora bien, el acuerdo que niega la nulificación de la orden de baja del quejoso, no surte el primer elemento, ya que no se dictó dentro del procedimiento en que se emitió esa orden, y, por lo mismo, no es una consecuencia natural y legal de ésta." Asimismo, es aplicable, a contrario sensu, la siguiente tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "Registro digital: 323290 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXXXI, página 2131 Tipo: Aislada ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. Tratándose de actos que son la reiteración o consecuencia legal, necesaria y directa de otros consentidos, solamente cabe el sobreseimiento cuando la inconstitucionalidad de los actos reclamados se hace derivar de la de los actos consentidos, pero no cuando se atacan aquéllos por motivos que les son propios; y en la especie, la inconstitucionalidad del embargo y demás actos reclamados, no se hace derivar simplemente de la liquidación del impuesto y del requerimiento de pago, sino de vicios específicos, y consecuentemente no es debido sobreseer por tratarse de actos derivados de otros consentidos." En el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia aludida, en virtud que la parte quejosa reclama un acto derivado de otro consentido. Lo anterior, porque el solicitante del amparo reclama la adjudicación del bien, por aplicación del derecho del tanto, así como la orden de otorgamiento de escritura, de lo cual como fue explicado, se determinó desde el auto de doce de julio de dos mil veintitrés, pues en éste quedó establecido que operó el derecho del tanto en favor de********************, y se ordenó la adjudicación del inmueble, así como también se requirió por primera vez el otorgamiento y firma de la escritura correspondiente; de ahí que si en el diverso de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, materia del reclamado, se declaró ejecutoriado aquél, y ante la falta de cumplimiento voluntario, ordenó la remisión de los autos a la Notaría Pública, para su escrituración, es posible concluir que lo ordenado en dicho auto, es una consecuencia de lo determinado en el diverso de doce de julio del mismo año, dentro del expediente ********************/2019, que como se dijo no fue impugnado oportunamente. Por lo tanto, si la parte quejosa no controvirtió en su momento la adjudicación y la orden de otorgamiento de escritura determinada en auto de doce de julio del actual, es posible afirmar que el diverso de veinticuatro de agosto del año en curso, constituye un acto derivado de otro consentido tácitamente, precisamente al no haber sido impugnado aquélla decisión. Por lo tanto, este órgano jurisdiccional estima que resulta improcedente la demanda de amparo intentada, al actualizarse la causa de improcedencia en comento. No obstante, respecto del mismo auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. (.)." En principio, es menester destacar que de conformidad con la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tratándose de actos emitidos en ejecución de sentencia, el juicio de amparo biinstancial, por regla general, procederá únicamente contra la última resolución, siendo ésta: - La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; - La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o - La que ordena el archivo definitivo del expediente. Pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora, por excepción, procede el amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, siempre y cuando se trate de: Actos que gocen de autonomía con relación a dicha ejecución y que afecten de manera directa derechos sustantivos (es decir, que sean de imposible reparación) ajenos a la cosa juzgada. En efecto, esta clase de actos deben contar con autonomía propia y no deben tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por tanto, pueden ser impugnados de manera inmediata siempre y cuando se afecten de modo directo derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, tal como se establece en la jurisprudencia de epígrafe y sinopsis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 163152 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 108/2010 Página: 6 "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Cabe señalar que la anterior jurisprudencia se emitió conforme a la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, es aplicable al caso, por no haber sido superada y no oponerse a la Ley de Amparo vigente, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la codificación citada en último lugar. Ahora, para entender cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, debe acudirse al criterio sustentado por el Pleno del Máximo Tribunal del país, en la jurisprudencial P./J. 37/2014 (10ª.), cuyo título es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", en la que estableció que tales actos son aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Es decir, las consecuencias de tales actos deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Pero además, se insiste, no basta que el acto reclamado sea de imposible reparación, sino que también debe guardar autonomía con relación al procedimiento de ejecución, es decir, no debe ser emitido "para lograr" el cumplimiento de la condena contenida en el fallo definitivo, sino que debe ser ajeno a la institución de cosa juzgada. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama el auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, emitido por la Jueza Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, en el expediente ********************/2019 de su estadística, mediante el cual se determina que ha causado ejecutoria el diverso de doce de julio de dos mil veintitrés, en el cual se decretó la adjudicación del inmueble ubicado en ********************en favor de********************, y en consecuencia, se dejan a disposición de la Notaría Pública los autos, a efecto de realizar la escrituración correspondiente. Ahora, acorde a la propia narrativa de los hechos que el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, contrario a sus consideraciones, tal determinación no constituye la última resolución dictada en la etapa de ejecución, dentro del juicio ********************/2019, del índice del Juzgado Tercero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, porque contrario a lo que sostiene el quejoso, en dicho acuerdo no se está aprobando o reconociendo el cumplimiento de la sentencia dictada; no se está declarando la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; ni tampoco se está ordenando el archivo definitivo del expediente; únicamente se están ordenando los actos procesales necesarios para su ejecución. En tal sentido, el proveído combatido no es autónomo, ni ajeno a la institución de cosa juzgada de la sentencia definitiva, sino que tiene como finalidad lograr la ejecución de la disolución de la sociedad conyugal. De este modo, no es procedente el juicio de amparo indirecto que se hace valer, porque atentos a la jurisprudencia P./J. 108/2010, que por contradicción de tesis, emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcrita con antelación, para poder considerar que existen actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos (es decir, de imposible reparación), éstos necesariamente deben ajenos o accesorios a la cosa juzgada del fallo definitivo, lo que no se actualiza en la especie, porque, se insiste, el acuerdo combatido busca el cumplimiento de la una determinación en etapa de ejecución de la sentencia definitiva. Además, no debe soslayarse que al existir una sentencia definitiva con la calidad de cosa juzgada, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento y, en ese orden, la restricción para la procedencia del juicio de amparo contra violaciones sufridas en ejecución de la misma, limitada a la impugnación de la última resolución que ahí se dicte, obedece a razones tanto de interés social, como al mandato de prontitud en la impartición de justicia, establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal. En conclusión, al no constituir el acto reclamado la última resolución dictada en la etapa de ejecución de la sentencia definitiva con calidad de cosa juzgada, los posibles perjuicios que pudieran causarse al hoy impetrante, podrá alegarlos como violación al procedimiento una vez que se dicte la resolución que ponga fin a la etapa de ejecución, y en su contra se promueva nuevo juicio de amparo, dado que, de lo contrario, se propiciaría la tramitación de numerosos juicios de amparo contra actos de ejecución de sentencia definitiva, lo cual retardaría su cumplimiento. Pero además, el acto reclamado no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos). En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio de manera indudable y manifiesta, se desecha de plano la demanda de amparo. Finalmente se cita la tesis jurisprudencial cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Novena Época Registro: 194725 Jurisprudencia Tomo IX, Enero de 1999 Materia(s): Común Tesis: XVII.2o. J/11 Página: 648 DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio."

  3. Principal

    (1)...Visto el escrito signado aparentemente por el quejoso ***, por medio del cual, pretende desahogar la prevención efectuada en el asunto en que se actúa; sin embargo, del escrito de cuenta a simple vista se advierte que la firma que lo calza difiere notablemente de la estampada en el ocurso inicial de demanda (foja 11), por lo cual, a efecto de estar en aptitud de proveer lo que en derecho corresponda, requiérase al promovente para que dentro del término de tres días siguientes al en que quede notificado del presente proveído, comparezca debidamente identificado a este juzgado federal en días y horas hábiles, a ratificar el contenido de su escrito de cuenta. Diligencia en la cual, además, bajo protesta de decir verdad deberá manifestar los motivos por los cuales existen firmas diferentes, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el escrito que se provee. Sin perjuicio de la potencial actualización de los ilícitos que corresponden a declarar falsamente ante un tribunal judicial, entre ellos, el establecido en el numeral 261, fracción I, de la Ley de Amparo, así como la facultad del juzgador a ordenar examinar las firmas discrepantes por peritos. Se citan en sustento de lo anterior, las tesis de jurisprudencia que enseguida se citan: "Época: Octava Época Registro: 207437 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Materia(s): Común Tesis: 3a. 24 Página: 385 FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." "Época: Décima Época Registro: 2014436 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 2a./J. 59/2017 (10a.) Página: 1234 PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada."

  4. Principal

    (7) Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que obran agregadas en autos las constancias de notificación al agente del ministerio público adscrito a este órgano jurisdiccional, quejoso y a las autoridades responsables (mismas que se amparan con el acuse de recibo de los oficios 24489/2023 y 24490/2023 correspondientes a la notificación de la resolución, así como 30317/2023 y 30318/2023 relativos a la interposición del recurso de revisión hecho valer) respecto de la resolución de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, así como del recurso de revisión interpuesto por ******** defensor particular de ********. En consecuencia, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo y en observancia al auto de ocho de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 203 y 204), remítanse el original del escrito de expresión de agravios firmado por ********* defensor particular de *********, copia sin certificar del mismo, así como los autos originales del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en Turno, con sede en Pachuca de Soto, Hidalgo, para la tramitación del citado medio de impugnación.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,948 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano