Luciano Flores González
Expediente 852/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 852/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Luciano Flores González
Actuaciones
- Principal
Causa estado el auto de seis de junio del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de amparo... se ordena el archivo definitivo y es susceptible de destrucción...
- Principal
Notifíquese Personalmente...
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa ********************** el proveído de 06 de junio de 2019, que a la letra dice: Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Luciano Flores González, contra actos de la Segunda Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; regístrese en el libro de gobierno con el índice 852/2019-I-1, fórmese expediente y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). ANÁLISIS DE LA DEMANDA. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, el artículo anteriormente citado impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo de amparo y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, para lo cual, en principio ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y en sus anexos; siendo que, por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal, que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos, las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al analizar la demanda de amparo presentada por el quejoso, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se aprecia que destaca como acto reclamado: ? La omisión de señalar fecha y hora para la audiencia de alegatos, así como la declaración del cierre de instrucción en el juicio contencioso administrativo 431/2018-S-2. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Al respecto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial que más adelante se reproduce, sostuvo, entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, antes transcrito, que los actos en juicio de imposible reparación son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación ?sostuvo el Pleno? el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular ?como en el caso concreto? se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8º, 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: el señalamiento de fecha para el desahogo de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 17 Constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción; lo que en el caso no acontece, pues atento a la narrativa de la parte quejosa en su demanda, se colige que la Sala responsable el tres de abril de dos mil diecinueve, celebró la audiencia de desahogo de pruebas; sin embargo, a pesar de que no existe probanza pendiente por verificar, ha sido omisa en señalar fecha y hora para la audiencia de alegatos y en su caso declarar el cierre de instrucción en el juicio contencioso administrativo 431/2018-S-2 de su índice. En ese sentido, el artículo 69 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, establece lo siguiente: "Artículo 69.- El Magistrado Unitario, dentro de los diez días posteriores a que haya concluido la sustanciación del juicio, siempre y cuando no existiere ninguna prueba pendiente por desahogar, ni cuestión pendiente que impida su resolución, señalará día y hora para que las partes comparezcan a la audiencia de ley a formular sus alegatos por escrito. Los alegatos presentados deberán ser considerados al dictar sentencia, los cuales deberán constreñirse a la litis sin ampliar o variar la misma. Dentro de la misma audiencia, se declarará cerrada la instrucción del juicio, y a partir del día hábil siguiente empezará a computarse el plazo previsto en el artículo 95 de esta Ley." De la transcripción que antecede, se advierte que el Magistrado Unitario dentro del plazo de diez días posteriores a que haya concluido la sustanciación del juicio (que no queden pruebas pendientes por desahogar, ni cuestión que impida su resolución), deberá señalar día y hora para la celebración de la audiencia le ley para formular sus alegatos y dentro de la misma declarará cerrada la instrucción del juicio. Esto es, en el caso particular que la Sala Unitaria responsable a partir del tres de abril de dos mil diecinueve, data en que celebró la audiencia de desahogo de pruebas, dentro del término de diez días hábiles, debe señalar fecha y hora para la audiencia de alegatos y en su caso cerrar la instrucción. Por tanto, tomando en consideración que si bien el quejoso acude al amparo, el cinco de junio del año en curso, reclamando que la Sala responsable no ha fijado fecha para la audiencia de alegatos y como consecuencia declarar el cierre de instrucción en el juicio contencioso administrativo 431/2018-S-2, lo cierto es que en dicho juicio no se advierte una abierta dilación a como se duele el aquí quejoso, pues atendiendo a la fecha de la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas (tres de abril de dos mil diecinueve), el plazo legal de diez días con que contaba la responsable feneció el veinticuatro del mismo mes y año, descontando los días inhábiles (sábados y domingos, así como del quince al diecinueve de abril pasado, en que suspendieron labores con motivo de la semana santa), por lo que se obtiene que a la fecha han transcurrido aproximadamente veintinueve días hábiles. Lo que hace innegable que no sea posible considerar vulneración alguna -por parte de la aludida autoridad responsable- del derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establecen las leyes; pues se reitera, no ha habido una dilación excesiva de parte de la responsable dentro de dicho juicio contencioso, atento a las razones antes apuntadas. De lo que se colige, que dichos actos no pueden ser calificados como irreparables, dado que no producen una afectación material de derechos sustantivos, como se destacó en párrafos anteriores. Tiene exacta aplicación al caso la Jurisprudencia 2a./J. 48/2016(10a), materia Constitucional, Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Sin que sea óbice para este juzgador, lo manifestado por la parte quejosa, en el sentido de que se adopte el criterio establecido por el entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Décimo Circuito, con residencia en estas ciudad, al resolver el recurso de queja 530/2016, derivado del diverso juicio de amparo 1620/2016-III, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, pues de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el juicio de origen de dicho amparo es de naturaleza laboral, el cual se encuentra regulado por la Ley Federal del Trabajo, empero, el presente juicio de derechos humanos deriva de un juicio contencioso administrativo, reglamentado por la Ley de Justicia Administrativa del Estado, de ahí que no sea aplicable al caso en concreto. Por tanto, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZACIÓN. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que índica en su libelo de cuenta y en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alberto Sánchez Rodríguez y José Antonio Bojórquez Pereznieto, ello por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. MEDIOS DIGITALES. Este Juzgado autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente el promovente y sus autorizados siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. TRANSPARENCIA, AVISO DE PRIVACIDAD Y DATOS PERSONALES. De conformidad con los artículos 6, inciso A, fracciones I, II y III de la Carta Magna; 1, 3, 9, 68, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, 1, 3, fracción II, 20, 21, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; hágase del conocimiento de las partes, que los datos personales que proporcionen en este asunto podrán ser utilizados para la tramitación y resolución del presente juicio hasta su total conclusión. Asimismo, que la sentencia que eventualmente sea dictada, estará a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información, a excepción de la información confidencial, definida en el ordenamiento legal citado en segundo término, pues la misma será suprimida de la versión pública de las sentencias, ejecutorias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, aun cuando no exista oposición de las partes para su publicación, procurándose que tal supresión no impida el conocimiento del criterio sustentado por este Juzgado...
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