Luciano Figueroa Cornejo
Expediente 724/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luciano Figueroa Cornejo
Actuaciones
- Principal
Agréguense en autos los oficios signados por Director General de la Dirección General de Desarrollo Urbano y el Representante Legal del Ayuntamiento, ambos de esta ciudad, mediante los cuales rinden su respectivo informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngaseles ofertando como pruebas de su intención las documentales que acompañan, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. De igual manera, se tienen como delegadas a las personas que indican, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento, y como domicilio para recibir notificaciones el que señalan. Por otra parte, vistas las constancias que remitió el Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, con sede en Silao de la Victoria, en apoyo a su informe justificado, a las cuales el suscrito les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Respecto de la causal de improcedencia en comento, el tratadista Alfonso Noriega en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, fojas 497 y 498, opina que se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o, también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se sostiene que opera la causal de improcedencia señalada porque: El quejoso señaló como acto reclamado: La omisión de las autoridades responsables de impulsar y dar cumplimiento a la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil veintidós, dentro del procedimiento administrativo ***********, de la estadística de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, con sede en Silao de la Victoria. Ahora bien, de las constancias que remitió el Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, con sede en Silao de la Victoria, en apoyo a su informe justificado, se advierte que: 1.- La sentencia del procedimiento administrativo **************, se dictó de la siguiente manera: a) Dejó insubsistente la sentencia de veintidós de enero de dos mil veinte. b) Sobreseyó el procedimiento respecto del Ayuntamiento del Municipio de Celaya, Guanajuato; y, c) Decretó la nulidad de la resolución impugnada número DU/INSP-0208/2018, de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, para el efecto de que la Dirección General de Desarrollo Urbano de Celaya, Guanajuato, emitiera una nueva, en la que se determinara la procedencia de la demolición del muro o barda ubicada en la calle Peñas Altas, en la comunidad de La Machuca, en el municipio de Celaya, llevando a cabo las gestiones necesarias para ello. 2.- Que en cumplimiento a tal ejecutoria, el Director General de Desarrollo Urbano, emitió el oficio DU/INSP-0247, en el que ordenó la demolición de la barda, así como exhibió ocho imágenes de las que se advierte la demolición de la misma. 3.- En virtud de las constancias allegadas por el Director General de Desarrollo Urbano de esta ciudad, el Magistrado Propietario de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, mediante auto de siete de septiembre del año en curso, determinó el cumplimiento total de la sentencia de doce de noviembre de dos mil veinte. En relatadas condiciones, es evidente que la omisión que tildaba de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, puesto que las responsables dieron cumplimiento a la sentencia de doce de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del procedimiento administrativo 1046/1ªSala/2018, al emitir un nuevo oficio en el que se ordenó la demolición de la barda y al haberse efectuado la misma, tal y como lo determinó el Magistrado Propietario de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, mediante auto de siete de septiembre del año en curso, lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, con la emisión del oficio DU/INSP-0247, en el que se ordenó la demolición de la barda, así como con la demolición de la misma y el dictado del auto de siete de septiembre del año en curso, en el que se decretó el cumplimiento total de la sentencia de doce de noviembre de dos mil veinte, cesó la omisión que reclamó, dado que desaparecieron los efectos que le producían la inejecución de la sentencia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.
- Principal
Visto el escrito signado por *************, autorizada del quejoso en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, atento a su contenido y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos, mismos que podrán ser tomados en cuenta al resolver en definitiva.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato, con sede en Silao de la Victoria, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes, sin perjuicio de hacer nueva relación al celebrarse la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención las documentales que acompaña, las que se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas al celebrarse la audiencia constitucional.
- Principal
Vista la demanda de amparo que presenta **************, por su propio derecho, contra actos de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, con sede en Silao de la Victoria, y otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII constitucional, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 20, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracciones II y V, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de control de este Juzgado con el número 724/2023-II. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contados a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se les solicita, rindan su informe justificado, en el entendido que deberán adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basaron para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuvieren, apercibiéndoles que de no hacerlo así, se les podrá imponer una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se les atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a las autoridades responsables para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en relación con el diverso 238 de la misma Ley. Se señalan las once horas con diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Se hace la precisión, que en caso del diferimiento de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, no se girará oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceros interesados, a fin de hacerles saber de nueva cuenta esa circunstancia, en atención de que se considera que esa determinación, acorde a lo previsto en el capítulo de notificaciones de la ley de la materia, específicamente los artículos 29, 30 y 31, no amerita una notificación personal a través de oficio; en tal razón, para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia de referencia, podrán consultarlo en la página de internet http.//.dgepj.cjf.gob.mx//internet/acuerdo/acuerdini.asp. No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado. Dese al Agente del Ministerio Público adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Ahora bien, tomando en consideración que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, solicitó la autorización del acceso a los expedientes electrónicos en materia de amparo que se llevan en este Juzgado, como se advierte en el cuaderno de varios de la estadística de este órgano jurisdiccional, el cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia; de conformidad con los artículos 35, 36, 37, 39, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene proporcionando el usuario *************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Téngase al quejoso autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************, en virtud de que cuenta con su cédula profesional números ***************, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, creado por Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y en términos de la última parte del segundo párrafo del citado numeral a las demás personas que menciona, por no obrar su cedula registrada en el sistema computarizado citado. Asimismo, con fundamento en los artículos 35, 36, 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se le autoriza el acceso al expediente electrónico que se lleva con motivo del presente juicio de amparo, así como para que se le practiquen las notificaciones que a su parte corresponde por esa vía; para tal efecto se le tiene como usuario ************, dado de alta en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y que se obtuvo del correo electrónico proporcionado. En términos del artículo 21 -tercer párrafo- de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27 -fracción I, incisos b y c- de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Se ordena la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquellas por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las pates en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. Finalmente, en términos del numeral 263, fracción II, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se invita a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.
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