Luciano Farias Amador
Expediente 391/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luciano Farias Amador
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, siete de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de la certificación de cuenta que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente hubiera recurrido el auto dictado el veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio de demanda signado por Luciano Farías Amador, y en atención a su contenido, téngase por cumplido el requerimiento formulado por auto de ocho de mayo del actual, y manifestando bajo protesta de decir verdad que su nombre correcto corresponde al antes referido, y que el juicio ordinario civil 626/2012 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, residente en Tierra Blanca, Veracruz, se encuentra en trámite; por tanto, provéase lo relativo a la demanda de amparo que nos ocupa. DESECHAMIENTO Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda, y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, se advierte la actualización de una causa de improcedencia del presente juicio constitucional que se analizará a continuación. Del capítulo de antecedentes del acto reclamado del escrito de demanda, los cuales el quejoso los declaró bajo protesta de decir verdad se desprende que el acto reclamado en esencia es el ilegal emplazamiento practicado el veinticuatro de octubre de dos mil catorce, al aquí quejoso, dentro de los autos del expediente 626/2012-II, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, residente en Tierra Blanca, Veracruz; asimismo, en el escrito aclaratorio de cuenta el promovente bajo protesta de decir verdad, manifestó que dicho juicio se encuentra en trámite, de lo que se obtiene que no ha sido dictada sentencia. Ahora, el suscrito estima que se actualiza de forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI de la Ley de Amparo, aplicada en sentido contrario, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas." Los preceptos y fracciones de la Ley de Amparo transcritos han sido interpretados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que si quien se ostenta como persona extraña por equiparación al juicio de origen conoció el procedimiento natural del cual emanan los actos reclamados, cuando aún no se ha dictado la resolución respectiva, el amparo en la vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia contenido en el artículo 14 constitucional. De esta forma, si la parte quejosa tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que prevé la ley que rige el acto reclamado, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de amparo establecido en el citado numeral 107, fracción VI de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo. (S.J.F. y su G., 9ª Época, Tomo 2, Febrero de 2012; Pág. 1627). En este orden de ideas, previamente a explicar las razones que sustentan la tesis que se propone, se estima conveniente precisar el concepto de tercero extraño a juicio. En ese tenor, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el tercero extraño a juicio es, en principio, aquella persona que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro de este o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. De igual forma, cabe precisar que en la práctica judicial se presentan diversos supuestos de persona extraña a juicio, que se considera conveniente clasificar con el fin de establecer del modo más preciso posible cuáles habrán de ser los efectos de la protección constitucional en cada una de esas hipótesis, a saber: 1. El tercero extraño stricto sensu que se identifica con la persona física o moral distinta de los sujetos que forman parte de una controversia; en esta hipótesis, al ser ajena a la litis ventilada en el juicio, el concepto de persona extraña es menester ubicarlo como opuesto al de parte procesal. 2. El tercero extraño por equiparación, de acuerdo con la jurisprudencia emitida por los tribunales federales, se presenta con las siguientes modalidades: I. El tercero extraño equiparado simple que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado y no es llamado o lo fue incorrectamente en virtud de un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa; bajo esa condición, evidentemente será extraño a todo lo actuado en el pleito. II. El tercero extraño equiparado por litisconsorcio que, a su vez, se manifiesta de dos formas: a) Por un lado, aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia, lo cual le otorga el carácter de un litisconsorte pasivo necesario no llamado a juicio, que de suyo evidencia la necesidad de haberla integrado a la relación jurídico para ponerla en aptitud de defender sus derechos. b) Por otra parte, dentro de este apartado de tercero extraño equiparado por litisconsorcio se presenta aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado o se le llamó incorrectamente al juicio. Como se ve, en cada uno de los supuestos de persona extraña a juicio se presentan diversas particularidades que los distinguen, entre ellas, los efectos de la protección constitucional, como enseguida se enuncia. Cuando se trata del tercero extraño en sentido estricto, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en este se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame al juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte; sino, en su caso, el de reintegrarlo en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata de un tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal no fue llamado a juicio o lo fue de forma incorrecta; en ambos casos, carece de oportunidad para defenderse de tal circunstancia, por ende, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación, lo que se justifica al considerar que el tercero extraño equiparado careció de la oportunidad de defensa, por ello, las actuaciones practicadas durante ese estado de indefensión deben anularse. En ese tenor, para considerar a un sujeto como tercero extraño equiparado, se requiere la concurrencia de tres requisitos, a saber: a) Que reclame el emplazamiento, sea por su omisión o por defecto; b) Que quien reclame sea parte de la relación jurídica procesal; por regla general, la parte demandada; c) Que dado el estado procesal del juicio que se trate, carezca de la posibilidad de comparecer ante la potestad común para defenderse, por tener un desconocimiento total del juicio de origen que le impidió comparecer a este e imponerse de los autos para defender sus intereses. De tal suerte que la ausencia de alguno de los aludidos requisitos hace que el interesado carezca del carácter de tercero extraño equiparado; en tal caso, opera la causa de improcedencia que se sostiene con base en el criterio jurisprudencial anteriormente invocado. En efecto, en el caso concreto la parte quejosa aduce que las autoridades responsables violentaron en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia previa consagrado en el artículo 14 constitucional, ya que fue ilegalmente afectada en su esfera jurídica con motivo de la diligencia de emplazamiento. Para sostener lo anterior, destaca en los antecedentes del acto reclamado que narró bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda y escrito aclaratorio, que la diligencia de emplazamiento no se llevó a cabo con él sino con su hija, quien no le hizo saber de dicha actuación y por eso no tuvo total conocimiento de dicho llamamiento; lo que indudablemente le impidió conocer el procedimiento. Ahora, del escrito aclaratorio de demanda se obtiene que la parte promovente bajo protesta de decir verdad manifestó, que dicho juicio se encuentra en trámite, de lo que se colige que no ha sido dictada sentencia. Lo hasta aquí expuesto permite concluir que el promovente carece del carácter de tercer extraño a juicio con el que se ostenta en el presente juicio de amparo, en virtud de que si bien a su decir no ha sido emplazado en el juicio de origen, lo cierto es que el mismo se encuentra en trámite y aún no se dicta sentencia en la citada controversia judicial. Por lo que tiene la oportunidad de comparecer al mismo a defender los actos que estima lesivos de sus derechos, entre ellos, los autos dictados con motivo del trámite en el juicio civil de marras. La acción intentada en la presente instancia es improcedente, porque la parte quejosa está en aptitud de comparecer ante la autoridad responsable, a dilucidar sus pretensiones y en su oportunidad, podrá hacer valer, en su caso, violaciones procesales cometidas durante la tramitación del juicio natural al promover juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Amparo, previo a agotar los recursos ordinarios que de ser así proceda para dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías; consecuentemente, se concluye que una vez que lleve a cabo la vía legal para tal representación, podrá hacer valer los medios de defensa a su alcance, ya que en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracciones V y VI de la ley de la materia, pues el juicio de amparo indirecto procede: a) Cuando se trata de actos cuya ejecución sea de imposible reparación; y, b) Cuando se afecte a personas extrañas al juicio. Sin embargo, cuando la parte quejosa tenga conocimiento del juicio antes de que se dicte sentencia definitiva, como en el presente asunto, debe ser reclamada mediante el juicio de amparo directo previa la interposición de los recursos ordinarios correspondientes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.T.39 K, sustentada por el del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable a página 1603, Tomo XXX, Octubre de 2009, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, número de registro 166106, de rubro y texto siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE TAL CARÁCTER EL QUEJOSO QUE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO ANTES DE QUE SE EMITA LA SENTENCIA DEFINITIVA O LAUDO EN EL JUICIO NATURAL Y, EN TAL VIRTUD, DEBE DECRETARSE EL SOBRESEIMIENTO. Cuando el demandado en el juicio natural promueve amparo indirecto contra la falta o ilegalidad del emplazamiento antes de que se emita sentencia definitiva o laudo, no puede tenérsele como persona extraña a juicio por equiparación, pues esta figura, creada jurisprudencialmente con apoyo en una aplicación analógica del artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, a fin de darle oportunidad al quejoso de aportar pruebas durante el juicio biinstancial para acreditar tal omisión o defecto, presupone que ya se hubiere dictado en su contra sentencia definitiva o laudo condenatorio. Lo anterior se fundamenta en que la mencionada figura jurídica tiene su justificación en la violación a la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; luego, si ordinariamente el único acto privativo que ameritaría que el demandado fuese oído y vencido en juicio es la sentencia definitiva o laudo condenatorio dictado en su contra, y éste no se ha emitido, es improcedente entrar al estudio del fondo del asunto, esto es, examinar si realmente no fue emplazado o si lo fue defectuosamente, pues aunque ello se evidenciara, no se haría aún patente la inobservancia a la citada garantía de audiencia y, por ende, procede sobreseer en el juicio con apoyo en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el diverso numeral 114, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo." Aunado a que en el caso, la ley que rige el acto reclamado, es el Código de Procedimientos Civiles del Estado, el cual en su artículo 90, establece lo siguiente: "Artículo 90.- El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas". Por tanto, el promovente se encuentra en aptitud de hacer valer en contra del ilegal emplazamiento reclamado, el incidente de nulidad de notificaciones, que establece el artículo 90 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Veracruz, por el que podría ser nulificada la misma, ello en razón de que el promovente de amparo tuvo conocimiento de la transgresión que reclama antes del dictado de la sentencia, es parte en el juicio y no tercero extraño. En mérito de lo expuesto, es que en el caso se actualiza la causa de improcedencia mencionada; por tanto, lo procedente es desechar de plano la demanda en estudio; con apoyo en el artículo 113 de la aludida ley de la materia háganse las anotaciones en el libro de Registro correspondiente. Finalmente, como lo solicita el promovente, téngase como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Mariano Arista número quinientos ochenta y nueve altos número dos, entre avenidas Ignacio Zaragoza y Landero y Coss, Zona Centro, en Veracruz, Veracruz, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, cerrado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el precepto 27 fracción III inciso a) de la multicitada ley. Notifíquese personalmente al promovente.
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