Luciano Crispín Corona Gutiérrez

Expediente 403/2019 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
403/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala
  • Luciano Crispín Corona Gutiérrez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dos de mayo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Luciano Crispín Corona Gutiérrez; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada por duplicado de la ejecutoria dictada en el presente asunto, hasta en tanto existan las condiciones necesarias para realizar el trámite de fotocopiado respectivo, autorizando para recibirla a las personas que menciona, previa identificación y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos. Finalmente, en conformidad con el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 7/2022, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Notifíquese.Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, a catorce de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que obra a foja 267 de autos, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el término de diez días concedido al quejoso y a los terceros interesados mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, a fin de que expresaran lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento que dio la autoridad laboral responsable a la ejecutoria que concedió la protección constitucional; desahogando tal vista sólo el quejoso mediante escrito presentado el dieciséis de marzo del año en cita. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, y con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En el caso, Luciano Crispín Corona Gutiérrez, por propio derecho, solicitó la protección constitucional contra el laudo dictado el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala, en el juicio laboral 245/2016 de su índice. Seguida la secuela procesal, mediante sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el ocho de octubre de dos mil veinte este Tribunal Colegiado dictó el fallo correspondiente, en el cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. En reposición del procedimiento, ordene llamar a juicio como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga en relación a lo reclamado por el quejoso, en el entendido de que quedan subsistentes todas las actuaciones que obran en el juicio laboral. 3. En su oportunidad, emita un nuevo laudo en el que siguiendo los lineamentos de la presente ejecutoria: 3.1. Prescinda de considerar que el actor carece de legitimación en la causa. 3.2. Determine que no es procedente el pago de las prestaciones que reclama el aquí quejoso, consistentes en el "pago correcto y completo de la indemnización constitucional" (que incluyen el de veinte días por año laborado, salarios caídos y el de seis meses de sueldo que gozaba a la fecha de la separación). 4. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda respecto del pago de las prestaciones consistentes en prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y horas extras." Mediante oficio 6052/2020, este Órgano Jurisdiccional remitió el testimonio de dicha ejecutoria, así como los autos que sirvieron para el conocimiento del asunto a la autoridad responsable para que informara sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de referencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo así, se procedería en términos del precepto citado en último término. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el oficio 1048/2020, que remitió el Tribunal responsable al que anexó el acuerdo de veintiséis de octubre anterior, mediante el cual, entre otras cuestiones estableció: "Ahora, en atención a lo indicado con el número 2, se ordena la reposición del procedimiento, por lo tanto, se ordena llamar a juicio en su carácter de tercero interesado al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), con domicilio públicamente conocido, por lo que se faculta al actuario adscrito a este Tribunal para que se constituya en dicho domicilio a efecto de emplazarlo, corriéndole traslado con copia cotejada del escrito de demanda de fecha trece de diciembre de dos mil dieciséis, auto admisorio de la misma de data dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, auto de quince de marzo de dos mil diecisiete, escrito de ampliación de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, escrito de doce de mayo de dos mil diecisiete, y el presente proveído. (.) Por otro lado, por economía procesal y a efecto de no retrotraer el procedimiento, dado que la etapa de CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN fue celebrada dentro del procedimiento con fecha quince de mayo del año dos mil diecisiete, se le concede al INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS), para que en el término genérico de tres días hábiles a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho corresponda, respecto a la conciliación y mediación, con el apercibimiento que en caso de no efectuar manifestación alguna se continuara con el procedimiento. Bajo ese contexto, se señalan las DIEZ HORAS DEL TRES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia de DEMANDA Y EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS, la cual tendrá lugar solamente respecto de los hechos que se generen con la institución de seguridad social llamada a juicio, indicándose que dicha audiencia deberá desahogarse bajo las consignas y apercibimientos decretados en el auto admisorio de demanda de data dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Subrayando que, el efecto de la citada reposición es con la finalidad que el tercero interesado manifieste lo que a su derecho convenga en relación a lo reclamado por el actor." El ocho de diciembre de dos mil veinte, se recepcionó el oficio 1267/2020, por el que el Tribunal obrero remitió copia certificada del desahogo de la audiencia de ley (de tres de diciembre de dos mil veinte), de la se advierte que se certificó que no existían pruebas pendientes por desahogar, por lo que ordenó que se elaborara el proyecto de resolución en forma de laudo correspondiente. Finalmente, a través del oficio 102/2021, recibido el veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, el Tribunal laboral responsable remitió copia certificada del laudo dictado el veintidós del mes y año en cita, el cual es materia de estudio en la presente resolución de cumplimiento. Ahora, de las constancias que obran en autos y del examen del laudo dictado en cumplimiento, se aprecia que la autoridad responsable: A. Por acuerdo de ocho de octubre de dos mil veinte: < Dejó insubsistente el laudo reclamado, para justificar lo anterior se transcribe la parte conducente del citado proveído (foja 176 de autos, cumplimiento del lineamiento "1."). "(.) se deja insubsistente el laudo de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve (.)". < Ordenó la reposición del procedimiento, por lo que llamó a juicio al Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación a lo reclamado por el quejoso, retrotrayendo el procedimiento, sólo para que dicho organismo manifestara lo conducente en relación a la etapa conciliación y mediación, asimismo, señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia de ley, la cual tendría lugar únicamente respecto de los hechos que se generaran con la referida institución (foja 176 de autos, cumplimiento del lineamiento "2."). B. Emitió un nuevo laudo en el que tácitamente prescindió de considerar que el actor carece de legitimación en la causa, pues le reconoció el carácter de servidor público adscrito al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, a partir del veinticuatro de marzo de dos mil nueve, desempeñándose como Auditor Superior del citado Órgano, puesto catalogado de confianza (fojas 207 vuelta-213 vuelta de autos, cumplimiento de los lineamientos "3." y "3.1."). C. Determinó que no era procedente el pago de las prestaciones que reclamó el quejoso, consistentes en el "pago correcto y completo de la indemnización constitucional" [que incluyen el de veinte días por año laborado, salarios caídos y el de seis meses de sueldo que gozaba a la fecha de la separación], a fin de hacer patente lo expuesto, se transcribe la parte conducente que se observa en el laudo que se revisa (fojas 212 vuelta y 213 de autos, cumplimiento del lineamiento "3.2."). "Bajo ese orden de ideas, resulta evidente la improcedencia de la prestación denominada por Luciano Crispín Corona Gutiérrez como "pago correcto y completo de la indemnización constitucional" (misma que incluye; el de veinte días por año laborado, salarios caídos y el de seis meses de sueldo que gozaba a la fecha de separación); esto, principalmente porque tal y como se determinó en el estudio anterior, Luciano Crispín Corona Gutiérrez se desempeñó como servidor público de confianza, por lo tanto, sus derechos laborales se encuentran limitados a gozar de la protección al salario y de los beneficios de la seguridad social, sin que estos puedan extenderse a la estabilidad en el empleo." D. Finalmente, respecto del pago de las prestaciones consistentes en prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y horas extras, con libertad de jurisdicción absolvió al Órgano de Fiscalización enjuiciado de pagar cantidad alguna al quejoso por los motivos que expuso, tal y como y como se desprende de la siguiente reproducción (fojas 215 vuelta-218 vuelta de autos, cumplimiento del lineamiento "4."): "Ahora bien, en párrafos anteriores se especificó que el actor reclamó el pago proporcional del aguinaldo y la prima vacacional, esto es, el correspondiente del uno de enero al veintidós de marzo de dos mil dieciséis (fecha en la que terminó su encargo como Auditor Superior). Ante tales premisas, se puede concluir que, tomando en consideración el salario tabular, de conformidad con lo establecido en los artículos 28 y 32 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, por el periodo indicado en el párrafo anterior, a Luciano Crispín Corona Gutiérrez le debió corresponder las siguientes cantidades: (Inserta imagen) Así resulta claro que al actor del presente juicio por el periodo indicado le debió corresponder la suma de $13,397.41 (trece mil trescientos noventa y siete pesos 41/100) por concepto de aguinaldo, y la cantidad de $6,351.37 (seis mil trescientos cincuenta y un pesos 37/100 M.N) por concepto de prima vacacional. Sentado lo anterior, no puede pasar inadvertida la PRUEBA DOCUMENTAL ofertada por Luciano Crispín Corona Gutiérrez consistente en la impresión del comprobante fiscal digital expedido por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha once de agosto de dos mil dieciséis, de la cual se advierte lo siguiente: (Inserta imagen) La imagen anterior nos demuestra que Luciano Crispín Corona Gutiérrez recibió de parte del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala la suma de $14,863.36 (catorce mil ochocientos sesenta y tres pesos 36/100 M.N) por concepto de aguinaldo y la cantidad de $6,688.51 (seis mil seiscientos ochenta y ocho pesos 51/100 M.N) por concepto de prima vacacional, cantidades que son mayores a las que reclama por el periodo comprendido del uno de enero al veintidós de marzo de dos mil dieciséis. En virtud de lo expuesto, es de absolver y SE ABSUELVE AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA DE PAGAR CANTIDAD ALGUNA A LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ POR CONCEPTO DE AGUINALDO Y PRIMA PROPORCIONAL AL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. Por cuanto hace a la prestación denominada vacaciones, es importante señalar que la misma consiste en el periodo de descanso que tiene el servidor público para descansar y reponer sus energías, bajo ese orden de ideas, no puede concebirse que dichos días de descanso puedan compensarse con una remuneración económica, esto, toda vez que, dichas vacaciones son con goce de sueldo, por lo tanto, independientemente de no haberlas disfrutado, el actor gozó de sus salarios durante dichos periodos, estimar lo contrario implicaría una doble condena que atentaría de forma injustificada en contra del patrimonio de la patronal. En virtud de lo expuesto, es de absolver y SE ABSUELVE AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA DE PAGAR CANTIDAD ALGUNA A LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ POR CONCEPTO DE VACACIONES. Por otra parte, tocante a la prima de antigüedad reclamada por el actor, es importante señalar que, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala al momento de dar contestación a la demanda negó el derecho del actor para percibir la misma, esto en virtud de que, según su dicho, dado el procedimiento de designación de Auditor Superior, el actor únicamente puede ser considerado servidor público de confianza quedando excluido de la aplicación de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, aunado a que, según su dicho dicha prestación no se encuentra contemplado en el ordenamiento legal recién señalado. No asiste razón al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala. Lo anterior en virtud de que, si bien es cierto, Luciano Crispín Corona Gutiérrez se desempeñó como servidor público de confianza, esto, no es razón suficiente para excluirlo completamente de la aplicación de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, esto, en virtud de que, dicho ordenamiento únicamente limita el derecho de estabilidad en el empleo de tales servidores públicos, sin embargo, estos, gozan de las demás prerrogativas tales como la prima de antigüedad: Además, tampoco le asiste la razón al decir que dicha prestación no se encuentra contemplada en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, toda vez que en el artículo 151, fracción VI se encuentra plasmado lo siguiente: (Trascribe dicho numeral) Como es evidente, en el dispositivo recién plasmando se contempló la prima de antigüedad en favor de los servidores públicos del Estado de Tlaxcala, sin que el legislador local hubiera establecido distinción alguna entre los de base y de confianza. Sin embargo, el yerro en la contestación del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala no implica ipso facto la procedencia de la prestación reclamada, toda vez que no puede soslayarse la PRUEBA DOCUMENTAL ofertada por Luciano Crispín Corona Gutiérrez consistente en la impresión del comprobante fiscal digital expedido por el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala, de fecha once de agosto de dos mil dieciséis, de la cual se advierte lo siguiente: (Inserta imagen) Como es evidente, el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala pagó en favor de Luciano Crispín Corona Gutiérrez la suma de $23,345.59 (veintitrés mil trescientos cuarenta y cinco pesos 59/100 M.N), sin que en autos exista reclamo en la diferencia de dicho pago. En ese tenor, es de absolverse y SE ABSUELVE AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA DE PAGAR CANTIDAD ALGUNA A LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ POR CONCEPTO DE PRIMA DE ANTIGÜEDAD. De la misma forma, respecto a la prestación denominada HORAS EXTRAS, debe apuntarse lo siguiente: En su demanda, Luciano Crispín Corona Gutiérrez señaló que laboró de lunes a viernes de cada semana, con descanso de los días sábados y domingos, en un horario comprendido de las nueve a las veinte horas, es decir, cincuenta y cinco horas a la semana. Por otra parte, los artículos 15, 16 y 18 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, señalan: (Reproduce tal precepto) Con lo anterior, queda en claro que, será considerada jornada diurna legal la que no exceda de siete horas diarias, también que, los servidores públicos de nuestra Entidad Federativa, gozaran de dos días de descanso por cada cinco días de trabajo. En ese sentido, la jornada semanal legal no podrá exceder de treinta y cinco horas a la semana. Las premisas recién expuestas, nos permiten concluir que la jornada desempeñada por Luciano Crispín Corona Gutiérrez excede el máximo legal establecido en la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios; sin embargo, esto no implica que tenga derecho a recibir el pago de las horas extras laboradas. Para evidenciar la razón de lo anterior, debe de traerse a colación lo determinado en el considerando tercero del presente Laudo, en el cual, de forma clara se estableció que Luciano Crispín Corona Gutiérrez desempeñó funciones de las consideradas como de confianza, esto, al realizar actividades que implicaban la dirección, fiscalización, auditoria y asesoría. Lo anterior se hace relevante pues no puede soslayarse que, los servidores públicos de confianza que ostenten el puesto de titulares de las dependencias, subsecretarios, directores, subdirectores o cualquier otro semejante, no tiene derecho a gozar del pago de las horas extras laboradas, toda vez que, en atención al rango y a las funciones desempeñadas, están obligados a atender de tiempo completo las funciones que son asignadas, esto, en aras del buen funcionamiento de la dependencia gubernamental que dirigen, lo anterior se hace razonable si atendemos a la brecha salarial que comúnmente existe entre el estipendio percibido por un funcionario público de primer nivel (como es el caso en particular) y un servidor público que desempeñe funciones de menor responsabilidad. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia PC. IX. J/2 L (10ª.) emitida por los Plenos de Circuito, la cual, en su rubro y texto señala: (Transcribe rubro y texto) Por lo anterior, es de absolver y SE ABSUELVE AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA DE PAGAR CANTIDAD ALGUNA A LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS. Por otra parte, tocante a la prestación que el actor denominó como: "LA NULIDAD TOTAL DE CUALQUIER CONVENIO O DOCUMENTO POR VIRTUD DEL CUAL SE PRETENDA TENER POR SATISFECHAS LAS PRESTACIONES ANTERIORMENTE RECLAMADAS"; es importante señalar que, tal y como se ha expuesto en el presenta (sic) laudo, las prestaciones impetradas por el actor resultan improcedentes, por tanto, resultaría ocioso e intranscendente ceñir el presente estudio al análisis de los conceptos que le fueron enterados." Consecuentemente, debe concluirse que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución del mismo, pues circunscribió su actuación a los efectos ahí precisados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo. Desahogo de vista del quejoso. Derivado de lo expuesto son inatendibles los argumentos que expresa el quejoso mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintiuno, a saber, los siguientes: "En ese orden de ideas la responsable con fecha veintiséis de octubre de dos mil veinte, dictó acuerdo en el que dejó insubsistente el laudo de veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, pronunciado en el sumario laboral 245/2016-A y ordenó reponer el procedimiento para los efectos antes precisados, posteriormente en el considerando tercero del nuevo laudo establece que el suscrito inició a prestar servicios para el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala a partir del uno de diciembre de dos mil dos y que debo ser considerado como servidor público de dicho Órgano, de igual forma transcribe el siguiente razonamiento de este H. Tribunal Colegiado "Ahora, dados los términos en que se fijó la litis, es inconcuso que la carga de Ia prueba recayó en Ia parte demandada: lo anterior, pues al haber negado la existencia de un vínculo laboral con su contrario, afirmando que la relación fue de otra naturaleza, esa negativa trae implícita una afirmación, consistente en que el lazo que la unió con el actor fue de otro tipo; es así, pues de las probanzas que ofrecieron los demandados (...) no se desprende la inexistencia de la relación laboral, por el contrario, los razonamientos que se expondrán a continuación muestran que las funciones del quejoso como Auditor Superior, derivaron de la relación laboral que tenía con las autoridades demandada al efectuar un servicio personal, intelectual y subordinado (...) En efecto, adverso a ¡o que expuso el Tribunal del conocimiento, si bien el ejercicio del impetrante no dependía de la voluntad humana para su cumplimiento, lo cierto es que el artículo 54, fracción XVII, incisos c) y e) de la Constitución Local, pone de relieve que su actuar como Auditor Superior estaba supeditado a lo que determinara el Congreso del Estado de Tlaxcala, dado que dicho Poder Público es quien Io designa, lo remueve y evalúa su desempeño, dado que aquel debe rendir cuentas en distintas formas a dicho Congreso, lo que denota la existencia de subordinación. Por tanto, contrario a lo que consideró la responsable, el actor prestó a las autoridades demandadas un servicio personal subordinado, por lo que el Auditor Superior debe ser considerado como un servidor público del órgano de fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala; sin que ello implique parcialidad en el actuar de dicho funcionario, toda vez que el ejercicio de sus funciones como Titular, se encuentran debidamente delimitadas y especificadas en los numerales 31 de la Ley de Fiscalización Superior del Congreso Estado de Tlaxcala y sus Municipios; 5 y 10 del Reglamento Interior del citado Órgano" y como consecuencia de ello, que el último puesto que desempeñé a partir del veinticuatro de marzo de dos mil nueve, fue como Auditor Superior de ese ente público y realicé funciones propias de un trabajador de confianza, y que en esa tesitura no tenía estabilidad en el empleo, aunque sí derecho a prestaciones laborales y de seguridad social, sólo que de manera incongruente y parcial en favor del citado Órgano, empieza a analizar el salario que devengué a últimas fechas y un monto mensual de $164,810.73, es decir un salario diario de $5,493.69, reitero lo cual es contrario a derecho, pues el demandado Órgano de Fiscalización Superior, no controvirtió el salario devengado de mi parte y mucho menos el derecho a recibir las prestaciones laborales de prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y horas extras, y fuera de todo contexto legal y reitero, de manera parcial se convierte en parte, al analizar cuestiones que no fueron parte de la Litis natural, pues como se desprende de la transcripción anterior, el referido demandado afirmó que la relación con el hoy quejoso, no fue de carácter laboral sino que fue de otra naturaleza; en esos términos resulta una verdad palmaria que las argumentaciones y análisis que realiza el tribunal responsable respecto del salario devengado de mi parte a últimas fechas, del monto y forma de pago de aguinaldo, prima vacacional e incluso opone excepciones que no fueron parte de la controversia laboral, como es la excepción de pago que el Tribunal en suplencia del demandado analiza y resuelve procedente, al igual respecto de la prima de antigüedad y jornada extraordinaria que reitero no fueron controvertidas por el demandado Órgano de Fiscalización Superior, al producir su contestación y por ende no tiene legalmente razón de que el Tribunal las analice de oficio motu proprio y a su conveniencia; razón por la cual me reservo el derecho de fincar responsabilidad a los integrantes del tribunal responsable; más aún en el colmo del interés manifiesto de los integrantes de dicho Tribunal laboral aun cuando respecto de las prestaciones de seguridad social determina lo siguiente: "Conforme a lo anterior, debe señalarse que asiste razón a Luciano Crispín Corona Gutiérrez en el sentido que, desde su fecha de ingreso debió haber sido inscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social para el efecto de gozar de los beneficios que dicho instituto otorga pues tal y como se advierte de Ia contestación emitida por dicho instituto el actor fue inscrito a partir del dos de enero de dos mil quince, sin embargo, dicha inscripción debió realizarse desde el inicio de la relación laboral, esto es, desde el uno de diciembre de dos mil dos. Como consecuencia de lo anterior, EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBERA FINCAR LOS CAPITALES CONSTITUTIVOS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ PUEDA GOZAR DE LOS BENEFICIOS QUE BRINDA LA SEGURIDAD SOCIAL; no lo es menos que en Ia parte resolutiva del laudo citado con anterioridad no se refleja esa condena, pues el resolutivo dice: "PRIMERO. Se deja insubsistente el laudo de fecha veintiuno de marzo de dos mil diecinueve. SEGUNDO. Se tramitó y sustanció legal mente el presente conflicto promovido por Luciano Crispín Corona Gutiérrez en contra del ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA, y, del CONGRESO DEL ESTADO DE TLAXCALA. TERCERO. La parte actora no acreditó su acción. CUARTO. Se ABSUELVE al Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado de Tlaxcala y al Congreso del Estado de Tlaxcala de todas y cada una de las prestaciones reclamadas por el actor; consistentes en: LA INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL, EL PAGO DE VEINTE DÍAS POR AÑO LABORADO Y DE LOS SALARIOS CAÍDOS, PRIMA DE ANTIGÜEDAD, AGUINALDO, VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y HORAS EXTRAS, EL PAGO DE SEIS RIESES DE SUELDO INTEGRADO (SIC); Y, LA NULIDAD TOTAL DE CUALQUIER CONVENIO O DOCUMENTO POR VIRTUD DEL CUAL SE PRETENDA TENER POR SATISFECHAS LAS PRESTACIONES ANTERIORMENTE RECLAMADAS (SIC). QUINTO. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LAS PARTES... En esa tesitura resulta indudable que la autoridad laboral no da cumplimiento a la referida ejecutoria, faltando a Ia verdad y a las constancias del sumario laboral 245/2016-A de su índice, y en consecuencia, solicito se tenga por no cumplida Ia multicitada ejecutoria máxime que resulta ser una obligación que la Ley de Amparo en su artículo 192 y 196, le impone a sus Señorías, mismo que establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede entera y cabalmente cumplida, la ejecutoria en que se haya concedido Ia protección federal, como es el caso que nos ocupa. Sus Señorías deben tomar en consideración mis anteriores argumentos jurídicos al resolver, respecto del cumplimiento mencionado, en la especie cobra aplicación por su idea jurídica, Ia tesis de jurisprudencia: (Transcribe rubro y texto)". Es así, porque lo relativo a que: a) la responsable de motu proprio, a su conveniencia y en suplencia del demandado, analizó el salario que devengó a últimas fechas sin que éste controvirtiera tal estipendio y b) Que se reserva el derecho de fincar responsabilidad a los integrantes del tribunal responsable por las razones que expone; son cuestiones que formaron parte de los lineamientos que debió atender la autoridad responsable, es decir, tales argumentos no son tendientes a controvertir el exceso o el defecto dado por la autoridad responsable a los lineamientos 1, 2, 3, 3.1., 3.2. y 4 del fallo protector. Por otra parte, por lo que hace a que la autoridad responsable examinó cuestiones que no formaron parte de la litis, ya que el enjuiciado no objetó su derecho a recibir prima de antigüedad, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y horas extras, debe decirse al quejoso que, tocante a esa prestaciones, se dejó libertad de jurisdicción a la responsable para pronunciarse al respecto, esto es, dichos señalamientos son cuestiones de legalidad no pueden ser materia de estudio en la presente resolución; no obstante, se dejan a salvo sus derechos para que los haga valer como considere pertinente. Sustenta lo anterior, por su idea jurídica, la jurisprudencia 2ª./J. 14/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 717, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2010983, de rubro y contenido siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". Finalmente, el hecho de que la responsable estableciera a foja 39 de la sentencia que se revisa: "[.] EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DEBERA FINCAR LOS CAPITALES CONSTITUTIVOS CORRESPONDIENTES A EFECTO DE QUE LUCIANO CRISPÍN CORONA GUTIÉRREZ PUEDA GOZAR DE LOS BENEFICIOS QUE BRINDA LA SEGURIDAD SOCIAL [.]", y que tal razonamiento no lo haya plasmado en los resolutivos, no puede considerarse un desacato al fallo protector, dado que tal consideración es la que rige el sentido de los resolutivos. Al respecto cobra aplicación la tesis sustentada por la extinta Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 419, Volumen 199-204, Séptima Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "LAUDOS, CONSIDERANDOS EN LOS. SON LOS QUE RIGEN A LOS RESOLUTIVOS. Las consideraciones en que se sustenta un laudo son las que rigen el resolutivo correspondiente, y siendo la resolución reclamada un todo que debe ser considerado en su integridad, si en los resolutivos correspondientes se advierten deficiencias o incongruencias en su estructuración gramatical, en todo caso debe estarse a lo especificado en el considerando que lo rige y atenerse al concepto ahí expresado". En esa tesitura, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 196 de la ley invocada.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de veinticuatro de febrero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo la primera de las mencionadas; con fundamento en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, que modificó el Acuerdo General 5/2013, del propio Pleno, procédase a dictar la resolución correspondiente. En conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se exhorta a las partes que, de estimarlo pertinente: a) Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y b) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.

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