Luciano Andrés Ruíz Robledo
Expediente 1535/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1535/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/12/2019
Partes del expediente
- Luciano Andrés Ruíz Robledo
- Jueza Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Zona 01
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el escrito de cuenta signado por el quejoso Luciano Andrés Ruiz Robledo, mediante el cual en cumplimiento al proveído de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, manifiesta que: En mérito a lo anterior, se tiene por desahogada la prevención. Antes de proveer sobre la admisión y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo vigente. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por 'manifiesto' lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por 'indudable', que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Del estudio integral realizado al libelo de demanda respecto al acto reclamado, es apropiado decir que existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ello es así, en virtud que la parte quejosa en su escrito de demanda señala como acto reclamado, lo siguiente: ". IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades, reseñadas en el presente líbelo, reclamo los siguientes actos reclamados, y que a continuación detallo: I.- De las autoridades ordenadoras: LES RECLAMO LA ILEGAL, ARBITRARIA E INCONSTITUCIONAL AUDIENCIA DE REMATE CELEBRADA A LAS 9:00 NUEVE HORAS DEL 18 DIECIOCHO DEL ACTUAL DENTRO DE LOS AUTOS DEL INCIDENTE DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 1238/2018, MISMA QUE HASTA LA PRESENTE FECHA NO ME FUE NOTIFICADO NI FUI ENTERADO DE LA MISMA, LO CUAL NO HE SIDO OÍDO NI VENCIDO EN JUICIO Y SON VIOLACIONES PROCESALES QUE TRANSCIENDEN AL RESULTADO DEL FALLO Y EN EL QUE NO HE SIDO DEBIDAMENTE NOTIFICADO CONFORME A LAS LEYES ADJETIVAS APLICADAS AL CASO CONCERTÓ, POR LO QUE NO HE SIDO OÍDO NI VENCIDO EN JUICIO, PROVEÍDO O RESOLUCIÓN QUE EN EL JUICIO PRETENDEN DESPOJARME, ARREBATARME O REMATAR O CONFISCAR UN BIEN INMUEBLE DE MI PROPIEDAD, EL CUAL VOY HACER DESPOSEÍDO, YA QUE DE MANERA ILEGAL Y ARBITRARIA PRETENDEN QUITARME." Asimismo, el quejoso en su escrito de cuenta precisa que el acto que reclama es la audiencia de remate de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, dictado dentro de los autos del incidente de ejecución de sentencia derivado del expediente 1238/2018. De lo transcrito se desprende que el acto reclamado lo constituye la audiencia de remate de dieciocho de octubre del año en curso, dictado en el incidente de ejecución de sentencia derivado del expediente 1238/2018 del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad. Sobre la base de lo anterior, este órgano de control constitucional considera, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo vigente, por las consideraciones siguientes a saber. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción IV, de la Ley de la Materia vigente, dispone que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Lo anterior se afirma así, por las razones siguientes: En primer término, debe establecerse que del contenido del transcrito artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio de amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y tratándose de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al promovente del juicio constitucional; entendiéndose por última resolución, aquella en la que se aprueba o reconoce, de manera expresa o tácita, el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, mientras que, en los procesos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Tal aspecto es tratado en la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, que dispone: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial". Asentado lo anterior, se concluye que si en el juicio especial hipotecario 1238/2018, del índice del Juzgado Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, el dieciocho de octubre del presente año, se llevó acabo la audiencia de remate; es obvio que en dicha actuación no es la última resolución, porque no se ordenó el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado. Por tanto, si tratándose de actos dictados en procedimientos de remate, el amparo indirecto únicamente procede contra la última resolución pronunciada en esa fase, entendiéndose como tal aquélla en la indistintamente se ordena otorgar la escritura de adjudicación o bien entregar la posesión de los bienes inmuebles rematados, en la que además podrán plantearse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, como son la que a lega ahora el peticionario de amparo; es incuestionable que al ser el acto reclamado una providencia intermedia en la indicada fase de remate, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia analizada. Debiendo destacarse que lo establecido en el artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, tiene su justificación en el hecho de que, siendo el procedimiento de ejecución de los fallos una cuestión de orden público, debe limitarse la promoción del amparo, procediendo únicamente en los casos en que ya se haya dictado la última resolución en el procedimiento de remate, pudiéndose reclamar hasta entonces las probables infracciones que se hubieran cometido en esa etapa, pues dicha disposición busca armonizar los principios de celeridad, concentración y economía procesal, que también rigen en la etapa de ejecución de los juicios, a efecto de evitar la promoción reiterada e innumerable de juicios de amparo que pudieran tener como finalidad, únicamente, retardar o entorpecer la ejecución de la sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. Resulta aplicable, la tesis sostenida en la Novena Época, por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción III de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia". Así como, por similitud jurídica, la Jurisprudencia del tenor siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado consiste en una resolución dictada en ejecución de una sentencia y la cual no es la última en el procedimiento de ejecución, el juicio de garantías debe estimarse improcedente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Cabe señalar que no se está en el supuesto de excepción derivado de la Jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". En consecuencia, es evidente que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación al numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo vigente; lo que procede es DESECHAR DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley en cita. Es aplicable la jurisprudencia, que sostiene: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Se hace del conocimiento a las partes, que de conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley.
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Por las consideraciones expuestas, se requiere a la parte quejosa que indique, de manera precisa, el acto que reclama de la responsable y la fecha en se tuvo conocimiento del mismo, con el apercibimiento que de no dar cabal cumplimiento al auto en mención, se harán efectivos los apercibimientos decretados en el mismo; en la inteligencia que el término concedido para dar cumplimiento a lo solicitado, sigue transcurriendo a la presente fecha. Hágase del conocimiento que al dar cumplimiento al presente proveído deberá estarse a lo ordenado por el artículo 110 de la Ley en cita...
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NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Por las consideraciones expuestas, se requiere a la parte quejosa que indique, de manera precisa, el acto que reclama de la responsable y la fecha en se tuvo conocimiento del mismo, con el apercibimiento que de no dar cabal cumplimiento al auto en mención, se harán efectivos los apercibimientos decretados en el mismo; en la inteligencia que el término concedido para dar cumplimiento a lo solicitado, sigue transcurriendo a la presente fecha. Hágase del conocimiento que al dar cumplimiento al presente proveído deberá estarse a lo ordenado por el artículo 110 de la Ley en cita...
- Principal
Por las consideraciones expuestas, resulta indubitable que la parte quejosa no dio debido cumplimiento conforme lo solicitado por este órgano jurisdiccional en el auto de referencia, lo que impide a este juzgador ordenar el trámite de la demanda. Atento a lo anterior, se hace del conocimiento a la parte quejosa que de no dar cabal cumplimiento al auto en mención, se harán efectivos los apercibimientos decretados en el mismo; en la inteligencia que el término concedido para dar cumplimiento a lo solicitado, sigue transcurriendo a la presente fecha. Hágase del conocimiento que al dar cumplimiento al presente proveído deberá estarse a lo ordenado por el artículo 110 de la Ley en cita...
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