Luciana Pérez Gómez
Expediente 1034/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1034/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Director del Hospital Regional de Puruándiro, perteneciente a la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, ciudad
- Luciana Pérez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Auto causa estado. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad en contra de la determinación de primero de junio de dos mil veintidós, que declaró sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración del amparo. Consecuentemente, toda vez que se concedió la protección constitucional, se determina que el presente sumario es susceptible de DEPURACIÓN. Destino del expediente y transferencia (depuración, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. Después, materializar la transferencia de la serie documental restante, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Documentos irrecuperables. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, primero de junio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Estado procesal. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a las partes, por auto de veinte de mayo de dos mil veintidós, para que desahogaran la vista que se ordenó con el acta de defunción de la quejosa Luciana Pérez Gómez, para efecto de realizar el pronunciamiento respectivo en torno al cumplimiento que las autoridades responsables adujeron dar a la ejecutoria de amparo, sin que ninguna haya realizado manifestaciones al respecto; en consecuencia, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente y las manifestaciones aportadas por la autoridad responsable. Efectos del fallo protector. Mediante sentencia definitiva dictada el veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del presente juicio de amparo, se sobreseyó por una parte y se concedió la protección constitucional a Luciana Pérez Gómez, para los siguientes efectos: "Se le proporcione el tratamiento y medicamentos que a juicio del o los especialistas correspondientes, sean útiles y adecuados para la correcta atención médica de la quejosa Luciana Pérez Gómez atendiendo a los padecimientos que presenta. En el entendido de que la atención médica prestada deberá ser integral, con el propósito de procurar el tratamiento terapéutico y farmacéutico de la paciente, ya sea para lograr su reversibilidad o curación o, de ser el caso, procurando la garantía del tratamiento necesario para el control de su sintomatología, así como el control del deterioro de su integridad física y psíquica, es decir, tomando en cuenta el estado de salud de la paciente, así como sus requerimientos clínicos y médicos; procurando que el tratamiento sea adecuado, de modo que si la paciente requiere algún medicamento y/o tratamiento, éste contenga las sales originales o genéricas que conserven la biodisponibilidad y bioequivalencia de las sales originales para su efectividad. Debiendo canalizar a la paciente (quejosa) a una clínica cercana a su domicilio, que brinde el tratamiento adecuado de manera subrogad a cargo de las responsables, a fin de garantizar su derecho a la salud integral. Asimismo, la atención otorgada deberá garantizar que el tratamiento se preste de forma oportuna, permanente y constante, garantizando que las unidades médicas o instituciones de salud que se encarguen de la garantía del tratamiento, lo hagan de conformidad con los estándares más altos de tecnología y especialización médica. Para lo cual deberán proveer la apertura de un expediente clínico del paciente, que deberá ser actualizado conforme evolucione su historial médico, y mantener constantemente informada a la paciente respecto del avance de su condición de salud, en términos de las fracciones V y VII del artículo 77 bis 37 de la Ley General de Salud. Asimismo, deberán elaborar un programa integral que sea adecuado para la atención y tratamiento del padecimiento de la quejosa, que puede ser modificado o ajustado conforme evolucione la salud de la paciente, teniendo siempre como eje rector la recuperación de la enfermedad o el control de la sintomatología. En todo caso, deberán remitir a la quejosa a las autoridades de salud que sean competentes para garantizar el nivel de atención médica que requiere." Posteriormente, en auto de veintiuno de enero de dos mil veintidós causó ejecutoria dicha resolución y se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la misma, bajo los efectos antes precisados. Actos realizados por la autoridad responsable tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós se tuvo al apoderado jurídico de la Secretaría de Salud de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto Superior Jerárquico y, por ende, representante legal del Director del Hospital Regional de Puruándiro, informando que la quejosa se encontraba recibiendo sesiones dialíticas de manera subrogada en la Clínica "San Rafael", Unidad de Hemodiálisis, con sede en Zacapu, Michoacán, dos veces por semana, a las ocho horas, desde el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se le aplica como parte del tratamiento dialítico Hierro y Eritroproyectina, y que, en caso de que la misma requiriera algún medicamento diverso, debería comparecer al nosocomio señalado como responsable, para que un médico valorara si lo requería o no, y una vez que se le generara la receta, podría pasar al área de farmacia a recogerlo y, en caso de no contar con él, debería acudir al área de Dirección para dejar una copia de la receta y se realizaran las gestiones administrativas para adquirir dicho medicamento. Asimismo, informó que las responsables se encontraban imposibilitadas materialmente para allegar las constancias para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria, en razón de que la quejosa recibía su tratamiento en una clínica particular, por lo que era del expediente clínico del que se advertía un programa de horario y lugar, así como la forma en que se le aplicaban las sesiones de hemodiálisis, anexando la factura correspondiente con la que acreditaba el pago a la clínica en cita, con la finalidad de que no se suspendiera el servicio a la quejosa. Por otra parte, señaló el oficiante que respecto a otros padecimientos o tratamientos, para que se estuviera en condiciones de poder atenderla, era indispensable que la quejosa compareciera al nosocomio señalado como responsable para que se cercioraran acerca de su estado de salud y la atención que requería acorde al cuadro clínico, para que se determinara el tratamiento médico idóneo, señalando que en caso de requerir atención médica urgente podría acudir en cualquier momento al área de urgencias del Hospital en cita, en donde se le brindaría la atención médica inmediata. En consecuencia, se requirió a las responsables para que realizaran las gestiones necesarias y cumplieran estrictamente con lo determinado en la ejecutoria de amparo. Luego, en diverso proveído de ocho de febrero de la presenta anualidad se tuvo a las responsables referidas informando que se estaba proporcionando el tratamiento y medicamentos que requería la paciente, dando la atención médica que la quejosa solicitaba; sin embargo, a fin de estar en condiciones de cumplir con la atención médica en su mayor amplitud y de forma multidisciplinaria, resultaba indispensable que la misma realizara el protocolo hospitalario, esto es, integrara y/o actualizara el expediente clínico, en el cual el personal de salud debería hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención. Asimismo, refirieron que era indispensable que la quejosa, una vez que requiriera medicamento y tuviera la receta médica, se dirigiera a la farmacia del Hospital, a fin de que le fueran entregados los medicamentos disponibles y, si alguno no se encontraba, debería comparecer al área de la Dirección del mismo nosocomio y entregar copia de la receta, a fin de se realizaran las gestiones administrativas para efectuar la compra directa y proceder a la entrega en cinco días hábiles. Con lo cual se ordenó dar vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto, no obstante encontrarse notificada de dicho proveído desde el nueve de febrero del año en curso. Posteriormente, el quince de marzo de la presente anualidad se les tuvo informando que se estaba dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo, proporcionando atención la médica, así como el tratamiento que requería la paciente, aquí quejosa, para su padecimiento de insuficiencia renal, por lo que las autoridades citadas realizaron las gestiones pertinentes para proporcionar de manera subrogada las sesiones de hemodiálisis a la impetrante en una clínica particular, como se informó en su comunicado fechado el seis de febrero de los corrientes; sin embargo, manifestó el oficiante que para los diversos padecimientos resultaba indispensable que la quejosa acudiera al nosocomio señalado como responsable y se le proporcionara atención médica acorde al nivel de atención que éste presta. Con lo cual se ordenó dar vista a la parte quejosa a efecto de que expresara lo que a su interés conviniera, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto, no obstante haber sido notificada de dicho auto con fechas dieciséis y veintidós de marzo del año que transcurre. Ahora, en auto de veintiuno de abril de esta anualidad las responsables de referencia informaron que no se encontró registro de que la quejosa hubiera acudido al nosocomio señalado como responsable, a fin de que se le proporcionara atención médica acorde al nivel de atención que brinda el Hospital en cuestión. Consecuentemente, se ordenó dar vista a la parte quejosa con lo anterior, a efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con lo informado por la autoridad responsable. En ese sentido, el cuatro de mayo de dos mil veintidós, se tuvo a Rafaela Morales Copado, en cuanto autorizada de la quejosa Luciana Pérez Gómez, manifestando que la citada impetrante de amparo falleció en veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en Zacapu, Michoacán; a cuyo efecto, anexó la impresión del acta de defunción expedida por el Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con registro fechado el veintinueve de marzo de los corrientes. Ante ello, se requirió al Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que remitiera el acta de defunción de la citada quejosa, la cual fue recibida el veinte de mayo de la presente anualidad. Análisis sobre el cumplimiento al fallo protector. En mérito a lo anterior y dado el fallecimiento de la quejosa, se concluye que existe la imposibilidad de seguir proporcionado el servicio médico y tratamiento requerido conforme al padecimiento que le aquejaba, con el objetivo de garantizar el máximo posible su derecho a la salud, acorde a lo establecido en la Constitución Federal; de donde se advierte que se encuentra sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ello es así porque, como se citó con anterioridad, la quejosa Luciana Pérez Gómez falleció el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, y al versar el presente asunto en torno a la violación del derecho a la salud de la impetrante no es posible restituirle en el goce del mismo. Pronunciamiento. En mérito a lo anterior, lo procedente es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, porque ante la muerte de la quejosa, las autoridades responsables se encuentran impedidas para realizar las acciones necesarias para restituirla en el goce de sus derechos; de ahí que no exista jurídicamente materia para analizar el cumplimiento. Resulta aplicable la tesis de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DELA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO. El artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo establece que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplirla u ordene el archivo definitivo del asunto, sin prever de manera expresa que también sea admisible cuando se interpone contra la resolución que declare sin materia dicho cumplimiento. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2015, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 18/2016 (10a.), estableció que el artículo 201 de la Ley de Amparo no debe interpretarse de manera literal y estricta para determinar la procedencia del recurso de inconformidad, en virtud de que algunos casos no se encuentran previstos en forma expresa, pero debe tomarse en cuenta que si sus efectos jurídicos son similares a los contenidos en sus enunciados, esos asuntos deben admitirse a trámite, privilegiando el derecho humano de acceso a la justicia. En consecuencia, esto acontece cuando en el juicio de amparo directo se declara que el cumplimiento del fallo protector ha quedado sin materia, supuesto que si bien no se encuentra descrito en la fracción II del artículo 201 mencionado, lo cierto es que es asimilable a las hipótesis que sí prevé, consistentes en la imposibilidad material o jurídica para cumplir la ejecutoria, pues la carencia de materia implica lógicamente que se tornen irrealizables las consecuencias de la protección constitucional otorgada." Notifíquese personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Director del Registro Civil remite constancia y se da vista a las partes. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada con firma electrónica del acta de defunción de la quejosa directa Luciana Pérez Gómez, quien falleció el veinticinco de marzo de dos mil veintidós en Zacapu, Michoacán. Lo anterior, en atención al requerimiento formulado en proveídos de cuatro y trece de mayo de la presente anualidad. Por tanto, con lo anterior dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Bajo el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los documentos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Director del Registro Civil informa y se requiere de nuevo. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Director del Registro Civil del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado mediante oficio 13122/2022, derivado del proveído de cuatro de mayo de la presente anualidad, informa la imposibilidad que tiene para remitir el acta de defunción de la quejosa directa Luciana Pérez Gómez, refiriendo que al realizar una búsqueda en su base de datos digital no encontró registro de defunción a nombre de la citada quejosa. En este tenor, en autos obra la impresión del acta de defunción de la impetrante de amparo, misma que exhibió su autorizada Rafaela Morales Copado anexa a su escrito acordado el cuatro de mayo pasado. Por tanto, se ordena remitir copia de la citada constancia a la autoridad oficiante, a efecto de que corrobore si con los datos que obran en dicha documental le es posible localizar el registro de la defunción a nombre de la impetrante de amparo Luciana Pérez Gómez y, en caso afirmativo, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que quede notificado del presente proveído, remita copia certificada del acta de mérito, o bien, informe el impedimento legal que tenga para ello. En el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de mayo de dos mil veintidós. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Miguel Ángel Ramírez Argüello, secretario que autoriza y da fe.
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