Luciana Nava Rodriguez
Expediente 344/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 1 actuación registrada, la última del 27 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 344/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Luciana Nava Rodriguez
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***** por propio derecho, contra actos del titular de la subdirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud en el Estado de Guerrero. Registro Fórmese expediente impreso y electrónico; regístrese en el libro de control de juicios de amparo bajo el número 344/2023, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable deimprocedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Precisión del acto reclamado Ahora, de una lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte esencialmente que la parte quejosa demanda de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta a la petición hecha en ocurso exhibido el diecisiete de julio de dos mil veintitrés, relativa a la expedición de una constancia de evolución salarial como jubilada de la secretaría responsable. De ahí que en la especie, atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama a la autoridad responsable en su carácter de ex empleador, motivo por el cual carece de imperatividad y coercitividad, características de las que participa todo acto de la autoridad señalada como responsable, es que, a juicio de este órgano de control constitucional, se considera que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse de manera notoria y manifiesta, la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el primer párrafo del diverso 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo, que a continuación se transcriben para una mejor comprensión. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver todas las controversias que se susciten: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales, de los que el Estado Mexicano sea parte;..." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridades responsables cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]." En el último de los preceptos legales indicado, el legislador federal identificó a los sujetos en contra de cuyos actos es procedente el juicio de amparo; esto es, la autoridad y los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad. Al respecto se debe identificar que independientemente de su naturaleza formal, autoridad es aquel ente que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De esta forma, a través de la disposición citada, el concepto de autoridad responsable queda desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora a la unilateralidad del acto susceptible de crear, modificar o extinguir en forma unilateral y obligatoria, situaciones jurídicas. Por otro lado, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo que se sigue que para identificar a un acto producido por particular, como equivalente al de autoridad, habrá que estarse a las cualidades propias de éste; es decir, debe crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. De tal manera que la identificación del sujeto "autoridad" y, por ende, del sujeto particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad, en la nueva Ley de Amparo se clarifica y delimita si se atiende a los tipos fundamentales de relaciones que se dan en el seno del Estado, a saber: de subordinación, de supraordinación y de coordinación. Para ser más precisos, las relaciones identificadas son las siguientes: a) Subordinación, son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; b) Supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares; y, c) Coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales para esos efectos. De suerte que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares, y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otra parte, tratándose de particulares, los sujetos en contra de quienes es procedente el juicio de amparo son aquellos cuyos actos sean equivalentes a los de autoridad; esto es, aquellos que desde una posición de supra a subordinación, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, cuyo actuar lo desempeñan en cumplimiento a un ordenamiento legal. En ese orden de ideas, es de concluir que de la interpretación legislativa, gramatical y sistemática del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, respecto de la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares "cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad", ha de atenderse a su contenido semántico respecto del vocablo "equivalente", esto es, que el actuar del particular se coloque en un plano semejante respecto al de las autoridades coercitivas y que realice actos unilaterales e imperativos; por lo que la realización de actos en un plano de igualdad con otros particulares, que no impliquen una supra subordinación estatal, no constituye causa para tenerles legalmente con el carácter de autoridades responsables. Ahora bien, en otro orden de ideas, es necesario precisar que el ordinal 8 constitucional que dispone: "Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." De tal forma que, se desglosa que el citado numeral constitucional establece la obligación para los funcionarios, empleados públicos, de respetar el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa y a ella debe de recaer acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido, el cual, a su vez, deberá hacer del conocimiento del peticionario en breve término. Cabe destacar que, la tutela de ese derecho fundamental, así como la procedencia del juicio de amparo, requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir, que exista una relación jurídica entre gobernante y gobernado, de supra a subordinación y no una de coordinación regulada por el derecho privado en la que el ente público actúe como particular. Lo anterior fue considerado así en la jurisprudencia P./J. 42/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 189914, Novena Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, que es de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." Tales razonamientos sustentados por el Máximo Tribunal del País, permiten colegir que el juicio de amparo, en ejercicio del derecho de petición solo es procedente cuando se formula solicitud a un funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. En efecto, el acto reclamado en esta instancia de control constitucional, consiste en una supuesta violación al artículo 8 Constitucional -derecho de petición-, esto es, en la omisión de dar respuesta por parte de la Secretaría de Salud responsable respecto a la petición hecha por la quejosa mediante ocurso presentado el diecisiete de julio del año en curso. Así las cosas, contrario a lo argumentado por la quejosa, el acto atribuido a la secretaría responsable no creó, modificó o extinguió situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; menos aún, tuvieron sustento en facultades otorgadas por una norma general, al tener en primer término, la autoridad responsable carácter de ex patrón, pues la petición que se le elevó, fue derivada de la relación laboral que guardó con dicha autoridad responsable, cuyo nexo se rige con base en el precepto 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de lo que se advierte como una relación de coordinación entre las partes. Luego, ante el nexo laboral en mención, es claro que ese acto no participa de las características de un acto de autoridad, sino que se trata de una controversia entre un trabajador y su empleador, relativa a diversas prestaciones salariales y cuestiones de antigüedad como trabajador del instituto responsable, por lo que deberá tramitarse dicha controversia ante el órgano jurisdiccional laboral, como lo establece el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que en efecto se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia comprendida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, 5, fracción II, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda de amparo, debido a que al no tener el carácter de autoridad el ente al que se le atribuyó el acto reclamado, es improcedente el juicio de amparo pretendido. Autorizados* De igual manera, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a********************,********************,********************,******************** y ********************, en razón de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos a las personas restantes por no contar con dicho requisito. Domicilio Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa, el ubicado en calle ********************.**************************************** Expediente electrónico Ahora bien, como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV de la Ley de amparo, en relación con el numeral 55, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico bajo el usuario "********************".**************************************** En consecuencia, se comisiona a la analista jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice la habilitación correspondiente.**************************************** Aviso de transparencia Asimismo, de conformidad con los artículos 3°, 8°, 9°, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, fracciones X y XI, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso numeral 73, fracción II de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; hágase del conocimiento de las partes que cuando se presente una solicitud de acceso a la información a las constancias que integran este expediente, se determinará sobre su procedencia y de ser así, se elaborará la versión pública respectiva en la que se testarán las partes o secciones clasificadas; asimismo, infórmeseles que están en aptitud de consentir la publicación de sus datos personales, con independencia de la obligación de este juzgado federal de proteger dichos datos. Tramitación e integración de expediente electrónico y físico En términos de los puntos Tercero, artículos 251, 263; CUARTO, artículos 3 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se establece que la digitalización legible de las promociones físicas o impresas recibidas en la oficialía de partes será a cargo del oficial judicial C encargado de la oficialía de partes; además, éstas serán firmadas electrónicamente e incorporadas al SISE por la persona secretaria encargada del asunto o de quien, en su momento, la cubra por goce de periodo vacacional, licencia o permiso En el entendido que no deberán integrarse al expediente electrónico las copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan, ni las copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional. Mientras que la documentación recibida vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Asimismo, que las constancias de notificación, incluso las de correos o paquetería derivadas de este asunto, que se generen físicamente deberán agregarse digitalizadas y de manera legible al expediente electrónico y firmadas electrónicamente por parte de los actuarios a más tardar al día hábil siguiente de su práctica o recepción, para garantizar que ello se haga de manera oportuna; con la finalidad de que conserven el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable, ya que se presumirá que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. De igual forma, se establece que los funcionarios de firmar o incorporar al SISE los documentos digitalizados deberán cerciorarse que las constancias recibidas físicamente coinciden con las incorporadas al expediente electrónico, con la finalidad de garantizar la integridad del mismo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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