Luciana Martinez Vázquez

Expediente 462/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
462/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
25/04/2022

Partes del expediente

  • Luciana Martinez Vázquez
  • LUCIANA MARTINEZ VÁZQUEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Se agrega en autos el oficio signado por la Secretaria del Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual remite testimonio de la resolución pronunciada en la sesión de siete de abril de dos mil veintidós en el recurso de revisión número R.A. 157/2021. Se hace del conocimiento de las partes que el órgano colegiado resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Se DESECHA el recurso de revisión interpuesto por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en contra de la sentencia de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 108/2021 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México." Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, HA CAUSADO EJECUTORIA. Háganse las anotaciones que correspondan en el Libro de Gobierno. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de tres de mayo de dos mil veintiuno, se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: ".En las anotadas condiciones, al advertirse una violación patente al dispositivo constitucional citado, y al ser fundados los argumentos de la parte quejosa, se debe conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para que la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad ejecutora de los lineamientos declarados inconstitucionales en esta sentencia, desvincule de la esfera jurídica del quejoso los lineamientos reclamados y, en consecuencia, realice el cálculo del aguinaldo que les corresponde para el ejercicio dos mil veinte, con base en el "salario tabular", considerado como la suma del "salario base" más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria; y toda vez que se advierte que ya se efectuó el pago correspondiente, se paguen las diferencias que resulten entre lo que se pagó y lo que debió pagársele." Atento a lo anterior y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Director General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo debe: ? Dejar de aplicar a la parte quejosa en el caso concreto y en lo futuro, los "Lineamientos por medio de los cuales se otorga el pago del concepto de aguinaldo, correspondiente al ejercicio dos mil veinte". ? Realizar el cálculo del aguinaldo de dos mil veinte, que les corresponde al aquí quejoso con base en la suma del "sueldo tabular" o "salario base", consignado en el tabulador aplicable y las compensaciones adicionales que se pagan, en su caso, mensualmente, en forma ordinaria al quejoso, consignadas también en el tabulador aplicable. ? Pagar la diferencia que resulte entre lo que se pagó y lo que debió pagarse. Así las cosas, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la citada autoridad, la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de diez días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Apercibidas que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el secretario Francisco Javier García Hernández, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a seis de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento formulado mediante proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, solicita una prórroga. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda y en atención a su contenido, es necesario hacer mención que de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se obtiene que el Legislador estableció un procedimiento sencillo y expedito para garantizar el cumplimiento pronto de las sentencias de amparo, para lo cual limitó el número de requerimientos que pueden realizarse a las autoridades para cumplir el fallo protector, de tal forma que, en principio, solo puede hacerse un requerimiento para que, dentro del plazo de tres días, se cumpla la sentencia. A esta regla general sobre el plazo para cumplir, la ley establece dos excepciones, a saber, la prevista en el último párrafo del artículo 192, y la prescrita en el tercer párrafo del artículo 193. De esta manera, de conformidad con el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo, que prevé la nueva Ley de Amparo, debe procurarse que el único término que se otorgue para hacer cumplir el fallo protector, sea el de tres días que dispone el artículo 192 de la mencionada ley; sin embargo, se reitera, los aludidos preceptos legales contemplan excepciones a esa regla y, se actualizan cuando a consideración del juzgador de amparo, existe dificultad o complejidad para dar dicho cumplimiento o la autoridad responsable justifique la causa del retraso o que la ejecutoria se encuentra en vías de su cumplimiento; no obstante a lo anterior, no se debe perder de vista que el objetivo del procedimiento establecido en la nueva Ley de Amparo, es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido; lo que hace patente que la ampliación del plazo que se otorgue a las responsables debe ser mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que los actos que se necesitan serán en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias; máxime que no es obstáculo para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo las cargas de trabajo de la autoridad responsable pues, se insiste, se trata del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, la cual constriñe a la responsable a la restitución de los derechos afectados por un acto declarado inconstitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.3o.C. J/7 (10a.) visible en la página 2892, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Enero de 2014, Décima Época, de rubro siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JUDICIAL FIJAR Y AMPLIAR EL PLAZO PARA SU CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE." Asimismo, resulta aplicable por su contenido jurídico la tesis aislada con número de registro 340527, emitida por la Sala Auxiliar, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, visible en la página 907, Materia Común, de rubro y texto: "EJECUTORIA DE AMPARO, TERMINO PARA SU CUMPLIMIENTO. En los casos de competencia de la Suprema Corte en única instancia, concedida la protección federal se remitira testimonio de la ejecutoria, para su cumplimiento, a la autoridad responsable, la que deberá cumplirla dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, cuando la naturaleza del acto lo permita, y en caso contrario, dentro de ese mismo término deberá iniciar los trámites para su cumplimiento, sin que deba tolerarse que se retrase la plena obediencia de la ejecutoria por medio de pretextos, subterfugios o evasivas. No puede ser obstáculo para ese cumplimiento el exceso de labores, toda vez que la responsable está obligada, para guardar el debido respeto al Tribunal Máximo, a darle preferencia, respecto de otros litigios que estime de urgente decisión; y la responsable tampoco puede alegar, como pretexto, lo voluminoso del expediente, ni la índole del asunto, si la Suprema Corte en su ejecutoria, limitó el problema que debía resolver la nueva sentencia y señaló los preceptos legales a cuyo criterio debía apegarse. El fallo que se dicte en cumplimiento de la ejecutoria, sólo incumbe a la responsable, y no es el caso de aplicar el artículo 112 de la Ley de Amparo, sino requerir al superior inmediato de la misma para que la obligue a cumplir sin demora la ejecutoria. En consecuencia, en virtud de lo manifestado por la autoridad en el oficio de cuenta, con fundamento en los artículos 192, 193, párrafo tercero y 197, todos de la Ley de Amparo, se amplía por única ocasión el plazo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por el término de TRES DÍAS a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para el efecto de que dé cumplimiento a las obligaciones descritas en el referido acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, por lo que, queda subsistente el apercibimiento ahí decretado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta en que la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia de la Coordinadora General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informa las gestiones de cumplimiento realizadas, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 3, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se negó, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

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