Lucia Zuñiga Gallegos

Expediente 615/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
615/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
17/07/2019

Partes del expediente

  • Lucia Zuñiga Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    SE AGREGA PEDIMENTO PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegada de su parte a la persona que menciona. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado de los autos, particularmente el escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Numero Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el acto que en la especie hizo consistir en el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, únicamente en donde se señala como fecha para que tenga verificativo la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente laboral 532/2019, el seis de enero de dos mil veinte. Ahora bien, del anexo que acompañó el Presidente de la Junta responsable a su informe justificado, se advierte que en proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dejó sin efecto la fecha y hora señalada en proveído de veintisiete de mayo del presente año y señaló las quince horas del cinco de agosto de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia en sus etapas de demanda y excepciones en el expediente laboral 532/2019. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones: En ese contexto, en opinión del suscrito, respecto al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. La Junta responsable demostró haber dictado un acuerdo en el que expresamente dejó sin efecto la fecha y hora señalada en proveído de veintisiete de mayo del año en curso, fijando para la celebración de la audiencia inicial de demanda y excepciones las quince horas del cinco de agosto de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio laboral de origen; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Lo anterior máxime porque los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, pues se ha modificado el entorno en el cual se emitió el acto reclamado, consistente en el proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 532/2019, a través del cual se señaló el seis de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ya que a través del diverso de veintiocho de junio del presente año, se fijó una nueva para llevar a cabo dicha audiencia, en fecha previa a la que fue inicialmente señalada y que además, se celebrará dentro de los quince días siguientes a que se notifique dicha determinación a las partes. Esto es, la nueva fecha y hora señalada para la celebración de la multicitada audiencia se actualizará a los diez días hábiles de la data en que se actúa, generando con ello el fin buscado por la parte quejosa a través de su demanda de amparo, pues ésta pretendía que se analizara si la data fijada a través del acuerdo reclamado se encontraba dentro del término marcado por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, y en caso de no ser así, se ordenara señalar una nueva dentro del plazo previsto por dicha norma. Lo que ya ha ocurrido en el presente caso, por lo que en el eventual caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, dada la imposibilidad de que los efectos del acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve se realicen o se continúen realizando, en la parte relativa al señalamiento de la fecha en que se iba a celebrar la audiencia aludida, pues ya se encuentra surtiendo efectos la nueva que se fijó a través del ulterior acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del once de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"San Luis Potosí, San Luis Potosí, tres de julio de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado de cuenta. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, téngase como delegada de su parte a la persona que menciona. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable la documental que anexó a su oficio de cuenta, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Por otra parte, visto el estado de los autos, particularmente el escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de la Junta Especial Numero Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, el acto que en la especie hizo consistir en el acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, únicamente en donde se señala como fecha para que tenga verificativo la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, en el expediente laboral 532/2019, el seis de enero de dos mil veinte. Ahora bien, del anexo que acompañó el Presidente de la Junta responsable a su informe justificado, se advierte que en proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, dejó sin efecto la fecha y hora señalada en proveído de veintisiete de mayo del presente año y señaló las quince horas del cinco de agosto de dos mil diecinueve, para que tenga verificativo la audiencia en sus etapas de demanda y excepciones en el expediente laboral 532/2019. Documental a la cual se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de documentos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones: En ese contexto, en opinión del suscrito, respecto al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, en razón de las consideraciones que a continuación se exponen. La Junta responsable demostró haber dictado un acuerdo en el que expresamente dejó sin efecto la fecha y hora señalada en proveído de veintisiete de mayo del año en curso, fijando para la celebración de la audiencia inicial de demanda y excepciones las quince horas del cinco de agosto de dos mil diecinueve, dentro de los autos del juicio laboral de origen; por tanto, es inconcuso que tal evento constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo. Lo anterior máxime porque los efectos del acto reclamado han desaparecido de modo absoluto, pues el acto en estudio ya fue subsanado por la citada responsable, pues se ha modificado el entorno en el cual se emitió el acto reclamado, consistente en el proveído de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 532/2019, a través del cual se señaló el seis de enero de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ya que a través del diverso de veintiocho de junio del presente año, se fijó una nueva para llevar a cabo dicha audiencia, en fecha previa a la que fue inicialmente señalada y que además, se celebrará dentro de los quince días siguientes a que se notifique dicha determinación a las partes. Esto es, la nueva fecha y hora señalada para la celebración de la multicitada audiencia se actualizará a los diez días hábiles de la data en que se actúa, generando con ello el fin buscado por la parte quejosa a través de su demanda de amparo, pues ésta pretendía que se analizara si la data fijada a través del acuerdo reclamado se encontraba dentro del término marcado por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, y en caso de no ser así, se ordenara señalar una nueva dentro del plazo previsto por dicha norma. Lo que ya ha ocurrido en el presente caso, por lo que en el eventual caso de concluirse que el acto reclamado es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho humano violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, dada la imposibilidad de que los efectos del acuerdo de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve se realicen o se continúen realizando, en la parte relativa al señalamiento de la fecha en que se iba a celebrar la audiencia aludida, pues ya se encuentra surtiendo efectos la nueva que se fijó a través del ulterior acuerdo de veintiocho de junio de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud de las consideraciones expuestas en este proveído, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinte minutos del once de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. "

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciocho de junio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo que promueve Lucia Zúñiga Gallegos, contra el acto de la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje; con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de mérito; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el progresivo 615/2019-VI, y fórmese el expediente respectivo. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicita, enviándole para tal efecto copia simple de la demanda de amparo. Requiérase a la responsable para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remita las constancias a que alude el artículo 117 de la Ley de la materia, remitiendo el duplicado o bien copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que haya tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Apercibida de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, en términos de los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley en cita, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de acuerdo con el artículo 258 de la Ley de la Materia. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5°, fracción IV, del ordenamiento legal en cita. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL ONCE DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, en el entendido que de acuerdo a lo establecido por el numeral invocado, en caso de no cumplir con tal obligación, se les impondrá una multa al emitirse la sentencia correspondiente, en términos del numeral 251 de la citada legislación. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la legislación mencionada, a las personas que menciona, por haberlo solicitado expresamente la promovente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la ley de la materia, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese.

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