Lucia Virginia Herrera Barrera
Expediente 433/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 433/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Lucia Virginia Herrera Barrera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiocho de enero de dos mil veintidós. Declaración de cumplimiento. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa no desahogó la vista concedida en autos, en virtud de que no realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a cargo de la autoridad responsable; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se tiene que el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se pronunció sentencia en este juicio de amparo, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa (fojas 41 a 50) para el efecto de que: ".deje insubsistente el de dos de octubre de dos mil veinte, dictado en el juicio de nulidad 1229/17-24-01-6 y con plenitud de jurisdicción, atendiendo a lo expuesto en el último considerando de esta resolución, dicte una nueva determinación de manera fundada y motivada, en la que establezca si se encuentra o no colmada en sus términos la sentencia de nulidad, o en su caso, resuelva lo que conforme a derecho corresponda." Determinación que causó ejecutoria el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable (fojas 62 a 64). Ahora bien, de la ejecutoria constitucional destacan las siguientes consideraciones: Que la responsable no motiva el por qué considera que la autoridad demandada da cumplimiento a la sentencia de nulidad, pues no realiza un análisis de las operaciones aritméticas que sirvieron como base para tal conclusión. Que solo reproduce lo informado por la autoridad demandada, sin verificar que sea correcto lo relativo a los cálculos aritméticos para poder llegar a la conclusión que efectivamente con lo presentado encuentra cumplida la sentencia. Omite justificar que verificó que efectivamente la evolución salarial exhibida corresponde a la de la plaza de la quejosa; lo anterior, para estar en condiciones de decretar que efectivamente los incrementos salariales han sido realizados conforme al artículo 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley. La Sala debió precisar si cada uno de los extremos a que quedó obligada la demandada se encontraban o no acatados conforme lo determinado en la sentencia definitiva y conforme a las consideraciones que sirvieron como base en la resolución de tres de agosto de dos mil veinte, que declaró fundada la queja por defecto del cumplimiento; debiendo realizar un estudio pormenorizado para probar que la aplicación del porcentaje le generaba un mayor beneficio a la pensionada, conforme al artículo 8 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley. La responsable se limitó a establecer que la autoridad demandada cumplió en su totalidad con la sentencia anulatoria, sin realizar el estudio que comprobara que era correcto lo determinado y exhibido por la demandada en el oficio SP/DPSHT/2960/2020, pues no indicó si el oficio exhibido respecto a la evolución salarial, era el que se debió aplicar a la parte quejosa, así como que la información plasmada en dicho oficio, correspondiente a cada uno de los años fuera correcta; es decir, si lo aumentos salariales ahí precisados eran los aplicables a la impetrante. No se desprende que haya verificado que efectivamente la plaza que se indicó en la constancia evolución salarial, era la que correspondía a la parte quejosa. De igual forma, no se aprecia que la Sala responsable haya indicado por qué consideró correcto los incrementos aplicados a la cuota diaria pensionaria de la actora, que estos fueron los que mayor beneficio trajeron a la parte actora, aquí quejosa; así como el incremento correspondiente a la gratificación anual. Que la Sala responsable estaba obligada a velar por el cumplimiento de la sentencia de nulidad, en los términos en que fue emitida, puesto que tal cuestión es de orden público, por lo que al no hacerlo así, lleva a considerar que la Sala responsable trastoca en perjuicio de la quejosa sus derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Que la Sala responsable fundó y motivó el acto reclamado de manera deficiente ya que la demandada solo insertó unas tablas pero no se hizo el procedimiento aritmético, además no se advertía que la demandada haya aportado pruebas como constancias de percepción salarial, talón de pagos, recibos de nómina etc. Ahora bien, en cumplimiento a la ejecutoria constitucional, la autoridad responsable mediante oficio recibido el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, allegó copia certificada del proveído de veintidós del mismo mes y año, por el que deja insubsistente el diverso de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de nulidad 1229/17-24-01-6, (foja 65). Asimismo, en nueve de diciembre pasado (fojas 69 a 73), dictó un nuevo auto en que de manera congruente atendió los lineamientos de la ejecutoria de amparo pues procedió a determinar si en la especie la autoridad demandada había dado cumplimiento a la sentencia de veintiséis de marzo de dos mil dieciocho y resolución de queja de tres de agosto de dos mil veinte, analizando el oficio de uno de septiembre de ese mismo año, por el que el Instituto demandado manifestó haber dado cumplimiento a las determinaciones de mérito, asistiendo parcialmente la razón a la actora aquí quejosa. Asimismo, agregó que si bien es cierto la autoridad demandada manifestó haber desglosado las operaciones aritméticas que le llevaron a calcular el incremento que corresponde a la actora, indicó que no se acató lo ordenado en el fallo interlocutorio de queja ya que el instituto no efectuó los cálculos correspondientes, basándose únicamente en una constancia de evolución salarial emitida por el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos la cual, además de no exhibirla, no se encontraba actualizada. En consecuencia de ello, la Sala advirtió que la autoridad demandada continúa sin acatar lo resuelto en sentencia definitiva por lo que requirió al delegado estatal en Morelos del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado para que informe el cumplimiento de las citadas resoluciones. Documentales a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se estima que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. No se tramitó incidencia de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del cuaderno principal. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el capítulo segundo, punto cuarto, capítulo tercero, punto decimocuarto y capítulo quinto, puntos vigésimo al vigesimotercero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, y en concordancia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo quinto, punto vigesimoprimero, fracción IV, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de depuración, tal como lo dispone el punto vigesimocuarto de dicho capítulo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo tercero, puntos decimotercero, decimocuarto y capítulo quinto, punto vigesimoquinto del acuerdo normativo, en concordancia con el artículo 8 párrafo I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; quince de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable, por el que remite copia certificada de las actuaciones que obran en el juicio de origen, mismas que se tienen por exhibida para los efectos legales conducentes. Al respecto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dichas documentales, dése vista a las partes, por el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, para que si lo consideran pertinente, manifiesten lo que a su derecho corresponda, con el apercibimiento que transcurrido el mismo, sin que realicen manifestación alguna, este Juzgado de Distrito resolverá lo conducente tomando en consideración las constancias existentes en este asunto. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio de la autoridad responsable Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por el cual solicita una prórroga a fin de dar cabal cumplimiento al fallo amparador dictado en autos, por los motivos que expone. Prórroga. En atención a lo solicitado, con fundamento en el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, se otorga a la autoridad responsable una prórroga de diez días, a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, para que allegue copia certificada de las constancias con las que acredite haber dado cumplimiento al fallo protector; con el apercibimiento que de no hacerlo, o no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, además de proceder conforme al diverso 193 de la propia ley. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este asunto, en la que se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal solicitado; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales; háganse las anotaciones respectivas. Se requiere cumplimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, siguiente a la notificación de este proveído, cumpla con la ejecutoria aludida, apercibida que en caso de no hacerlo o no informar el impedimento legal que tengan para ello, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo tercero transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la ley en cita, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma, cuyo segundo numeral dispone: "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo". Devolución de documentales. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se advierte que la autoridad responsable Sala Regional de Morelos del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, remitió diversas documentales relacionadas con el acto reclamado, las cuales se ordenó llevar por separado y abrir un anexo; por tanto, al tratarse este juicio de un asunto con sentencia, se ordena remitir tal anexo a dicha autoridad, para los efectos legales a que haya lugar, en el entendido de que el sello de recepción del oficio respectivo, con la anotación de recibido de las constancias mencionadas, harán las veces de acuse de recibo. Notifíquese.
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