Lucia Soledad Diaz Cruz
Expediente 418/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 418/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Lucia Soledad Diaz Cruz
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Procuradora de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por el cual informa que el veinticuatro de marzo del año en curso, tuvo lugar la restitución de la menor directo quejosa Romina Alejandra Ramírez Díaz al núcleo familiar integrado por su abuela materna Lucia Soledad Díaz Cruz. Ahora bien, se trae a colación que el acto que mediante demanda presentada catorce de marzo del año en curso, Lucia Soledad Díaz Cruz, solicitó a favor de la directa quejosa menor de edad Romina Alejandra Ramírez Díaz, el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Procuradora de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por el acto reclamado consistente en una restricción física e incomunicación por parte de la autoridad responsable, pues adujo que se omitió información sobre su situación jurídica y tener contacto con la menor. Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado, consistente en la incomunicación, debe decirse que en el caso no opera la presunción de certeza del referido acto, en tanto que el catorce de marzo del año en curso, el Actuario adscrito a este Juzgado, se constituyó en las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, donde fue informado que la menor de edad se encontraba físicamente en el centro de asistencia denominado Casa Hogar Moisés, Juntos Venceremos, Asociación Civil, por cuanto dicha menor se encontraba bajo la tutela pública del Estado, ya que existía una carpeta de investigación UNATD23-GN/827/2023, ante la Fiscalía Investigadora del Ministerio Público de Kanasín, Agencia Vigésimo Tercera; motivo por el cual, se constituyó en dicho centro de asistencia, y se entrevistó con el custodio Ramón Adolfo Sánchez Gamez, quien fue en busca de la menor a fin de que pudiera entablar comunicación con la promovente del amparo, por lo que pudo platicar y encontrarse, con dicha menor, de lo que se sigue que dicho acto reclamado, no existe. En consecuencia, acorde al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, por cuanto a dicho acto. Por otra parte, en cuanto a la detención de la menor, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa, en esencia reclamó el acto privativo de la libertad, respecto de la menor de edad aquí directo quejosa. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable adjuntó a su informe con justificación y al oficio de cuenta, se desprende que el veinticuatro de marzo del año en curso, tuvo lugar la restitución de la menor directo quejosa Romina Alejandra Ramírez Díaz al núcleo familiar integrado por su abuela materna Lucia Soledad Díaz Cruz, quien fungirá como red responsable de la menor de edad. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de los actos atribuidos a la autoridad responsable, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada, pues la menor quejosa Ramírez Díaz, fue reintegrada a la promovente Lucia Soledad Díaz Cruz, quien es su abuela materna, y fungirá como red responsable de dicha menor. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal; en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Como está ordenado en el auto de esta fecha, dictado en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión promovido por ********************, contra el acto que reclama de la Comisión Federal de Electricidad Distribución, y de otra autoridad; con fundamento en los artículos 128, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, se tramita el incidente de suspensión solicitado sin necesidad de formar su duplicado de conformidad con el artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales adicionado el siete de noviembre de dos mil veintidós Ahora bien, con fundamento en el numeral 138 de la citada ley, entréguese copia simple de la demanda de amparo a las autoridades responsables y pídase su informe previo, el que deberán rendir dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído, apercibidas que de no hacerlo dentro del término fijado, se les impondrá multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 238, en armonía con el diverso 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de Medios Electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, el informe requerido deberán rendirlo privilegiando la modalidad electrónica. Para la celebración de la audiencia incidental se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, de conformidad con el artículo 138, fracción II, de la ley en comento, en el entendido que la misma se llevará a cabo sin la presencia de las partes, salvo en el caso que deba desahogarse alguna prueba con intervención de éstas; para lo cual, de estimarlo necesario, las partes deberán hacerlo del conocimiento de este Juzgado con la debida anticipación, para llevarla a cabo mediante el sistema de videoconferencia, ajustándose a lo previsto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, y bajo los lineamientos que establece el Acuerdo General antes referido así como el diverso 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Por otro lado, la notificación del presente acuerdo se realizará, por única ocasión, por oficio a las autoridades, ya sea vía interconexión de contar con la herramienta relativa o bien, entregado directamente o mediante correo electrónico institucional con oficio generado electrónicamente de conformidad con el artículo 67 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que posteriormente haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia incidental, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale a una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la referida audiencia, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet ...el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los d1emás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Ahora, respecto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a Juzgado, es importante hacer mención del oficio DEY/4458/20, de treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, signado por el Subdelegado Sustantivo y Fiscal Titular de la UIL, Encargado del Despacho de la Delegación Estatal en Yucatán de la Fiscalía General de la República, en el que se comunica que la licenciada Rossana Rosemary Rosas Ricalde, fungirá, a partir del uno de enero del año en curso, como Fiscal Federal Adscrita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán; y se proporciona la dirección de correo electrónico institucional: rossana.rosas@pgr.gob.mx, para todo tipo de comunicación oficial con este Juzgado de Distrito, por tanto, hágasele de su conocimiento la admisión de esta demanda por el conducto que indica. Se hace saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso Ahora bien, el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, al resolver el toca de queja 25/2023, determino que el acto que reclama la parte quejosa por esta vía, es la omisión de la autoridad responsable, Comisión Federal de Electricidad, de realizar la instalación necesaria para prestarle al quejoso, el servicio contratado de energía eléctrica, lo que fue solicitado mediante solicitud 00000386/2022 de veintitrés de febrero de dos mil veintidós. A fin de resolver sobre la suspensión que se solicita y dada la naturaleza omisiva del acto reclamado, es menester señalar que el Máximo Tribunal del País, emitió la jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) cuyos datos se citarán posteriormente, en la que consideró que la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar. Consideró que la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el artículo 147 de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, por lo que la naturaleza negativa de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. Concluyo que la suspensión permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, por lo que lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. La jurisprudencia 1a./J. 70/2019 (10a.) fue emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Registro: 2021263, fuente Semanario Judicial de la Federación, Materia(s): (Común), publicada el viernes 06 de diciembre de 2019 y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de diciembre de 2019, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013 y señala lo siguiente:SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución atendiendo a la naturaleza del acto reclamado que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." Bajo las consideraciones de la jurisprudencia citada, se estima que en el caso no es procedente otorgar la medida cautelar que se solicita. Lo anterior es así, pues lo primero que debe determinarse son las consecuencias que en cada caso pueden producir los actos reclamados, a fin de determinar si el efecto que podría darse a la suspensión es alguno de los dos escenarios posibles, esto es, mantener las cosas en el estado que se encuentran o restituir provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En el caso, el contenido del acto reclamado, consiste en la omisión de la autoridad responsable, Comisión Federal de Electricidad, de realizar la instalación de energía eléctrica que contrató el quejoso, por lo que sus efectos implican que subsista la omisión de proveer lo conducente; por tanto, conforme a ese supuesto no es aplicable la hipótesis de conceder la suspensión para mantener las cosas en el estado que se encuentran, ya que el acto al no tener ejecución, ningún efecto provocaría. Por otro lado, tampoco es factible conceder la suspensión con la finalidad de restituir provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado y en su caso que se le instale la energía eléctrica contratada, pues en caso de hacerlo así, inevitablemente se prejuzgaría sobre el fondo del asunto y además, coincidiría con una eventual sentencia concesoria de amparo, lo que agotaría y dejaría sin materia el juicio de amparo, siendo que ese no es el objetivo de la suspensión y la jurisprudencia citada impide tal proceder, por tanto, se niega la suspensión solicitada. Finalmente, no ha lugar a acceder a su solicitud de expedir copias certificadas de la presente determinación que solicita; toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente consta únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso, por lo que ésta actuación al ser emitida posterior a dicha fecha, no obra en el expediente impreso y sólo obra en el electrónico; Sin perjuicio de lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 se hace saber a la parte quejosa que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico e imprimir las constancias que requiera, y las que cuenten con evidencia criptográfica tendrán el mismo valor probatorio que el de una copia certificada. Notifíquese.Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pablo Pérez Pacheco, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA IV. Agréguese a estos autos los informes de suspensión de plano y justificados rendidos por la Directora de la Casa Juntos Venceremos, Asociación Civil Casa Hogar Moises y la Procuradora de Protección de Niñas Niños y Adolescentes en el Estado de Yucatán, y anexos que remiten; y con fundamento en el artículo 117 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con su contenido y relaciónese al celebrarse la audiencia constitucional relativa De igual manera, con fundamento en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que anexa la Procuradora de Protección de Niñas Niños y Adolescentes en el Estado de Yucatán, a su informe justificado para ser relacionadas en la audiencia constitucional relativas, las que señala que pueden contener información reservada. En ese sentido, al contener información clasificada como reservada, en términos del artículo 110, fracciones V, VII y XII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, del numeral antes invocado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, únicamente la partes del juicio de amparo, pueden imponerse del contenido de dichos documentos, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Encuentra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo" Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA VI. Agréguese a estos autos para que obren como correspondan, los escritos de ********************, autorizado del tercero interesado ********************en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual solicita se gire oficio al Director del Registro público de la Propiedad y del Comercio del Estado, a fin de que ordene la cancelación de la nota jurídica inscrita sobre el predio de la calle ******************** con motivo de este juicio de amparo. Al efecto, ya que este órgano de control constitucional no ordeno anotación alguna en relación con el presente juicio de amparo en dicha institución registral, mediante oficio que se gire al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, requiérasele para que dentro del término de tres días siguientes, a la notificación de la presente determinación, cancele cualquier anotación que haya realizado en el registro electrónico del predio ubicado en la calle ********************; sin que la presente determinación tenga el alcance de suprimir o modificar cualquier otro gravamen que pese en el aludido inmueble con motivo de diverso asunto judicial de primera instancia. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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