Lucía Segura Hernández
Expediente 864/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 864/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Lucía Segura Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintisiete de octubre de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. Vista la certificación secretarial, se advierte que ha fenecido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera recurso de revisión en contra del auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia; con apoyo en los artículos 2 y 86 de la Ley de Amparo, así como 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que dicha determinación HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ARCHIVO Y VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo y ya que, de conformidad con el diverso 3, penúltimo párrafo, de la misma legislación, el expediente electrónico coincide con el expediente físico, en su oportunidad, archívese el presente juicio. Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de derechos....M-V
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; treinta de septiembre de dos mil veintidós. AUTORIDAD INFORMA Y REMITE CONSTANCIA. Se tiene a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo informando que el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, previa acta de discusión y votación, se dictó laudo en el juicio laboral 405/2017 y su acumulado 1922/2017, lo que acredita con las copias certificadas que adjunta al oficio de cuenta; en virtud de lo anterior, se acuerda: SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que es innecesario esperar a que se lleve a cabo la audiencia constitucional para resolver el presente juicio de amparo, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto. Lo anterior, porque en la especie se acredita la causal de improcedencia, prevista en los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]." Dicho precepto pone de manifiesto que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado; es decir, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Para que se actualicen los presupuestos de esta causal de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable; puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al amparista en el goce de sus derechos violados; por lo cual, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido. Así, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al impetrante en el goce de los derechos violados. En ese orden de ideas, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de derechos fundamentales, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyos rubro y texto se insertan a continuación: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, mediante demanda presentada el seis de junio de dos mil veintidós en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, a través del buzón judicial, ., reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo y actuario adscrito: La omisión de emitir el laudo correspondiente en el expediente laboral 405/2017 y su acumulado 1922/2017, así como la omisión a notificar dicho fallo. Ahora bien, de las constancias recibidas y agregadas al presente sumario, mismas que merecen pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, el veintiséis de septiembre de este año en el juicio laboral 405/2017 y su acumulado 1922/2017, dictó el laudo correspondiente. En ese sentido, es evidente que el acto reclamado en cuestión ha cesado y ya no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa; debido a que, en dicha data la junta responsable emitió el laudo respectivo, en el referido sumario laboral. En ese orden de ideas, se pone de relieve lo indudable de la causal de improcedencia del juicio constitucional, ya que resulta manifiesta e indudable, en tanto que, no obstante que se continuara con el procedimiento y se celebrara la audiencia constitucional, no resultaría factible formarse una convicción diversa, ello con independencia de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia sustentada por contradicción de tesis 26/2002-PL, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previo la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los supuestos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que pase desapercibido para esta juzgadora que de las copias certificadas adjuntadas al oficio de cuenta no obran las notificaciones realizadas a las partes que derivaron de dicho laudo; sin embargo, es importante precisar que, por analogía, puede el juzgador, una vez que la autoridad responsable le envía una resolución en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia, y además tal actuación es congruente con principio de justicia pronta que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime que, dado el sentido de la presente determinación (sobreseimiento fuera de audiencia), la Ley de Amparo impone al órgano jurisdiccional la obligación de decretar que la notificación respectiva se efectué de esa manera, es decir de forma personal. Apoya en lo conducente esta actuación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2ª./J. 16/99, Novena Época, con número electrónico 194481, publicada en la página 12 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo 1999, de rubro y texto: "INEJECUCIÓN. LA NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL LA RESPONSABLE PRETENDE CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO, PUEDE REALIZARLA EL JUZGADOR, NO OBSTANTE QUE ESA NOTIFICACIÓN FORME PARTE DEL CUMPLIMIENTO. Si se concede el amparo para el efecto de que se dicte una resolución y se notifique la misma en forma personal a la parte quejosa, es obvio que el fallo protector sólo se acatará totalmente cuando la autoridad responsable haya ejecutado dichos actos. Sin embargo, como el fin último del juicio de garantías es que las sentencias constitucionales que conceden el amparo y la protección de la Justicia Federal se cumplan, puede el juzgador, una vez que la autoridad le envía la resolución, ordenar que ésta se le notifique en forma personal a la parte quejosa para los efectos legales consiguientes, pues con ello se evitan requerimientos y actuaciones judiciales innecesarias que entorpecen la administración de justicia y además, tal actuación es congruente con lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, que ordena que el juzgador que emitió la sentencia protectora, puede hacer cumplir la ejecutoria de que se trate dictando las órdenes necesarias para ello." Igualmente, cabe citar la jurisprudencia de la misma sala número 2ª./J. 36/99, con número electrónico 194060, publicada en la página 469 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Mayo de 1999, que textualmente dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes." De igual forma, no pasa inadvertido que no obra constancia que acredite la designación y emplazamiento de la parte tercera interesada, demandada en el juicio de origen; sin embargo, tal circunstancia no amerita el aplazamiento para el dictado de la presente determinación; ya que ello no implica una violación al procedimiento que amerite la reposición del mismo, dado que el sentido de la misma no causa agravio a dicha parte procesal, y por el contrario, la postergación de la resolución del presente asunto sí le ocasionaría un daño, al menos en cuanto al tiempo que se sume con motivo del dictado de la resolución. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada V.4o.1 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 1119, Tomo XXI, Marzo de 2005, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente título y rubro: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL ADVIERTE QUE NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE LA FECHA EN QUE ÉSTE SE VERIFICÓ Y AQUELLA EN QUE SE CELEBRÓ LA AUDIENCIA, DEBE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SIEMPRE Y CUANDO ADVIERTA QUE NO HABRÁ DE SOBRESEERSE O NEGARSE EL AMPARO SOLICITADO. Asimismo, la tesis aislada XIX.1o.P.T.20 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Febrero de 2011, página 2428, cuyo título y rubro es: TERCERO PERJUDICADO EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. ES INNECESARIO QUE EL TRIBUNAL REVISOR LLAME CON DICHO CARÁCTER A LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO SI LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL NO LE OCASIONA PERJUICIO ALGUNO. En estas condiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales, promovido por .. SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA PROGRAMADA PARA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se dejan sin efecto las data y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. ...m-v
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Pachuca de Soto, Hidalgo; trece de septiembre de dos mil veintidós. AUTORIDAD REMITE CONSTANCIAS. Téngase a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo remitiendo la prueba documental precisada en la cuenta secretarial, de la que se advierte que mediante proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, se declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral 405/2017 y su acumulado 1922/2017, ordenándose turnar los autos a los secretarios dictaminadores, para elaboración del proyecto de resolución respectivo en forma de laudo. Ahora bien, toda vez que la referida constancia fue requerida como medio de prueba por este juzgado federal en uso de la facultad conferida por el artículo 75 de la Ley de Amparo, la misma se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional; lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Además, con la mencionada documental dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada XXI.2o.16 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, que puede ser consultada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, página 1081, que establece: INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias...M-V
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Pachuca de Soto, Hidalgo; dos de septiembre de dos mil veintidós. SE ORDENA REQUERIR CONSTANCIA. Visto el estado procesal y a fin de que esta Juzgadora de Distrito se encuentre en aptitud de resolver el presente juicio, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, para que, dentro del plazo de tres días, informe el estado procesal que guarda el sumario laboral 405/2017 y su acumulado 1922/2017, de su índice, debiendo remitir copia certificada de las constancias que acrediten su dicho. Bajo el apercibimiento que, de no hacerlo así, dentro de dicho lapso, se le impondrá una multa consistente en cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 237 y 259 de la Ley de Amparo. DIFERIMIENTO. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para esta fecha, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL DIEZ OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. ...M-V
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