Lucia Sandre Aguilar

Expediente 1255/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1255/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Lucia Sandre Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, que dice: Juicio de amparo: 1255/2023 y sus acumulados 1256/2023, 1257/2023, 1259/2023 y 1260/2023 Quejosos: Lucía Sandre Aguilar y otros Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1255/2023 y sus acumulados 1256/2023, 1257/2023, 1259/2023 y 1260/2023. R E S U L T A N D O Presentación de las demandas de amparo. Por escritos presentados el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibidos el once y doce de septiembre siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, 1) Lucía Sandre Aguilar, 2) Víctor Manuel Machuca Ponce, 3) Isidro Aragón Celso, 4) Humberto Ángel Pérez Torres y 5) Estela Tapia Delgadillo, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la [1] Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como del [2] Director General de Recaudación y [3] Notificadora y Ejecutora Fiscal adscrita a la Dirección General de Recaudación, ambos dependientes de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, por los actos reclamados siguientes: EN EL JUICIO PRINCIPAL 1255/2023 Y EN SUS ACUMULADOS 1256/2023, 1257/2023, 1259/2023 Y 1260/2023: "IV.- ACTO QUE SE RECLAMA: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: Se constituye por la resolución de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante la cual la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos IMPONE DE FORMA INDEBIDA al suscrito en carácter de autoridad demandada del Municipio de Ayala, Morelos la medida de apremio consistente en multa equivalente a 40 Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha de la imposición de las multas, establecida en la fracción II del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente a la fecha de la imposición de la medida de apremio y la cual no me fue notificada personalmente. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS. El cumplimiento de la multa derivada de la INDEBIDA IMPOSICIÓN de la fracción II del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, actuación que generó la INDEBIDA EJECUCIÓN del mandamiento número (.) de fecha 27 de junio de 2023, el cual deriva de una resolución que carece de fundamentación y motivación, violando los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C. NOTIFICADOR Y EJECUTOR FISCAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS. Actuación consistente en la INDEBIDA EJECUCIÓN del mandamiento de ejecución (.) de fecha 27 de junio de dos mil veintitrés, el cual fue notificado en la Consejería Jurídica del Municipio de Ayala, Morelos, y no me fue notificado personalmente, el cual deriva de una resolución que carece de fundamentación y motivación, violando los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16, y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión y acumulación de las demandas de amparo, trámite del juicio. Por auto de doce de septiembre dos mil veintitrés, este juzgado decretó de plano la acumulación de las demandas de amparo 1256/2023, 1257/2023, 1259/2023 y 1260/2023, promovidas por 2) Víctor Manuel Machuca Ponce, 3) Isidro Aragón Celso, 4) Humberto Ángel Pérez Torres y 5) Estela Tapia Delgadillo, respectivamente, a la diversa 1255/2023, presentada por 1) Lucía Sandre Aguilar, toda vez que consideró que guardan estrecha relación y con el fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias. En consecuencia, admitió a trámite las demandas de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, requirió a la Sala responsable proporcionara el nombre y domicilio del tercero interesado a efecto de emplazarlo al juicio, hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, ordenó emplazar al tercero interesado Alfredo Benítez Arizpe, lo cual se realizó el veintitrés de octubre siguiente, sin que compareciera al juicio. El diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados fueron emitidos por autoridades administrativas con residencia en el lugar en que ejerce jurisdicción este juzgado federal y en el que deben tener ejecución los actos reclamados. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. a) El auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio administrativo TJA/3ªS/74/2020, a través del cual se impuso a los quejosos la medida de apremio consistente en una multa equivalente a cuarenta unidades de medida y actualización. [2] Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. [3] Notificadora y Ejecutora Fiscal adscrita a la Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. b) La ejecución del anterior acuerdo. Con la precisión de que si bien los quejosos refieren en los conceptos de violación que los requerimientos de pago MEJ20220853, MEJ20220854, MEJ20220855, MEJ20220856 y MEJ20220857, suscritos por el Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, resultan ilegales, de la integridad de sus escritos de demanda se tiene que dichos actos de ejecución los reclaman en vía de consecuencia y no por vicios propios, de ahí que no pretendan señalarlos como actos destacados de forma autónoma, tal como se advierte de la precisión del acto reclamado, cuando refieren que los mismos derivan "de una resolución que carece de fundamentación y motivación", lo que reiteran en sus conceptos de violación al referir que tales mandamientos de ejecución vulneran sus derechos ya que derivan de la imposición de una multa que carece de motivación, y que infringe los principios de congruencia y exhaustividad, aunado a que el requerimiento (apercibimiento) y la multa que les dio origen, no les fueron notificados de forma personal y se dejaron en poder con persona diversa. De lo que se deduce que lo que sostienen los quejosos es que el acuerdo de la multa que les fue impuesta resulta inconstitucional, y que por ello, en vía de consecuencia, también tienen que nulificarse los actos de ejecución posteriores -entre ellos los requerimientos aludidos- al derivar todos de un acto viciado, lo que en todo caso constituye un concepto de violación que formulan en contra del auto en mención -en el que se les impuso la multa-, tan es así que cuando los quejosos refieren el contenido de dichos requerimientos señalan las transcripciones y remisiones que hacen los mismos al auto reclamado, y que cuando sostienen su ilegalidad precisan que ella es al citar la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos -que fue anotada en remisión al acuerdo que da cumplimiento-, la cual regula propiamente el acuerdo aludido -en el que se les impuso la multa-, siendo que el referido requerimiento se encuentra reglamentado por el Código Fiscal para el Estado de Morelos, de donde se concluye que no le atribuyen vicios propios a tal requerimiento, ya que los mismos los reclaman del acuerdo en cuestión -al cual hacen referencia tales requerimientos-; de ahí que se tengan como actos reclamados los que han quedado precisados en el recuadro que antecede. III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables [1] Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como del [2] Director General de Recaudación y [3] Notificadora y Ejecutora Fiscal adscrita a la Dirección General de Recaudación, ambos dependientes de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, en tanto que así lo afirmaron al rendir sus informes justificados. Ello se corrobora con el contenido de las copias certificadas relativas al juicio administrativo TJA/3ªS/74/2020, las cuales fueron remitidas en apoyo al informe justificado rendido por el Magistrado titular de la Sala responsable, entre las cuales obra el acuerdo reclamado, así como las inherentes a los requerimientos de pago realizados a cada uno de los quejosos, remitidos en copia certificada por las autoridades ejecutoras. Documentales públicas a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido emitidas por las respectivas autoridades en ejercicio de sus funciones, las cuales se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. IV. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, se advierte que se actualiza el supuesto normativo previsto en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, relativa a la cosa juzgada en el amparo. Así, del citado precepto normativo se desprende que los requisitos que deben de cumplirse para que se configure la causa de improcedencia en estudio son: La ley o el acto reclamado -pretensión- se cuestione en dos o más juicios de amparo; Uno de los juicios haya causado ejecutoria, ya sea en primera instancia o en revisión; Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado. Sobre esa base, en este asunto se está ante un caso como el de la regla precisada, ya que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, que de la consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) se tiene que antes de la presentación de las demandas de amparo que nos ocupan, los quejosos promovieron un juicio de amparo diverso, radicado en este mismo Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con el número de expediente 1630/2022 y sus acumulados 1632/2022, 1642/2022, 1643/2022, 1644/2022 y 1645/2022, respecto de los cuales en sentencia de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se determinó sobreseer en el juicio promovido por 1) Lucía Sandre Aguilar, 2) Víctor Manuel Machuca Ponce, 3) Isidro Aragón Celso, 4) Humberto Ángel Pérez Torres, 5) Estela Tapia Delgadillo y otra persona más, por propio derecho, en la que reclamaron el auto de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio administrativo TJA/3ªS/74/2020, a través del cual se impuso a los quejosos la medida de apremio consistente en una multa equivalente a cuarenta unidades de medida y actualización. Lo anterior, por considerar este juzgado que se actualizaba la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en tanto que los quejosos presentaron su demanda de forma extemporánea, pues aun y cuando del capítulo de antecedentes manifestaron como única posible fecha de conocimiento de los actos reclamados el cinco de octubre de dos mil veintidós, cuando se les notificaron los requerimientos de pago MEJ20220853, MEJ20220856, MEJ20220857, MEJ20220855, MEJ20220858 y MEJ20220854, emitidos por el Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos, en las constancias del juicio administrativo de origen, obraban las cédulas actuariales de cinco de julio de dos mil veintidós, relativas a la notificaciones realizadas a los quejosos respecto del acuerdo de veintidós de junio del año citado -acto ahí reclamado y que también es materia de este juicio-. Por tanto, se estableció que si los quejosos fueron notificados el cinco de julio de dos mil veintidós del auto reclamado, esa notificación surtió efectos el mismo día, de ahí que el término para la presentación de las demandas de amparo trascurrió del seis al veintiséis de julio de dos mil veintidós, descontando el nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de julio del año en mención, al ser inhábiles de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y si las demandas de amparo fueron presentadas el veintisiete y veintiocho de octubre de dos mil veintidós, respectivamente, su presentación fue extemporánea, al haber transcurrido más de tres meses desde la notificación correspondiente. Determinación de sobreseimiento que causó ejecutoria el uno de junio de dos mil veintitrés, por no haber sido recurrida por la parte quejosa dentro del plazo legal correspondiente, como se advierte de la consulta del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), que como se dijo, constituye un hecho notorio en el presente asunto. De lo expuesto se tiene que, el juicio de amparo 1630/2022 y sus acumulados 1632/2022, 1642/2022, 1643/2022, 1644/2022 y 1645/2022, resueltos por este Juzgado de distrito, fueron instados por [1] Lucía Sandre Aguilar, [2] Víctor Manuel Machuca Ponce, [3] Isidro Aragón Celso, [4] Humberto Ángel Pérez Torres, [5] Estela Tapia Delgadillo -también aquí quejosos- y [6] otra persona más, en el que reclamaron los actos que se señalaron en el capítulo correspondiente a la fijación y que se identificaron con los incisos a) y b), respecto del auto de de veintidós de junio de dos mil veintidós, emitido en el juicio administrativo TJA/3ªS/74/2020 del índice de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y su correspondiente ejecución. Es decir, la materia de estudio propuesta por los quejosos en este juicio constitucional es la misma que ya fue resuelta en aquél diverso juicio de amparo; esto es, se trata de los actos de molestia antes precisados, los cuales se reclamaron de las mismas autoridades señaladas como responsables en este juicio, como se expone en el cuadro siguiente: PARTES EN EL JUICIO EN ESTE JUICIO DE AMPARO 1255/2023 Y SUS ACUMULADOS 1256/2023, 1257/2023, 1259/2023 y 1260/2023 EN EL DIVERSO JUICIO DE AMPARO 1630/2022 Y SUS ACUMULADOS 1632/2022, 1642/2022, 1643/2022, 1644/2022 y 1645/2022 Parte quejosa 1) Lucía Sandre Aguilar. 2) Víctor Manuel Machuca Ponce. 3) Isidro Aragón Celso. 4) Humberto Ángel Pérez Torres. 5) Estela Tapia Delgadillo. 1) Lucía Sandre Aguilar. 2) Víctor Manuel Machuca Ponce. 3) Isidro Aragón Celso. 4) Humberto Ángel Pérez Torres. 5) Estela Tapia Delgadillo. 6) otra persona más. Autoridad responsable [1] Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. [2] Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. [3] Notificadora y Ejecutora Fiscal adscrita a la Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. [1] Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. [2] Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos; y, [3] Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a dicha dirección. ACTOS RECLAMADOS SEÑALADOS EN EL CAPÍTULO CORRESPONDIENTE DE LA DEMANDA DE AMPARO EN ESTE JUICIO DE AMPARO 1255/2023 Y SUS ACUMULADOS 1256/2023, 1257/2023, 1259/2023 y 1260/2023 EN EL DIVERSO JUICIO DE AMPARO 1630/2022 Y SUS ACUMULADOS 1632/2022, 1642/2022, 1643/2022, 1644/2022 y 1645/2022 DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: Se constituye por la resolución de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante la cual la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos IMPONE DE FORMA INDEBIDA al suscrito en carácter de autoridad demandada del Municipio de Ayala, Morelos la medida de apremio consistente en multa equivalente a 40 Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha de la imposición de las multas, establecida en la fracción II del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente a la fecha de la imposición de la medida de apremio y la cual no me fue notificada personalmente. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS. El cumplimiento de la multa derivada de la INDEBIDA IMPOSICIÓN de la fracción II del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, actuación que generó la INDEBIDA EJECUCIÓN del mandamiento número (.) de fecha 27 de junio de 2023, el cual deriva de una resolución que carece de fundamentación y motivación, violando los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C. NOTIFICADOR Y EJECUTOR FISCAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS. Actuación consistente en la INDEBIDA EJECUCIÓN del mandamiento de ejecución (.) de fecha 27 de junio de dos mil veintitrés, el cual fue notificado en la Consejería Jurídica del Municipio de Ayala, Morelos, y no me fue notificado personalmente, el cual deriva de una resolución que carece de fundamentación y motivación, violando los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." DE LA AUTORIDAD ORDENADORA 1) Se constituye por la resolución de fecha veintidós de junio de dos mil veintidós, mediante la cual la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos IMPONE DE FORMA INDEBIDA al suscrito en su carácter de autoridad demandada del Municipio de Ayala, Morelos la medida de apremio consistentes en una multa equivalente a 40 Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha de la imposición de las multas, establecida en la fracción II del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente a la fecha de la imposición de la medida de apremio (.) B. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: 1) COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL ESTADO DE MORELOS. El cumplimiento de la multa derivada de la INDEBIDA EJECUCIÓN de la fracción II del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos (.) 2) C. NOTIFICADOR Y EJECUTOR FISCAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN DEPENDIENTE DE LA COORDINACIÓN DE POLÍTICA DE INGRESOS. Actuación consistente en la INDEBIDA EJECUCIÓN del mandamiento de ejecución (.) De lo anterior se obtiene que, la pretensión que nuevamente es sometida a estudio del juicio de amparo, constituye cosa juzgada, lo que significa que existe un impedimento para analizar lo que ya fue previamente estudiado, resuelto y que además ha causado ejecutoria; en aras de evitar la existencia de fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. Sin que se inobserve que en el juicio de amparo 1630/2022 y sus acumulados 1632/2022, 1642/2022, 1643/2022, 1644/2022 y 1645/2022, este juzgado determinó en sentencia de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, sobreseer en el juicio de amparo, al estimar actualizada la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en tanto que los quejosos presentaron la demanda de forma extemporánea. Determinación en la que si bien no se analizó el fondo del asunto, se estima que sí constituye cosa juzgada en este juicio, toda vez que el sobreseimiento se sustentó en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable de modo absoluto una nueva acción de amparo contra los mismos actos y autoridades responsables, pues la presentación extemporánea de la demanda de amparo analizada en el primer juicio de amparo promovido por los quejosos (1630/2022 y sus acumulados 1632/2022, 1642/2022, 1643/2022, 1644/2022 y 1645/2022), provoca el consentimiento tácito del auto de veintidós de junio de dos mil veintidós y sus consecuencias legales -actos aquí reclamados-. Entonces, la presentación extemporánea de la demanda primigenia, que fue la razón por la que se sobreseyó en el juicio de amparo 1630/2022 y sus acumulados 1632/2022, 1642/2022, 1643/2022, 1644/2022 y 1645/2022, no es una cuestión que pueda renovar el plazo concedido para tal efecto, ni que sea sujeta a nuevas pruebas, sino que se determinó que los actos reclamados habían sido consentidos tácitamente al no haberlos impugnado dentro del plazo legal, lo cual conlleva a un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 16/2020 (10a.), con registro digital 2022434, determinó que la causa de improcedencia de cosa juzgada también opera excepcionalmente con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio, cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, como ocurre en el supuesto en estudio, pues no es factible renovar el plazo con el que los quejosos contaban para presentar la demanda de amparo, de ahí que se estima que sí se actualiza el supuesto de cosa juzgada. El criterio antes señalado es de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO EN TORNO AL INTERÉS JURÍDICO POR AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL A UN DERECHO SUBJETIVO. CASOS EN LOS QUE UNA RESOLUCIÓN DE SOBRESEIMIENTO NO HACE QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XI, DE LA LEY DE LA MATERIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes examinaron medios de impugnación en amparo indirecto que tenían como antecedente haberse decretado el sobreseimiento en un primer juicio de amparo por falta de interés jurídico, por no haberse acreditado un derecho subjetivo específico, y examinaron si en el segundo juicio se actualizaba o no la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo. Al respecto, llegaron a soluciones contrarias, puesto que para uno no procede un nuevo juicio promovido por el mismo quejoso contra la misma autoridad y respecto al mismo acto, por constituir dicho sobreseimiento cosa juzgada; mientras que para el otro sí procede, porque las razones o circunstancias que sustentaron la decisión de improcedencia en el juicio previo no provocaron la inejercitabilidad de la acción de amparo de modo absoluto. Criterio jurídico: La causa de improcedencia de cosa juzgada prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, puede operar excepcionalmente cuando en un juicio previo se haya desechado una demanda o decretado el sobreseimiento, en la inteligencia de que no basta que en el primer juicio se haya determinado que el quejoso carece de interés jurídico para llegar a la conclusión de que ello, por sí solo, implica la inatacabilidad del mismo acto a través de un diverso juicio constitucional, pues necesariamente se deben analizar las razones que llevaron al órgano jurisdiccional a esa conclusión, ya que no todas ellas conllevan un pronunciamiento que impide la impugnación del acto de autoridad en un juicio de amparo ulterior. Justificación: Por regla general, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una resolución de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general; asimismo, ha establecido que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, en tanto no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también con motivo del desechamiento de una demanda o el sobreseimiento en el juicio cuando se ha determinado la inatacabilidad de los actos a través de un diverso juicio constitucional, con la condición de que tal determinación obedezca a razones o circunstancias que hagan efectivamente inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado. Ahora bien, considerando que el interés jurídico, cuando se hace descansar en la afectación real y actual de un derecho subjetivo, es materia de prueba y, partiendo de la base de que el promovente del amparo debe demostrar los dos supuestos que lo integran, es decir, su titularidad respecto del derecho subjetivo reconocido por la ley y el perjuicio que le causa el acto de autoridad, la improcedencia por falta de dicho interés puede derivar de las siguientes hipótesis: I. Falta de titularidad de un derecho subjetivo tutelado por la ley; II. Ausencia de agravio personal y directo, esto es, inexistencia de un perjuicio, en virtud de que el acto de autoridad no incide en la esfera jurídica del promovente del juicio de amparo; III. Falta de idoneidad de pruebas concretas; y, IV. Omisión de aportar las pruebas conducentes para acreditar el interés jurídico. Si bien, respecto de los primeros dos supuestos, el sobreseimiento decretado en el primer juicio de amparo por falta de interés jurídico (con fundamento en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo) ocasionaría que en un segundo juicio de amparo promovido por el mismo quejoso, contra la misma autoridad y acto reclamado, se actualizara la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XI del precepto citado, por existir un pronunciamiento sobre el tema específico; ello no ocurre con los últimos dos supuestos, porque la falta de interés jurídico se genera por la insuficiencia o ausencia de pruebas, lo que no implica un pronunciamiento en cuanto a la existencia del derecho subjetivo tutelado o el agravio en la esfera jurídica del quejoso, sino únicamente sobre la ausencia de medios probatorios idóneos que acrediten la titularidad del derecho subjetivo que estima afectado el peticionario del amparo. De ahí la importancia de atender a las razones o circunstancias que condujeron a que en un primer juicio de amparo el órgano jurisdiccional resolviera sobreseer por falta de interés jurídico, para determinar si éstas son insuperables o no. En este sentido, si las razones o circunstancias que llevaron a sobreseer no hacen inejercitable la acción de amparo, con independencia de que esa determinación adquiera firmeza, ya sea porque no haya sido recurrida o habiéndolo sido se confirme, ello no impedirá promover un nuevo juicio de amparo contra el mismo acto. De esta forma, si el sobreseimiento en el primer juicio se sustentó en la falta de demostración del interés jurídico del quejoso, bajo la hipótesis de insuficiencia o ausencia de pruebas para acreditar ser titular de un derecho subjetivo, ello no constituye una razón que predomine, impidiendo que se promueva un nuevo amparo. En suma, debe considerarse que no se produce la inejercitabilidad de la acción de modo absoluto cuando en el primer juicio se haya omitido allegar pruebas, ni cuando las que se hayan ofrecido resulten insuficientes, esto es, eventualmente las pruebas en un segundo juicio de amparo no tendrían que ser forzosamente todas "nuevas", considerando, por ejemplo, que una prueba que aisladamente no haya sido suficiente en un primer juicio para demostrar la titularidad de un derecho subjetivo puede, en cambio, ser suficiente si se le adminicula con otra novedosa, susceptible de generar la convicción necesaria; entonces, al segundo juicio (que podría examinarse, por no existir cosa juzgada) se podría aportar nuevamente una prueba inicialmente ofrecida, pero agregando otras que la robustezcan o perfeccionen, para que en su conjunto brinden certeza." En ese mismo sentido, resulta aplicable por las razones que la informan, la jurisprudencia I.11o.C. J/6 (10a.), con registro digital 2022434, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "COSA JUZGADA. OPERA CUANDO SE DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO CON SUSTENTO EN UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA CUYA NATURALEZA HACE INEJERCITABLE UNA NUEVA ACCIÓN CONSTITUCIONAL CONTRA EL MISMO ACTO RECLAMADO Y AUTORIDAD. El artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en términos de la diversa fracción X, la cual prevé la improcedencia de la acción constitucional contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución, promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, cuando se desecha una demanda de amparo, es claro que no se dicta la sentencia que analizará la constitucionalidad del acto reclamado; sin embargo, cuando el desechamiento se sustenta en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción de amparo, ello impedirá al quejoso promover una segunda demanda respecto del mismo acto, so pretexto de que, al desecharse la primera, no se analizó el fondo. Ello es así, porque atento a la naturaleza de la hipótesis de improcedencia que sustentó el desechamiento de la demanda de amparo previa, imposibilita, por sí sola, la promoción de un nuevo juicio contra los mismos actos de las autoridades, máxime si la resolución respectiva no fue impugnada y, por ello, adquirió firmeza. Lo anterior, conforme al principio de cosa juzgada que rige en el juicio constitucional, pues no puede desconocerse la firmeza de la determinación que desechó la primera demanda, mediante la promoción de un nuevo juicio contra el mismo acto reclamado, dado que el quejoso tenía la carga procesal de impugnar esa resolución mediante el recurso de queja por ser el medio impugnativo idóneo y eficaz para, en su caso, lograr la admisión de la demanda y que eventualmente se resolviera sobre la constitucionalidad del acto reclamado. Consecuentemente, cuando se desecha la demanda con sustento en una causa de improcedencia cuya naturaleza hace inejercitable una nueva acción constitucional contra el mismo acto reclamado y autoridad, opera el principio de cosa juzgada." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio, acorde al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio, respecto de los actos y las autoridades responsables precisadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por 1) Lucía Sandre Aguilar, 2) Víctor Manuel Machuca Ponce, 3) Isidro Aragón Celso, 4) Humberto Ángel Pérez Torres y 5) Estela Tapia Delgadillo, contra los actos reclamados a las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente, y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, Secretaria que autoriza y da fe, el veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  2. Principal

    Juicio de amparo 1255/2023- y acumulados 1256/2023, 1257/2023, 1259/2023 y 1260/2023 5 Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca Morelos, a las once horas con veinticinco minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia sin asistencia de las partes, no obstante de encontrarse debidamente notificados de ello del juicio de amparo 1255/2023 y acumulados 1256/2023, 1257/2023, 1259/2023 y 1260/2023, promovidos por ***********, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, la secretaria hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados rendidos por las autoridades responsables. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: La secretaria procede a dar cuenta con las documentales que adjuntaron las responsables a su informe. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales. Se cierra el presente periodo. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: Se da cuenta que ninguna de las partes los formuló. Enseguida la Jueza acuerda: Se hace constar que ninguna de las partes los formuló; asimismo, se hace constar que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no presentó pedimento. Se cierra el presente periodo. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. (Firmado electrónicamente) Nadyelly López Guevara Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos (Firmado electrónicamente) Seidy Lizbeth Salgado González Secretaria del Juzgado En veinticinco de febrero de dos mil veintidós Seidy Lizbeth Salgado González, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia precedente, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede, de donde se advierte que la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo se encontraba señalada para el día veintiséis de octubre del año en curso, mismo que resulta inhábil de conformidad con las circulares SGP/02/2023, de la Secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de veinticinco y veintiséis de los presentes, emitidos por la Coordinación de Magistrados y Jueces de Distrito del Decimoctavo Circuito y la titular de este juzgado, respectivamente, se declararon inhábiles los días dieciséis al veintinueve de octubre del presente año. En consecuencia, se señalan las ONCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo. Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio enviado por la Juez Tercero Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 409/2023, con número de origen 122/2023 del índice de este Órgano Federal y remite las constancias de emplazamiento del tercero interesado Alfredo Benítez Arizpe. Tercera interesada legalmente emplazada Ahora bien, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, a la ley de la materia, se tiene debidamente emplazada a la parte procesal ya señalada. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, quien autoriza y da fe. La secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, CERTIFICA: Que la promoción de cuenta así como el acuerdo que se dicta, se encuentran debidamente integrados en el expediente electrónico del asunto al rubro citado. Doy fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el INFORME JUSTIFICADO que rinde la Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales en representación del Director General de Recaudación, así como de la Notificadora y Ejecutora Fiscal adscrita a dicha autoridad, ambos dependientes de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, con su contenido y anexo dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Téngase como delegados de las autoridades responsables a las personas que mencionan en su informe de cuenta, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De conformidad con lo que establece el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las documentales que adjunta la autoridad oficiante a su informe de cuenta, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de su relación al momento de resolver en definitiva el presente asunto, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humana. Asimismo, este juzgado de Distrito toma nota del correo electrónico y teléfono móvil proporcionados por la autoridad oficiante a fin de, en su caso, establecer comunicaciones no procesales, con fundamento en el artículo 257, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, siempre y cuando se realice con los usuarios "AnaKarenGonzor", "VianeyVargas72", "Guadalupe012", EDGARMARTINEZ030 y ShairaRosas, y se encuentren registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Erika de la Cruz Uribe, que autoriza y da fe.

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