Lucía Sánchez Platón
Expediente 931/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 931/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lucía Sánchez Platón
Actuaciones
- Principal
MESA VI A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Archivo del expediente Con fundamento en los artículos 1, 8, fracción I, 9, 12, 14, 20, fracción IV, y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, -que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales-, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en vigor, al día siguiente, archívese este asunto como concluido. Relevancia documental Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del precitado Acuerdo. Destrucción del expediente Este expediente, resulta DESTRUIBLE porque se desechó la demanda origen de este juicio de amparo, por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez transcurrido dicho plazo, contado a partir de la fecha en que se dictó este acuerdo, procédase a su destrucción. Anotaciones en la carátula y libro En términos del artículo 34 del citado Acuerdo, indíquese en la carátula la referida valoración, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro electrónico. Notifíquese.
- Principal
"*** San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por *** , en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 931/2023. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado a los integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y autoridad responsable lo siguiente: ? La resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil ***, en la cual, declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la recurrente -en contra de las determinaciones de once de enero de dos mil veintitrés, emitidas en el expediente de origen ** del índice Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; consistentes en la a) negativa relativa a la admisión de un pliego de posiciones complementario y en contra de la calificación de las posiciones que efectuó la juez civil, b) así también contra la calificación de las posiciones formuladas dentro de la diligencia de desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte demandada. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado; lo que acontece en el caso concreto, toda vez que dicha improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, así como de las constancias que remitió la Sala responsable junto a su informe justificado, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Precisado lo anterior, debe decirse que contra el acto aquí reclamado, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, el diverso 107, fracción V, y 172, fracción III, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. [.]. El dispositivo 61, fracción XXIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, señalan que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. En otras palabras, el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento judicial que no ha concluido, únicamente cuando ocasionan una afectación material y actual a los derechos sustantivos del gobernado, no adjetivos o procesales. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/20141, sostuvo que a partir de la 1 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De esta manera el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Es decir, para que el juicio de amparo indirecto sea procedente en relación con los actos extraprocesales, es indispensable que recaiga materialmente sobre derechos sustantivos, que serían la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, y por ende, no procederá tratándose de aspectos procesales o que provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivossino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Lo anterior se corrobora, si se toma en cuenta, además, que cuando se desecha una prueba ofrecida por las partes, constituye una violación a las leyes de procedimiento, como está previsto en la fracción III2 del artículo 172 en relación con la fracción XII de la Ley de Amparo, puesto que por regla general todo lo relativo el desechamiento de pruebas legalmente ofrecidas, constituye una violación al procedimiento. Cabe señalar que por regla general los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtiene una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable cuando el acto reclamado, una vez que se produce, no afecta los derechos sustantivos del gobernado sino que sólo incide en sus derechos adjetivos adquiridos en el proceso, pues, en este caso, las consecuencias de la posible violación se extinguen al ser reparada en la resolución definitiva 2 Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. [.]. que se dicte en el juicio de que se trate o bien, en amparo directo que contra la resolución definitiva se promueva, sin haber originado afectación alguna a tales derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En el anterior contexto, es claro que, cuando el acto reclamado está relacionado con el desechamiento de pruebas o su desahogo de manera contraria a la ley, el mismo debe combatirse en el amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, por ser una violación al procedimiento en términos de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo3; de esa manera, por regla general, los aspectos vinculados con la admisión o desahogo de pruebas, son reclamables hasta el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga la parte agraviada en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, si la misma resulta adversa a sus intereses. Con esas bases, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil ***, en la cual, declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa contra de las determinaciones de once de enero de dos mil veintitrés, emitidas en el expediente de origen ***, del índice Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; consistentes en la a) negativa relativa a la admisión de un pliego de posiciones complementario y en contra de la calificación de las posiciones que efectuó la juez civil, b) así también contra la calificación de las posiciones formuladas dentro de la diligencia de desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte demandada. Lo cual resulta incuestionable que no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que se trata de una determinación relacionada con el desechamiento de una probanza y en su caso, el desahogo de la misma respecto de la cual la quejosa aduce se desarrolló de manera contraria a la ley, por lo que no afecta materialmente sus derechos sustantivos, sino que en determinado caso, podría traducirse en una violación intraprocesal que afecta derechos adjetivos susceptibles 3 Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. [.]. de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio natural, el cual no se ha dictado, ya que así lo pone de manifiesto la parte quejosa en el capítulo de antecedentes del acto reclamado; así, si la sentencia es favorable a los intereses de la aquí quejosa, la violación desparecería, en caso de resultarle opuesto, podría reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III, de la ley de la materia. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor: PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo. [Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1993, tesis VI.2º.J/258, Octava Época, página 53]. Asimismo, apoya al caso, la tesis X.1o.23 C (9ª), del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro 191915, de rubro y texto siguientes: AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA INDEBIDA O ILEGAL ADMISIÓN DE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL. Acorde al artículo 246 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, las partes tienen la facultad de recurrir mediante el recurso de apelación el auto que admite pruebas, a fin de subsanar o reparar la violación al procedimiento en que incurra el Juez natural, circunstancia esta que obliga a que las partes interpongan los recursos correspondientes durante el respectivo juicio natural y no hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que implica que el inconforme no debe esperar hasta que se emita el fallo final para rebatir el proceder del Juez de origen al admitir el o los medios de convicción; empero, lo anterior no tiene la consecuencia de hacer procedente el amparo indirecto contra la determinación que confirme la indebida o ilegal admisión de pruebas, dado que el procedimiento del cual emana el acto reclamado y la procedencia del juicio constitucional, son cuestiones diferentes; una cosa es el hecho de que una de las partes en el juicio de origen interponga los recursos correspondientes en contra de determinados actos del Juez natural por considerarlos ilegales, y otra cosa es la procedencia del juicio de amparo indirecto contra lo resuelto en el recurso, pues éste es procedente sólo en los casos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; por lo tanto, la resolución que confirma la admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, no encuadra en ninguna de las fracciones aludidas, y ello evidencia la improcedencia del juicio de amparo. [Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Mayo de 2000, página 898, Materia(s): Civil]. Así, se insiste, resulta incuestionable que los efectos de la determinación reclamada, no se pueden traducir hacia el exterior del procedimiento del referido juicio de origen, en razón de que la resolución reclamada en el recurso de apelación, versa sobre un acto emitido dentro del juicio natural, relativo al desechamiento de una probanza, así como al desahogo de la misma que, a decir de la quejosa, se realizó de manera contraria a la ley, y por lo tanto, no tiene una ejecución de imposible reparación, por el contrario, la resolución reclamada a la autoridad responsable, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a la parte quejosa. Por tanto, en todo caso, no será sino hasta el pronunciamiento de la resolución definitiva en el procedimiento de origen cuando pudiera influir o no el sentido de la decisión de la autoridad judicial responsable y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad que la pretendida violación llegara a trascender al resultado, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte peticionaria del amparo. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 6/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Octava época, consultable en la página 13, tomo 76, abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Así como la tesis aislada IV. 3º 111 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 489, tomo XV-II, febrero de 1995, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la quejosa, pues la resolución reclamada no implica, por sí solo, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte promovente en el escrito de demanda, y por autorizados únicamente para recibir notificaciones a las personas que menciona en su demanda de amparo, por así solicitarlo expresamente. Consulta del expediente electrónico Por otra parte, respecto a que se autorice al usuario "pmal1", para que pueda consultar el expediente electrónico, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36 y 37, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo"4, se otorga autorización al usuario: 4 Reformado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado poer el "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL 1. Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. En razón de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A para que realice el alta correspondiente del citado usuario. Proporciona correo electrónico Respecto al correo electrónico que proporciona, dígasele que no ha lugar a tenerlo como medio para comunicaciones oficiales con la citada promovente de amparo, toda vez que conforme a los párrafos que anteceden proporcionó dos usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que es evidente que tiene acceso a actuar desde ese Portal, conforme a lo establecido en el artículo 257 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Autorización de constancias de autos Se autoriza a la parte promovente, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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"*** POR LISTA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Registro del expediente Con el escrito de demanda de amparo, promovida por *** , en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, fórmese expediente electrónico e impreso (éste último con las promociones físicas que presenten las partes, así como con las actuaciones que resulten indispensables para el impulso del asunto), regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 931/2023. En principio, conviene señalar que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado a los integrantes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y autoridad responsable lo siguiente: ? La resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil ***, en la cual, declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la recurrente -en contra de las determinaciones de once de enero de dos mil veintitrés, emitidas en el expediente de origen ** del índice Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; consistentes en la a) negativa relativa a la admisión de un pliego de posiciones complementario y en contra de la calificación de las posiciones que efectuó la juez civil, b) así también contra la calificación de las posiciones formuladas dentro de la diligencia de desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte demandada. Desechamiento de la demanda El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, conviene precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado; lo que acontece en el caso concreto, toda vez que dicha improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, así como de las constancias que remitió la Sala responsable junto a su informe justificado, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Precisado lo anterior, debe decirse que contra el acto aquí reclamado, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, el diverso 107, fracción V, y 172, fracción III, del primer ordenamiento citado, los cuales disponen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y [.]. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. [.]. El dispositivo 61, fracción XXIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, y el diverso 107, fracción V de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, señalan que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. En otras palabras, el juicio de amparo biinstancial procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento judicial que no ha concluido, únicamente cuando ocasionan una afectación material y actual a los derechos sustantivos del gobernado, no adjetivos o procesales. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/20141, sostuvo que a partir de la 1 PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De esta manera el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Es decir, para que el juicio de amparo indirecto sea procedente en relación con los actos extraprocesales, es indispensable que recaiga materialmente sobre derechos sustantivos, que serían la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, y por ende, no procederá tratándose de aspectos procesales o que provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: a) La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivossino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, teniendo en cuenta esas directrices, no debe perderse de vista que contra las violaciones cometidas en un procedimiento, por regla general, es procedente el amparo directo, siempre y cuando aquéllas afecten las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo y, como excepción, se reitera, procede el amparo indirecto, por lo que cuando los actos en el juicio no sean de imposible reparación, no puede sostenerse que afecten de manera irremediable algún derecho sustantivo, sino que tan sólo hacen surgir la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia, en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses de la parte afectada. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Lo anterior se corrobora, si se toma en cuenta, además, que cuando se desecha una prueba ofrecida por las partes, constituye una violación a las leyes de procedimiento, como está previsto en la fracción III2 del artículo 172 en relación con la fracción XII de la Ley de Amparo, puesto que por regla general todo lo relativo el desechamiento de pruebas legalmente ofrecidas, constituye una violación al procedimiento. Cabe señalar que por regla general los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa e inmediata alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtiene una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable cuando el acto reclamado, una vez que se produce, no afecta los derechos sustantivos del gobernado sino que sólo incide en sus derechos adjetivos adquiridos en el proceso, pues, en este caso, las consecuencias de la posible violación se extinguen al ser reparada en la resolución definitiva 2 Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. [.]. que se dicte en el juicio de que se trate o bien, en amparo directo que contra la resolución definitiva se promueva, sin haber originado afectación alguna a tales derechos fundamentales y sin dejar huella en su esfera jurídica. Así, para determinar si una violación es o no reclamable en amparo indirecto, lo que debe observarse es la exigencia a que se refiere la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en el sentido que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. En el anterior contexto, es claro que, cuando el acto reclamado está relacionado con el desechamiento de pruebas o su desahogo de manera contraria a la ley, el mismo debe combatirse en el amparo directo que se interponga en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, por ser una violación al procedimiento en términos de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo3; de esa manera, por regla general, los aspectos vinculados con la admisión o desahogo de pruebas, son reclamables hasta el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga la parte agraviada en contra de la sentencia definitiva que ponga fin al juicio, si la misma resulta adversa a sus intereses. Con esas bases, como se anticipó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia antes referida, dado que la parte quejosa señaló como acto reclamado, la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca civil ***, en la cual, declara infundado el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa contra de las determinaciones de once de enero de dos mil veintitrés, emitidas en el expediente de origen ***, del índice Juzgado Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; consistentes en la a) negativa relativa a la admisión de un pliego de posiciones complementario y en contra de la calificación de las posiciones que efectuó la juez civil, b) así también contra la calificación de las posiciones formuladas dentro de la diligencia de desahogo de la prueba confesional a cargo de la parte demandada. Lo cual resulta incuestionable que no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que se trata de una determinación relacionada con el desechamiento de una probanza y en su caso, el desahogo de la misma respecto de la cual la quejosa aduce se desarrolló de manera contraria a la ley, por lo que no afecta materialmente sus derechos sustantivos, sino que en determinado caso, podría traducirse en una violación intraprocesal que afecta derechos adjetivos susceptibles 3 Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. [.]. de ser reparados al dictarse la sentencia que ponga fin al juicio natural, el cual no se ha dictado, ya que así lo pone de manifiesto la parte quejosa en el capítulo de antecedentes del acto reclamado; así, si la sentencia es favorable a los intereses de la aquí quejosa, la violación desparecería, en caso de resultarle opuesto, podría reclamarlo en el juicio de amparo directo como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción III, de la ley de la materia. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que es del tenor: PRUEBAS. AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE LAS DESECHA. El desechamiento de las pruebas del quejoso puede originar que la sentencia le sea adversa; pero no significa que aquel acto sea de imposible reparación desde el momento en que está contemplado como una de las violaciones al procedimiento previstas por el artículo 159 de la Ley de Amparo. Al disponer el artículo 161 de esa misma ley que las violaciones procesales a que se refiere el artículo en consulta podrán reclamarse en la vía constitucional al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, se pretendía evitar que diversas actuaciones de un mismo procedimiento dieran origen a múltiples juicios de amparo, provocando el retraso en la resolución del asunto respectivo. Por ello se consideró que además del hecho de que podrían repararse en sentencia tales violaciones, era conveniente concentrar en una sola demanda la impugnación de aquellas actuaciones que trascendieran al fallo y que el propio legislador contempló en el artículo 159 de la Ley de Amparo. [Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, mayo 1993, tesis VI.2º.J/258, Octava Época, página 53]. Asimismo, apoya al caso, la tesis X.1o.23 C (9ª), del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro 191915, de rubro y texto siguientes: AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA INDEBIDA O ILEGAL ADMISIÓN DE PRUEBAS A LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL. Acorde al artículo 246 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, las partes tienen la facultad de recurrir mediante el recurso de apelación el auto que admite pruebas, a fin de subsanar o reparar la violación al procedimiento en que incurra el Juez natural, circunstancia esta que obliga a que las partes interpongan los recursos correspondientes durante el respectivo juicio natural y no hasta que se dicte sentencia definitiva, lo que implica que el inconforme no debe esperar hasta que se emita el fallo final para rebatir el proceder del Juez de origen al admitir el o los medios de convicción; empero, lo anterior no tiene la consecuencia de hacer procedente el amparo indirecto contra la determinación que confirme la indebida o ilegal admisión de pruebas, dado que el procedimiento del cual emana el acto reclamado y la procedencia del juicio constitucional, son cuestiones diferentes; una cosa es el hecho de que una de las partes en el juicio de origen interponga los recursos correspondientes en contra de determinados actos del Juez natural por considerarlos ilegales, y otra cosa es la procedencia del juicio de amparo indirecto contra lo resuelto en el recurso, pues éste es procedente sólo en los casos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; por lo tanto, la resolución que confirma la admisión de pruebas de la contraparte del quejoso, no encuadra en ninguna de las fracciones aludidas, y ello evidencia la improcedencia del juicio de amparo. [Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Mayo de 2000, página 898, Materia(s): Civil]. Así, se insiste, resulta incuestionable que los efectos de la determinación reclamada, no se pueden traducir hacia el exterior del procedimiento del referido juicio de origen, en razón de que la resolución reclamada en el recurso de apelación, versa sobre un acto emitido dentro del juicio natural, relativo al desechamiento de una probanza, así como al desahogo de la misma que, a decir de la quejosa, se realizó de manera contraria a la ley, y por lo tanto, no tiene una ejecución de imposible reparación, por el contrario, la resolución reclamada a la autoridad responsable, no constituye un acto que afecte en grado predominante o superior a la parte quejosa. Por tanto, en todo caso, no será sino hasta el pronunciamiento de la resolución definitiva en el procedimiento de origen cuando pudiera influir o no el sentido de la decisión de la autoridad judicial responsable y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad que la pretendida violación llegara a trascender al resultado, y dar lugar así a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte peticionaria del amparo. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 6/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Octava época, consultable en la página 13, tomo 76, abril de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". Así como la tesis aislada IV. 3º 111 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 489, tomo XV-II, febrero de 1995, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". Por tanto, el acto reclamado no produce una afectación directa a los derechos sustantivos de la quejosa, pues la resolución reclamada no implica, por sí solo, la vulneración material a ninguno de sus derechos sustantivos. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte promovente en el escrito de demanda, y por autorizados únicamente para recibir notificaciones a las personas que menciona en su demanda de amparo, por así solicitarlo expresamente. Consulta del expediente electrónico Por otra parte, respecto a que se autorice al usuario "pmal1", para que pueda consultar el expediente electrónico, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, 6, 34, 35, 36 y 37, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula "la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo"4, se otorga autorización al usuario: 4 Reformado mediante el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado poer el "ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL 1. Para que consulte el expediente electrónico de este juicio de amparo. En razón de lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A para que realice el alta correspondiente del citado usuario. Proporciona correo electrónico Respecto al correo electrónico que proporciona, dígasele que no ha lugar a tenerlo como medio para comunicaciones oficiales con la citada promovente de amparo, toda vez que conforme a los párrafos que anteceden proporcionó dos usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por lo que es evidente que tiene acceso a actuar desde ese Portal, conforme a lo establecido en el artículo 257 fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Autorización de constancias de autos Se autoriza a la parte promovente, para que, al imponerse de los autos, puedan utilizar medios electrónicos (cámaras o lectores ópticos) para reproducir copias de las constancias de autos, excepto, cuando se exhiba información clasificada como reservada o confidencial, lo que de ser el caso, se proveerá en el momento procesal oportuno. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Notifíquese personalmente.
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