Lucía Salomé Esparza Pérez

Expediente 185/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
185/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
25/03/2019

Partes del expediente

  • Lucía Salomé Esparza Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito suscrito por Ricardo Fernández Fuentes, autorizado de la autoridad responsable José Alejandro Águila Argüelles, Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia del Estado de Puebla, por el que interpone recurso de queja en contra del auto de siete de marzo de dos mil diecinueve, por el que, entre otras cosas, se requirió al Secretario de Educación Pública en el Estado de Puebla, a fin de que éste a su vez ordene a la Directora General de Desarrollo Educativo de dicha secretaría cite al Presidente de la Mesa Directiva de la Asociación Estatal de Padres de Familia, así como al quejoso y se constituyan en las instalaciones de la citada asociación y procedan a dar cumplimiento a la suspensión definitiva; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias simples del recurso entre las partes y hágaseles saber que cuentan con el plazo de tres días para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad. Hecho lo anterior, y transcurrido el citado plazo, ríndase el informe respectivo sobre la materia de la queja y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en turno, con el escrito del recurso, copia del auto recurrido y las constancias pertinentes, así como las que, en su caso, señalen las partes dentro del presente incidente de suspensión.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, por el que remite copias certificadas derivadas del expediente 955/2017, mismas que forman parte del informe justificado recibido el seis de marzo de dos mil diecinueve (foja 17), para que surtan sus efectos legales procedentes. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil diecinueve (fojas 2 a 5), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Lucía Salomé Esparza Pérez promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable al Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla de quien reclamó la omisión de dictar la sentencia correspondiente dentro del expediente 955/2017. El Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, al rendir su informe justificado confesó la existencia del acto reclamado (foja 17). Ahora, advirtiéndose de las constancias remitidas por el Juez Segundo Especializado en Materia Civil del Distrito Judicial de Puebla, con el oficio de cuenta, - a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, que el trece de marzo de dos mil diecinueve, dictó la sentencia definitiva dentro del expediente 955/2017. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla advierte que tal como refiere la autoridad responsable en el oficio de cuenta, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, el trece de marzo de dos mil diecinueve, dictó sentencia definitiva dentro del expediente 955/2017; por tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que han quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto de los actos reclamados, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintiocho minutos del uno de abril de dos mil diecinueve, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultando del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuando dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Notifíquese, y personalmente a la quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de ellas hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo que disponen los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, según su artículo 2° párrafo segundo, se declara que dicha sentencia que AMPARA ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia y, atendiendo a que las sentencias de amparo deben ser cumplidas sin demora y esta autoridad está facultada para dictar las medidas idóneas hasta conseguirlo, con fundamento en lo establecido en los párrafos primero y segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la: PRIMERA SALA REGIONAL DE ORIENTE DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA CON SEDE EN SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, POR CONDUCTO DE SU PRESIDENTA. Para que dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación del presente proveído dé cumplimiento al fallo protector de garantías, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final de la sentencia emitida dentro del presente juicio de amparo. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, devuélvase a la Presidenta de la Primera Sala Regional de Oriente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, el original del expediente 23379/14-12-01-9-OT (Anexo 1), solicitándose el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, siete de marzo de dos mil diecinueve. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que se admitió el recurso de revisión interpuesto por Verenice Rodríguez Barrios, autorizada de la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el cual quedó registrado con el número de toca R.A.-120/2019 de su estadística; y acusa el recibo respectivo. CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Alfonso Ortiz López, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante el Secretario Ricardo Hernández Rugerio, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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