Lucia Sabino Utrera

Expediente 11/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
11/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
30/03/2022

Partes del expediente

  • Lucia Sabino Utrera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    ACTUARIO.- SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La omisión de la autoridad responsable de expedirle el título de propiedad del solar 3, manzana 65, zona 01, del Ejido Playa Chachalacas del municipio de Úrsulo Galván, Veracruz. Por otra parte, obra el informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el que informó que en atención a la solicitud de trámite 30210007124, se expidió a favor de Lucía Sabino Utrera, el título de propiedad número 1028702, de tres de febrero del presente año, que ampara el solar urbano lote 3, manzana 65, zona 01, del poblado Playa Chachalacas del municipio de Úrsulo Galván, Veracruz; sin embargo, estaba pendiente su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Luego, por oficio recibido acordado el siete de marzo de la presente anualidad, la citada autoridad informó que el referido título de propiedad ya quedó inscrito, enviando copia certificada del mismo para acreditar su dicho. Asimismo, la citada autoridad responsable precisó que el referido título de propiedad queda a disposición de la aquí quejosa en las oficinas que ocupa esa delegación, remitiendo copia certificada del mismo a este juzgado, la cual merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Constancia de la que se aprecia que el tres de febrero de dos mil veintidós, se expidió a nombre de Lucía Sabino Utrera, el título de propiedad 1028702. Así, por auto de siete de marzo de dos mil veintidós, a solicitud de la mencionada autoridad responsable, este órgano jurisdiccional hizo del conocimiento del quejoso de mérito, que dicho título de propiedad queda a su disposición en las oficinas de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, de esta ciudad, para recogerlo, ordenándose notificar personalmente dicho auto al quejoso. El once de marzo de dos mil veintidós, la quejosa quedó debidamente notificada del proveído de siete de marzo de este mismo año, en el que se le hace de su conocimiento la expedición del título de propiedad y que el mismo está a su disposición en las oficinas que ocupa la autoridad responsable para que pase a recogerlo. De lo anterior, la suscrita advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir, en esencia, en la omisión de la autoridad responsable de expedirle el título de propiedad del solar 3, manzana 65, zona 01, del Ejido Playa Chachalacas del municipio de Úrsulo Galván, Veracruz; sin embargo, de autos se aprecia que la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el tres de febrero del año en curso, expidió el título de propiedad 1028702, que ampara dicho solar a favor de la quejosa Incluso, el once de marzo de dos mil veintidós, la quejosa quedó debidamente notificada del auto de siete de marzo de este mismo año, en el que este juzgado hace de su conocimiento que el referido título de propiedad queda a su disposición en las oficinas de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para recogerlo. Por lo tanto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta de marzo de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La omisión de la autoridad responsable de expedirle el título de propiedad del solar 3, manzana 65, zona 01, del Ejido Playa Chachalacas del municipio de Úrsulo Galván, Veracruz. Por otra parte, obra el informe justificado rendido por la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el que informó que en atención a la solicitud de trámite 30210007124, se expidió a favor de Lucía Sabino Utrera, el título de propiedad número 1028702, de tres de febrero del presente año, que ampara el solar urbano lote 3, manzana 65, zona 01, del poblado Playa Chachalacas del municipio de Úrsulo Galván, Veracruz; sin embargo, estaba pendiente su inscripción en el Registro Público de la Propiedad. Luego, por oficio recibido acordado el siete de marzo de la presente anualidad, la citada autoridad informó que el referido título de propiedad ya quedó inscrito, enviando copia certificada del mismo para acreditar su dicho. Asimismo, la citada autoridad responsable precisó que el referido título de propiedad queda a disposición de la aquí quejosa en las oficinas que ocupa esa delegación, remitiendo copia certificada del mismo a este juzgado, la cual merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 de la Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, al haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Tiene aplicación la Jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo VI, Parte SCJN, página 153, con número de registro 394182, de contenido siguiente. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Constancia de la que se aprecia que el tres de febrero de dos mil veintidós, se expidió a nombre de Lucía Sabino Utrera, el título de propiedad 1028702. Así, por auto de siete de marzo de dos mil veintidós, a solicitud de la mencionada autoridad responsable, este órgano jurisdiccional hizo del conocimiento del quejoso de mérito, que dicho título de propiedad queda a su disposición en las oficinas de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, de esta ciudad, para recogerlo, ordenándose notificar personalmente dicho auto al quejoso. El once de marzo de dos mil veintidós, la quejosa quedó debidamente notificada del proveído de siete de marzo de este mismo año, en el que se le hace de su conocimiento la expedición del título de propiedad y que el mismo está a su disposición en las oficinas que ocupa la autoridad responsable para que pase a recogerlo. De lo anterior, la suscrita advierte que en el presente controvertido se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la ley de la materia, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir, en esencia, en la omisión de la autoridad responsable de expedirle el título de propiedad del solar 3, manzana 65, zona 01, del Ejido Playa Chachalacas del municipio de Úrsulo Galván, Veracruz; sin embargo, de autos se aprecia que la autoridad responsable Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, el tres de febrero del año en curso, expidió el título de propiedad 1028702, que ampara dicho solar a favor de la quejosa Incluso, el once de marzo de dos mil veintidós, la quejosa quedó debidamente notificada del auto de siete de marzo de este mismo año, en el que este juzgado hace de su conocimiento que el referido título de propiedad queda a su disposición en las oficinas de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, para recogerlo. Por lo tanto, resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado por la parte quejosa. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal; por tanto, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anteriormente expuesto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional, que estaba señalada para las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de abril de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a veinticinco de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa esté en oportunidad de imponerse de la constancia remitida por la autoridad responsable en alcance a su informe justificado, agregado por auto de siete de marzo pasado. En mérito de lo anterior, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a siete de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio signado por el Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el título de propiedad 1028702 expedido a la quejosa Lucía Sabino Utrera, fue debidamente inscrito, remitiendo copia certificada del mismo. Cabe destacar que, de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, el oficio y anexo de cuenta, generados por el correo electrónico institucional, tienen pleno valor probatorio, al estar autorizado el empleo de este medio de comunicación para la transmisión de constancias a los órganos del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con la constancia que envía la citada autoridad responsable para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Ahora, del oficio de cuenta se aprecia que la autoridad responsable precisa que aún no se han reaperturado los centros de atención a trámites en las delegaciones del Registro Agrario Nacional a nivel nacional, pero al tratarse este asunto de un juicio de amparo, se pone a disposición de la quejosa Lucía Sabino Utrera, el título de propiedad 1028702, expedido el tres de febrero de dos mil veintidós, en las oficinas que ocupa esa delegación (en el módulo de atención a trámites), a donde podrá asistir siempre y cuando cumpla con las medidas sanitarias, como el uso de cubre bocas obligatorio, permitir que le sea tomada la temperatura corporal, mantener la sana distancia en esas instalaciones y llevar su propio bolígrafo, en un horario de diez a catorce horas, de lunes a viernes. Lo anterior, comuníquese personalmente a la quejosa Lucía Sabino Utrera, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al quejoso y por lista de acuerdos a las demás partes.Así lo resolvió y firma la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.

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