Lucía Rodríguez Hernández
Expediente 1441/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1441/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 29/11/2023
Partes del expediente
- Lucía Rodríguez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
VISTO para resolver el presente juicio de amparo indirecto 1441/2023, promovido por ********************, por propio derecho, en contra de los actos reclamados del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado en el buzón judicial el quince de agosto de dos mil veintitrés, recibido el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, remitido el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés por razón de turno a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de las autoridades y actos siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES: JUEZ DE LO FAMILIAR DE TEHUACÁN, PUEBLA. DOMICILIO. JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE IGNACIO ROMERO VARGAS. CON DOMICILIO. IV. ACTO RECLAMADO. DE LAS AUTORIDADES RECLAMO. LA OMISIÓN DE NOTIFICARME DEL SUPUESTO JUICIO EN MI CONTRA DE DIVORCIO INCAUSADO DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 763/2020 DEL CUAL DERIVA LA ANOTACIÓN DE DIVORCIO QUE SE REALIZÓ EN EL ACTA NUMERO TREINTA Y SIETE DE FECHA DIECISEIS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO." SEGUNDO. Prevención de la demanda. Mediante proveído de dieciséis de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito radicó la demanda de amparo en el Libro de Gobierno con el número 1441/2023 y, entre otras cuestiones, previno a la parte quejosa para que precisara a qué autoridad atribuía la falta de emplazamiento al juicio de divorcio incausado 763/2020 del índice del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, debiendo formular en su caso, los conceptos de violación respectivos. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo requerido se proveería la demanda conforme se planteó inicialmente. TERCERO. Desahogo de prevención. Por escrito presentado ante este juzgado Federal el veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, la parte quejosa, en atención a la prevención formulada, manifestó: "AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO AUTORIDAD ORDENADORA: JUEZ DE LO FAMILIAR DE TEHUACÁN, PUEBLA. Con domicilio. COMO AUTORIDAD EJECUTORA: DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TEHUACÁN, PUEBLA. Con domicilio. AUTORIDAD EJECUTORA: JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE IGNACIO ROMERO VARGAS. Con domicilio. ACTO RECLAMADO: DE LA AUTORIDAD ORDENADORA RECLAMO: La admisión de la demanda siendo que no es el competente para conocer de dicho juicio siendo que no es la jurisdicción para que se promoviera en Tehuacán dicho juicio. Asimismo reclamo la orden de emplazamiento en un domicilio en el cual no habita la suscrita siendo que en ningún momento fui debidamente notificada en mi domicilio y también la orden de anotación del divorcio incausado en el libro del Registro Civil de Ignacio Romero Vargas. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA DILIGENCIARIO NON DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE TEHUACÁN, PUEBLA RECLAMO: El mal emplazamiento e ilegal realizado a la suscrita en el domicilio que hubiera señalado el hoy tercero interesado toda vez que en ningún momento recibí dicha notificación para el divorcio derivado del expediente número 763/2020 del Juzgado de lo Familiar de Tehuacán, Puebla. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA JUEZ DEL REGISTRO CIVIL DE LAS PERSONAS DE IGNACIO ROMERO VARGAS RECLAMO: La anotación del juicio de divorcio realizado en el libro de Registro Civil de las personas de Ignacio Romero Vargas derivado del expediente número 763/2020 del Juzgado de lo Familiar de Tehuacán, Puebla." CUARTO. Admisión de la demanda. En auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito ordenó admitir a trámite la citada demanda de amparo; asimismo ordenó requerir el informe justificado de las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente le corresponde al Fiscal Ejecutivo adscrito; y, señaló fecha para que se celebrara la audiencia constitucional. QUINTO. Tercero interesado. En acuerdo de esa misma fecha (veintiocho de agosto de dos mil veintitrés), con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de tercero interesado a José Emilio Vidal Moreno, quien fue emplazado en su oportunidad al presente juicio de amparo, mediante despacho. SEXTO. Audiencia constitucional. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, en sus etapas de pruebas y alegatos, al tenor del acta que antecede, y se procede a resolver el presente juicio de amparo. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 50 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal [relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Colegiados de Apelación y los Juzgados de Distrito], pues se reclaman actos de autoridades en materia civil. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo que establece el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, por lo que, en la especie, de la lectura integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio, de los informes justificados y de las demás constancias allegadas a los presentes autos, así como atendiendo a la causa de pedir y a la cuestión efectivamente planteada prevista en el artículo 76 de la Ley de Amparo, se advierte que la parte quejosa acude a la presente instancia constitucional en su carácter de tercera extraña por equiparación a reclamar los siguientes actos: I. Del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla: a). El acuerdo admisorio de tres de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de divorcio incausado 763/2020, promovido por el hoy tercero interesado José Emilio Vidal Moreno, en contra de la aquí quejosa ********************; y, b). Todo lo actuado dentro del citado juicio de divorcio incausado 763/2020, promovido por el hoy tercero interesado José Emilio Vidal Moreno, en contra de la aquí quejosa ********************, a partir del citatorio y de la diligencia de emplazamiento practicados respectivamente el treinta de noviembre y uno de diciembre de dos mil veinte, incluyendo los actos emitidos en etapa de ejecución. II. De la Diligenciaria adscrita al Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla: - El citatorio y el emplazamiento practicados respectivamente a la aquí quejosa ********************, el treinta de noviembre y uno de diciembre de dos mil veinte, dentro del referido juicio de divorcio. III. Del Juez del Registro Civil de las Personas de Ignacio Romero Vargas del Municipio de Puebla: - La anotación de la sentencia dictada en el juicio de divorcio incausado 763/2020, promovido por el hoy tercero interesado José Emilio Vidal Moreno, en contra de la aquí quejosa ********************, en el acta número treinta y siete de dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y uno. Lo anterior se precisa de esa manera, en virtud de que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente a lo formalmente expresado, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Aunado a que, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el solicitante de la protección constitucional, y no únicamente a lo que en apariencia manifestó, en virtud de que sólo de esta manera se logra resolver de manera congruente entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de apoyo la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y contenido siguiente: "Época: Novena Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así como, en la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siguiente: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. El Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y la Diligenciaria adscrita al citado juzgado, al rendir sus respectivos informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados, por tanto, deben tenerse por ciertos los actos que se les imputan. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se reproduce: "Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, dicha certeza se corrobora con las actuaciones practicadas dentro del juicio de divorcio incausado 763/2020, promovido por el hoy tercero interesado José Emilio Vidal Moreno, en contra de la aquí quejosa Lucía Rodríguez Hernánde, del índice del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla y remitidas por éste al rendir su informe justificado. Documentales las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de documentales públicas. Por su parte, el Juez del Registro Civil de las Personas de Ignacio Romero Vargas del Municipio de Puebla, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado bajo la consideración toral siguiente: ".NO ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO. Toda vez que esta autoridad no está facultada para notificar de las demandas realizadas en los juzgados familiares; nuestra función es realizar actos registrales derivados de las sentencias que entregan los solicitantes, y posteriormente se emiten las actas y anotaciones correspondientes sustentadas mediante sentencias ejecutoriadas y resoluciones judiciales." No obstante, dicha negativa se desvirtúa y se tiene como cierto el acto reclamado, en la medida que del análisis del escrito aclaratorio de demanda se advierte que el acto que se imputa a dicha autoridad consiste básicamente en la anotación de la sentencia dictada en el juicio de divorcio incausado 763/2020, en el acta número treinta y siete de dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y uno, y no así, en las "las notificaciones" practicadas en el juicio de origen. Y en ese sentido, del análisis de las constancias que remitió el Juez responsable como apoyo a su informe de ley -las cuales tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo-, se advierte que el acto en estudio sí existe. Ello, porque de dichas constancias se desprende que el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, mediante oficio 1277 de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, solicitó al Director del Registro Civil de las Personas del Estado de Puebla, que ordenara a su vez al Juez del Registro del Estado Civil de las personas de Ignacio Romero Vargas del Municipio de Puebla (hoy autoridad responsable), que realizara las anotaciones correspondientes, siendo precisamente éste acto el que se reclama. Por tanto, debe tenerse por cierto para los efectos de este juicio, el acto reclamado en la presente instancia constitucional al Juez del Registro del Estado Civil de las personas de Ignacio Romero Vargas del Municipio de Puebla. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de los conceptos de violación, deben examinarse oficiosamente las causas de improcedencia del juicio, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, la improcedencia en los juicios de amparo es de orden público, lo que entraña que las causales de improcedencia establecidas en la Ley, en la Constitución Federal y en la jurisprudencia, impiden que el juez de amparo estudie el asunto planteado en la demanda de amparo, porque de hacerlo se afectarían los intereses fundamentales de la sociedad. Ello es así, pues se erigen como obstáculos insuperables que deben ser examinados previamente y si, en su caso, son operantes, implican la improcedencia del juicio. En ese sentido, este juzgado de Distrito advierte, de oficio, que respecto del acto reclamado al Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, consistente en el acuerdo admisorio de tres de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de divorcio incausado 763/2020, promovido por el hoy tercero interesado José Emilio Vidal Moreno, en contra de la aquí quejosa ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, de la Ley de Amparo. Previo al estudio de la causa de improcedencia aludida, se considera pertinente relatar algunas actuaciones que derivan de las constancias que adjuntó el juez responsable a su informe justificado (las cuales fueron digitalizadas y obran en el expediente electrónico). Documentales que adquieren valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, acorde a lo dispuesto por el artículo 2° de la Ley de Amparo, de las que se desprenden los siguientes hechos: 1. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, José Emilio Vidal Moreno, hoy tercero interesado, promovió juicio de divorcio incausado en contra de ********************, ahora quejosa. 2. Del asunto tocó conocer al Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, mismo que en auto de tres de septiembre de dos mil veinte, lo radicó bajo el número 763/2020, y lo admitió a trámite; asimismo, entre otras cuestiones, ordenó citar a las partes a una audiencia de avenencia. 3. El veintiuno de octubre de dos mil veinte se llevó a cabo la audiencia de avenencia referida, en la cual, al no comparecer la demandada ********************, hoy quejosa, el juez responsable ordenó su emplazamiento al juicio natural, para que dentro del plazo de ley diera contestación a la demanda instaurada en su contra. 4. En cumplimiento a lo anterior, previo citatorio de treinta de noviembre de dos mil veinte, mediante diligencia de uno de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo el llamamiento a juicio de la parte demandada -aquí parte quejosa- ********************, en los términos que de dicha diligencia se desprenden. Acotado lo anterior, es menester precisar que el estudio de la causa de improcedencia que se estima actualizada (extemporaneidad), parte de la base de que el emplazamiento reclamado (el cual será materia de estudio en el siguiente considerando), es legal, y por ende, la fecha que se tomará como base para el cómputo respectivo, será la del emplazamiento, pues como se evidenciará en el considerando siguiente, el llamamiento a juicio es legal. En ese sentido, como se indicó al inicio del presente considerando, este órgano jurisdiccional considera que, respecto del acto reclamado al Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, consistente en el acuerdo admisorio de tres de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de divorcio incausado 763/2020, promovido por el hoy tercero interesado José Emilio Vidal Moreno, en contra de la aquí quejosa ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." [.]". "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Del texto de los dispositivos en consulta, se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva fuera de los términos establecidos en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, que en este caso es de quince días. En ese orden de ideas, se precisa que la Ley de Amparo prevé tres hipótesis para iniciar el cómputo del plazo para la promoción del juicio de amparo, las cuales tienen lugar a partir del día siguiente al en que: a) Conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa de la resolución o acuerdo reclamados haya surtido efectos; b) La parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución; o, c) Se haya ostentado sabedor de los actos referidos. Destacando que el legislador hizo especial énfasis en tres formas para computar el plazo de quince días dentro del cual ha de interponerse la demanda de amparo para tenerla por oportunamente presentada, todas ellas con características propias y excluyentes entre sí, pues de la primera debe apuntarse la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable en virtud de la cual, en fecha precisa, hace saber al agraviado el acto reclamado; como característica adicional, las notificaciones practicadas se estiman legales y, por ende, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras tanto el quejoso no combata su nulidad o ilegalidad. La segunda manera para computar el plazo de quince días, importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de los actos reclamados; pero tal conocimiento debe producir la convicción de que el peticionario de amparo conoció en forma directa, plena y completa el acto reclamado; es decir, de manera integral. Apoya lo anterior, por analogía jurídica, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siguiente: "Registro digital: 393961 Instancia: Segunda Sala Quinta Época Materias(s): Común Tesis: 5 Fuente: Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 6 Tipo: Jurisprudencia ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". Por su parte, en la hipótesis contenida en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al establecer que el plazo de quince días para la promoción de la demanda de amparo se contará desde el día siguiente "al en que se hubiera ostentado sabedor de los mismos", implica una expresión exclusiva del quejoso, a través de la cual se manifiesta que sabe del acto reclamado; conducta que puede estimarse entraña una confesión expresa por parte del afectado, porque se supone que la fecha en que se ostenta sabedor del acto reclamado con respecto a la presentación de la demanda, le perjudica. Es aplicable el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro digital: 232213 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 193-198, Primera Parte, página 71 Tipo: Aislada DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Así como, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito que es del contenido literal siguiente: "Registro digital: 165582 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XXI.2o.P.A. J/32 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 1931 Tipo: Jurisprudencia DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados". De lo expuesto, se hace patente, que la omisión de promover el juicio de amparo dentro del término a que se refiere el artículo 17, de la Ley de Amparo, entraña un consentimiento tácito, entendiéndose por tal, la actitud pasiva que asume el supuesto afectado por el acto de autoridad de no defenderse de éste, en términos del precepto de que se trata. Ahora, las actuaciones precisadas al inicio del presente considerando, revelan la actualización de la causa de improcedencia invocada, consistente en que la parte solicitante del amparo, no lo promovió dentro del término genérico de quince días que establece la Ley de Amparo en su artículo 18, contado a partir del día siguiente al en que la parte promovente haya tenido conocimiento del acto reclamado, o de sus actos de ejecución. Se afirma lo anterior, en la medida que de las constancias que obran en autos, en específico, de las relativas al juicio de divorcio incausado 763/2020, promovido por el hoy tercero interesado José Emilio Vidal Moreno, en contra de la aquí quejosa ********************, se advierte que la ahora quejosa tuvo conocimiento del auto admisorio reclamado de tres de septiembre de dos mil veinte, por lo menos desde el uno de diciembre de dos mil veinte, que fue la fecha en que la Diligenciaria adscrita al Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, hizo constar que llevó a cabo el llamamiento de la demandada, hoy quejosa, al juicio de origen, y que además, le corrió traslado con copia sellada del auto de tres de septiembre de dos mil veintitrés. De lo que sigue, que por lo menos desde el uno de diciembre de dos mil veinte (fecha en que se llevó a cabo el emplazamiento de la demandada al juicio de origen) la peticionaria de amparo ******************** tuvo conocimiento del acuerdo admisorio reclamado. Ello, porque se insiste, del análisis de las constancias que obran en autos se generan datos suficientes que acreditan que la quejosa, por lo menos desde el uno de diciembre de dos mil veinte, conocía la existencia y contenido del acuerdo admisorio de tres de septiembre de dos mil veinte dictado en el juicio de origen. En ese sentido, al tener conocimiento la parte quejosa del acto reclamado, es inconcuso que desde esta última data inició el término para la promoción del juicio de amparo. En consecuencia, si la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado por lo menos desde el uno de diciembre de dos mil veinte, resulta claro que el plazo de quince días para promover la demanda transcurrió en exceso, ya que ésta se presentó en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, hasta el quince de agosto de dos mil veintitrés, por lo que si entre la fecha en que tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado y aquella en la que se instauró el juicio constitucional, pasaron más de treinta y un meses, resulta evidente que éste se promovió después de concluido el plazo legal que estatuye el precepto 17 de la ley de la materia, por ende, se ejerció en forma extemporánea. Lo anterior es así, porque en la especie, el acto reclamado no es de los previstos en las fracciones I, II, III y IV, del citado precepto legal, que permiten la presentación de la demanda, en un plazo diverso de los quince días. Además, a juicio de este órgano, el proveído reclamado se trata de un acto positivo que fue consumado o se agotó desde el momento en que se dictó; por tanto, el término para impugnarlo en la vía indirecta es de quince días, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 17 de la Ley de Amparo. Por lo que, al no haberse promovido la demanda de amparo dentro del término establecido en ley, resulta inconcuso que el acto reclamado del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, consistente en el acuerdo admisorio de tres de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de divorcio incausado 763/2020, promovido por el hoy tercero interesado José Emilio Vidal Moreno, en contra de la aquí quejosa ********************, fue consentido tácitamente. En ese contexto, si la parte amparista no promovió la demanda de amparo en el plazo de quince días, contado a partir del momento en que tuvo conocimiento de la existencia del auto admisorio, es claro que consintió el acto de autoridad controvertido. Apoya lo anterior, la tesis del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito que es del contenido siguiente: "Registro digital: 213738 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: IV.3o.78 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Enero de 1994, página 202 Tipo: Aislada DEMANDA DE GARANTIAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda". De igual forma, tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro digital: 204707 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VI.2o. J/21 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Agosto de 1995, página 291 Tipo: Jurisprudencia ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". También es aplicable, el criterio del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que establece lo siguiente: "Registro digital: 918356 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: 193 Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común, P.R. TCC, página 165 Tipo: Aislada CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la Justicia Federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, respecto del acto reclamado al Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, consistente en el acuerdo admisorio de tres de septiembre de dos mil veinte, dictado dentro del juicio de divorcio incausado 763/2020, promovido por el hoy tercero interesado José Emilio Vidal Moreno, en contra de la aquí quejosa ********************. En virtud del sobreseimiento decretado respecto del acto analizado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia que a continuación se reproduce: "Registro digital: 239006 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 24, Tercera Parte, página 49 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". En esa tesitura, al no existir diversa causa de improcedencia formulada por las autoridades responsables, y tampoco, este Juzgado de Distrito de oficio advierta la actualización de otra, procede el estudio de los conceptos de violación relativos a los restantes actos reclamados. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, se considera pertinente reiterar los antecedentes que dieron origen a los actos reclamados, los cuales derivan de las constancias que remitió el Juez responsable a su informe justificado, relativas al juicio de divorcio incausado 793/2020, promovido por el hoy tercero interesado José Emilio Vidal Moreno, en contra de la aquí quejosa ******************** -las cuales ya han sido valoradas en el considerando tercero de esta sentencia-, de las que se advierte en lo que interesa, lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado el uno de septiembre de dos mil veinte, José Emilio Vidal Moreno, hoy tercero interesado, promovió juicio de divorcio incausado en contra de ********************, ahora quejosa. 2. Del asunto tocó conocer al Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, mismo que en auto de tres de septiembre de dos mil veinte, lo radicó bajo el número 763/2020, y lo admitió a trámite; asimismo, entre otras cuestiones, ordenó citar a las partes a una audiencia de avenencia. 3. El veintiuno de octubre de dos mil veinte se llevó a cabo la audiencia de avenencia referida, en la cual, al no comparecer la demandada ********************, hoy quejosa, el juez responsable ordenó su emplazamiento al juicio natural, para que dentro del plazo de ley diera contestación a la demanda instaurada en su contra. 4. En cumplimiento a lo anterior, previo citatorio de treinta de noviembre de dos mil veinte, mediante diligencia de uno de diciembre de dos mil veinte, se llevó a cabo el llamamiento a juicio de la parte demandada -aquí parte quejosa- ********************, en los términos que de dicha diligencia se desprenden. 5. El diecisiete de febrero de dos mil veinte, tomando en cuenta que la parte demandada no dio contestación a la demanda instaurada en su contra, el Juez responsable la tuvo por contestada en sentido negativo y ordenó que las subsecuentes notificaciones, aún las domiciliarias se realizaran por medio de lista y ordenó turnar los autos para el dictado de la resolución respectiva. 6. Seguida la secuela procesal, el cinco de abril de dos mil veintiuno, el Juez del procedimiento de origen dictó sentencia definitiva en la que resolvió: "PRIMERO. Esta autoridad es competente para conocer y fallar en primera instancia del presente juicio. SEGUNDO. Se declara disuelto el vínculo matrimonial que une a JOSÉ EMILIO VIDAL MORENO y LUCÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, celebrado el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y uno, ante la fe del Juez del Registro Civil de las Personas de Ignacio Romero Vargas, Puebla, inscrita en el libro uno, de matrimonios del año mil novecientos noventa y uno, acta número treinta y siete, bajo el régimen de sociedad conyugal, misma que se declara disuelta, todo lo anterior por las razones expuestas en los considerandos respectivos de la presente sentencia. TERCERO. Ejecutoriada la presente resolución remítase copia certificada por duplicado de la misma, mediante oficio al Director del Registro del Estado Civil, para los efectos señalados en la parte final del considerando tercero del presente fallo." 7. En auto de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, el Juez responsable indicó que toda vez que la sentencia no fue impugnada, la misma causaba ejecutoria. 8. En la misma fecha (veintinueve de abril de dos mil veintiuno) se giró oficio al Director del Registro Civil de las personas del Estado de Puebla, para el efecto de que se enviaran diversos oficios al Archivo Estatal y al Juez del Registro del Estado Civil de las Personas de Ignacio Romero Vargas, Puebla, para que éstos realizaran las anotaciones respectivas. El citatorio y la diligencia de emplazamiento de la parte demandada, hoy parte quejosa, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo los actos de ejecución, constituyen los actos reclamados en el presente juicio constitucional. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Son infundados los conceptos de violación que se formulan en la especie, sin que este órgano jurisdiccional advierta motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Previo a analizar los conceptos de violación, conviene precisar que a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, el estudio de los conceptos de violación se realizará de manera conjunta, y en un orden diverso al planteado por la parte solicitante de la protección constitucional, conforme a lo establecido por el artículo 76 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de título y contenido siguientes: "Registro digital: 2011406 Jurisprudencia Materias(s): Común Décima Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tomo: Libro 29, Abril de 2016 Tomo III Tesis: (IV Región)2o. J/5 (10a.) Página: 2018 CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso." Así también, es menester puntualizar, de igual manera, que el alcance del principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que se reproduce a continuación: "Registro digital: 187528 Jurisprudencia Materias(s): Común Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: Tomo XV, Marzo de 2002 Tesis: VI.3o.A. J/13 Página: 1187 GARANTÍA DE DEFENSA Y PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD Y CONGRUENCIA. ALCANCES. La garantía de defensa y el principio de exhaustividad y congruencia de los fallos que consagra el artículo 17 constitucional, no deben llegar al extremo de permitir al impetrante plantear una serie de argumentos tendentes a contar con un abanico de posibilidades para ver cuál de ellos le prospera, a pesar de que muchos entrañen puntos definidos plenamente, mientras que, por otro lado, el propio numeral 17 exige de los tribunales una administración de justicia pronta y expedita, propósito que se ve afectado con reclamos como el comentado, pues en aras de atender todas las proposiciones, deben dictarse resoluciones en simetría longitudinal a la de las promociones de las partes, en demérito del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos verdaderamente exigen la máxima atención y acuciosidad judicial para su correcta decisión. Así pues, debe establecerse que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no, se reitera, a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas." Precisado lo anterior, debe indicarse que la parte quejosa refiere, en esencia, que las autoridades responsables vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales de legalidad, audiencia, debido proceso legal y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Sustenta lo anterior, en que -afirma- en ningún momento fue notificada de la existencia de algún juicio seguido en su contra ya que ella no habita en el domicilio en que se practicó el emplazamiento cuestionado, por lo que -sostiene- se violó en su perjuicio el derecho fundamental de audiencia, dejándola en estado de indefensión pues no pudo acudir a juicio a defenderse. Tales argumentos son infundados. Se afirma lo anterior porque pese a las manifestaciones que vierte la peticionaria de amparo en su demanda, lo cierto es que no ofreció medio de convicción eficaz tendiente a probar su dicho; siendo que es a la parte quejosa a la que le correspondía acreditar con pruebas fehacientes que la diligenciaria responsable no cumplió con los requisitos de cercioramiento. Sin que obste el hecho de que la quejosa haya ofrecido ante esta autoridad Federal los siguientes medios de prueba: a). Hoja que contiene las siguientes leyendas: "fecha juicio de divorcio 4-julio-22 763 diagonal 2220" y "Aparo (sic) contra de esta persona divorcio me espidieron (sic) un acta Anotación"; b). Recibo de pago con folio 3361, por el monto de $600.00 (seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional), expedido por la Presidencia Auxiliar de Ignacio Romero Vargas el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, a favor de ********************; y, c). Copias certificadas de diversas constancias practicadas dentro de la carpeta digital JOF/DJP/4190/2022/DI, relativa al juicio de divorcio incausado promovido por ******************** en contra de José Emilio Vidal Moreno, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla. Lo anterior, en virtud de que tales pruebas resultan insuficientes para acreditar que el domicilio de la parte quejosa es uno diferente al en que se practicó el llamamiento impugnado. Al respecto, el artículo 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles -de aplicación supletoria a la Ley de Amparo-, establece que el órgano jurisdiccional goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas, para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, respecto de cada especie de medio de convicción, lo dispuesto en el capítulo IX, del título cuarto, del propio ordenamiento. En esas condiciones, en relación con la hoja que contiene las siguientes leyendas: "fecha juicio de divorcio 4-julio-22 763 diagonal 2220" y "Aparo (sic) contra de esta persona divorcio me espidieron (sic) un acta Anotación" y el recibo de pago con folio 3361, por el monto de $600.00 (seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional), expedido por la Presidencia Auxiliar de Ignacio Romero Vargas el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, a favor de ********************; debe decirse que resultan inconducentes para demostrar la ilegalidad del emplazamiento reclamado, dado que, lo único que demuestran es el pago por la cantidad de $600.00 (seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional), por el servicio de "divorcio"; empero ello de manera alguna prueba que el domicilio en que se verificó el emplazamiento reclamado es uno diferente al en que habita o habitaba la impetrante. Y, tocante a las copias certificadas de diversas constancias practicadas dentro de la carpeta digital JOF/DJP/4190/2022/DI, relativa al juicio de divorcio incausado promovido por ******************** en contra de José Emilio Vidal Moreno, del índice del Juzgado de Oralidad Familiar del Distrito Judicial de Puebla, con las mismas únicamente demuestra la existencia de un diverso juicio de divorcio promovido por la ahora quejosa. Sin embargo, de tales constancias no se advierte que el domicilio de la quejosa al momento de la diligencia de emplazamiento fuera uno diverso al en que ella habita, por lo que las aludidas constancias resultan ineficaces. Máxime, que la demanda que dio origen al diverso juicio de divorcio que promovió la quejosa, fue presentada el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, esto es, después de practicada la diligencia de emplazamiento que ahora reclama, por lo que lo que en su caso, la impetrante debió demostrar que a la fecha de la diligencia de emplazamiento practicada el uno de diciembre de dos mil veinte tenía un domicilio diverso al en que éste se practicó. Además, no existen en autos elementos de prueba que adminiculados con las pruebas documentales ofrecidas por la quejosa en su escrito de demanda, acrediten que la peticionaria de amparo a la fecha en que se practicó la diligencia de emplazamiento reclamada (uno de diciembre de dos mil veinte) viviera en un domicilio diverso al en que se llevó a cabo éste. Por tanto, si en autos no se demostró que el domicilio de la quejosa no corresponde al lugar en que el que se asentó que se practicaron tanto el citatorio como la diligencia de emplazamiento impugnados, es evidente que las pruebas documentales en estudio son insuficientes para desvirtuar la fe pública de la Diligenciaria responsable. En esa medida, de conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por mandato expreso de su numeral 2, no puede demostrarse con dichos medios de convicción que los datos asentados por la Fedataria responsable, no satisfagan el cercioramiento exigido. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 537, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyos epígrafe y sinopsis son los siguientes: "Registro digital: 205152 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: IV.2o. J/4 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo I, Mayo de 1995, página 265 Tipo: Jurisprudencia NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Al margen de lo anterior, es menester precisar que el citatorio y la diligencia de emplazamiento impugnada, se verificaron con las formalidades que la normatividad que rige el juicio natural exige para tal efecto. A fin de comprobar lo anterior, es menester traer a contexto el citatorio y la diligencia de emplazamiento impugnados, a saber: "C I T A T O R I O DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 763/2020 DE LOS DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. AL C. LUCÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ. En Tehuacán, Puebla siendo las doce horas treinta minutos del día treinta de noviembre del año 2020 dos mil veinte, la licenciada MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA, diligenciaría encargada de los expedientes impares adscrita al Juzgado de lo Familiar de éste distrito judicial; procedo a constituirme en el domicilio señalado en autos cito en calle veinticuatro norte número cuatrocientos veintiséis, colonia Francisco Villa Tehuacán, Puebla, cerciorándome previamente de ser éste el domicilio correcto de la persona que busco y por el dicho de los vecinos, quienes no dan su nombre, por no tener problemas y sólo confirman que la persona que busco, tiene su domicilio en el inmueble en donde se actúa. Enseguida procedo a tocar en más de tres ocasiones a la puerta principal de dicho inmueble y sale del interior una persona adulta del sexo femenino ante quien me identifico como diligenciaria del Juzgado de mi adscripción con credencial oficial correspondiente y me dice que se llama María de la Luz García Martínez quien no se identifica por no tener en este momento su identificación oficial y dice que ahí reside la persona que busco ********************, manifestando que no se encuentran en éste momento, por lo que en términos de la fracción III del artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles vigentes para el Estado de Puebla, procedo a dejar el presente citatorio, para que se sirva esperar a la suscrita en este su domicilio a las doce HORAS cero MINUTOS DEL DÍA uno DEL MES DE Diciembre DE DOS MIL VEINTE, para la práctica de una diligencia de carácter personal, apercibido que de no hacerlo, la diligencia ordenada en autos, se entenderá con la persona que se encuentre en el domicilio o se procederá a dejar instructivo y traslado en la puerta del inmueble en términos de ley; citatorio que recibe de propia mano la persona con quien entiendo la diligencia y manifiesta lo entregará a la parte citada. Con lo que se da por terminada la presente diligencia, que es firmada por la suscrita, y por la persona con quien entiendo la diligencia María de la Cruz Martínez. DOY FE. LIC. MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA, DILIGENCIARIA ADSCRITA AL JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA, CON DOMICILIO EN INTERIOR 18 DE PLAZA TEOHUACAN, CALZADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, NÚMERO TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ EXHACIENDA SAN LORENZO TEHUACÁN, PUEBLA. (dos rubricas ilegibles)" (Énfasis propio) "ACTA DE EMPLAZAMIENTO A LA PARTE DEMANDADA LUCÍA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DENTRO DEL EXPEDIENTE NÚMERO 763/2020 DE LOS DEL JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA. En Tehuacán, Puebla, siendo las doce horas cero minutos del día uno del mes de Diciembre del año 2020 dos mil veinte, la licenciada MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA, diligenciaría adscrita al Juzgado de lo Familiar de este distrito judicial, con fundamento en los artículos 1º, 14 y 16 Constitucionales, y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 84, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en cumplimiento al auto de fecha TREINTA DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE, dictado dentro del expediente número al rubro indicado, me constituyo nuevamente en el domicilio señalado en autos sito en veinticuatro norte número cuatrocientos veintiséis, colonia Francisco Villa, Tehuacán, Puebla, siendo éste un inmueble de un nivel, fachada azul cielo, portón de lámina en su base color blanca, marquesina, dos medidores de energía eléctrica números ICJ595 y W120WJ y arriba de estos el número oficial cuatrocientos veintiséis, por lo que cerciorándome previamente de ser el domicilio correcto de la persona que busco por coincidir con la nomenclatura oficial de la calle y número exterior del mismo, el que efectivamente así corresponde, pero no obstante procedo a preguntar con los vecinos y sólo confirman el domicilio en donde se actúa; en tal virtud la suscrita diligenciaría procedo a tocar a la puerta de acceso al inmueble en el que se actúa en más de tres ocasiones y espero un lapso de cinco minutos y sale del interior una persona del sexo femenino, ante quien me identifico como diligenciaria del Juzgado de mi adscripción con credencial oficial correspondiente, y manifiesta llamarse María de la Luz García Martínez solicitándole que se identifique ante la suscrita y no se identifica por no tener den este momento su identificación oficial. A fin de precisar la identidad de la persona con quien entiendo la diligencia, a continuación procedo a describir físicamente: tez morena clara, complexión regular, cabello entrecano lacio, con lunares visibles en el rostro, de aproximadamente un metro cincuenta y tres centímetros de estatura, y toda vez que la parte demandada no atiende el citatorio de fecha treinta de noviembre de dos mil veinte firmado por la suscrita diligenciaria, con apoyo en el artículo 61, fracción III, del Código adjetivo civil, procedo EMPLAZAR a ******************** por conducto de María de la Luz García Martínez para que en el término de DOCE DIAS conteste la demanda instaurada en su contra; corriéndole traslado con las copias simples del escrito de demanda, sus anexos documentales que a continuación se describen: PROPUESTA DE CONVENIO EN DOS FOJAS ÚTILES; ACTA DE MATRIMONIO NÚMERO TREINTA Y SIETE DE FECHA DIECISÉIS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, EXPEDIDA POR ELENCARGADO (SIC) DE DESPACHO DEL REGISTRO CIVIL DE PUEBLA EN UNA FOJA ÚTIL, debidamente selladas y cotejadas compuesto de siete fojas útiles y copia sellada del auto de tres de septiembre del año dos mil veinte y diligencia de fecha veintiuno de Octubre del año dos mil veinte; en la que podrá expresar su conformidad con el convenio, o bien realizar una contrapropuesta, acompañando las pruebas necesarias, debiendo señalar domicilio para recibir notificaciones domiciliarias dentro de esta ciudad de Tehuacán, Puebla, apercibido que de no hacerlo, éstas se le harán por lista, haciendo de su conocimiento que ante la falta de su contestación se tendrá como no aceptado el convenio; haciéndole saber que queda a su disposición para su consulta, los autos originales en la Secretaría impar del Juzgado de mi adscripción; los que recibe de propia mano la persona con quien entiendo la diligencia, manifestando los entregará el día de hoy a la parte demandada ********************. Cobra aplicación a lo anterior, en lo conducente a la jurisprudencia sustentada por los tribunales colegiados de circuito tipo tesis: jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección- Civil Subsección 2-Adjetivo Materia (s): Civil Tesis: 1089 Página: 1215 EMPLAZAMIENTO REALIZADO MEDIANTE INSTRUCTIVO. NECESIDAD DE DEJAR EN AUTOS COPIA DEL MISMO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA) Finalmente se hace constar que la presente diligencia se siguió cumpliendo los requisitos establecidos por los artículos 58, 59 y 61 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Con lo que termina la diligencia levantándose esta acta para constancia, que se firma por la suscrita y por la persona con quien se entendió la diligencia María de la Luz García Martínez quien firma en el acuse del instructivo de notificación, se agrega a los autos el citatorio respectivo. DOY FE. LIC. MARÍA MERCEDES MANCILLA GARCÍA, DILIGENCIARIA ADSCRITA AL JUZGADO DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TEHUACÁN, PUEBLA, (rubrica)" (Énfasis añadido) De las transcripciones que preceden, se aprecia que la notificadora responsable atendió a lo previsto en los artículos 61 y 65 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, que estipulan el desarrollo de la diligencia de emplazamiento, a saber: "Artículo 61. El emplazamiento fuera del recinto judicial se practicará por quien deba hacerlo, con sujeción a las formalidades siguientes: I. Se hará personalmente al interesado en la residencia designada entregándole copia simple con el sello del juzgado de la resolución que se notifica, de la demanda y sus anexos, quedando a su disposición los originales en la Secretaría para su consulta; II. Quien lo practique debe cerciorarse por cualquier medio, de que la persona que deba ser emplazada tiene su domicilio en la casa designada de lo cual asentará en autos, la razón correspondiente; III. Si el interesado no se encuentra en la primera busca y habiéndose cerciorado el ejecutor que en el domicilio en que se constituyó, vive el demandado, le dejará citatorio con la persona capaz presente, para que aquél lo aguarde en hora fija del día siguiente; IV. Si el ejecutor, encuentra cerrado el lugar señalado para el emplazamiento, se niegan a abrir o no encontrare presente persona capaz, cerciorado previa y plenamente de que en el mismo tiene su domicilio el demandado, fijará el citatorio en la puerta de acceso; V. Si la persona a emplazar no atiende al citatorio, el emplazamiento se entenderá con cualquier persona capaz que se encuentre en la casa, dejándole copia simple con el sello del juzgado de la resolución que se notifica, de la demanda y sus anexos; VI. Si en la casa designada para el emplazamiento, no se encontrare persona capaz alguna, el ejecutor fijará en la puerta de acceso de la casa, los documentos con que se integra el traslado y además emplazará por edicto, y VII. En autos se asentará razón de haberse cumplido lo que disponen las fracciones anteriores." "Artículo 65. Se practicarán en forma domiciliaria: I. La primera notificación que deba realizarse a los interesados; II. La notificación de las sentencias definitivas; III. La notificación de la primera resolución que se dicte cuando haya habido suspensión o interrupción del procedimiento, y IV. Las demás notificaciones que la Ley así disponga o el Tribunal lo estime necesario." De los preceptos transcritos se advierten los siguientes aspectos: I. El llamamiento fuera del recinto judicial básicamente consiste en que para tenerse como válida tal diligencia se deben cumplir con los lineamientos dispuestos por el diverso numeral 61 de la legislación adjetiva de la materia, a saber: II. Personalmente al interesado en la residencia designada para ello debiendo correrle traslado; III. El Diligenciario deberá cerciorarse de que la persona a emplazar tenga su domicilio en la casa designada para tal efecto; IV. Si no encuentra al interesado en la primera busca, le dejará citatorio para hora fija del día siguiente; V. Si el ejecutor, encuentra cerrado el lugar o se niegan a atenderlo, cerciorado previa y plenamente de que en el mismo tiene su domicilio el demandado, fijará el citatorio en la puerta de acceso; VI. Si la persona a emplazar no atiende al citatorio, el emplazamiento se entenderá con cualquier persona que se encuentre en la casa, dejándole copia simple con el sello del juzgado de la resolución que se notifica, de la demanda y sus anexos; VII. Si en la casa designada para el emplazamiento, no se encontrare persona capaz alguna, el ejecutor fijará en la puerta de acceso de la casa, los documentos con que se integra el traslado y además emplazará por edictos; VIII. En autos se asentará razón de haberse cumplido lo que disponen las fracciones anteriores; y, IX. Que entre otras diligencias, la primera notificación a las partes, se hará de manera domiciliaria. En ese contexto, debe decirse que de la confrontación realizada entre el citatorio, la diligencia de emplazamiento reclamada y los preceptos legales invocados, permiten establecer, que contrariamente a lo aducido por la solicitante del amparo, tales actuaciones fueron practicadas legalmente por la notificadora responsable. Lo anterior, pues se llega a la conclusión de que se ha cumplido con los requisitos que, para su verificación, exige la ley, pues se muestra que la fedataria responsable se cercioró de que la aquí quejosa tuviera su domicilio en el lugar en que se constituyó para llevar a cabo las diligencias de citatorio y emplazamiento, por coincidir con la nomenclatura oficial de la calle y del inmueble, por así manifestarlo los vecinos más inmediatos del lugar y por así manifestarlo María de la Luz García Martínez, quien se encontraba en el domicilio y con quien entendió la diligencia. En efecto, la fedataria llevó a cabo el citatorio y la diligencia de emplazamiento en las que de conformidad con lo que disponen los citados normativos 61 y 65 del código en comento, la mencionada funcionaria asentó que: - Se constituyó en el domicilio señalado por la parte actora en su demanda situado en casa ubicada en calle veinticuatro norte número cuatrocientos veintiséis, colonia Francisco Villa de Tehuacán, Puebla; - Se cercioró de que el lugar en que se apersonó era el domicilio indicado y asentó en la constancia que levantó con motivo de la citada diligencia los medios a partir de los cuales logró tal cercioramiento, a saber: Las características físicas del inmueble; Los signos exteriores habidos en dicho lugar; Por la manifestación de los vecinos del lugar quienes se negaron a proporcionar sus nombres y confirmaron el domicilio; y, El dicho de la persona con quien se entendió las diligencias de mérito, quien proporcionó su nombre, no se identificó por no tener en ese momento documento idóneo, empero la Diligenciaria proporcionó los rasgos físicos de aquélla. - Así, a la luz de lo que dispone el imperativo 61 del código civil aplicable, en la diligencia de emplazamiento, la Diligenciaria responsable hizo constar que emplazó por conducto de la persona con quien entendió la diligencia, a la hoy quejosa, entregando "escrito de demanda sus anexos documentales que a continuación se describen: PROPUESTA DE CONVENIO EN DOS FOJAS ÚTILES, ACTA DE MATRIMONIO NÚMERO TREINTA Y SIETE DE FECHA DIECISÉIS DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO, EXPEDIDA POR EL ENCARGADO DE DSPACHO DE REGISTRO CIVIL DE PUEBLA EN UNA FOJA ÚTIL, debidamente selladas y cotejadas compuesto de siete fojas útiles y copia sellada del auto de tres de septiembre del año dos mil veinte y diligencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte; en la que podrá expresar su conformidad con el convenio o bien realizar una contrapropuesta.", haciéndole de su conocimiento que contaba con el termino de doce días para contestar la demanda instaurada en su contra. De lo anterior se advierte, como ya se precisó, que tanto el citatorio de treinta de noviembre de dos mil veinte como la diligencia de emplazamiento efectuada el uno de diciembre de dos mil veinte, en el juicio de divorcio incausado 763/2020, promovido por el hoy tercero interesado José Emilio Vidal Moreno, en contra de la aquí quejosa Lucia Rodríguez Hernández, del índice del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, se verificaron a la luz de las exigencias que para ello establece el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. En consecuencia, es dable sostener que la Fedataria responsable al momento de citar y emplazar al juicio de origen a la aquí quejosa, cumplió con los requisitos previstos en el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. Por tanto, al no desvirtuarse fehacientemente lo asentado en el citatorio y la diligencia de emplazamiento reclamados, se concluye que éstos tienen pleno valor probatorio y son suficientes para tener por demostrado que con motivo de esas diligencias la quejosa ********************, tuvo pleno conocimiento de la existencia del juicio donde fue demandada. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia VI.3o.C. J/37, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 190374 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.3o.C. J/37 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Enero de 2001, página 1564 Tipo: Jurisprudencia DILIGENCIARIO. VALOR DE SUS ACTUACIONES, SALVO PRUEBA FEHACIENTE EN CONTRARIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). El diligenciario es un funcionario que se encuentra investido de fe pública respecto de los actos que realiza en ejercicio de sus funciones, por lo que las constancias levantadas por él tienen pleno valor probatorio conforme a lo dispuesto por los artículos 326, fracción VII y 424 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla. De aquí se sigue, que quien afirme que no es cierta una circunstancia asentada por el diligenciario en un acta por él levantada, está obligado a probar fehacientemente su dicho." Asimismo, se cita la jurisprudencia VI.2o. J/153, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: "Registro digital: 221249 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o. J/153 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Noviembre de 1991, página 113 Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO. PRUEBAS PARA DESVIRTUARLO. Si se cuestiona la legalidad del emplazamiento, deben aportarse elementos de convicción suficientes para desvirtuarla, ya que el diligenciario en su carácter de funcionario está investido de fe pública, por lo que sus actuaciones tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre fehacientemente lo contrario." En ese sentido, si como ya quedó precisado, el citatorio y la diligencia de emplazamiento practicados en el mencionado juicio de divorcio incausado 793/2020, se efectuaron conforme a lo dispuesto por los artículos 61 y 65 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, es evidente que resultan legales y, por ende, los conceptos de violación que vertió la quejosa son infundados. En esa virtud, se advierte que en el juicio de origen se ha cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, en el cual la peticionaria de amparo estuvo en aptitud de hacer valer sus derechos, por lo que no se le dejó en estado de indefensión; máxime que la quejosa, en el juicio de amparo no ofreció medio de prueba alguno, suficiente para desvirtuar lo asentado por la Diligenciaria responsable en el acta de citatorio y de emplazamiento de treinta de noviembre y uno de diciembre de dos mil veinte. Consecuentemente, si la quejosa se ostenta como tercera extraña al juicio (por equiparación) alegando un indebido emplazamiento, es incuestionable que era menester demostrar en esta vía constitucional que el citatorio y la diligencia de emplazamiento son ilegales; circunstancia que no aconteció. Razón por la cual, como ya se dijo, al no destruirse la presunción de certeza de que lo ahí narrado es legal, porque fue autentificado por una diligenciaria en ejercicio de sus funciones, es indudable que no quedaron controvertidas dichas actuaciones, pues es un requisito sine qua non que la hoy quejosa demostrara con algún medio de convicción tal evento, por lo que al no haberlo hecho así no queda demostrada la ilegalidad del citatorio ni de la diligencia tantas veces mencionada. Al respecto, es conveniente citar, por analogía, la tesis número VI.2º.J/85, que a la letra dice: "Registro digital: 199529 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o. J/85 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Enero de 1997, página 279 Tipo: Jurisprudencia EMPLAZAMIENTO, LEGALIDAD DEL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Para que el emplazamiento sea legal y no violatorio de garantías, de conformidad con el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, quien haga la notificación debe cerciorarse previamente, es decir, antes de llevar a cabo la diligencia, de que en la casa designada para hacerla se halla el domicilio de la persona que ha de ser notificada y además tiene la obligación, porque así lo señala la ley, de asentar en la razón correspondiente, los medios de que se valió para ese efecto.". En tales condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, contra el citatorio de treinta de noviembre de dos mil veinte y la diligencia de emplazamiento de uno de diciembre de dos mil veinte, efectuados por la Diligenciaria adscrita al Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, dentro del juicio de divorcio incausado 793/2020, promovido por el hoy tercero interesado José Emilio Vidal Moreno, en contra de la aquí quejosa Lucia Rodríguez Hernández, del índice del Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla. La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de las actuaciones emitidas por el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, con posterioridad a dicho citatorio y diligencia de emplazamiento, incluyendo los actos de ejecución reclamados al Juez del Registro Civil de las Personas de Ignacio Romero Vargas del Municipio de Puebla, ello al no haberse reclamado por vicios propios, sino como simples consecuencias del citado citatorio y diligencia de emplazamiento que se tildan de ilegales. Es aplicable la jurisprudencia que establece: "Registro digital: 210140 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: II.1o. J/12 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, página 41 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios.". En otro aspecto, los criterios invocados en la presente sentencia, integrados bajo la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, se citaron en acatamiento a la regla prevista en el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, en que se expidió la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, actualmente en vigor, dado que el razonamiento contenido en ellos no se opone a la nueva legislación. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto, siguiente: "Registro digital: 2010982 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2016 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, página 705 Tipo: Jurisprudencia "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes; regístrese esta sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por lo expuesto y fundado en el artículo 74, fracciones IV y VI, de la Ley de Amparo; SE RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 1441/2023, promovido por ********************, en contra del acto reclamado y por la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ********************, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta sentencia, por las consideraciones expuestas en el diverso considerando sexto de la misma. Notifíquese. Así lo resolvió y firma la Jueza Edna Matus Ulloa, Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, asistida de Cynthia Bello López, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de noviembre de dos mil veintitrés. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días que establece el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, concedido al tercero interesado ********************, a través de su abogado patrono ********************, a fin de que se imponga del informe justificado rendido por las autoridades responsables. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio y anexo de cuenta a través del cual el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, devuelve debidamente diligenciado el despacho 218/2023 orden 294/2023, del índice de este juzgado. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante remitiendo las constancias del emplazamiento practicado al tercero interesado **, a fin de que surtan los efectos legales procedentes en el presente juicio constitucional. En consecuencia, respecto a la comunicación oficial remitida, dese de baja en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Acúsese el recibo correspondiente. Por tanto, se hace de su conocimiento que las autoridades responsables, ya rindieron el informe justificado correspondiente, con los que se les da vista en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido nuevamente el oficio 3040, con anexo, suscrito por el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, por medio del cual informa que por oficio 2928 de seis de octubre de dos mil veintitrés, devolvió sin diligenciar el despacho 188/2023, orden 254/2023, del índice de este juzgado. Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento, toda vez que mediante proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido mismo oficio 3040, con igual contenido; agréguese a los autos para que obre como corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
Quedan 9 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla · 10,245 expedientes
- Lucía Pérez Mendoza731/2023
- Lucia Ramírez García187/2021
- Lucía Rivadeneira Saldaña359/2022
- Lucía Rivadeneira Saldaña1889/2021
- Lucía Rivadeneira Saldaña1039/2022
- Lucía Rivadeneira Saldaña1790/2022
- Lucia Serrano Velazco204/2021
- Lucía Sosa Hernández1220/2022
- Lucia Vázquez Valencia1800/2019
- Luciano Galicia Sarmiento1373/2019
- Luciano García Cortés1366/2021
- Lucila Araceli Gil Galindo1100/2022