Lucía Ordaz Cruz
Expediente 186/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Lucía Ordaz Cruz y Otros.
- Lucía Ordaz Cruz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos y la certificación señalada en la nota de cuenta se advierte que ha trascurrido el plazo de cinco días previsto por el ordinal 98 de la Ley de Amparo para que los inconformes interpusieran el recurso de queja en contra del proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que los disidentes hayan impugnado esa determinación a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en donde se desechó de plano el escrito inicial ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado por los normativos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el ordinal 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos del artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales y como en el acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, se desechó de plano la demanda de amparo, por lo que con esa resolución judicial se puso fin al juicio, sin decirlo en cuanto al fondo, en términos de lo dispuesto por los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido Acuerdo General este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso d) del numeral 21 del propio acuerdo; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación del presente auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que ***, quien promueve por sí y como representante legal de su hijo adolescente identificado con las iniciales ***. solicita la devolución de las copias certificadas de los diversos documentos que exhibió con la demanda de amparo, las cuales refiere que son originales, por lo que autoriza a una persona para recibir la documentación indicada. Al respecto, se precisa que de autos se advierte que los disidentes no anexaron documento original alguno a su escrito inicial; no obstante esa situación, en atención a su solicitud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, devuélvanse a los justiciables las copias certificadas de los diversos instrumentos que exhibieron con la demanda de amparo. En tal sentido, se faculta a cualquiera de los quejosos o a su autorizado para recibir las documentales indicadas, previa identificación y firma de recibo que se establezca en la constancia respectiva. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos el ocurso inicial y los anexos señalados en la nota de cuenta. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 186/2023. ...se reconoce a ***** la personalidad con la promueve este juicio constitucional a nombre de su hijo menor de edad identificado con las iniciales ... porque acredita ese presupuesto procesal con el acta de nacimiento con firma electrónica de su descendiente que exhibe. Aspectos preliminares. Por otro lado, es necesario establecer que del contenido integral de la demanda de amparo se advierte que los inconformes ******************** y el adolescente identificado con las iniciales ********************. reclaman los actos siguientes: Del Agente del Ministerio Público adscrito a la mesa III de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General de Oaxaca impugnan: Las resoluciones de doce de diciembre de dos mil veintidós, y de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictadas en la carpeta de investigación *** del índice de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General local, en las que se decretó el no ejercicio de la acción penal, porque se actualizó la figura de la prescripción de la acción penal a favor del adolescente quejoso y se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el imputado en esa carpeta de investigación, respectivamente. Todo lo actuado en la carpeta de investigación señalada. Ahora, es necesario establecer que conforme a lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la Ley de Amparo una vez presentada la demanda debe estudiarse para determinar si procede formular alguna prevención que la aclare, admitirla a trámite o desecharla de plano por actualizarse una causal de improcedencia de manera manifiesta e indudable. En lo que interesa esas normas prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a ella se adjunten aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia siempre y cuando sea manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda, así como de sus anexos y, por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y la plena convicción; en ese contexto, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio constitucional éstas no deben originar el desechamiento de la demanda a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria porque no se debe llegar al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional a los particulares que estimen violados sus derechos fundamentales... En esa línea, con la finalidad de no tramitar y sujetar a las partes a un juicio que desde su promoción se aprecia inútil con el consecuente desgaste de recursos humanos y materiales, el legislador estableció la posibilidad de desechar de plano la demanda siempre que se materialice de manera manifiesta e indudable alguna de las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo previstas por el normativo 61 de la ley de la materia, el cual enlista una serie de actuaciones, cuyo origen, naturaleza o condiciones producen que no sean susceptibles de analizarse en el juicio de protección de los derechos fundamentales, es decir, respecto de los cuales no puede existir un pronunciamiento de fondo en cuanto a su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Es preciso destacar que esa actuación procesal no está limitada a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, desde luego cuando se actualicen las condiciones respectivas; lo que revela que la efectiva intención del legislador es permitir que independientemente de la razón por la que se aprecie sin lugar a dudas que un juicio es improcedente sea factible su desechamiento de plano, esto es, que se deniegue su tramitación y la consiguiente sustanciación de un procedimiento, cuyo agotamiento en todas sus etapas a nada práctico conducirá dado que finalmente no será factible el estudio de fondo del derecho discutido. Con base en los elementos anteriores y la información que se desprende del ocurso inicial, se dictan las determinaciones siguientes: Desechamiento de la demanda. Con fundamento en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda de amparo presentada por ******************** y por el adolescente identificado con las iniciales ***, porque en relación con los actos reclamados a la autoridad responsable precisados en los párrafos anteriores se actualiza de manera manifiesta e indudable la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, porque esas actuaciones no afectan sus intereses jurídicos, en la medida en la que esas actuaciones no inciden en sentido negativo en forma real, actual, directa y objetiva en sus esferas de derechos. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido de la disposición jurídica invocada, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". De la norma transcrita se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos por el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. A su vez, los arábigos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, y 6 de la Ley de Amparo indican lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. [.] "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." La norma constitucional inserta establece que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; asimismo, señala que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución General de la República y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En otro punto, es preciso destacar que el legislador ordinario en el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo recogió las bases dadas por el órgano reformador de la Constitución en el referido dispositivo constitucional, para establecer que el quejoso es parte en el juicio de amparo; además, precisó que tiene ese carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, el acto o la omisión reclamado viola los derechos previstos por el artículo 1 de la ley de la materia y que con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Asimismo, el legislador federal estableció en ese tramo normativo que el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. De lo anterior se desprende que tanto el numeral 107, fracción I, de la Constitución General de la República como el arábigo 5, fracción I, de la Ley de Amparo prevén las figuras del interés jurídico y legítimo como ejes rectores para que el gobernado pueda solicitar el análisis de un acto de autoridad en sede constitucional. Finalmente, el precepto transcrito en último orden precisa que el juicio de amparo puede promoverlo la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, en términos de lo prescrito por el arábigo 5, fracción I, de la citada legislación. ********************demás, señala que el quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la ley de la materia. Lo anterior pone de relieve que el dispositivo 6 de la Ley de Amparo prevé el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, porque de su contenido se advierte que ese medio extraordinario de defensa sólo puede promoverlo la persona que con el acto, la omisión o la norma general reclamado haya sufrido o sufra una lesión o una afectación personal y directa en alguno de sus bienes jurídicos que la Carta Magna tutela mediante los derechos sustantivos fundamentales. Es decir, sólo puede promover el juicio de amparo la persona que con el acto impugnado sufra un agravio actual y no futuro e incierto, en forma directa e inmediata, ya sea en su libertad, en su persona, en su familia, en su domicilio, o bien, en sus propiedades, en sus posesiones o en sus derechos, y esa promoción la puede hacer por derecho propio, por medio de su representante legal o por su apoderado, o bien, por cualquier persona en los casos previstos por la Ley de Amparo y cuando el acto reclamado emane de un procedimiento penal el inconforme podrá promoverlo por conducto de su defensor o por cualquier persona en los casos en que la propia legislación lo autorice. De lo anterior se advierte que las normas examinadas prescriben para la procedencia del juicio de amparo que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Bajo esa óptica, por interés jurídico debe entenderse cualquier hecho o situación que además de ser benéfico para un gobernado requiere estar debidamente tutelado por el orden jurídico; esto es así, porque si bien pueden existir diversos intereses en la esfera vital de un individuo con contenido variado e índole distinta pero para que puedan ser tutelados es necesario que una disposición normativa lo regule, ya que de lo contrario no se poseería un derecho y, en consecuencia, tampoco existiría un interés por reclamar. Esos conceptos se vinculan con uno de los principios rectores del juicio de amparo, el relativo a un agravio personal y directo, el cual indica que la acción constitucional sólo podrá ser ejercida por aquella persona física o moral afectada en su esfera jurídica por un acto de autoridad. Conforme a lo expuesto debe destacarse que para estar en aptitud de promover un juicio de amparo es necesario que el gobernado demuestre la existencia de un derecho subjetivo en su haber patrimonial o jurídico, así como que ese derecho ha sido afectado o vulnerado por un acto de autoridad, lo cual lo legitima para acudir ante el órgano de control constitucional a demandar la protección de la Justicia de la Unión... Por otra parte, debe señalarse que a través del ejercicio de la acción constitucional el promovente del amparo demanda la tutela de un derecho subjetivo público que dice le fue vulnerado por la autoridad emisora del acto impugnado; es decir, mediante el ejercicio de la acción de amparo se demanda el respeto a ese derecho y la restitución en su goce. En ese contexto, para la procedencia del juicio de amparo la parte agraviada debe demostrar la titularidad del derecho subjetivo tutelado por una norma jurídica y su afectación por el acto reclamado; es decir, el quejoso tiene la obligación de acreditar el interés jurídico en sí y el perjuicio padecido por el acto impugnado, el cual debe ser real, actual, directo y objetivo; además, esos aspectos deben demostrarse en forma plena, innegable y fehaciente porque no pueden inferirse con base en presunciones... Ahora, de los antecedentes de los actos impugnados que la parte quejosa relató en el escrito inicial bajo protesta de decir verdad se desprende que ante la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General de Oaxaca, se tramitó la carpeta de investigación ***, en contra del adolescente de iniciales ***, por su probable participación en la comisión del delito de lesiones culposas cometido en agravio de ***; que el doce de diciembre de dos mil veintidós, se decretó el no ejercicio de la acción penal en ese cuaderno de investigación, porque se actualizó la figura de la prescripción de la acción penal a favor del adolescente inconforme; y, que el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por el imputado en esa carpeta de investigación. Precisado lo anterior, enseguida es necesario traer a contexto el contenido de los arábigos 105, fracciones I y III, 108, 112, 255 y 327, fracción VI, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal. Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; [.] III. El imputado; [.] Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su asesor jurídico." "Artículo 108. Víctima u ofendido. Para los efectos de este Código, se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerará ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. En los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que este Código le otorga, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. La víctima u ofendido, en términos de la Constitución y demás ordenamientos aplicables, tendrá todos los derechos y prerrogativas que en éstas se le reconocen." "Artículo 112. Denominación. Se denominará genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Además, se denominará acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme." "Artículo 255. No ejercicio de la acción. Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este código. La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 327 del presente código, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona." "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando: [.] VI. Se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; [.]". De los normativos transcritos se desprenden, en lo que interesa, las premisas siguientes: 1. Son sujetos del procedimiento penal, entre otros, la víctima u ofendido y el imputado. 2. Se considera víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Asimismo, se considerar ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción u omisión prevista en la ley penal como delito. Por otro lado, en los delitos cuya consecuencia fuera la muerte de la víctima o en el caso en que ésta no pudiera ejercer personalmente los derechos que el código Nacional de Procedimientos Penales le otorga, se considerarán como ofendidos, en el siguiente orden, el o la cónyuge, la concubina o concubinario, el conviviente, los parientes por consanguinidad en la línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, por afinidad y civil, o cualquier otra persona que tenga relación afectiva con la víctima. 3. Se denomina genéricamente imputado a quien es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Por otra parte, se denomina acusado a la persona contra quien se ha formulado acusación y sentenciado a aquel sobre quien ha recaído una sentencia aunque no haya sido declarada firme. 4. Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en el código Nacional de Procedimientos Penales. La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 327 del código Nacional de Procedimientos Penales, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona." 5. El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. El sobreseimiento procederá cuando, de entre otros supuestos, se hubiere extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley. En diverso aspecto, debe señalarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la prescripción implica la cesación de la potestad punitiva del Estado, al transcurrir un periodo de tiempo determinado, en virtud de que el propio Estado abdica de su potestad punitiva, por razón de que el tiempo anula el interés represivo, apaga la alarma social y dificulta la adquisición de pruebas respecto a la realización del evento delictivo, la prescripción penal, por la esencia misma del ordenamiento punitivo, opera coactivamente, toda vez que es un mandato impuesto por el Estado para que el órgano delegado específicamente, la institución del Ministerio Público, conforme al artículo 21 constitucional, se abstenga de toda acción represiva del delito y para que en su caso, el órgano jurisdiccional decrete la extinción de la pretensión punitiva; e incluso por ello, se aplica de oficio y en cualquier grado y estado de la causa... En esos términos, se tiene que los actos reclamados a la autoridad responsable no afectan los intereses jurídicos de los disidentes, en la medida en la que esas actuaciones no inciden en sentido negativo en forma real, actual, directa y objetiva en sus esferas de derechos. Es así, porque ******************** no tiene la calidad de parte dentro de la carpeta de investigación *** del índice de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General de Oaxaca, en la medida que no figura como víctima u ofendido y tampoco tiene la calidad de imputada en ese cuaderno de investigación; en tal sentido, no resiente directamente sobre su persona la afectación que eventualmente pudieran producirse con la existencia de las actuaciones que impugna. Por lo anterior, no es factible que acuda a esta instancia constitucional a reclamar las actuaciones indicadas, porque no tiene alguna de las calidades enunciadas previamente; por tanto, los actos que pretende impugnar no afectan sus intereses jurídicos, en la medida en la que esas actuaciones no inciden en sentido negativo en forma real, actual, directa y objetiva en su esfera de derechos. Por otro lado, respecto del justiciable adolescente identificado con las iniciales **, de acuerdo con los antecedentes de los actos impugnados que relata bajo protesta de decir verdad se desprende que ante la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General de Oaxaca, se tramitó la carpeta de investigación ***, en su contra, por su probable participación en la comisión del delito de lesiones culposas cometido en agravio de ***; que el doce de diciembre de dos mil veintidós, se decretó el no ejercicio de la acción penal en ese cuaderno de investigación porque se actualizó la figura de la prescripción de la acción penal a su favor; y, que el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones planteado por la parte imputada en esa carpeta de investigación. En ese contexto, se sostiene que la determinación de doce de diciembre de dos mil veintidós, en la que se decretó el no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación ***, porque se actualizó la figura de la prescripción de la acción penal a favor del justiciable menor de edad identificado con las iniciales ***, no afecta sus intereses jurídicos, en la medida en la que esa actuación no incide en sentido negativo en forma real, actual, directa y objetiva en su esfera de derechos, porque el sentido de esa determinación incluso favorece al justiciable adolescente, dado que la actualización de esa causa de extinción de la acción penal implica la cesación de la potestad punitiva del Estado de continuar integrando el cuaderno de investigación aludido que se instrumentó en su contra, por su probable participación en la comisión del delito de lesiones culposas cometido en agravio de ***, lo cual trae como consecuencia que la institución del Ministerio Público se abstenga de toda acción represiva del delito en su contra. Por otro lado, en cuanto a lo que señala respecto de los registros de antecedentes penales en el caso no cobra vigencia, porque la determinación ministerial se dio durante la fase de investigación inicial, sin que se haya generado la situación que el disconforme señala. Por otro lado, debe decirse que en cuanto a la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, dictada en la carpeta de investigación ***del índice de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General de Oaxaca, en las que se declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones que planteó en esa carpeta de investigación, así como todo lo actuado en el citado cuaderno de investigación, tampoco afecta sus intereses jurídicos, en la medida en la que esas actuaciones no inciden en sentido negativo en forma real, actual, directa y objetiva en su esferas de derechos, porque si bien el sentido de esa determinación es adversa a las pretensiones del quejoso, lo cierto es que esa resolución no cambió su situación jurídica en la carpeta de investigación ***. En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el arábigo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de los actos combatidos a la autoridad responsable, este Juzgado Federal determina desechar de plano la demanda de amparo presentada por **** y por el adolescente identificado con las iniciales ****, con apoyo en lo dispuesto por el ordinal 113 de la citada legislación, en la medida en la que esas actuaciones no inciden en sentido negativo en forma real, actual, directa y objetiva en la esfera de derechos de los promoventes; de ahí que este medio extraordinario de defensa resulte improcedente. Domicilio y autorizados de la parte quejosa. Dado que la justiciable señaló la lista de acuerdos que se publica en este órgano jurisdiccional para recibir notificaciones, con fundamento en lo establecido por el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta resolución judicial, así como las ulteriores determinaciones, incluidas las de carácter personal, por así solicitarlo expresamente. Téngase como autorizado de la disidente en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a Óscar Pedro Aguilar Gijón con cédula profesional registrada en el Sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Medio de contacto para comunicaciones no procesales. Téngase a la inconforme por señalados el número telefónico y la cuenta de correo electrónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre las partes y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto por los numerales 5 y 22 Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previa coordinación con la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a las reglas de la consulta física, a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior, de conformidad con lo establecido por la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran este expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia o resolución que se llegue a dictar, se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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