Lucía Onofra González Vázquez
Expediente 842/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Lucía Onofra González Vázquez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo vigente, contra el auto de veinticinco de agosto de dos mil dieciséis, mediante el cual se desecho de plano la demanda de amparo, sin que se haya presentado promoción al respecto; por tanto, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de destrucción, por tanto, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone la fracción I del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, Tal como se estableció en la cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. El asunto no tiene información clasificada como reservada según los artículos 13 y 14 en términos del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que disponen los numerales 18 y 19 de la legislación en comento. Además, el juicio de amparo en que se actúa es un expediente auxiliar, que constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Vista la razón de veintidós de agosto de dos mil dieciséis, realizada por la Actuaria Judicial adscrita, mediante la cual, el licenciado *******, autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, señaló ante presencia judicial que la directamente agraviada no estuvo privada de la libertad por las autoridades que señalaron como responsables; sino que fue víctima del delito de secuestro por civiles, quienes actualmente se encuentran detenidos. Asimismo, manifiesta que la directamente quejosa fue rescatada por la autoridad policiaca y que, actualmente, desconoce su paradero, porque por temor se fue de esta ciudad. Atentas las relatadas condiciones, se ordena levantar la suspensión del procedimiento decretada por auto de quince de enero de dos mil dieciséis y se ordena continuar con la tramitación del presente juicio, en la etapa procesal en que se encontraba antes de la suspensión, cuenta habida que de conformidad con los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo sobrevino, en forma manifiesta e indudable, una causa de improcedencia, que impone desechar de plano la demanda de amparo, pues, en el caso, cesó en sus efectos el acto reclamado, como a continuación se pone de relieve. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, este órgano jurisdiccional procede a examinar el escrito de demanda, a fin de determinar la procedencia, o en su caso, la improcedencia del juicio. De conformidad con dicho precepto, para desechar una demanda de amparo sólo deberán concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia, y, b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Con relación a ello, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya, así como de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, cuando se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, con independencia de los elementos que eventualmente pudieran allegarse las partes. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Este lineamiento constitucional impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales resolver los asuntos de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. A partir de esas premisas, quien resuelve considera que, en el caso se actualiza, de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En la especie, de las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el quince de diciembre de dos mil quince y turnado a este órgano el mismo día, *******, en representación de *******, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra actos del agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos con Detenido, con sede en esta ciudad y otras autoridades, a quienes les reclamó la incomunicación, tortura y malos tratos. Asimismo, por acuerdo de quince de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente bajo el consecutivo *******; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se le dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En adición a lo anterior, en diligencia de veintidós de agosto del actual, el autorizado en términos amplios de la parte quejosa señaló, ante presencia de la Actuaria Judicial, que la quejosa no estuvo privada de la libertad por las autoridades que señalaron como responsables; sino que fue víctima del delito de secuestro cometido por diversas personas físicas, a quienes se les instruye proceso. Asimismo, manifiesta que la directamente quejosa fue rescatada por la autoridad policiaca y que, actualmente, desconoce su paradero, porque por temor se fue de esta ciudad en cuanto obtuvo su libertad deambulatoria. Así, lo manifestado por el autorizado de la quejosa en sede judicial resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesaron en sus efectos los actos reclamados, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la directamente agraviada *******, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se encuentra gozando de su libertad deambulatoria, pues estuvo privada debido a la actividad de personas diversas de las autoridades responsables; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues si el derecho jurídicamente tutelado en el presente asunto era la libertad personal de la quejosa, al haber obtenido su libertad personal, independientemente del motivo que la originó, lleva a considerar que fue restituida en los derechos que se alegaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, se impone desechar, de plano, la demanda de amparo, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. No obsta para desechar la demanda, que la parte quejosa no la hubiera ratificado, porque le improcedencia del juicio puede ser analizada en cualquier etapa del procedimiento, siempre que no haya causado ejecutoria la sentencia con la que culmine. Ante tales condiciones, glósese a los autos sólo como constancia el oficio que remite el Coordinador Regional de la Policía Estatal Única División Investigación en la Zona Norte, adscrito a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, pues resulta innecesaria la información que remitió. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA CONSTANCIA DE LA ACTUARIA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTINCINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS, MISMO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: SE IMPONE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, AL QUEDAR ACTUALIZADA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVIAT EN EL NUMERAL 61, FRACCION XXI, DE LA LEY DE AMPARO.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de agosto de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal de los autos se advierte que aún no se ha logrado la competencia de la directamente agraviada, *******, ni las autoridades ante las que se ha solicitado información han proporcionado algún dato de localización de dicha persona; no obstante, al tener a la vista los juicios de amparo ******* y *******, del índice de este Juzgado Federal promovido por *******, contra actos del Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos y otra autoridad, de quienes reclamaron el auto de vinculación a proceso, dictado en su contra por los delitos de secuestro agravado y lesiones, cometidos en agravio precisamente de la aquí quejosa, *******, motivo de la causa penal ******* del índice del Juzgado de Garantía del Distrito Judicial Bravos, por hechos ocurridos del catorce al diecisiete de diciembre de año dos mil quince, en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 15 y 64 de la Ley de Amparo y dado que este Juzgado se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr la comparecencia de la agraviada, se formulan los siguientes requerimientos: 1. Se requiere al promovente del amparo, *******, así como a sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, licenciados ******* y *******, para que dentro del término legal de tres días, y bajo protesta de decir verdad, informen a este órgano jurisdiccional: a) si conocen el paradero actual la quejosa; b) si la impetrante se encuentra o no privada de su libertad personal, por las autoridades que señalaron como responsables; o bien, c) si se encuentra en un lugar diverso a los señalados en la demanda que se formuló en representación de aquélla, apercibidos que de no dar cumplimiento a este acuerdo o de manifestar su imposibilidad para hacerlo, con apoyo en el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. 2. Asimismo, toda vez que los actos reclamados en el presente asunto lo constituyen los ataques a la libertad persona fuera de procedimiento, incomunicación y malos tratos, se requiere al Juez de Garantía del Distrito Judicial Bravos (ahora Juez de Control), encargado de la causa penal *******, para que de no tener impedimento legal alguno y dentro del término de tres días, contado a partir de la notificación de este acuerdo, informe a este Juzgado si la víctima del delito, de nombre ******* o *******, con posterioridad al quince de diciembre de dos mil quince, se encontraba a disposición de alguna autoridad; o bien, si con posterioridad a esa fecha declaró ante dicho Juzgado y, en su caso, si tiene conocimiento si actualmente se encuentra a disposición de alguna autoridad judicial o administrativa, lo anterior, con el propósito de determinar si dicha persona continua privada de su libertad por actos de alguna autoridad, apercibido que de no dar cumplimiento a este requerimiento o de manifestar su imposibilidad para hacerlo, con apoyo en el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. 3. Finalmente, con fundamento en el precitado artículo 15, gírese oficio a las autoridades responsables, para que dentro del término legal de tres días, realicen una nueva búsqueda en sus bases de datos e informen si tienen registro alguno que permita la localización de la citada quejosa, bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento a este requerimiento o de manifestar su imposibilidad para hacerlo, con apoyo en el numeral 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Adicionalmente, se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 251 de la Ley de la materia, que en el caso del artículo 64 de la misma legislación, cuando alguna de las partes tenga conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comunique al Juzgado de Distrito, se hacen acreedores a la imposición de una multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización. Notifíquese; personalmente al promovente de la demanda de amparo y a sus abogados autorizados. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
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