Lucia Muñoz Galicia

Expediente 1089/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1089/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
04/11/2016

Partes del expediente

  • Lucia Muñoz Galicia

Actuaciones

  1. Principal

    El cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con el oficio registrado con número de registro 18220. CONSTE.Zacatecas, Zacatecas, cuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el actuario judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que se admitió a trámite el conflicto competencial suscrito entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes con sede en la ciudad del mismo nombre, quedando registrado como conflicto competencial penal 17/2016-2.NOTIFÍQUESE POR MEDIO DE LISTA.Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, Secretario que autoriza y da fe.*María del Carmen*

  2. Principal

    El veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, el secretario da cuenta a la secretaria encargada del despacho con oficio y anexos registrado con el folio 17810. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinticinco de octubre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Aguascalientes con sede en la ciudad del mismo nombre, al que adjunta el original del juicio de amparo 1089/2016-6 y copias de demanda, del que se advierte que no aceptó la competencia planteada por este Juzgado. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado insiste en declinar la competencia en favor del Juez de Distrito en turno en el Estado de Aguascalientes, Aguascalientes; en consecuencia, con apoyo en el artículo 37, fracción VI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, a efecto de que dirima la cuestión competencial suscitada, remitiéndole al efecto los autos del juicio de amparo 1089/2016-6, del índice de este órgano jurisdiccional; así como las copias de demanda. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante para los efectos a que se refiere el artículo 48 de la ley de la materia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Hugo Mejorada Bedolla, secretario que autoriza y da fe. María del Carmen*

  3. Principal

    CUENTA. El once de octubre de dos mil dieciséis, la secretaria da cuenta a la Juez con lo siguiente: Demanda de amparo promovida por Lucía Muñoz Galicia, registrada con el número de folio 17124 y copias de ésta que se adjuntan La circunstancia de que el licenciado Leopoldo Hernández Pedraza, tiene registrada su cédula profesional número 1778709 en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, once de octubre de dos mil dieciséis. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Lucía Muñoz Galicia, contra actos de los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo de Distrito; así como del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, todos en Estado de San Luis Potosí, con sede en la ciudad del mismo nombre, excepto el Quinto y el Séptimo que residen en Ciudad Valles; por considerar que transgreden en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1089/2016-6, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. TRÁMITE DE LA DEMANDA. Previo a proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda es menester hacer las siguientes precisiones: de la lectura del libelo constitucional se advierte que la quejosa reclama la orden de aprehensión y detención girada en su contra, acto que le imputa, como como autoridades responsables ordenadoras, a los Jueces de Distrito del Estado de San Luis Potosí; y, como ejecutora, al Jefe de la Unidad Administrativa que integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en dicha entidad. En ese sentido, este órgano jurisdiccional considera carecer de competencia legal para conocer de dicho libelo constitucional, por los motivos que se exponen a continuación: El artículo 38, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 38.- Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de Distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiere, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca.". Por consiguiente, la interpretación que debe darse al artículo 38, de la Ley de Amparo, es en el sentido de que para determinar cuál es el Juez de Distrito competente para conocer de una demanda de amparo que se promueva contra otro Juez de amparo, debe atenderse, además de la materia de que puede conocer aquél, a la distancia. Con tal sentido debe aplicarse también esa disposición a los casos en que se promueva el amparo en contra de todos los Jueces de Distrito de un circuito, toda vez que el alcance que se da a dicha norma legal debe regir en todos los asuntos en que se aplique. Luego, el Juez de Distrito competente para conocer de un amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de un distrito, es el más cercano a éstos dentro del propio circuito, que sea de la misma materia o no especializado, si los hubiere y, en caso contrario, el más cercano de la misma materia o no especializado, aun cuando tenga su residencia en otro circuito; y, tratándose de la hipótesis en que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla será competente el Juez Federal más cercano a ese circuito. La interpretación realizada encuentra apoyo en el criterio sustentado por este Tribunal Pleno en la tesis de jurisprudencia número P./J. 76/2000, aprobada en sesión de once de julio de dos mil, formulada con motivo de la contradicción de tesis número 13/96, resuelta por unanimidad de diez votos, en sesión de fecha cinco de junio del citado año, que establece: "IMPEDIMENTO DE MAGISTRADOS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS POR MATERIA. PARA DETERMINAR A QUIÉN CORRESPONDE RESOLVERLO, DEBE ATENDERSE AL FACTOR DE CERCANÍA Y A LA ESPECIALIZACIÓN.-De conformidad con el artículo 37, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de los impedimentos que en cualquier materia se susciten entre los Magistrados de los Tribunales de Circuito, correspondiendo su conocimiento al Tribunal Colegiado de Circuito más cercano. Así, para determinar la competencia de este tipo de asuntos, en un circuito en el que existen en la misma sede diversos Tribunales Colegiados especializados por materia, debe atenderse al factor de cercanía, que comprende no sólo el ámbito de jurisdicción territorial, sino la materia en que están especializados los tribunales; de manera tal que el turno de los impedimentos se realice tomando en consideración también la especialización de los Tribunales Colegiados de Circuito, para que conozca de este tipo de asuntos aquel tribunal cuya especialización sea la misma del que se considera impedido, a fin de observar la celeridad procesal que este tipo de asuntos requiere." Ahora bien, de la página http://www.cjf.gob.mx/dir/organosmagistradosjueces.htm, se advierte que en el estado de San Luis Potosí, existen siete juzgados de Distrito, no especializados; y, un Centro de Justicia Penal Federal; luego, como se dijo, todos fueron señalados como autoridades responsables en la demanda de amparo que nos ocupa; en consecuencia, la competencia para conocer de ella corresponde al Juez de Distrito más cercano. Por otra parte, en la página googlemaps se advierte que entre San Luis Potosí, capital del mismo nombre y la capital de Zacatecas, existe una distancia aproximada de 192 kilómetros; entre las capitales de San Luis Potosí y Aguascalientes, la distancia es de 166 kilómetros; asimismo, entre Ciudad Valles, San Luis Potosí y la ciudad de Zacatecas, en esta entidad, la distancia es de 473 kilómetros; y, entre Ciudad Valles y Aguascalientes la distancia es de 430 kilómetros; es decir, existe menos distancia entre la capital de Aguascalientes y las ciudades de San Luis Potosí y Ciudad Valles, que entre éstas y Zacatecas, capital del mismo nombre; en consecuencia, si el acto reclamado tendrá ejecución en San Luis Potosí y las autoridades responsables, ordenadoras y ejecutoras, residen en esa entidad, el órgano competente para conocer de la demanda que nos ocupa es el Juzgado de Distrito en turno, en Aguascalientes, ciudad del mismo nombre. Por tanto, lo procedente es remitir la demanda de amparo con sus copias al Juez de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en turno, con residencia en la ciudad del propio nombre, para los efectos del artículo 48, de la Ley Reglamentaria en consulta, por considerar que es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo que se plantea, por ser el más inmediato al Estado de San Luis Potosí; lo anterior, a efecto de que se pronuncie sobre la competencia declinada, solicitando que la determinación que emita la haga oportunamente del conocimiento de este Órgano Jurisdiccional. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Es aplicable, en lo conducente, la tesis jurisprudencial P./J. 44/2001, con número de registro 190008, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2001, página 75, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA, CUANDO SON SEÑALADOS COMO RESPONSABLES TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE LA MISMA MATERIA DE CIERTO ÁMBITO TERRITORIAL, DEBE ATENDERSE, ADEMÁS DE LA CERCANÍA, A LA ESPECIALIZACIÓN. El primer párrafo del artículo 42 de la Ley de Amparo constituye una regla de excepción a la competencia por territorio que prevé el numeral 36 del propio ordenamiento, al establecer que corresponde conocer de un juicio de garantías promovido contra actos de un Juez de Distrito a otro de igual categoría, dentro del mismo distrito, si lo hubiere o, en caso contrario, al más inmediato dentro de la jurisdicción del Tribunal Colegiado de Circuito al que pertenezca dicho Juez, regla que debe aplicarse para determinar cuál es el Juez competente cuando el amparo se promueve contra todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un determinado ámbito territorial (distrito o circuito), aun cuando no se prevea en forma expresa esa hipótesis. Ahora bien, atendiendo a la interpretación sistemática de lo dispuesto en el referido artículo 42, no sólo debe tomarse en cuenta el factor de la cercanía, sino también la materia en que están especializados o de que pueden conocer los Jueces de Distrito. En estas condiciones, puede concluirse que el competente para conocer del amparo indirecto que se promueva contra todos los Jueces de garantías de la misma materia de un distrito, es el Juez más cercano a éstos dentro del propio circuito, si los hubiere y, en caso contrario, el más próximo de la misma materia o no especializado, aun cuando resida en otro circuito; y, en el caso de que el amparo se promueva en contra de todos los Jueces de Distrito de la misma materia de un circuito, aplicando dicha regla, será competente el Juez de garantías más cercano a ese circuito." DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita la promovente, se tiene como autorizado para recibir notificaciones con las amplias facultades que confiere el artículo 12, de la ley de la materia al licenciado Leopoldo Hernández Pedraza, toda vez que su cédula profesional 1778709 se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ello en atención a la reforma de dicho dispositivo en decreto publicado el diecisiete de junio del año en curso, que establece que también para la materia penal se requiere que las personas autorizadas en amplios términos acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Por otra parte, en atención a que la promovente señala los estrados de este Juzgado como domicilio para oír y recibir notificaciones, la notificación del presente así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 29, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se precisa que el horario en el cual pueden acudir las partes a este órgano jurisdiccional para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve a las quince horas, que es el horario de atención al público. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no solo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. LEY DE TRANSPARENCIA. Atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante la Secretario Teresa Rosado de Loza que autoriza y da fe.

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