Lucía Moorales Jarquín
Expediente 111/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 111/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Lucía Moorales Jarquín
Actuaciones
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, SE PUBLICA POR ESTRADOS EL AUTO DE UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: ...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de marzo de dos mil veintiuno. I. Cumplimiento de la prevención formulada. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta de la que se advierte que en cumplimiento a lo ordenado en auto de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, la parte quejosa Lucía Morales Jarquín, ratifica el escrito recibido por este juzgado el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, por medio del cual, aclaró su escrito inicial de demanda; por lo que, se acuerde lo siguiente: II. Análisis del escrito de demanda y, su aclaración. Ahora bien, toda vez que no se ha emitido pronunciamiento respecto de la procedencia o improcedencia de la demanda que se intenta, conviene traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Ley de Amparo "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XVIII y XXIII, este último en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESdisfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. .. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." Es así, pues la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo antes trascrito, impone a la parte quejosa la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado, antes de acudir al juicio de derechos fundamentales, que por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia del principio de definitividad se destaca, porque el amparo es la vía de impugnación final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado, puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello inhibe la utilización innecesaria del juicio constitucional. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que podrían perjudicarle. Exigencia de procedencia que solamente es excusable cuando se reclama alguno de los actos de excepción estrictamente delimitados por artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Es decir, aquellos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESJUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA PRAL. 111/2021 VII-A quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento y cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. Fuera de esos casos, el justiciable debe observar el principio de definitividad. De lo contrario, el juicio de amparo resulta improcedente, con base en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, antes trascrito. Por su parte, de la fracción XXIII del citado ordenamiento, se advierte que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos internacionales de los que México sea parte. Ahora, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014 , sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o en el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESafecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, del análisis integral del escrito de demanda y, su aclaración, así como de las constancias anexas a la misma, se desprende que la parte quejosa, reclama del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca y, actuario de su adscripción; la dilación procesal dentro del incidente de indemnización promovido el dos de marzo de dos mil veinte, dentro del expediente civil 164/2017, así como la falta de emplazamiento a la parte demandada incidentista. En ese sentido, se estima que dichas omisiones, se tratan de violaciones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, en atención a que no dejan a la parte quejosa sin defensa, ni pueden verse de forma autónoma, ya que se trata de violaciones de carácter adjetivo conforme a las cuales tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a cumplir con la administración de justicia pronta, expedita y completa. En el caso, el recurso de queja tiene lugar en los casos de denegación de justicia, pues así lo disponen los artículos 697, 698, 699 y 701 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, los cuales señalan lo siguiente: "Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: I. Contra el juez que se niega a admitir una demanda o desconoce de oficio la personalidad de un litigante antes de emplazamiento; II. (DEROGADA, P.O. 20 DE ABRIL DE 2001) III. Contra la denegación de apelación; IV. En los demás casos fijados por la ley y en los casos de denegación de justicia." "Artículo 698.- Se da el recurso de queja en contra de los Ejecutores y Secretarios por ante el Juez. Contra los primeros sólo por exceso o defecto de las ejecuciones y por las decisiones que adopten en el acto de ejecución. Contra los segundos por omisiones y negligencia en el desempeño de sus funciones." "Artículo 699.- El recurso de queja contra el juez se interpondrá ante el superior inmediato dentro de los tres días que sigan al acto reclamado, haciéndolo saber dentro del mismo tiempo al juez contra quien va el recurso, acompañándole copia. El escrito relativo podrá enviarse al superior por conducto del mismo juez. Dentro del tercero día de que tenga conocimiento, el juez de los autos remitirá al superior informe con justificación. El superior, dentro de tercero día, decidirá lo que corresponda." "Artículo 701.- El recurso de queja contra los jueces sólo procede en los juicios cuya sentencia sea apelable, a no ser que se intente para calificar el grado en la denegación de apelación o en los casos de denegación de justicia." 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESJUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA PRAL. 111/2021 VII-A Por su parte, el artículo 16 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca1 , publicada en el Periódico Oficial del Estado el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve, aplicable conforme a lo establecido en el artículo tercero Transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, vigente2 , establece que las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado conocerán de los recursos y medios de impugnación que la ley de la materia determine, en los procesos seguidos en los Juzgados de todo el Estado. De ahí se advierte que a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, le corresponde instruir al titular del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, así como al actuario de esa adscripción, para que den cumplimiento a su deber constitucional y legal de impartir justicia pronta, expedita y completa. Por tanto, el juicio de amparo indirecto contra los actos reclamados, que se traducen en la denegación de acceso a la impartición de justicia en dilatar la prosecución del incidente de indemnización, derivado del juicio civil 164/2017, del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, es improcedente, puesto que no son de naturaleza irreparable, aunado a que la parte quejosa del amparo puede interponer recurso de queja contra la denegación de justicia de la que se duele ante la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues resulta idóneo para obligar a la juez como rector del proceso para que tome las medidas que en derecho procedan. Se invoca en apoyo la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 350, del libro 1, diciembre de 2013, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: y texto siguientes: 1Artículo 16. El Tribunal Superior de Justicia, funcionará con las Salas que sean necesarias para la pronta y expedita administración de justicia. Las Salas podrán ser Especializadas en razón de la materia, y se enumeraran progresivamente según lo acuerde el Pleno. Cada una de las Salas se integrará con un número impar de Magistrados, quienes en la primera sesión del mes de enero de cada año, elegirán a quien las presida. El Presidente de Sala durará en su cargo un año y podrá ser reelecto. - - - Las ausencias del Magistrado Presidente de Sala serán cubiertas por el Magistrado Decano de cada Sala. - - - Las Salas del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, conocerán de los recursos y medios de impugnación que la ley de la materia determine, en los procesos seguidos en los Juzgados de todo el Estado. 2 LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE OAXACA. (.) Ley publicada en la Cuarta Sección del Periódico Oficial del Estado de Oaxaca, el sábado 28 de abril de 2012. (.) T R A N S I T O R I O S: - - - Artículo Primero. - - - La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. - - - Artículo Segundo. - - - Se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Oaxaca publicada en el Periódico Oficial del Estado con fecha dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve. Artículo Tercero. - - - Los procesos y procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, continuarán tramitándose hasta su conclusión conforme a las disposiciones con las que fueron iniciados. 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES"DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Así, una vez analizado lo relativo a los actos de imposible reparación la Primera Sala definió que la irreparabilidad del acto no es en sí misma una causa que justifique el no agotamiento del recurso ordinario previsto en la ley, cuando este último es apto para revocar o modificar la resolución. Sustenta lo anterior por las razones que la informa, la jurisprudencia 1a./J. 113/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos cincuenta, del Libro 1, Diciembre de dos mil trece, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, bajo el rubro y textos, siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESJUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA PRAL. 111/2021 VII-A En relatadas consideraciones, antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa estaba en condiciones de combatir la omisión reclamada, a través del recurso de queja en mención, que prevé el artículo 697, con relación a los diversos 698, 699 y 701, del Código Procesal invocado, pues a través de ese medio ordinario de impugnación, como ya se expuso, se puede instruir al rector del proceso a respetar los términos y plazos procesales a fin de evitar la denegación de justicia en el caso en particular. Máxime, que la parte quejosa no es tercero extraño al juicio o procedimiento del que emana la omisión reclamada, pues acorde a sus manifestaciones, es parte actora incidentista dentro de aquél; razones por las cuales estaba en aptitud de hacer valer los recursos ordinarios previstos en la ley para ejercer su defensa. Aunado a lo anterior, tampoco se ubica en los supuestos de excepción delimitados por el artículo 61, fracción XVIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado, no se ubica en los supuestos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como tampoco, respecto de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Además, tampoco se está en presencia de una orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del de la parte quejosa, ni se trata de un auto de vinculación a proceso, bien, que el recurso de reposición que prevé el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, requiera de interpretación adicional, pues como se analizó, el artículo 668 y más aún el diverso 127 bis fracción X, ambos del citado cuerpo normativo, son claros en establecer que procede dicho medio de defensa (reposición), contra los acuerdos de presidencia, así como contra la determinación que decreta la caducidad en segunda instancia. Ahora, si bien el recurso de mérito no prevé la suspensión del acto reclamado, esa circunstancia no impide tener por actualizada la causa de improcedencia que se analiza prevista en la fracción 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual prevé excepciones de aplicación estricta y diversas a las contenidas en la causa de improcedencia contenida en la fracción XX, del mismo numeral, que también regula la definitividad, empero tratándose de 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESactos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con el diverso numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, procede desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia J/37 emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, del Tomo XV, Mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL" Así como la jurisprudencia VI.2o.C.J/260 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página: 1816, rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA" De igual forma, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 1665, del Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, rubro: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA" Lo anterior es así, toda vez que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Sin que tal determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que el presente pronunciamiento, se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de 2006, página 921, cuyo rubro establece: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA" 15/05/21 18:18:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORESJUZGADO NOVENO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA PRAL. 111/2021 VII-A Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; además, lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Apoya a lo anterior, la tesis XVI.1o.A.T.2 K (10a.) de la Décima Época, visible en la página 1167 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, marzo de 2012, tomo 2, que es del rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS" Finalmente, se hace constar que lo relativo al domicilio, autorizados, habilitación de días y horas inhábiles para que actúen los Actuarios adscritos, lo relativo a la transparencia de las resoluciones judiciales, la gratuidad en el servicio, fue acordado en el auto de prevención de quince de diciembre del presente año. Finalmente, se autoriza al actuario judicial a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese personalmente y, cúmplase
- Principal
tomando en consideración que la firma que calza dicho escrito es notoriamente distinta a la diversa que obra en autos (demanda de amparo); por tanto, previo a proveer al respecto, requiérase a la parte ocursante, para que debidamente identificada, comparezca ante este Juzgado y en diligencia formal, manifieste bajo protesta de decir verdad, sí reconoce o no como suya la firma estampada en el escrito que se acuerda y, en su caso, diga si la ratifica; apercibida que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el ocurso de referencia. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia 24 (7/89) emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 385, Parte III, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA." Al respecto, hágasele del conocimiento de la parte quejosa que en términos del "ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19", este órgano jurisdiccional cuenta con la limitante para que el público en general, ingrese al edificio para la práctica de diligencias como la que se pretende. CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.96.55 15/05/21 18:18:10 SECCIÓN AMPARO MESA VII. PRAL. 111/2021 En ese sentido, se fijan las DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que se presente ante este juzgado de Distrito, debidamente identificada con credencial oficial, y en diligencia formal manifieste si ratifican o no el escrito de cuenta que aquí se provee. Asimismo, dígase a la parte ocursante, que de no acudir a la cita, se les hará efectivo el apercibimiento decretado en este mismo auto. Además, dígase que al momento de la notificación respectiva se le entregará el código QR que permite el ingreso a este órgano jurisdiccional, el cual deberán presentar en la hora y día señalados, y sólo podrá en su caso, acompañarlos una persona, siempre y cuando se encuentre autorizada en este asunto. Notifíquese personalmente.Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
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...se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, mediante escrito y bajo protesta de decir verdad, aclare su demanda de amparo...Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales
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