Lucía Mireya Domínguez Rebolledo

Expediente 788/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 47 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
788/2019
Año
2019
Actuaciones
47
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Lucía Mireya Domínguez Rebolledo
  • E.A. L. M.
  • E.A. L. M. y Otros.
  • Lucía Mireya Domínguez Rebolledo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio DIF/PRODEMEFA/JURIDICO/OFICIO NUMERO 892/2019 signado por el Subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, por ausencia de la Titular, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado por proveído de veintisiete de noviembre pasado, mediante el cual remite copia certificada del expediente número 133/2014 de su índice; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de las constancias remitidas por el Fiscal Investigador en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Niñas, Niños y Adolescentes, se desprende que ********madre del menor aquí quejoso, compareció ante dicha autoridad en la carpeta de investigación 29/203/2019, en donde hizo suya la denuncia interpuesta por *********, y en la que manifestó que ésta le entregó personalmente a su hijo E.A.L.M.; a lo que se suma que la referida **** presentó un diverso escrito ante la responsable, en donde señaló que desde que tiene a su menor hijo, ha estado huyendo de **********, quien tiene la custodia legal del menor, pues tiene el temor de que le hiciera algún daño, por lo que inició el expediente 133/2014 en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. En atención a ello, debido a que en el presente asunto es el menor de edad E.A.L.M. quien acude a esta instancia reclamado la orden de entrega a Marcelino Lizama Chan, emitida por la responsable, este juzgador atendiendo al interés superior del impetrante del amparo, estima necesario contar con el referido expediente de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. Por tanto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de cinco días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, remita a este Juzgado copia certificada del expediente número 133/2014 de su índice, o en su caso, el impedimento que tiene para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el citado numeral 260, fracción IV, de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Finalmente, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio NNA-AG29/446/2019 signado por la Fiscal Investigador en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite en cumplimiento al requerimiento efectuado por proveído de veintinueve de octubre pasado, mediante el cual remite copia certificada de la carpeta de investigación 29/2013/2019 de su índice. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las once horas con treinta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: toda vez que de una revisión de constancias se desprende que en autos obra el acta de denuncia número 29/203/2019 de cuatro de junio de dos mil diecinueve levantada ante la Agencia Vigésima Novena de la Dirección de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, de la que se advierte que en atención a los hechos manifestados por el menor de edad con identidad reservada E.A.L.M., mientras se resuelve la situación jurídica de su madre *************, fue entregado a la aquí promovente ******. Por tanto, a fin de proveer lo que en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase al Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, informe el estado procesal que guarda la denuncia con número de acta 29/203/2019, y remita copia certificada de las constancias posteriores a la comparecencia de cuatro de junio de los corrientes, o en su caso, el impedimento que tiene para hacerlo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el citado numeral 260, fracción IV, de la ley de la materia y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Lo anterior, de conformidad al principio del interés superior del niño, tal y como lo establece el artículo 4° de nuestra Constitución, y la Convención de los Derechos de los Niños. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 17/97, del Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 199454, que dice: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Notifíquese y cúmplase.

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