Lucía Mercedes Olmos Zaragoza
Expediente 61/2017 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 61/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Lucía Mercedes Olmos Zaragoza
- Jesús Hernández Valdés
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS AUTOS DE VEINTE DE ENERO Y VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL TANTO A LA PARTE QUEJOSA COMO A LA TERCERA INTERESADA **********, RESPECTIVAMENTE, EN EL AMPARO DIRECTO 61/2017 DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL, LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADA POR EL PLENO DE ESTE ÓRGANO EN EL CITADO AMPARO, LA CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: El dos de enero de dos mil dieciocho, el secretario de estudio da cuenta al Magistrado Presidente de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el estado procesal de los presentes autos. Conste. Toluca, Estado de México. Dos de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia de amparo decretada por este órgano jurisdiccional se dictó el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual se concedió el amparo a**********; y, el veinticuatro de octubre de ese año se indicó que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de dicha sentencia, por lo que ese día se requirió su cumplimiento a la responsable. Mediante oficio dos mil setecientos veinticuatro de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, comunicó a este tribunal que en auto emitido en la misma fecha dejó insubsistente la sentencia reclamada (de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis); y, solicitó a este tribunal colegiado la autorización de una prórroga de quince días a efecto de emitir la resolución con la que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la cual le fue concedida por auto de presidencia de treinta del mismo mes y año en curso. Así, el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio dos mil ochocientos noventa y tres, la sala responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el quince de noviembre de la anualidad, con la cual, dijo, daba cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A continuación se procede a corroborar si la autoridad responsable dio exacto cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La protección constitucional se otorgó para los siguientes efectos: 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada; 2. Enseguida, dictara otra en la que al resolver la litis ante ella planteada, se pronunciara en torno a todos los agravios que expresó en su recurso de apelación, y que de manera enunciativa habían quedado sintetizados en los incisos a) a r) de la parte considerativa de la ejecutoria, para lo cual debería expresar las motivos concretos y fundamentos jurídicos que estimara aplicables; y, 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente. En la especie, la resolución con la que la responsable sostiene su cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se hizo del conocimiento de las partes, para que en un término de diez días manifestaran lo que a su derecho correspondiera, sin que se advierta de las constancias que hicieran uso de ese derecho. Para una mejor comprensión y análisis del fallo emitido por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano constitucional, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA. RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada; 2. Enseguida, dictara otra en la que al resolver la litis ante ella planteada, se pronunciara en torno a todos los agravios que expresó en su recurso de apelación, y que de manera enunciativa habían quedado sintetizados en los incisos a) a r) de la parte considerativa de la ejecutoria, para lo cual debería expresar las motivos concretos y fundamentos jurídicos que estimara aplicables. k) Mediante escrito de veintidós de agosto de dos mil trece, oportunamente objetó el contrato del actor, al señalar que la vendedora en aquel jamás ha tenido la posesión y propiedad del inmueble relacionado con el juicio y, suponiendo que lo hubiera transmitido, ello resulta ilegal; además que nació primero el contrato de la demandada (mil novecientos ochenta y tres) que el de su contraparte (mil novecientos ochenta y siete). Y esa objeción se debió tener por acreditada, al constar el contrato de compraventa de la demandada, los formatos de traslado de dominio y recibos de pago de impuesto predial, la testimonial, los reconocimientos de contenido y firma, y la presuncional. i) En relación con lo considerado en el sentido de que el actor presentó diversas constancias, entre ellas, el formato de declaración para el pago de impuesto sobre traslado de dominio y otras operaciones de bienes inmuebles, de siete de diciembre de dos mil seis, en original, no se considera que dicha documental carece de idoneidad para demostrar la posesión material, y la posesión jurídica solo deriva del derecho de propiedad, como así lo indica la tesis de rubro: "POSESIÓN. PRUEBA DOCUMENTAL. NO ES IDÓNEA PARA ACREDITARLA". d) En relación con el estudio de la excepción de nulidad o invalidez del contrato de compraventa de siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, se expone que el juez dejó de valorar la documental privada consistente en el contrato de compraventa de la demandada de veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, y omitió tomar en consideración que se tuvo por reconocido en cuanto a su contenido y firma, tal y como se advierte del auto de once de septiembre de dos mil trece; así como la testimonial, en donde los deponentes refirieron conocer a la oferente y el inmueble de mérito, y sobre todo indicaron que la dueña y poseedora lo es **********, porque desde hace treinta años lo ocupa, y eso lo saben porque son vecinas del mismo pueblo; además, la última de las citadas refirió que ella nació y vivió ahí y que fue su mamá quien vendió ese inmueble a la demandada. s) Si en el juicio no se dilucida cuestiones de propiedad, también es cierto que se debe analizar el documento base de cada una de las partes, pues la acción plenaria de posesión exige un justo título, entendido como el que es bastante para transferir el dominio, y es en ese sentido que se debe analizar su excepción correspondiente. f) Con lo anterior -expuso la recurrente-, se desprende que el actor también presenta un documento privado que tampoco fue perfeccionado. b) La resolución apelada carece de fundamentación y motivación, que obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos hechos valer oportunamente. m) La identidad del inmueble se tuvo por acreditada porque el juez consideró que la demandada, desde el momento de dar contestación, aceptó que se encontraba en posesión del bien que a su decir forma parte de uno de mayor superficie, y que ello se corroboró con el desahogo de la prueba confesional, y si bien se aludió a la falta de identidad, no se ofreció y desahogó la pericial en materia de topografía e identidad de inmueble, para demostrar que el bien reclamado por el actor no es el que ella posee. Sin embargo, se debió tomar en consideración su manifestación -expresó la inconforme- en el sentido de que no hay identidad entre el título del actor respecto del bien que reclama, pues dicha circunstancia obligaba al actor a probar lo contrario con la prueba pericial respectiva, esto es, para demostrar que sí existe identidad, pues las confesionales no alcanzan a surtir los efectos que establece el artículo 1.267 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ya que es el actor quien debe probar los elementos de la acción, máxime que el enjuiciante no desahogó la prueba testimonial de la que se pudiera inferir de los atestes que conocen el inmueble, su ubicación física o si es el caso de que la fracción reclamada forma parte de una mayor superficie, "¿en dónde se va a ubicar esta?, es decir, dentro de la totalidad de la superficie, ¿en dónde se encuentra el inmueble del actor?". n) Las pruebas que ofreció el actor no son suficientes para desvirtuar la falta de identidad del inmueble, máxime que en la demanda no precisó todos aquellos hechos en los que hacía descansar la procedencia de su acción ni mucho menos exhibió un croquis de ubicación. De ahí que no se colme el cuarto elemento de la acción, con independencia de que resulta innecesario que la demandada haga valer como defensa o excepción tal falta de identidad. Estimó aplicables las tesis de rubros siguientes: "ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. PARA QUE SEA PROCEDENTE DEBEN COMPROBARSE SUS ELEMENTOS, COMO ES EL DE LA IDENTIDAD, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL REO OPONGA O NO EXCEPCIONES Y DEFENSAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)" y "ACCIÓN REIVINDICATORIA. IDENTIDADES FORMAL Y MATERIAL DEL BIEN PERSEGUIDO, COMO ELEMENTOS DE LA". p) Con apoyo en el principio que dice: "Donde la ley no distingue, el juez no puede distinguir", se advierte que el legislador indicó que es mejor la posesión que se funda en título y cuando se trata de inmuebles, la que está inscrita. Sin embargo, también previó el supuesto de que los títulos fueran "iguales", debe estarse a la posesión más antigua. Y el juez distingue cuando la ley no lo hace, al referir que tanto el contrato del actor como el de la demandada provienen de origen distinto, y si bien es cierto que son de fecha distinta, se tomó en cuenta la fecha cierta de estos. Con ello se inobservó lo definido en jurisprudencia en el sentido de que no es indispensable que el documento exhibido como justo título sea de fecha cierta, porque en tratándose de la acción plenaria de posesión que se prevé en el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se protege la posesión jurídica del bien adquirido de buena fe mediante un justo título y su finalidad es incorporar la posesión material de la cosa a los derechos del actor, sea porque el demandado es poseedor de mala fe o porque aun teniendo título de igual calidad que el demandante, la ha poseído por menos tiempo que este. Por tanto, si se toma en cuenta que la acción de que se trata no protege la propiedad, sino la posesión legítima de los bienes adquiridos aun cuando no se tenga el documento que acredite la propiedad, es necesario tomar en consideración que la posesión hace presumir la propiedad, y con ello se concluye que para la procedencia de la acción plenaria de posesión no es indispensable que el documento justificativo como justo título sea de fecha cierta. Al respecto, se apoyó en la tesis de epígrafe: "ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO ES INDISPENSABLE QUE EL DOCUMENTO EXHIBIDO COMO JUSTO TÍTULO SEA DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)". r) Insiste en señalar que si la legislación no pide que los títulos presentados para la acción plenaria de posesión sean de fecha cierta; luego, al ser iguales, se debe estar a la posesión más antigua, que es la que resulta -en la especie- de la demandada, pues la certeza de su documento base se corroboró con la prueba testimonial, en donde los testigos refirieron conocer a la demandada, el inmueble relacionado con su contrato de compraventa y que saber que lo adquirió desde hace como treinta años, de la vendedora que señalaron, quien es la madre de la última testigo; al igual que se desahogó el traslado de dominio a favor de **********, del cual se desprende que adquirió el inmueble de **********, y se tuvo por reconocido el documento de la demandada, por la incomparecencia de los interesados. e) El juez natural no tomó en consideración y no valoró las documentales públicas consistentes en los traslados de dominio que se adjuntaron al escrito de contestación de demanda, uno a nombre de la demandada y el otro a nombre de su vendedora **********; así como los recibos de pago de impuesto predial, de los que se desprende que a partir de mil novecientos ochenta y siete, la inconforme presentó su contrato de compraventa ante un funcionario público, quien en razón de su oficio conoció de él y realizó el trámite de declaración para el pago del impuesto sobre traslado de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles y pago de impuesto predial; y, de igual manera, omite estudiar la presuncional legal y humana. h) El juez es parcial con el actor, pues estima que respecto de la recurrente no se acreditó que su vendedora hubiera sido la legítima propietaria, mientras que al analizar el documento del actor, omite realizar la misma reflexión, por lo que su actuar es sesgado. Además, en estricto apego al principio de igualdad de las partes, también debió haber otorgado valor probatorio al traslado de dominio y trámite para el pago del impuesto predial, que datan de mil novecientos ochenta y ocho, para así concluir que su contrato de compraventa fue presentado ante servidor público en ejercicio de sus funciones. j) Si el juez admitió que el actor acudió a la instancia jurisdiccional para hacer valer la acción pro forma en mil novecientos ochenta y ocho, y que esa circunstancia, junto con los formas de declaración de traslado de dominio y recibos de pago de impuesto predial que exhibió, le son suficientes para concluir que adquirió la posesión del inmueble; luego, respecto de la inconforme también debió asumir, en igualdad de circunstancias, la misma reflexión (sic), para concluir que si bien su contrato no se presentó a una instancia jurisdiccional, lo cierto es que sí sometió su documento ante un funcionario o servidor público en mil novecientos ochenta y siete, quien en razón de su oficio requisitó (sic) la declaración para el pago del impuesto sobre traslado de dominio, así como formalizó el pago de impuesto predial, todo lo cual se trata de trámites anteriores a los del actor, debiéndose tomar en tomar en consideración tales circunstancias para concluir que el actor carece de justo título para poseer el bien que reclama. l) Se omitió considerar que la vendedora de la demandada (inconforme), también sometió su contrato base ante funcionario público quien en relación a su oficio realizó en su momento traslado de dominio a su favor, e inclusivo también pago el impuesto predial, y de esta última declaración del impuesto sobre traslado de dominio se advierte que ********** le compró el inmueble a **********. Por lo que también se debe considerar su posesión de buena fe. q) Agregó que con independencia de lo anterior, la demandada sometió su contrato de compraventa en el año mil novecientos ochenta y seis, ante un funcionario que en razón de su oficio requisitó (sic) el trámite para el pago de impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones de bienes inmuebles, así como para pagar el impuesto predial, lo que evidenció que su fecha cierta se adquirió primero que el del demandado. a) Vulneración al principio de congruencia porque no se toma en consideración lo dispuesto en los artículos 778 del Código Civil del Estado de México abrogado, y 5.41 del Código Civil del Estado de México vigente, de donde se desprende que si los contendientes en la acción plenaria de posesión tienen un título de igual "condición", pues se trata de un "contrato privado de compraventa"; luego, debe prevalecer la posesión más antigua, que en el caso se trata la que defiende la inconforme, pues su título fue suscrito el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. c) Se alegó que se desatendió el principio de exhaustividad, porque conforme a la litis planteada, se debió considerar que tanto el actor como la demandada tienen un título de propiedad, los cuales son iguales desde el momento que, en tratándose de bienes inmuebles, ninguno se encuentra inscrito registralmente, por lo que atendiendo a la expresión literal contenida en el artículo 5.41 del Código Civil del Estado de México, ya que a falta de título o siendo iguales debe estarse a la posesión más antigua. g) En relación a que se estimó que no acreditó que su vendedora hubiera sido la legítima propietaria, se trata de una manifestación que carece de sustento, porque existe una documental pública consistente en la declaración de pago del impuesto sobre traslado de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles, de la que se desprende que la vendedora que aparece en el contrato base de su pretensión, para formalizar el traslado de dominio, dio cumplimiento a los artículos 40 al 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México, quien, en entre otros requisitos, "debió acreditar con contrato de compraventa mediante el cual adquiere la propiedad del bien, croquis de medidas y colindancias, croquis de localización del predio, constancia de posesión expedida por el delegado de su comunidad, identificación del anterior propietario, entre otros"; por tanto, sí existe material del que se advierte que los títulos son iguales y que su posesión es más antigua, sin soslayar que es la inconforme quien posee en la actualidad. o)Para el análisis del quinto elemento de la acción plenaria de posesión, es menester atender al artículo 778 del Código Civil del Estado de México abrogado, y 5.41 del Código Civil del Estado de México vigente (los transcribe), pues el actor funda su posesión en el contrato de compraventa de siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, y la demandada en el diverso contrato de veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, por lo que queda evidenciado que ambas partes presentan un contrato de compraventa y que ninguno se encuentra inscrito registralmente; de ahí que se trate de documentos iguales, y por ese motivo, en estricto acatamiento a los artículos citados, el mejor derecho a poseer el inmueble debe determinarse en función de la posesión más antigua, que -a su decir- lo es la que corresponde a la demandada. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente. A. Dictó nueva resolución el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que dejó insubsistente la diversa reclamada, de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. B. El quince de noviembre de dos mil diecisiete dictó otra sentencia en la que la autoridad responsable después de analizar los agravios sintetizados por este órgano colegiado, las constancias de autos y las pruebas ofrecidas por las partes determinó que los referidos agravios se analizarían en su conjunto por la relación existente entre ellos. Enseguida, coligió que, en correlación con el primer elemento de la acción plenaria de posesión el actor **********en términos de lo dispuesto por los artículos 1.252 y 1.253 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México le correspondía demostrar tener un justo título y de buena fe para poseer el inmueble ubicado en el Poblado de **********, México reclamado en sus prestaciones; y para tal efecto, aportó con la demanda las copias certificadas del expediente 20/1998 radicado en el Juzgado Mixto Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, las cuales se perfeccionaron con las constancias procesales del expediente 20/1998 radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México relativas al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura hecho valer por **********en contra de **********, documentos a los que se les dio valor probatorio pleno en cuanto hace a su contenido de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1.293 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, demostrando la tramitación del juicio y por ende la presentación del contrato de compraventa. Contrato de compraventa que a la vez consta a fojas cuatro del expediente 20/1988, por tanto adquiere un valor probatorio pleno en cuanto hace a su contenido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México demostrando fehacientemente, la celebración de una compraventa en fecha siete (7) de octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987) entre **********como vendedor y **********en calidad de comprador, sobre un terreno de labor de riego, ubicado en **********, Otzolotepec, Estado de México con las siguientes medidas al norte **********metros y linda **********, al sur ********** metros y linda con **********, al oriente **********metros linda con **********y al poniente **********linda con **********. Que en contra posición a lo argumentado en los agravios resumidos por la autoridad federal bajo el inciso k) ese contrato de compraventa en fecha siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, no se encuentra desvirtuado, pues si bien era cierto se objetó en cuanto a su autenticidad y valor probatorio, bajo los argumentos de que la persona que vendió jamás ha tenido la posesión y propiedad del inmueble, siendo la transmisión ilegal; que no puede producir ninguna consecuencia de derecho en contra de la demanda; que contiene inconsistencias en el nombre de la vendedora y del vendedor por hacer alusión a ********** y a **********, así como a **********y por otra ********** datos que no permiten individualizar a las personas; que no estaba legitimada para transmitir el inmueble **********; que su título es más antiguo; que es ilícito al ser transmitido por persona que no estaba legitimada, siendo ilegal vender un inmueble ajeno; y, que **********compareció el seis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Lerma, Estado de México donde al desahogar el reconocimiento de contenido y firma del contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, sostuvo que no estuvo presente en la celebración de la compraventa y que no era suya la firma que calza el documento. En ese entendido señaló que no podía declararse procedente la objeción en cuanto hacía a la autenticidad de la compraventa en fecha siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, porque no se acreditó de manera fehaciente que **********no estuviera legitimada para vender, ni que no fuera de su propiedad o tuviera la posesión del inmueble descrito en dicho acto jurídico; ya que, el hecho de demostrar la celebración de un diverso contrato de compraventa de fecha veinticinco de noviembre del mil novecientos ochenta y tres el cual fue ratificado por **********en su calidad de testigo y a la vez le consta su celebración a ********** quien es hija de la vendedora, esto no probaba que **********hubiera sido reconocida como la única propietaria o tuviera inscrito su título de propiedad ante el Registro Público de la Propiedad sobre el inmueble descrito en el contrato del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, que a más no tiene idénticas medidas y colindancias que el amparado en el contrato de fecha veinticinco de noviembre del mil novecientos ochenta y tres; de ahí que no se pudiera sostener que **********vendiera una cosa ajena o que exclusivamente le perteneciera a ********** o el causante de ella. También determinó que no se estaba ante dos contratos derivados del mismo causante, es decir, no se afirmaba que al actor o su causante le hubiera vendido a María Félix Becerril Reyes, quien a su vez, vendió a **********, para entonces estimar que se actualizaba la venta de cosa ajena por haberse celebrado una compraventa en el año de mil novecientos ochenta y tres y otra en el año de mil novecientos ochenta y siete sobre el mismo inmueble por quien era reconocido como el legítimo propietario del inmueble. Pues por el contrario los causantes de las partes eran distintos dado que a **********le vendió **********, pero no se advertía quien le vendió a ella, y si bien citó la participación de ********** lo hizo en calidad de testigo; además de que por su parte, a ********** le vendió ********** y de acuerdo con el traslado de dominio ella lo adquirió de **********. De esta manera, los contratos presentados por las partes tienen origines distintos y a más de que versaban sobre predios con distinta ubicación, sin ser coincidentes en medidas y colindancias, ni superficie total. E indico que conjuntamente, las copias exhibidas de los traslados de dominio únicamente adquirían un valor probatorio pleno en cuanto hace a su contenido de acuerdo con los artículos 1.293 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México demostrando que se realizó la declaración unilateral de tales datos por los adquirentes del inmueble en ellos descritos pero no corroboraban ni daban publicidad al acto jurídico que invocan como lo haría la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad; por lo que, en ese sentido, no se acreditó con la declaración del pago del impuesto de traslado de dominio que los causantes de las partes fueran los verdaderos titulares registrales de los derechos de propiedad, ni se podía sostener que les fueran ajenos los derechos que respectivamente se transmitieron a cada una de las partes. Por tanto, adujo que no se puede bajo el argumento de existir el traslado de dominio de la causante de la parte demandada determinar que el contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete no sea auténtico o su objeto sea ilícito como se plantea en la objeción, cuando no se demostró que ********** o su causante fueran las legíimas propietarias del predio y sus títulos sean los únicos registrados ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Que bajo este argumento, tal como se hace valer en los agravios resumidos bajo el inciso i) la copia simple del traslado de dominio presentada por el actor con su demanda no adquiere un valor probatorio pleno para demostrar la titularidad del inmueble, por ser una copia simple y su valor exclusivamente puede ser indiciario sobre su contenido; esto es, demostrar que el actor realizó una declaración unilateral de carácter administrativo para hacer el pago del impuesto de traslado de dominio y otras operaciones sobre bienes inmuebles, pero ello no generaba o convalidaba ni el derecho de propiedad, ni tampoco se acreditaba la posesión sobre el inmueble del cual se declaró, así exclusivamente prueba la realización de dicho trámite para pagar el impuesto de traslado de dominio. Posteriormente, confirió que en ese orden resultaban fundados los agravios resumidos bajo el inciso i); aludiendo además que en cuanto hacía al valor probatorio del traslado de dominio presentado por el actor no era suficiente para corroborar una posesión, pues era insuficiente para desvirtuar el valor probatorio del contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete pues la existencia del traslado de dominio no demostraba su falta de autenticidad. Así determinó que no se demostró que los derechos transmitidos por **********sobre el inmueble descrito como terreno de labor de riego, ubicado en **********, Estado de México con las siguientes medidas al norte ********** metros y linda con **********, al sur ********** metros y linda con **********, al oriente **********metros linda con **********y al poniente **********linda con **********, no le correspondieran. Más aun cuando el contrato de compraventa del veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres versa sobre el inmueble descrito como ubicado en avenida 16 de Septiembre, número **********, **********, con las siguientes medidas y colindancias al norte 21 metros con **********, al sur 21 metros con la avenida 16 de Septiembre, al oriente **********metros con **********y al poniente **********metros con ********** y **********; difiriendo en medidas y colindancias. En otro punto, los recibos del pago del impuesto predial exhibidos por **********y el presentado por ********** invocan diversas claves catastrales y de acuerdo con su naturaleza pertenecen a diversos predios, incluso en la declaración del traslado de dominio con folio **********a nombre de ********** se observa que esta deriva de la compraventa de un inmueble ubicado en **********, pero con las siguientes medidas y colindancias al norte con dos líneas de **********metros y linda con ********** y la otra de **********metros linda con **********, al sur **********metros con camino, al oriente **********metros linda con ********** y al poniente con dos línea una de **********metros con ********** y la otra de **********metros linda **********, las cuales no corresponden al predio reclamado, ni tampoco se demostró sean coincidentes con el inmueble que tiene amparado en el título de la demandada. Que de esta manera, no se puede corroborar que ********** haya transmitido en forma ilegal el terreno a ********** y que no produzca consecuencias, cuando no ha sido declarada su nulidad previamente. Y si bien tiene inconsistencias en la inscripción del apellido de la vendedora y del vendedor por hacer alusión a **********y a **********, así como a ********** y por otra parte a **********, este error en la cita del apellido de la vendedora y del comprador, no invalida la existencia del contrato de compraventa, ni altera su validez; por el contrario debe de considerarse como un error que no trasciende a la existencia de la compraventa cuando el objeto del contrato se encuentra definido y las partes son individualizadas al final del contrato e imprimen su voluntad por medio de la imposición de su firma. Además aunque en las constancias del expediente 20/1988 se advierta que **********compareció el seis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Lerma, Estado de México donde al desahogar el reconocimiento de contenido y firma del contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, sostuvo que no estuvo presente en la celebración de la compraventa y que no era suya la firma que calza el documento; no debe de perderse de vista que dicha declaración ya fue valorada en torno al valor probatorio del documento y por sentencia emitida el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa en el toca de apelación número 389/1990 respecto del expediente 20/1988 se determinó el valor probatorio del contrato de compraventa de fecha siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete y se ordenó darle la formalidad debida, de ahí que surta efectos entre sus celebrantes y frente a terceros al ser presentado ante el juzgado para darle formalidad y no se puede estimar la falta de reconocimiento del testigo como una causa suficiente para restarle valor y demostrar la objeción cuando no ha sido declarada su nulidad, aunque deba reconocerse que no se demostró que haya sido inscrito ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México y se haya cumplido con la escrituración decretada. Derivado de lo anterior, no se demostró la objeción planteada sobre la autenticidad y valor del contrato de compraventa de fecha siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, resultando los agravios resumidos bajo el inciso k) inoperantes para desvirtuar el valor sobre su contenido. Simultáneamente, contrario a lo estimado en los agravios resumidos bajo los incisos d) y s), el valor probatorio del contrato de compraventa de fecha siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, no se encuentra supeditado al valor del contrato de compraventa celebrado el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, pues esto no acredita la excepción planteada en el sentido de: "VII.- La relativa a que el supuesto sin conceder que el actor a haya celebrado el contrato de compraventa que refiere en su demanda, el mismo fue adquirido de mala fe, toda vez que bien sabía que **********, nunca ha tenido la posesión, ni propiedad del inmueble relacionado con este juicio." Pues como se ha dicho, el contrato de compraventa exhibido con la contestación de la demanda de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres entre a apelante y su causante, corroborado por el reconocimiento de contenido y firma de una de las testigos participantes, así como el testimonio de esta y la hija de la vendedora quienes conocen de su celebración, si bien son pruebas que adquieren un valor probatorio y se adminiculan entre sí, exclusivamente corroboran la celebración del ese acto jurídico, pero no evidencian ni prueban que la causante del actor no haya participado en la compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, ni trasmitido los derechos que le pudieran corresponder sobre el inmueble descrito en dicho acto jurídico al actor, ni que este haya sido de mala fe dado que no se ha acreditado quien es el titular registral, tampoco se demostró que el actor conociera que **********no había tenido la posesión del inmueble que vendió. Por ende, no se pueden estimar probadas las excepciones: "VIII.- La relacionada con el hecho de que el actor jamás adquirió el derecho para poseer el inmueble que describe en el hecho 1 de su demanda, toda vez que en el supuesto que haya realizado contrato de compraventa, lo hizo con la persona que legalmente estaba impedida para disponer de ese inmueble." "XV.- La relacionada con el hecho de que el contrato de compra venta del actor, carece de validez, desde el momento que su objeto es ilícito, porque el mismo jamás ha sido propiedad de la persona que aparece como vendedora." Ya que no se aportó medio de prueba para demostrar que ********** estuviera impedida para vender, o que el objeto de la compraventa sea ilícito. Resultando en este sentido inoperantes las alegaciones resumidas bajo los incisos d) y s) pues el contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete al constar en él la voluntad de las partes para transmitir los derechos sobre el inmueble a cambio del pago de un precio cierto y en dinero, en términos de lo dispuesto por los artículos 2102 y 2103 del Código Civil del Estado de México abrogado pero aplicable al contrato dada la fecha de su celebración, constituye un justo título que acredita la transmisión de los derechos sobre el inmueble objeto de la compraventa y que es motivo de las prestaciones reclamadas. En esa virtud, el contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete adquiere un valor probatorio pleno en cuanto hace a su contenido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México al no quedar demostrada su objeción, ni las excepciones planteadas en contra de su validez. Sin poder considerarse que este documento privado no se encuentra perfeccionado cuando ya fue sometido a una valoración judicial y se determinó otorgarle un valor probatorio como consta en la sentencia emitida el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa en el toca de apelación número 389/1990 visible a fojas cuarenta y seis a cuarenta y ocho del expediente 20/1998 radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México relativas al juicio ordinario civil de Otorgamiento y Firma de Escritura hecho valer por **********en contra de **********. Resultando inoperantes las alegaciones resumidas bajo el inciso f) como agravios. Ahora bien, respecto del segundo elemento de la acción plenaria de posesión, le correspondía a ********** demostrar que la demandada ********** posee el bien a que se refiere su título y se reclama en las prestaciones de la demanda, circunstancia que va implícita en la carga procesal que tiene este último, de justificar fehacientemente los elementos de su acción de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1.252 y 1.253 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Porque el hecho de demostrar **********que poseer un justo título para reclamar el inmueble descrito en su demanda y el contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete como un terreno de labor de riego, ubicado en **********, Estado de México con las siguientes medidas al norte ********** metros y linda con **********, al sur ********** metros y linda con **********, al oriente **********metros linda con **********y al poniente **********linda con **********; por sí mismo no comprueba la identidad con el predio que dice tener en posesión la parte demandada y que corresponde al amparado en el contrato de compraventa celebrado el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres sobre el inmueble ubicado en avenida **********, número **********, ********** con las siguientes medidas y colindancias al norte ********** metros con **********, al sur **********metros con la avenida **********, al oriente **********metros con ********** y al poniente **********metros con ********** y **********; ya que existe una diferencia a simple vista tanto en la ubicación del predio como en las medidas y colindancias, así como superficie total descritas en cada uno de los contratos exhibidos por las partes. Y si bien no se desconoce que al dar contestación a la demanda **********afirmó: ".que el inmueble que describe el actor en el hecho que se contesta, es de mi absoluta propiedad, el cual forma parte de uno de mayor superficie que adquirí desde el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, tal y como se evidencia del contrato de compraventa constante de una foja tamaño oficio escrito ambos lados, del formato de traslado de dominio, de los veinticuatro recibos de pago de impuesto predial y de la constancia de posesión de fecha dieciséis de mayo de dos mil cinco." Manifestaciones que adquieren un valor probatorio pleno en cuanto le perjudica a quien las hace en términos de lo dispuesto por el artículo 1.268 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; también lo es que, ello no es suficiente para tener por demostrada la identidad del inmueble, ya que dicha confesión no exime a la parte actora de acreditar la identidad del inmueble, tanto formal como materialmente con el predio reclamado. Máxime que paralelamente en la contestación de la demanda********** hizo valer como defensa y excepción: "5.- El correlativo que contesto es falso en lo absoluto, por tanto lo niego, toda vez que el terreno de mi propiedad jamás ha colindado con **********, por tanto, no hay identidad formal toda vez que niego que la superficie que reclama el actor corresponda o este comprendida dentro del título que me ha dado el derecho para poseer de buena fe el inmueble relacionado con este juicio, además de lo anterior, y por la colindancia que refiere el actor desconozco si se trata del mismo inmueble el que reclama con respecto del que estoy poseyendo desde el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres." Motivo por el cual no puede considerarse que la confesión rendida por la demandada sea plena respecto de la identidad del inmueble reclamado con el que tiene en posesión en las medidas y colindancias de su propio título, y si bien se opuso como excepción esta falta de identidad, ello no revierte la carga de la prueba sobre los elementos de la acción a la parte demandada, tal como erróneamente lo sostuvo el juez del conocimiento. De esta manera, es imprescindible que el demandante acredite la identidad tanto formal del bien que se reclama, es decir, debe demostrar que el predio reclamado coincida con el amparado en el justo título base de la acción; y, a la par, comprobar que el predio reclamado se encuentran inmerso o corresponde al predio que confesó la parte demandada tiene en su poder, por consiguiente tampoco se configuró la identidad material del inmueble materia de la litis. En este tenor, la parte actora **********no cumplió con la carga probatoria impuesta por los artículos 1.252 y 1.253 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México para demostrar como un hecho constitutivo de su acción plenaria de posesión la identidad del inmueble reclamado, con el predio que sostuvo la parte demandada, tiene en posesión y que se ampara en un contrato con diversas medidas y colindancias, así como de diferente superficie total. Por lo cual la sola comparación entre las medidas y colindancias de los títulos exhibidos por las partes, que no son coincidentes ni en extensión, ni en medidas y colindancias; y, la confesión genérica de la parte demandada de estar en posesión del predio reclamado; no releva al recurrente, de probar la identidad de la parte o porción del predio reclamado. En consecuencia, los agravios expuestos por la parte demandada resumidos bajo los incisos b), m) y n) son fundados y suficientes para revocar el sentido del fallo impugnado, pues no puede declararse la procedencia de la acción plenaria de posesión cuando no se demostró fehacientemente la identidad entre el predio reclamado y el que tiene en posesión la parte demanda, lo cual constituye un elemento de la acción plenaria de posesión que el juez a quo se encontraba obligado a esgrimir en su estudio de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.137, 1.195 y 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, quedando evidenciada la indebida motivación de la sentencia emitida, así como la falta de congruencia y exhaustividad con las prestaciones, acciones, excepciones y defensas en las cuales quedó instaurada la litis que delimitaba la decisión judicial. Producto de estos razonamientos, debe declararse la improcedencia de la acción plenaria de posesión absolverse a **********de las prestaciones reclamadas. Sin embargo, atendiendo a las directrices marcadas en el amparo que se cumplimenta y atendiendo al principio de exhaustividad se da respuesta al resto de los demás motivos de inconformidad resumidos en los incisos descritos por la autoridad federal. De esta manera, en correlación con el elemento de la acción aquí descrito como que el actor tiene un mejor derecho para poseer materialmente el inmueble reclamado, que el que alegue tener el demandado; donde se debe distinguir que la posesión del demandado es de mala fe o que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor. Comenzaremos por establecer que contrario a lo razonado por el juez del conocimiento, tal como se hace valer en los agravios resumidos bajo el inciso p) y r) para la procedencia de la acción plenaria de posesión de acuerdo con el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en correlación con los artículos 5.36 y 5.45 del Código Civil del Estado de México, no es indispensable que el título exhibido por las partes sea de fecha cierta. Porque la Primera Sala de Justicia de la Nación en criterio por contradicción, de observancia obligatoria, ha determinado que la acción plenaria de posesión tiene como finalidad proteger la posesión jurídica del bien adquirido de buena fe, mediante un justo título y su finalidad es incorporar la posesión material de la cosa a los derechos del actor, sea porque el demandado es poseedor de mala fe o porque aun teniendo título de igual calidad que el demandante, la ha poseído por menos tiempo que este. Así como lo argumentó el juez del conocimiento no se protege ante el ejercicio de la acción plenaria de posesión el derecho de propiedad que tengan o no las partes en juicio, sino la posesión legítima de los bienes adquiridos por el demandante respecto de los cuales aun cuando todavía no tiene el documento que acredite la propiedad, está en vías de adquirirla por prescripción; luego si la posesión hace presumir la propiedad, se concluye que para la procedencia de la acción plenaria de posesión no es indispensable que el documento exhibido como justo título sea de fecha cierta. Resultando fundados los agravios resumidos bajo los incisos p) y r) ya que no es un elemento de la acción plenaria de posesión demostrar la fecha cierta de los documentos base de la acción y de la excepción. Ahora bien, el hecho de que el actor acreditara la existencia de un justo título para poseer el inmueble reclamado de acuerdo con el contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, acto jurídico que fue motivo de valoración en la sentencia emitida el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa en el toca de apelación número 389/1990 respecto del expediente 20/1988 radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México en el juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura hecho valer por **********en contra de **********, lo cual le concede la calidad de fecha cierta desde el momento de su presentación ante la autoridad judicial. Ello no es suficiente para desvirtuar a su vez, el valor probatorio del contrato de compraventa celebrado el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres a través del cual **********adquirió el inmueble ubicado en avenida **********, número **********, **********, con las siguientes medidas y colindancias al norte ********** metros con **********, al sur ********** metros con la avenida **********, al oriente **********metros con ********** y al poniente **********metros con ********** y **********; documento que también adquiere un valor probatorio pleno en cuanto hace a su contenido, el cual fue ratificado por quien participó como testigo y su celebración se confirmó a través del desahogo de la prueba testimonial de quien se dice es la hija de la vendedora. Corroborando en términos de lo dispuesto por los artículos 2102 y 2103 del Código Civil abrogado aplicable dada la fecha de celebración del contrato, la existencia de una compraventa lo cual constituye un acto jurídico suficiente para demostrar la existencia de un justo título a favor de la parte demandada. Adquiriendo el contrato de compraventa Justo título que a más de fue presentado ante una autoridad, como es la administrativa al realizar el trámite de la declaración del pago del impuesto de traslado de dominio y de otras operaciones de inmuebles, a través del cual se otorgó una clave catastral, que se adminicula a los recibos del pago del impuesto predial en correlación con esta clave y por ende en relación con el predio adquirido por medio de la compraventa, lo cual de necesitarse también corroboraría la fecha cierta del contrato de compraventa celebrado el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres a partir de su presentación ante la autoridad administrativa. Resultando en este sentido los agravios resumidos bajo los incisos e), h), j), l), p), q) y r) fundados para demostrar que el justo título de la parte apelante también es de fecha cierta y que a la par se exhibieron las copias al carbón del traslado de dominio de la vendedora y de su causahabiente, asignándoles respectivamente una clave catastral con base en la cual se pagó el impuesto predial, probando que el contrato de la demandada también tiene fecha cierta, pero esto no constituye un elemento de la acción plenaria de posesión que deba valorarse de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.137 y 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dado que no forma parte de la litis instaurada entre las partes. Sin que pase desapercibido que también se exhibieron diversos recibos de pago de predial sobre distintas claves catastrales que no se corroboraron correspondan al inmueble amparado en el contrato de la parte demandada, pero ello no varía el hecho de que el contrato de la demandada tenga un valor probatorio en cuanto hace a su contenido demostrando la existencia de un justo título que debe ponderarse en contraposición con el del actor. En este orden, los contratos de compraventa respectivamente presentados por las partes en juicio, suponiendo sin conceder que se hubiera acreditado la identidad entre los predios materia de esta compraventas, es decir, entre el predio reclamado con el que tiene en posesión la parte demandada, estaríamos en el supuesto de que ambos títulos son de la misma calidad, son documentos privados que no han sido registrados ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Luego de acuerdo con el artículo 5.41 del Código Civil del Estado de México aplicable a la acción que nos ocupa al ser ejercitada a partir del dieciocho de junio del dos mil trece, debería de prevalecer la posesión que ejerce ********** sobre el inmueble amparado en su contrato, dado que es más antigua a la ejercida por el actor conforme a su justo título; en razón de que **********a la fecha de celebración del contrato del veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres adquirió la posesión del predio, y el actor **********lo hizo hasta el día siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, resultando más antigua la de la parte demandada, quien a más de tiene en posesión el predio. Motivo por el cual son fundados los agravios resumidos bajo los incisos a), c), g), o) y r) para demostrar que el actor no demostró la configuración del elemento de la acción relativo a corroborar que es mejor el derecho del actor que el que alega la parte demandada, lo cual invariablemente configura la improcedencia de la acción plenaria de posesión y debe revocarse la sentencia de fondo impugnada para absolver a **********de las prestaciones reclamadas por **********En estas condiciones con plenitud de jurisdicción este Tribunal de Apelación revoca la sentencia impugnada para declarar la improcedencia de la acción plenaria de posesión al no configurarse plenamente sus elementos, por lo cual se debe absolver a la parte demandada ********** de las prestaciones reclamadas. Toda vez que se está declarando la improcedencia de la acción con fundamento en el artículo 1.227, fracción IV, del Código Civil del Estado de México se condena al pago de costas en primera instancia a **********por no obtener sentencia favorable a sus prestaciones. Concluyendo, en términos de lo antes considerado y siguiendo los lineamientos de la autoridad federal con plenitud de jurisdicción se resuelve la apelación planteada, conforme a derecho corresponde, de acuerdo con la litis trazada en primera y segunda instancia atendiendo a los agravios resumidos por la autoridad federal: resultando los agravios expuestos por Lucía Mercedes Olmos Zaragoza por una parte inoperantes, pero por otra fundados y suficientes para declarar la improcedencia de la acción plenaria de posesión. Razón por la cual se revocó la sentencia de fondo dictada el catorce de septiembre de dos mil dieciséis por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México en el Juicio Ordinario Civil relativo a la Acción Plenaria de Posesión promovido por **********, para quedar en los términos puntualizados en los resolutivos. C) Hecho lo anterior, resolvió lo que en derecho consideró procedente, modificó la sentencia apelada en los términos que precisó y absolvió del pago de costas en la segunda instancia. Del anterior cuadro comparativo se advierte el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este tribunal. En esas condiciones, la responsable cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este órgano de control de constitucionalidad advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Es preciso señalar que en la ejecutoria de amparo únicamente se vinculó al juez responsable para que dictara nueva resolución, en la cual dejara insubsistente la reclamada (punto A); y, enseguida, dictara otra en la que al resolver la litis ante ella planteada, se pronunciara en torno a todos los agravios que expresó en su recurso de apelación, y que de manera enunciativa habían quedado sintetizados en los incisos a) a r) de la parte considerativa de la ejecutoria, para lo cual debería expresar las motivos concretos y fundamentos jurídicos que estimara aplicables (punto B), y hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente (punto C); de ahí que, ha quedado colmado dicho cumplimiento. Por tanto, como la autoridad responsable cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese, y personalmente tanto a la parte quejosa como a la parte tercera interesada. Así lo acordó el magistrado Jacinto Juárez Rosas, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa licenciado Hugo Rosete Guerrero, que autoriza. Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA CUAL LE SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL AL TERCERO INTERESADO, JUAN HERNÁNDEZ VALDÉZ, LA RESOLUCIÓN DE DOS DE ENERO PASADO. DEL ÍNDICE DE ESTE TRIBUNAL, LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DOS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, LA CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: El dos de enero de dos mil dieciocho, el secretario de estudio da cuenta al Magistrado Presidente de este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, con el estado procesal de los presentes autos. Conste. Toluca, Estado de México. Dos de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se constata que el presente juicio de amparo directo se encuentra en etapa de cumplimiento. El artículo 192 de la ley de la materia establece que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas; que cuando causa ejecutoria una sentencia dictada en amparo directo el tribunal la notificará sin demora a las partes; requerirá a la autoridad responsable para que la cumpla dentro del plazo de tres días, bajo apercibimiento que de no hacerlo sin justa causa, se le impondrá una multa y el expediente se remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el caso, la sentencia de amparo decretada por este órgano jurisdiccional se dictó el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en la cual se concedió el amparo a**********; y, el veinticuatro de octubre de ese año se indicó que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de dicha sentencia, por lo que ese día se requirió su cumplimiento a la responsable. Mediante oficio dos mil setecientos veinticuatro de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, comunicó a este tribunal que en auto emitido en la misma fecha dejó insubsistente la sentencia reclamada (de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis); y, solicitó a este tribunal colegiado la autorización de una prórroga de quince días a efecto de emitir la resolución con la que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, la cual le fue concedida por auto de presidencia de treinta del mismo mes y año en curso. Así, el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio dos mil ochocientos noventa y tres, la sala responsable remitió copia certificada de la resolución dictada el quince de noviembre de la anualidad, con la cual, dijo, daba cumplimiento a la ejecutoria de amparo. A continuación se procede a corroborar si la autoridad responsable dio exacto cumplimiento de la ejecutoria de amparo. La protección constitucional se otorgó para los siguientes efectos: 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada; 2. Enseguida, dictara otra en la que al resolver la litis ante ella planteada, se pronunciara en torno a todos los agravios que expresó en su recurso de apelación, y que de manera enunciativa habían quedado sintetizados en los incisos a) a r) de la parte considerativa de la ejecutoria, para lo cual debería expresar las motivos concretos y fundamentos jurídicos que estimara aplicables; y, 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente. En la especie, la resolución con la que la responsable sostiene su cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se hizo del conocimiento de las partes, para que en un término de diez días manifestaran lo que a su derecho correspondiera, sin que se advierta de las constancias que hicieran uso de ese derecho. Para una mejor comprensión y análisis del fallo emitido por la Primera Sala Civil de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México en cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano constitucional, se elabora el siguiente cuadro comparativo: EFECTOS DE LA EJECUTORIA. RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO. 1. Dictara una nueva resolución en la cual dejara insubsistente la reclamada; 2. Enseguida, dictara otra en la que al resolver la litis ante ella planteada, se pronunciara en torno a todos los agravios que expresó en su recurso de apelación, y que de manera enunciativa habían quedado sintetizados en los incisos a) a r) de la parte considerativa de la ejecutoria, para lo cual debería expresar las motivos concretos y fundamentos jurídicos que estimara aplicables. k) Mediante escrito de veintidós de agosto de dos mil trece, oportunamente objetó el contrato del actor, al señalar que la vendedora en aquel jamás ha tenido la posesión y propiedad del inmueble relacionado con el juicio y, suponiendo que lo hubiera transmitido, ello resulta ilegal; además que nació primero el contrato de la demandada (mil novecientos ochenta y tres) que el de su contraparte (mil novecientos ochenta y siete). Y esa objeción se debió tener por acreditada, al constar el contrato de compraventa de la demandada, los formatos de traslado de dominio y recibos de pago de impuesto predial, la testimonial, los reconocimientos de contenido y firma, y la presuncional. i) En relación con lo considerado en el sentido de que el actor presentó diversas constancias, entre ellas, el formato de declaración para el pago de impuesto sobre traslado de dominio y otras operaciones de bienes inmuebles, de siete de diciembre de dos mil seis, en original, no se considera que dicha documental carece de idoneidad para demostrar la posesión material, y la posesión jurídica solo deriva del derecho de propiedad, como así lo indica la tesis de rubro: "POSESIÓN. PRUEBA DOCUMENTAL. NO ES IDÓNEA PARA ACREDITARLA". d) En relación con el estudio de la excepción de nulidad o invalidez del contrato de compraventa de siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, se expone que el juez dejó de valorar la documental privada consistente en el contrato de compraventa de la demandada de veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, y omitió tomar en consideración que se tuvo por reconocido en cuanto a su contenido y firma, tal y como se advierte del auto de once de septiembre de dos mil trece; así como la testimonial, en donde los deponentes refirieron conocer a la oferente y el inmueble de mérito, y sobre todo indicaron que la dueña y poseedora lo es **********, porque desde hace treinta años lo ocupa, y eso lo saben porque son vecinas del mismo pueblo; además, la última de las citadas refirió que ella nació y vivió ahí y que fue su mamá quien vendió ese inmueble a la demandada. s) Si en el juicio no se dilucida cuestiones de propiedad, también es cierto que se debe analizar el documento base de cada una de las partes, pues la acción plenaria de posesión exige un justo título, entendido como el que es bastante para transferir el dominio, y es en ese sentido que se debe analizar su excepción correspondiente. f) Con lo anterior -expuso la recurrente-, se desprende que el actor también presenta un documento privado que tampoco fue perfeccionado. b) La resolución apelada carece de fundamentación y motivación, que obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos hechos valer oportunamente. m) La identidad del inmueble se tuvo por acreditada porque el juez consideró que la demandada, desde el momento de dar contestación, aceptó que se encontraba en posesión del bien que a su decir forma parte de uno de mayor superficie, y que ello se corroboró con el desahogo de la prueba confesional, y si bien se aludió a la falta de identidad, no se ofreció y desahogó la pericial en materia de topografía e identidad de inmueble, para demostrar que el bien reclamado por el actor no es el que ella posee. Sin embargo, se debió tomar en consideración su manifestación -expresó la inconforme- en el sentido de que no hay identidad entre el título del actor respecto del bien que reclama, pues dicha circunstancia obligaba al actor a probar lo contrario con la prueba pericial respectiva, esto es, para demostrar que sí existe identidad, pues las confesionales no alcanzan a surtir los efectos que establece el artículo 1.267 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, ya que es el actor quien debe probar los elementos de la acción, máxime que el enjuiciante no desahogó la prueba testimonial de la que se pudiera inferir de los atestes que conocen el inmueble, su ubicación física o si es el caso de que la fracción reclamada forma parte de una mayor superficie, "¿en dónde se va a ubicar esta?, es decir, dentro de la totalidad de la superficie, ¿en dónde se encuentra el inmueble del actor?". n) Las pruebas que ofreció el actor no son suficientes para desvirtuar la falta de identidad del inmueble, máxime que en la demanda no precisó todos aquellos hechos en los que hacía descansar la procedencia de su acción ni mucho menos exhibió un croquis de ubicación. De ahí que no se colme el cuarto elemento de la acción, con independencia de que resulta innecesario que la demandada haga valer como defensa o excepción tal falta de identidad. Estimó aplicables las tesis de rubros siguientes: "ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. PARA QUE SEA PROCEDENTE DEBEN COMPROBARSE SUS ELEMENTOS, COMO ES EL DE LA IDENTIDAD, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL REO OPONGA O NO EXCEPCIONES Y DEFENSAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)" y "ACCIÓN REIVINDICATORIA. IDENTIDADES FORMAL Y MATERIAL DEL BIEN PERSEGUIDO, COMO ELEMENTOS DE LA". p) Con apoyo en el principio que dice: "Donde la ley no distingue, el juez no puede distinguir", se advierte que el legislador indicó que es mejor la posesión que se funda en título y cuando se trata de inmuebles, la que está inscrita. Sin embargo, también previó el supuesto de que los títulos fueran "iguales", debe estarse a la posesión más antigua. Y el juez distingue cuando la ley no lo hace, al referir que tanto el contrato del actor como el de la demandada provienen de origen distinto, y si bien es cierto que son de fecha distinta, se tomó en cuenta la fecha cierta de estos. Con ello se inobservó lo definido en jurisprudencia en el sentido de que no es indispensable que el documento exhibido como justo título sea de fecha cierta, porque en tratándose de la acción plenaria de posesión que se prevé en el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, se protege la posesión jurídica del bien adquirido de buena fe mediante un justo título y su finalidad es incorporar la posesión material de la cosa a los derechos del actor, sea porque el demandado es poseedor de mala fe o porque aun teniendo título de igual calidad que el demandante, la ha poseído por menos tiempo que este. Por tanto, si se toma en cuenta que la acción de que se trata no protege la propiedad, sino la posesión legítima de los bienes adquiridos aun cuando no se tenga el documento que acredite la propiedad, es necesario tomar en consideración que la posesión hace presumir la propiedad, y con ello se concluye que para la procedencia de la acción plenaria de posesión no es indispensable que el documento justificativo como justo título sea de fecha cierta. Al respecto, se apoyó en la tesis de epígrafe: "ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. PARA SU PROCEDENCIA NO ES INDISPENSABLE QUE EL DOCUMENTO EXHIBIDO COMO JUSTO TÍTULO SEA DE FECHA CIERTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)". r) Insiste en señalar que si la legislación no pide que los títulos presentados para la acción plenaria de posesión sean de fecha cierta; luego, al ser iguales, se debe estar a la posesión más antigua, que es la que resulta -en la especie- de la demandada, pues la certeza de su documento base se corroboró con la prueba testimonial, en donde los testigos refirieron conocer a la demandada, el inmueble relacionado con su contrato de compraventa y que saber que lo adquirió desde hace como treinta años, de la vendedora que señalaron, quien es la madre de la última testigo; al igual que se desahogó el traslado de dominio a favor de **********, del cual se desprende que adquirió el inmueble de **********, y se tuvo por reconocido el documento de la demandada, por la incomparecencia de los interesados. e) El juez natural no tomó en consideración y no valoró las documentales públicas consistentes en los traslados de dominio que se adjuntaron al escrito de contestación de demanda, uno a nombre de la demandada y el otro a nombre de su vendedora **********; así como los recibos de pago de impuesto predial, de los que se desprende que a partir de mil novecientos ochenta y siete, la inconforme presentó su contrato de compraventa ante un funcionario público, quien en razón de su oficio conoció de él y realizó el trámite de declaración para el pago del impuesto sobre traslado de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles y pago de impuesto predial; y, de igual manera, omite estudiar la presuncional legal y humana. h) El juez es parcial con el actor, pues estima que respecto de la recurrente no se acreditó que su vendedora hubiera sido la legítima propietaria, mientras que al analizar el documento del actor, omite realizar la misma reflexión, por lo que su actuar es sesgado. Además, en estricto apego al principio de igualdad de las partes, también debió haber otorgado valor probatorio al traslado de dominio y trámite para el pago del impuesto predial, que datan de mil novecientos ochenta y ocho, para así concluir que su contrato de compraventa fue presentado ante servidor público en ejercicio de sus funciones. j) Si el juez admitió que el actor acudió a la instancia jurisdiccional para hacer valer la acción pro forma en mil novecientos ochenta y ocho, y que esa circunstancia, junto con los formas de declaración de traslado de dominio y recibos de pago de impuesto predial que exhibió, le son suficientes para concluir que adquirió la posesión del inmueble; luego, respecto de la inconforme también debió asumir, en igualdad de circunstancias, la misma reflexión (sic), para concluir que si bien su contrato no se presentó a una instancia jurisdiccional, lo cierto es que sí sometió su documento ante un funcionario o servidor público en mil novecientos ochenta y siete, quien en razón de su oficio requisitó (sic) la declaración para el pago del impuesto sobre traslado de dominio, así como formalizó el pago de impuesto predial, todo lo cual se trata de trámites anteriores a los del actor, debiéndose tomar en tomar en consideración tales circunstancias para concluir que el actor carece de justo título para poseer el bien que reclama. l) Se omitió considerar que la vendedora de la demandada (inconforme), también sometió su contrato base ante funcionario público quien en relación a su oficio realizó en su momento traslado de dominio a su favor, e inclusivo también pago el impuesto predial, y de esta última declaración del impuesto sobre traslado de dominio se advierte que ********** le compró el inmueble a **********. Por lo que también se debe considerar su posesión de buena fe. q) Agregó que con independencia de lo anterior, la demandada sometió su contrato de compraventa en el año mil novecientos ochenta y seis, ante un funcionario que en razón de su oficio requisitó (sic) el trámite para el pago de impuesto sobre traslación de dominio y otras operaciones de bienes inmuebles, así como para pagar el impuesto predial, lo que evidenció que su fecha cierta se adquirió primero que el del demandado. a) Vulneración al principio de congruencia porque no se toma en consideración lo dispuesto en los artículos 778 del Código Civil del Estado de México abrogado, y 5.41 del Código Civil del Estado de México vigente, de donde se desprende que si los contendientes en la acción plenaria de posesión tienen un título de igual "condición", pues se trata de un "contrato privado de compraventa"; luego, debe prevalecer la posesión más antigua, que en el caso se trata la que defiende la inconforme, pues su título fue suscrito el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. c) Se alegó que se desatendió el principio de exhaustividad, porque conforme a la litis planteada, se debió considerar que tanto el actor como la demandada tienen un título de propiedad, los cuales son iguales desde el momento que, en tratándose de bienes inmuebles, ninguno se encuentra inscrito registralmente, por lo que atendiendo a la expresión literal contenida en el artículo 5.41 del Código Civil del Estado de México, ya que a falta de título o siendo iguales debe estarse a la posesión más antigua. g) En relación a que se estimó que no acreditó que su vendedora hubiera sido la legítima propietaria, se trata de una manifestación que carece de sustento, porque existe una documental pública consistente en la declaración de pago del impuesto sobre traslado de dominio y otras operaciones con bienes inmuebles, de la que se desprende que la vendedora que aparece en el contrato base de su pretensión, para formalizar el traslado de dominio, dio cumplimiento a los artículos 40 al 45 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de México, quien, en entre otros requisitos, "debió acreditar con contrato de compraventa mediante el cual adquiere la propiedad del bien, croquis de medidas y colindancias, croquis de localización del predio, constancia de posesión expedida por el delegado de su comunidad, identificación del anterior propietario, entre otros"; por tanto, sí existe material del que se advierte que los títulos son iguales y que su posesión es más antigua, sin soslayar que es la inconforme quien posee en la actualidad. o)Para el análisis del quinto elemento de la acción plenaria de posesión, es menester atender al artículo 778 del Código Civil del Estado de México abrogado, y 5.41 del Código Civil del Estado de México vigente (los transcribe), pues el actor funda su posesión en el contrato de compraventa de siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, y la demandada en el diverso contrato de veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, por lo que queda evidenciado que ambas partes presentan un contrato de compraventa y que ninguno se encuentra inscrito registralmente; de ahí que se trate de documentos iguales, y por ese motivo, en estricto acatamiento a los artículos citados, el mejor derecho a poseer el inmueble debe determinarse en función de la posesión más antigua, que -a su decir- lo es la que corresponde a la demandada. 3. Hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente. A. Dictó nueva resolución el veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, en la que dejó insubsistente la diversa reclamada, de diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis. B. El quince de noviembre de dos mil diecisiete dictó otra sentencia en la que la autoridad responsable después de analizar los agravios sintetizados por este órgano colegiado, las constancias de autos y las pruebas ofrecidas por las partes determinó que los referidos agravios se analizarían en su conjunto por la relación existente entre ellos. Enseguida, coligió que, en correlación con el primer elemento de la acción plenaria de posesión el actor **********en términos de lo dispuesto por los artículos 1.252 y 1.253 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México le correspondía demostrar tener un justo título y de buena fe para poseer el inmueble ubicado en el Poblado de **********, México reclamado en sus prestaciones; y para tal efecto, aportó con la demanda las copias certificadas del expediente 20/1998 radicado en el Juzgado Mixto Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma de Villada, Estado de México, las cuales se perfeccionaron con las constancias procesales del expediente 20/1998 radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México relativas al juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura hecho valer por **********en contra de **********, documentos a los que se les dio valor probatorio pleno en cuanto hace a su contenido de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1.293 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, demostrando la tramitación del juicio y por ende la presentación del contrato de compraventa. Contrato de compraventa que a la vez consta a fojas cuatro del expediente 20/1988, por tanto adquiere un valor probatorio pleno en cuanto hace a su contenido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México demostrando fehacientemente, la celebración de una compraventa en fecha siete (7) de octubre de mil novecientos ochenta y siete (1987) entre **********como vendedor y **********en calidad de comprador, sobre un terreno de labor de riego, ubicado en **********, Otzolotepec, Estado de México con las siguientes medidas al norte **********metros y linda **********, al sur ********** metros y linda con **********, al oriente **********metros linda con **********y al poniente **********linda con **********. Que en contra posición a lo argumentado en los agravios resumidos por la autoridad federal bajo el inciso k) ese contrato de compraventa en fecha siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, no se encuentra desvirtuado, pues si bien era cierto se objetó en cuanto a su autenticidad y valor probatorio, bajo los argumentos de que la persona que vendió jamás ha tenido la posesión y propiedad del inmueble, siendo la transmisión ilegal; que no puede producir ninguna consecuencia de derecho en contra de la demanda; que contiene inconsistencias en el nombre de la vendedora y del vendedor por hacer alusión a ********** y a **********, así como a **********y por otra ********** datos que no permiten individualizar a las personas; que no estaba legitimada para transmitir el inmueble **********; que su título es más antiguo; que es ilícito al ser transmitido por persona que no estaba legitimada, siendo ilegal vender un inmueble ajeno; y, que **********compareció el seis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Lerma, Estado de México donde al desahogar el reconocimiento de contenido y firma del contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, sostuvo que no estuvo presente en la celebración de la compraventa y que no era suya la firma que calza el documento. En ese entendido señaló que no podía declararse procedente la objeción en cuanto hacía a la autenticidad de la compraventa en fecha siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, porque no se acreditó de manera fehaciente que **********no estuviera legitimada para vender, ni que no fuera de su propiedad o tuviera la posesión del inmueble descrito en dicho acto jurídico; ya que, el hecho de demostrar la celebración de un diverso contrato de compraventa de fecha veinticinco de noviembre del mil novecientos ochenta y tres el cual fue ratificado por **********en su calidad de testigo y a la vez le consta su celebración a ********** quien es hija de la vendedora, esto no probaba que **********hubiera sido reconocida como la única propietaria o tuviera inscrito su título de propiedad ante el Registro Público de la Propiedad sobre el inmueble descrito en el contrato del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, que a más no tiene idénticas medidas y colindancias que el amparado en el contrato de fecha veinticinco de noviembre del mil novecientos ochenta y tres; de ahí que no se pudiera sostener que **********vendiera una cosa ajena o que exclusivamente le perteneciera a ********** o el causante de ella. También determinó que no se estaba ante dos contratos derivados del mismo causante, es decir, no se afirmaba que al actor o su causante le hubiera vendido a María Félix Becerril Reyes, quien a su vez, vendió a **********, para entonces estimar que se actualizaba la venta de cosa ajena por haberse celebrado una compraventa en el año de mil novecientos ochenta y tres y otra en el año de mil novecientos ochenta y siete sobre el mismo inmueble por quien era reconocido como el legítimo propietario del inmueble. Pues por el contrario los causantes de las partes eran distintos dado que a **********le vendió **********, pero no se advertía quien le vendió a ella, y si bien citó la participación de ********** lo hizo en calidad de testigo; además de que por su parte, a ********** le vendió ********** y de acuerdo con el traslado de dominio ella lo adquirió de **********. De esta manera, los contratos presentados por las partes tienen origines distintos y a más de que versaban sobre predios con distinta ubicación, sin ser coincidentes en medidas y colindancias, ni superficie total. E indico que conjuntamente, las copias exhibidas de los traslados de dominio únicamente adquirían un valor probatorio pleno en cuanto hace a su contenido de acuerdo con los artículos 1.293 y 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México demostrando que se realizó la declaración unilateral de tales datos por los adquirentes del inmueble en ellos descritos pero no corroboraban ni daban publicidad al acto jurídico que invocan como lo haría la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad; por lo que, en ese sentido, no se acreditó con la declaración del pago del impuesto de traslado de dominio que los causantes de las partes fueran los verdaderos titulares registrales de los derechos de propiedad, ni se podía sostener que les fueran ajenos los derechos que respectivamente se transmitieron a cada una de las partes. Por tanto, adujo que no se puede bajo el argumento de existir el traslado de dominio de la causante de la parte demandada determinar que el contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete no sea auténtico o su objeto sea ilícito como se plantea en la objeción, cuando no se demostró que ********** o su causante fueran las legíimas propietarias del predio y sus títulos sean los únicos registrados ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Que bajo este argumento, tal como se hace valer en los agravios resumidos bajo el inciso i) la copia simple del traslado de dominio presentada por el actor con su demanda no adquiere un valor probatorio pleno para demostrar la titularidad del inmueble, por ser una copia simple y su valor exclusivamente puede ser indiciario sobre su contenido; esto es, demostrar que el actor realizó una declaración unilateral de carácter administrativo para hacer el pago del impuesto de traslado de dominio y otras operaciones sobre bienes inmuebles, pero ello no generaba o convalidaba ni el derecho de propiedad, ni tampoco se acreditaba la posesión sobre el inmueble del cual se declaró, así exclusivamente prueba la realización de dicho trámite para pagar el impuesto de traslado de dominio. Posteriormente, confirió que en ese orden resultaban fundados los agravios resumidos bajo el inciso i); aludiendo además que en cuanto hacía al valor probatorio del traslado de dominio presentado por el actor no era suficiente para corroborar una posesión, pues era insuficiente para desvirtuar el valor probatorio del contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete pues la existencia del traslado de dominio no demostraba su falta de autenticidad. Así determinó que no se demostró que los derechos transmitidos por **********sobre el inmueble descrito como terreno de labor de riego, ubicado en **********, Estado de México con las siguientes medidas al norte ********** metros y linda con **********, al sur ********** metros y linda con **********, al oriente **********metros linda con **********y al poniente **********linda con **********, no le correspondieran. Más aun cuando el contrato de compraventa del veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres versa sobre el inmueble descrito como ubicado en avenida 16 de Septiembre, número **********, **********, con las siguientes medidas y colindancias al norte 21 metros con **********, al sur 21 metros con la avenida 16 de Septiembre, al oriente **********metros con **********y al poniente **********metros con ********** y **********; difiriendo en medidas y colindancias. En otro punto, los recibos del pago del impuesto predial exhibidos por **********y el presentado por ********** invocan diversas claves catastrales y de acuerdo con su naturaleza pertenecen a diversos predios, incluso en la declaración del traslado de dominio con folio **********a nombre de ********** se observa que esta deriva de la compraventa de un inmueble ubicado en **********, pero con las siguientes medidas y colindancias al norte con dos líneas de **********metros y linda con ********** y la otra de **********metros linda con **********, al sur **********metros con camino, al oriente **********metros linda con ********** y al poniente con dos línea una de **********metros con ********** y la otra de **********metros linda **********, las cuales no corresponden al predio reclamado, ni tampoco se demostró sean coincidentes con el inmueble que tiene amparado en el título de la demandada. Que de esta manera, no se puede corroborar que ********** haya transmitido en forma ilegal el terreno a ********** y que no produzca consecuencias, cuando no ha sido declarada su nulidad previamente. Y si bien tiene inconsistencias en la inscripción del apellido de la vendedora y del vendedor por hacer alusión a **********y a **********, así como a ********** y por otra parte a **********, este error en la cita del apellido de la vendedora y del comprador, no invalida la existencia del contrato de compraventa, ni altera su validez; por el contrario debe de considerarse como un error que no trasciende a la existencia de la compraventa cuando el objeto del contrato se encuentra definido y las partes son individualizadas al final del contrato e imprimen su voluntad por medio de la imposición de su firma. Además aunque en las constancias del expediente 20/1988 se advierta que **********compareció el seis de septiembre de mil novecientos ochenta y ocho ante el Juez Mixto de Primera Instancia de Lerma, Estado de México donde al desahogar el reconocimiento de contenido y firma del contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, sostuvo que no estuvo presente en la celebración de la compraventa y que no era suya la firma que calza el documento; no debe de perderse de vista que dicha declaración ya fue valorada en torno al valor probatorio del documento y por sentencia emitida el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa en el toca de apelación número 389/1990 respecto del expediente 20/1988 se determinó el valor probatorio del contrato de compraventa de fecha siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete y se ordenó darle la formalidad debida, de ahí que surta efectos entre sus celebrantes y frente a terceros al ser presentado ante el juzgado para darle formalidad y no se puede estimar la falta de reconocimiento del testigo como una causa suficiente para restarle valor y demostrar la objeción cuando no ha sido declarada su nulidad, aunque deba reconocerse que no se demostró que haya sido inscrito ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México y se haya cumplido con la escrituración decretada. Derivado de lo anterior, no se demostró la objeción planteada sobre la autenticidad y valor del contrato de compraventa de fecha siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, resultando los agravios resumidos bajo el inciso k) inoperantes para desvirtuar el valor sobre su contenido. Simultáneamente, contrario a lo estimado en los agravios resumidos bajo los incisos d) y s), el valor probatorio del contrato de compraventa de fecha siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, no se encuentra supeditado al valor del contrato de compraventa celebrado el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, pues esto no acredita la excepción planteada en el sentido de: "VII.- La relativa a que el supuesto sin conceder que el actor a haya celebrado el contrato de compraventa que refiere en su demanda, el mismo fue adquirido de mala fe, toda vez que bien sabía que **********, nunca ha tenido la posesión, ni propiedad del inmueble relacionado con este juicio." Pues como se ha dicho, el contrato de compraventa exhibido con la contestación de la demanda de fecha veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres entre a apelante y su causante, corroborado por el reconocimiento de contenido y firma de una de las testigos participantes, así como el testimonio de esta y la hija de la vendedora quienes conocen de su celebración, si bien son pruebas que adquieren un valor probatorio y se adminiculan entre sí, exclusivamente corroboran la celebración del ese acto jurídico, pero no evidencian ni prueban que la causante del actor no haya participado en la compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, ni trasmitido los derechos que le pudieran corresponder sobre el inmueble descrito en dicho acto jurídico al actor, ni que este haya sido de mala fe dado que no se ha acreditado quien es el titular registral, tampoco se demostró que el actor conociera que **********no había tenido la posesión del inmueble que vendió. Por ende, no se pueden estimar probadas las excepciones: "VIII.- La relacionada con el hecho de que el actor jamás adquirió el derecho para poseer el inmueble que describe en el hecho 1 de su demanda, toda vez que en el supuesto que haya realizado contrato de compraventa, lo hizo con la persona que legalmente estaba impedida para disponer de ese inmueble." "XV.- La relacionada con el hecho de que el contrato de compra venta del actor, carece de validez, desde el momento que su objeto es ilícito, porque el mismo jamás ha sido propiedad de la persona que aparece como vendedora." Ya que no se aportó medio de prueba para demostrar que ********** estuviera impedida para vender, o que el objeto de la compraventa sea ilícito. Resultando en este sentido inoperantes las alegaciones resumidas bajo los incisos d) y s) pues el contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete al constar en él la voluntad de las partes para transmitir los derechos sobre el inmueble a cambio del pago de un precio cierto y en dinero, en términos de lo dispuesto por los artículos 2102 y 2103 del Código Civil del Estado de México abrogado pero aplicable al contrato dada la fecha de su celebración, constituye un justo título que acredita la transmisión de los derechos sobre el inmueble objeto de la compraventa y que es motivo de las prestaciones reclamadas. En esa virtud, el contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete adquiere un valor probatorio pleno en cuanto hace a su contenido de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1.359 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México al no quedar demostrada su objeción, ni las excepciones planteadas en contra de su validez. Sin poder considerarse que este documento privado no se encuentra perfeccionado cuando ya fue sometido a una valoración judicial y se determinó otorgarle un valor probatorio como consta en la sentencia emitida el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa en el toca de apelación número 389/1990 visible a fojas cuarenta y seis a cuarenta y ocho del expediente 20/1998 radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México relativas al juicio ordinario civil de Otorgamiento y Firma de Escritura hecho valer por **********en contra de **********. Resultando inoperantes las alegaciones resumidas bajo el inciso f) como agravios. Ahora bien, respecto del segundo elemento de la acción plenaria de posesión, le correspondía a ********** demostrar que la demandada ********** posee el bien a que se refiere su título y se reclama en las prestaciones de la demanda, circunstancia que va implícita en la carga procesal que tiene este último, de justificar fehacientemente los elementos de su acción de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1.252 y 1.253 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Porque el hecho de demostrar **********que poseer un justo título para reclamar el inmueble descrito en su demanda y el contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete como un terreno de labor de riego, ubicado en **********, Estado de México con las siguientes medidas al norte ********** metros y linda con **********, al sur ********** metros y linda con **********, al oriente **********metros linda con **********y al poniente **********linda con **********; por sí mismo no comprueba la identidad con el predio que dice tener en posesión la parte demandada y que corresponde al amparado en el contrato de compraventa celebrado el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres sobre el inmueble ubicado en avenida **********, número **********, ********** con las siguientes medidas y colindancias al norte ********** metros con **********, al sur **********metros con la avenida **********, al oriente **********metros con ********** y al poniente **********metros con ********** y **********; ya que existe una diferencia a simple vista tanto en la ubicación del predio como en las medidas y colindancias, así como superficie total descritas en cada uno de los contratos exhibidos por las partes. Y si bien no se desconoce que al dar contestación a la demanda **********afirmó: ".que el inmueble que describe el actor en el hecho que se contesta, es de mi absoluta propiedad, el cual forma parte de uno de mayor superficie que adquirí desde el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres, tal y como se evidencia del contrato de compraventa constante de una foja tamaño oficio escrito ambos lados, del formato de traslado de dominio, de los veinticuatro recibos de pago de impuesto predial y de la constancia de posesión de fecha dieciséis de mayo de dos mil cinco." Manifestaciones que adquieren un valor probatorio pleno en cuanto le perjudica a quien las hace en términos de lo dispuesto por el artículo 1.268 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; también lo es que, ello no es suficiente para tener por demostrada la identidad del inmueble, ya que dicha confesión no exime a la parte actora de acreditar la identidad del inmueble, tanto formal como materialmente con el predio reclamado. Máxime que paralelamente en la contestación de la demanda********** hizo valer como defensa y excepción: "5.- El correlativo que contesto es falso en lo absoluto, por tanto lo niego, toda vez que el terreno de mi propiedad jamás ha colindado con **********, por tanto, no hay identidad formal toda vez que niego que la superficie que reclama el actor corresponda o este comprendida dentro del título que me ha dado el derecho para poseer de buena fe el inmueble relacionado con este juicio, además de lo anterior, y por la colindancia que refiere el actor desconozco si se trata del mismo inmueble el que reclama con respecto del que estoy poseyendo desde el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres." Motivo por el cual no puede considerarse que la confesión rendida por la demandada sea plena respecto de la identidad del inmueble reclamado con el que tiene en posesión en las medidas y colindancias de su propio título, y si bien se opuso como excepción esta falta de identidad, ello no revierte la carga de la prueba sobre los elementos de la acción a la parte demandada, tal como erróneamente lo sostuvo el juez del conocimiento. De esta manera, es imprescindible que el demandante acredite la identidad tanto formal del bien que se reclama, es decir, debe demostrar que el predio reclamado coincida con el amparado en el justo título base de la acción; y, a la par, comprobar que el predio reclamado se encuentran inmerso o corresponde al predio que confesó la parte demandada tiene en su poder, por consiguiente tampoco se configuró la identidad material del inmueble materia de la litis. En este tenor, la parte actora **********no cumplió con la carga probatoria impuesta por los artículos 1.252 y 1.253 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México para demostrar como un hecho constitutivo de su acción plenaria de posesión la identidad del inmueble reclamado, con el predio que sostuvo la parte demandada, tiene en posesión y que se ampara en un contrato con diversas medidas y colindancias, así como de diferente superficie total. Por lo cual la sola comparación entre las medidas y colindancias de los títulos exhibidos por las partes, que no son coincidentes ni en extensión, ni en medidas y colindancias; y, la confesión genérica de la parte demandada de estar en posesión del predio reclamado; no releva al recurrente, de probar la identidad de la parte o porción del predio reclamado. En consecuencia, los agravios expuestos por la parte demandada resumidos bajo los incisos b), m) y n) son fundados y suficientes para revocar el sentido del fallo impugnado, pues no puede declararse la procedencia de la acción plenaria de posesión cuando no se demostró fehacientemente la identidad entre el predio reclamado y el que tiene en posesión la parte demanda, lo cual constituye un elemento de la acción plenaria de posesión que el juez a quo se encontraba obligado a esgrimir en su estudio de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.137, 1.195 y 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, quedando evidenciada la indebida motivación de la sentencia emitida, así como la falta de congruencia y exhaustividad con las prestaciones, acciones, excepciones y defensas en las cuales quedó instaurada la litis que delimitaba la decisión judicial. Producto de estos razonamientos, debe declararse la improcedencia de la acción plenaria de posesión absolverse a **********de las prestaciones reclamadas. Sin embargo, atendiendo a las directrices marcadas en el amparo que se cumplimenta y atendiendo al principio de exhaustividad se da respuesta al resto de los demás motivos de inconformidad resumidos en los incisos descritos por la autoridad federal. De esta manera, en correlación con el elemento de la acción aquí descrito como que el actor tiene un mejor derecho para poseer materialmente el inmueble reclamado, que el que alegue tener el demandado; donde se debe distinguir que la posesión del demandado es de mala fe o que teniendo título de igual calidad ha poseído por menos tiempo que el actor. Comenzaremos por establecer que contrario a lo razonado por el juez del conocimiento, tal como se hace valer en los agravios resumidos bajo el inciso p) y r) para la procedencia de la acción plenaria de posesión de acuerdo con el artículo 2.6 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, en correlación con los artículos 5.36 y 5.45 del Código Civil del Estado de México, no es indispensable que el título exhibido por las partes sea de fecha cierta. Porque la Primera Sala de Justicia de la Nación en criterio por contradicción, de observancia obligatoria, ha determinado que la acción plenaria de posesión tiene como finalidad proteger la posesión jurídica del bien adquirido de buena fe, mediante un justo título y su finalidad es incorporar la posesión material de la cosa a los derechos del actor, sea porque el demandado es poseedor de mala fe o porque aun teniendo título de igual calidad que el demandante, la ha poseído por menos tiempo que este. Así como lo argumentó el juez del conocimiento no se protege ante el ejercicio de la acción plenaria de posesión el derecho de propiedad que tengan o no las partes en juicio, sino la posesión legítima de los bienes adquiridos por el demandante respecto de los cuales aun cuando todavía no tiene el documento que acredite la propiedad, está en vías de adquirirla por prescripción; luego si la posesión hace presumir la propiedad, se concluye que para la procedencia de la acción plenaria de posesión no es indispensable que el documento exhibido como justo título sea de fecha cierta. Resultando fundados los agravios resumidos bajo los incisos p) y r) ya que no es un elemento de la acción plenaria de posesión demostrar la fecha cierta de los documentos base de la acción y de la excepción. Ahora bien, el hecho de que el actor acreditara la existencia de un justo título para poseer el inmueble reclamado de acuerdo con el contrato de compraventa del siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, acto jurídico que fue motivo de valoración en la sentencia emitida el veinticuatro de septiembre de mil novecientos noventa en el toca de apelación número 389/1990 respecto del expediente 20/1988 radicado en el Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México en el juicio ordinario civil de otorgamiento y firma de escritura hecho valer por **********en contra de **********, lo cual le concede la calidad de fecha cierta desde el momento de su presentación ante la autoridad judicial. Ello no es suficiente para desvirtuar a su vez, el valor probatorio del contrato de compraventa celebrado el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres a través del cual **********adquirió el inmueble ubicado en avenida **********, número **********, **********, con las siguientes medidas y colindancias al norte ********** metros con **********, al sur ********** metros con la avenida **********, al oriente **********metros con ********** y al poniente **********metros con ********** y **********; documento que también adquiere un valor probatorio pleno en cuanto hace a su contenido, el cual fue ratificado por quien participó como testigo y su celebración se confirmó a través del desahogo de la prueba testimonial de quien se dice es la hija de la vendedora. Corroborando en términos de lo dispuesto por los artículos 2102 y 2103 del Código Civil abrogado aplicable dada la fecha de celebración del contrato, la existencia de una compraventa lo cual constituye un acto jurídico suficiente para demostrar la existencia de un justo título a favor de la parte demandada. Adquiriendo el contrato de compraventa Justo título que a más de fue presentado ante una autoridad, como es la administrativa al realizar el trámite de la declaración del pago del impuesto de traslado de dominio y de otras operaciones de inmuebles, a través del cual se otorgó una clave catastral, que se adminicula a los recibos del pago del impuesto predial en correlación con esta clave y por ende en relación con el predio adquirido por medio de la compraventa, lo cual de necesitarse también corroboraría la fecha cierta del contrato de compraventa celebrado el veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres a partir de su presentación ante la autoridad administrativa. Resultando en este sentido los agravios resumidos bajo los incisos e), h), j), l), p), q) y r) fundados para demostrar que el justo título de la parte apelante también es de fecha cierta y que a la par se exhibieron las copias al carbón del traslado de dominio de la vendedora y de su causahabiente, asignándoles respectivamente una clave catastral con base en la cual se pagó el impuesto predial, probando que el contrato de la demandada también tiene fecha cierta, pero esto no constituye un elemento de la acción plenaria de posesión que deba valorarse de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1.134, 1.137 y 1.195 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, dado que no forma parte de la litis instaurada entre las partes. Sin que pase desapercibido que también se exhibieron diversos recibos de pago de predial sobre distintas claves catastrales que no se corroboraron correspondan al inmueble amparado en el contrato de la parte demandada, pero ello no varía el hecho de que el contrato de la demandada tenga un valor probatorio en cuanto hace a su contenido demostrando la existencia de un justo título que debe ponderarse en contraposición con el del actor. En este orden, los contratos de compraventa respectivamente presentados por las partes en juicio, suponiendo sin conceder que se hubiera acreditado la identidad entre los predios materia de esta compraventas, es decir, entre el predio reclamado con el que tiene en posesión la parte demandada, estaríamos en el supuesto de que ambos títulos son de la misma calidad, son documentos privados que no han sido registrados ante el Instituto de la Función Registral del Estado de México. Luego de acuerdo con el artículo 5.41 del Código Civil del Estado de México aplicable a la acción que nos ocupa al ser ejercitada a partir del dieciocho de junio del dos mil trece, debería de prevalecer la posesión que ejerce ********** sobre el inmueble amparado en su contrato, dado que es más antigua a la ejercida por el actor conforme a su justo título; en razón de que **********a la fecha de celebración del contrato del veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres adquirió la posesión del predio, y el actor **********lo hizo hasta el día siete de octubre de mil novecientos ochenta y siete, resultando más antigua la de la parte demandada, quien a más de tiene en posesión el predio. Motivo por el cual son fundados los agravios resumidos bajo los incisos a), c), g), o) y r) para demostrar que el actor no demostró la configuración del elemento de la acción relativo a corroborar que es mejor el derecho del actor que el que alega la parte demandada, lo cual invariablemente configura la improcedencia de la acción plenaria de posesión y debe revocarse la sentencia de fondo impugnada para absolver a **********de las prestaciones reclamadas por **********En estas condiciones con plenitud de jurisdicción este Tribunal de Apelación revoca la sentencia impugnada para declarar la improcedencia de la acción plenaria de posesión al no configurarse plenamente sus elementos, por lo cual se debe absolver a la parte demandada ********** de las prestaciones reclamadas. Toda vez que se está declarando la improcedencia de la acción con fundamento en el artículo 1.227, fracción IV, del Código Civil del Estado de México se condena al pago de costas en primera instancia a **********por no obtener sentencia favorable a sus prestaciones. Concluyendo, en términos de lo antes considerado y siguiendo los lineamientos de la autoridad federal con plenitud de jurisdicción se resuelve la apelación planteada, conforme a derecho corresponde, de acuerdo con la litis trazada en primera y segunda instancia atendiendo a los agravios resumidos por la autoridad federal: resultando los agravios expuestos por Lucía Mercedes Olmos Zaragoza por una parte inoperantes, pero por otra fundados y suficientes para declarar la improcedencia de la acción plenaria de posesión. Razón por la cual se revocó la sentencia de fondo dictada el catorce de septiembre de dos mil dieciséis por el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México en el Juicio Ordinario Civil relativo a la Acción Plenaria de Posesión promovido por **********, para quedar en los términos puntualizados en los resolutivos. C) Hecho lo anterior, resolvió lo que en derecho consideró procedente, modificó la sentencia apelada en los términos que precisó y absolvió del pago de costas en la segunda instancia. Del anterior cuadro comparativo se advierte el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada por este tribunal. En esas condiciones, la responsable cumplió cabalmente la ejecutoria de amparo; sin que este órgano de control de constitucionalidad advierta exceso o defecto en el cumplimiento. Es preciso señalar que en la ejecutoria de amparo únicamente se vinculó al juez responsable para que dictara nueva resolución, en la cual dejara insubsistente la reclamada (punto A); y, enseguida, dictara otra en la que al resolver la litis ante ella planteada, se pronunciara en torno a todos los agravios que expresó en su recurso de apelación, y que de manera enunciativa habían quedado sintetizados en los incisos a) a r) de la parte considerativa de la ejecutoria, para lo cual debería expresar las motivos concretos y fundamentos jurídicos que estimara aplicables (punto B), y hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera lo correspondiente (punto C); de ahí que, ha quedado colmado dicho cumplimiento. Por tanto, como la autoridad responsable cumplió con lo determinado en el fallo protector, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo en vigor, se declara cumplida la ejecutoria de amparo, razón por la cual procede ordenar el archivo de este expediente como asunto concluido, una vez que cause estado la presente resolución. Notifíquese, y personalmente tanto a la parte quejosa como a la parte tercera interesada. Así lo acordó el magistrado Jacinto Juárez Rosas, Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, ante el secretario con quien actúa licenciado Hugo Rosete Guerrero, que autoriza. Doy fe.
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