Lucia Melo Ávila
Expediente 1450/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1450/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Lucia Melo Ávila
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de enero de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del catorce de diciembre de dos mil veintidós, en que se desechó la demanda; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. En cumplimento a lo establecido en el multicitado Acuerdo General, requiérase a la parte quejosa para que en lapso de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que anexó a su escrito inicial, bajo apercibimiento que de no hacerlo en ese plazo, en su momento se procederán a su glose y tendrán el mismo destino de este asunto, es decir, su destrucción. Notifíquese y por lista electrónica. Lo acordó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4487/2022, del diez de octubre de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por ****************, por derecho propio, contra actos del Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza conocido por las siglas S.A.P.A.S.A, y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1450/2022-III. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Para que se actualice la hipótesis de dicho precepto es necesario se den los siguientes supuestos: a) Que la autoridad responsable no sea un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Supuesto que acontece en la especie, en razón de que las autoridades responsables son: Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza, conocido por las siglas S.A.P.A.S.A. Jefe del Departamento de Ejecución de la Coordinación Jurídica del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza conocido por las siglas S.A.P.A.S.A. De ahí que las autoridades responsables no tengan el carácter de "tribunal judicial, administrativo o del trabajo". b) Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o, en su defecto, que pueda ser combatido por algún medio de defensa. Este último requisito también está plenamente acreditado, ya que contra el acto reclamado consistente en la diligencia de comparecencia voluntaria número ********************, llevada a cabo el día ********************, expediente ********************, con número de contrato ********************, en la cual se impuso una multa por el equivalente a $******************** y su ejecución, procede el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en términos del artículo 229, fracciones I y II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. El precepto invocado establece: "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; (.). Del contenido de dicho artículo, se advierte que el juicio contencioso administrativo procede en contra de actos administrativos que dicten las autoridades administrativas del Poder Ejecutivo de la entidad, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten los derechos de los particulares. Lo que acontece en la especie, toda vez que los actos que reclama la quejosa son de naturaleza administrativa, los cuales atribuye a diversas autoridades administrativas de carácter municipal. Sin que en la especie se actualice alguna de las excepciones que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para que el juicio de amparo sea procedente antes de agotar el medio ordinario de defensa que contempla el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Ello es así, puesto que la procedencia del juicio contencioso administrativo se encuentra prevista en una ley, en sentido formal y material, y no en un reglamento. Por otra parte, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados que los previstos en la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con registro digital 2010436, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III,, página 2936, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional". De igual forma, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad". En diverso aspecto, tampoco se advierte que se actualice la excepción relativa a que los actos reclamados carezcan de fundamentación, en virtud que de las constancias que el quejoso exhibió con su demanda de amparo se desprenden los fundamentos y los motivos que la autoridad responsable consideró para emitir los actos que ahora se combaten. Tampoco se desprende que se actualice la excepción relativa a que se reclamen únicamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que las cuestiones planteadas son tema de legalidad. De modo que la quejosa se encuentra en plena posibilidad legal de agotar el medio ordinario de defensa que tiene a su alcance, a efecto de combatir los vicios de legalidad de que pudieran adolecer los actos que reclama y lograr, en su caso, que se declare su invalidez. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista electrónica, dado que el domicilio indicado se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal. Sin embargo por única ocasión notifíquesele esta determinación en el domicilio que indica en su escrito inicial. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes. Se tienen por autorizados a los profesionistas que menciona en su escrito de demanda, en los términos que refiere, en el entendido que de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. citatorio. Con fundamento en el artículo 26, fracción III, 27, fracción I, inciso b), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la quejosa el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: Naucalpan de Juárez, Estado de México, catorce de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por ****************, por derecho propio, contra actos del Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza conocido por las siglas S.A.P.A.S.A, y otra autoridad; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1450/2022-III. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se promueve contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. Para que se actualice la hipótesis de dicho precepto es necesario se den los siguientes supuestos: a) Que la autoridad responsable no sea un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. Supuesto que acontece en la especie, en razón de que las autoridades responsables son: Director General del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza, conocido por las siglas S.A.P.A.S.A. Jefe del Departamento de Ejecución de la Coordinación Jurídica del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Atizapán de Zaragoza conocido por las siglas S.A.P.A.S.A. De ahí que las autoridades responsables no tengan el carácter de "tribunal judicial, administrativo o del trabajo". b) Que el acto reclamado deba ser revisado de oficio o, en su defecto, que pueda ser combatido por algún medio de defensa. Este último requisito también está plenamente acreditado, ya que contra el acto reclamado consistente en la diligencia de comparecencia voluntaria número ********************, llevada a cabo el día ********************, expediente ********************, con número de contrato ********************, en la cual se impuso una multa por el equivalente a $******************** y su ejecución, procede el juicio contencioso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo correspondiente, en términos del artículo 229, fracciones I y II del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. El precepto invocado establece: "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; (.). Del contenido de dicho artículo, se advierte que el juicio contencioso administrativo procede en contra de actos administrativos que dicten las autoridades administrativas del Poder Ejecutivo de la entidad, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten los derechos de los particulares. Lo que acontece en la especie, toda vez que los actos que reclama la quejosa son de naturaleza administrativa, los cuales atribuye a diversas autoridades administrativas de carácter municipal. Sin que en la especie se actualice alguna de las excepciones que establece el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, para que el juicio de amparo sea procedente antes de agotar el medio ordinario de defensa que contempla el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Ello es así, puesto que la procedencia del juicio contencioso administrativo se encuentra prevista en una ley, en sentido formal y material, y no en un reglamento. Por otra parte, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México no exige mayores requisitos para conceder la suspensión de los actos reclamados que los previstos en la Ley de Amparo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con registro digital 2010436, Décima Época, Materias(s): Común, Administrativa, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III,, página 2936, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL. De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional". De igual forma, la jurisprudencia 2a./J. 60/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO. De los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, no se advierte la exigencia de mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado que los consignados en los artículos 124 y 125 de la Ley de Amparo, toda vez que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales para otorgar esa medida cautelar, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; de ahí que el juicio de amparo indirecto sea improcedente contra las resoluciones impugnables a través del juicio de nulidad si éste no se agota previamente, en acatamiento al principio de definitividad". En diverso aspecto, tampoco se advierte que se actualice la excepción relativa a que los actos reclamados carezcan de fundamentación, en virtud que de las constancias que el quejoso exhibió con su demanda de amparo se desprenden los fundamentos y los motivos que la autoridad responsable consideró para emitir los actos que ahora se combaten. Tampoco se desprende que se actualice la excepción relativa a que se reclamen únicamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que las cuestiones planteadas son tema de legalidad. De modo que la quejosa se encuentra en plena posibilidad legal de agotar el medio ordinario de defensa que tiene a su alcance, a efecto de combatir los vicios de legalidad de que pudieran adolecer los actos que reclama y lograr, en su caso, que se declare su invalidez. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia de mérito, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista electrónica, dado que el domicilio indicado se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal. Sin embargo por única ocasión notifíquesele esta determinación en el domicilio que indica en su escrito inicial. Se instruye al analista jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las habilitaciones correspondientes. Se tienen por autorizados a los profesionistas que menciona en su escrito de demanda, en los términos que refiere, en el entendido que de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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