Lucía Martínez Justo
Expediente 1142/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1142/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/07/2023
Partes del expediente
- Lucía Martínez Justo
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompañan a su informe justificado. Ahora, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte en lo que interesa que el diecinueve de julio de dos mil veintitrés se certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar dentro del expediente laboral *********** Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Se precisa que la parte quejosa reclama: la omisión dictar el laudo dentro del expediente ***********; sin embargo, de las constancias que remite la junta responsable se advierte que el mismo es inexistente. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En la especie, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el expediente de origen no se encontraba en estado procesal para proveer respecto al cierre de instrucción, y por ende, tampoco para dictar laudo en el juicio laboral ************, y realizar la respectiva notificación, toda vez que del citado expediente, no obra certificación alguna de la que se advierta que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el expediente laboral de origen, para el cierre de instrucción y, en consecuencia, el dictado del laudo correspondiente y realizar la notificación respectiva, lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. En la especie, de las constancias remitidas por la junta responsable, se observa que: El diecinueve de julio de dos mil veintitrés la junta responsable certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar dentro del expediente ***********, sin que obre, certificación alguna de la que se advierta que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el referido expediente para el cierre de instrucción y, en consecuencia, el dictado del laudo correspondiente y por ende realizar la respectiva notificación, lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado, circunstancia por la cual la junta responsable, se encuentra imposibilitada para dictar laudo en el juicio laboral *********** y realizar la notificación correspondiente. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [veintiséis de junio de dos mil veintitrés], en el juicio de origen, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado aún no se encontraba procesalmente en condiciones para cerrar institución y dictar laudo en el juicio laboral ********** y el actuario adscrito a la referida Junta, para realizar la correspondiente notificación. Lo anterior es así, pues la demanda génesis del juicio de amparo en que se actúa fue presentada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; y, hasta el día de hoy, en que se reciben las constancias del juicio de origen, no obra certificación alguna de la que se advierta que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el expediente laboral de origen; lo que hace evidente que el juicio referido no guardaba estado para dictar el laudo y realizar su notificación dentro del juicio laboral ********** Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que las autoridades responsables están imposibilitadas para dictar el laudo correspondiente y realizar la notificación que corresponda, actos que la parte quejosa aduce ha omitido. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado a las citadas responsables, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Cynthia Bello López, Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargada del Despacho durante el periodo vacacional de la Titular de este Juzgado de Distrito, de conformidad con el artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el cinco de junio de dos mil veintitrés y comunicada mediante oficio CCJ/ST/3088/2023, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente, a través del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, se tiene a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado respectivo, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad responsable ofreciendo las constancias que acompañan a su informe justificado. Ahora, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte en lo que interesa que el diecinueve de julio de dos mil veintitrés se certificó que no quedan pruebas pendientes por desahogar dentro del expediente laboral *********** Ahora, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Se precisa que la parte quejosa reclama: la omisión dictar el laudo dentro del expediente ***********; sin embargo, de las constancias que remite la junta responsable se advierte que el mismo es inexistente. A fin de demostrar la hipótesis que se anuncia conviene mencionar que, para efectos del juicio de amparo un acto es inexistente, entre otros casos, cuando se alega violación a los derechos fundamentales con motivo de un hacer por parte de la autoridad, y ésta niega el acto que se le atribuye por no haber realizado esa acción, sin que la parte quejosa ofrezca prueba idónea en contrario para desvirtuar esa negativa. También deviene inexistente el acto reclamado cuando, previo a la promoción del juicio de amparo, no se ha producido la afectación a los derechos fundamentales del justiciable, ya sea porque al momento de presentar la demanda el acto de autoridad no había sido emitido, o bien, cuando pese a su emisión, la autoridad responsable repuso al gobernado en el goce del derecho constitucional violado, antes de accionar el juicio constitucional; hipótesis esta última que se actualiza en el presente caso. En la especie, de las constancias que remite la autoridad responsable se advierte que al momento en que se presentó la demanda de amparo génesis del juicio en que se actúa, el expediente de origen no se encontraba en estado procesal para proveer respecto al cierre de instrucción, y por ende, tampoco para dictar laudo en el juicio laboral ************, y realizar la respectiva notificación, toda vez que del citado expediente, no obra certificación alguna de la que se advierta que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el expediente laboral de origen, para el cierre de instrucción y, en consecuencia, el dictado del laudo correspondiente y realizar la notificación respectiva, lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado. Al respecto, la jurisprudencia 2a./J.99/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, de la Décima Época, Registro 2018110, de rubro y contenido enseguida se citan, establece que el órgano jurisdiccional al resolver sobre la existencia del acto reclamado que tiene el carácter de omisivo está obligado a analizar si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados. La jurisprudencia invocada refiere: "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos. En la especie, de las constancias remitidas por la junta responsable, se observa que: El diecinueve de julio de dos mil veintitrés la junta responsable certificó que no quedaban pruebas pendientes por desahogar dentro del expediente ***********, sin que obre, certificación alguna de la que se advierta que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el referido expediente para el cierre de instrucción y, en consecuencia, el dictado del laudo correspondiente y por ende realizar la respectiva notificación, lo que sustenta la inexistencia del acto reclamado, circunstancia por la cual la junta responsable, se encuentra imposibilitada para dictar laudo en el juicio laboral *********** y realizar la notificación correspondiente. Por tanto, al momento de presentarse la demanda de amparo [veintiséis de junio de dos mil veintitrés], en el juicio de origen, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado aún no se encontraba procesalmente en condiciones para cerrar institución y dictar laudo en el juicio laboral ********** y el actuario adscrito a la referida Junta, para realizar la correspondiente notificación. Lo anterior es así, pues la demanda génesis del juicio de amparo en que se actúa fue presentada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula; y, hasta el día de hoy, en que se reciben las constancias del juicio de origen, no obra certificación alguna de la que se advierta que no quedan pruebas pendientes por desahogar en el expediente laboral de origen; lo que hace evidente que el juicio referido no guardaba estado para dictar el laudo y realizar su notificación dentro del juicio laboral ********** Por tanto, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que las autoridades responsables están imposibilitadas para dictar el laudo correspondiente y realizar la notificación que corresponda, actos que la parte quejosa aduce ha omitido. De lo que deriva la inexistencia del acto reclamado a las citadas responsables, sin que la parte quejosa hubiere aportado elemento de prueba que demuestre lo contrario. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro número 184572. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con treinta y cuatro minutos del veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de cuenta del Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Puebla, a través del cual, señala domicilio para recibir notificaciones, solicita se informe el estado procesal que guarda el presente asunto, y en caso de haberse ordenado el archivo, se envíe copia del acuerdo correspondiente. Atento a lo anterior, en relación al domicilio que proporciona, con fundamento en el artículo 28 de la Ley de Amparo, se le tiene por señalado el domicilio que indica, para recibir notificaciones. Asimismo, se informa a la autoridad oficiante, que el presente asunto se encuentra en el archivo como total y definitivamente concluido, por lo que se le remite copia del acuerdo respectivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Alejandro Toledo Martínez, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, ténganse por recibido el escrito de cuenta de Jos/*** autorizado en términos amplios por la parte quejosa por medio del cual interpone recurso de revisión y formula agravios en contra de la sentencia dictada dentro del juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias simples del escrito de expresión de agravios y una vez que obren en autos las constancias de notificación de la sentencia recurrida y del presente proveído, remítase oficio con los datos correspondientes y los cuadernos auxiliares I al IV, al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito, a fin de que lo envíe al Tribunal Colegiado que por turno deba substanciar el recurso de revisión interpuesto en contra de la citada sentencia, sin que se ordene remitir los autos originales del presente asunto, ni del escrito de agravios de cuenta [el cual se presentó de forma electrónica, esto es, no cuenta con firma autógrafa]. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, así como a la respuesta emitida el tres de abril de dos mil veintitrés por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de la consulta realizada con motivo del citado Acuerdo General. Asimismo, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) realizar las gestiones necesarias a efecto de que se vincule el expediente electrónico del presente juicio con las constancias que integran este y del escrito de expresión de agravios, a fin de que esté disponible para el órgano colegiado que por razón de turno deba conocer del citado recurso. Hágase del conocimiento del Fiscal Ejecutivo Asistente adscrito a este Juzgado en materia de Amparo, que queda a su disposición en la Actuaría de este Juzgado la copia del escrito de expresión de agravios que les corresponde y que puede pasar a recogerla cualquier día y hora hábil de oficina. Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales, en el Estado de Puebla, ante Bertha Patricia Ramírez Calderón, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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