Lucia Margarita Chiquillo Barrios
Expediente 1231/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1231/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 06/05/2021
Partes del expediente
- Lucia Margarita Chiquillo Barrios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
.... En consecuencia, con apego en lo previsto en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se regulariza el procedimiento, para el efecto de que el expediente en que se actúa sea considerado DEPURABLE. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal. se cambia la calificación de archivo. se regulariza el procedimiento. Notifíquese.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; dieciocho de octubre de dos mil dieciséis. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Toluca, Estado de México, a las once horas con cuarenta y cinco minutos del veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1231/2016-III, promovido por Lucia Margarita Chiquillo Barrios, contra actos del Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Metepec, Estado de México; en audiencia pública Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza y da fe, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, procede a celebrarla sin asistencia de las partes. Abierta la audiencia por el Juez, el Secretario da lectura a las constancias que obran en autos, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas, en atención a las consideraciones contenidas en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, Octava Época, publicada en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los meses Julio a Diciembre de 1989, Tomo IV, Primera Parte, registro 206494, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." El Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias de autos y por leídas las mismas para los efectos legales a que haya lugar. Enseguida, se abre el período probatorio y el Secretario hace relación de las constancias allegadas por la responsable como complemento a su informe justificado. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las citadas pruebas. Sin que haya más que relacionar, se declara cerrada la etapa concerniente. Enseguida, se abre el período de alegatos y el Secretario hace constar: que el quejoso no hizo uso de ese derecho ni el Agente del Ministerio Público Federal adscrito formuló el pedimento que a su representación social compete. Con lo anterior concluye el presente período. Al no haber prueba por desahogar ni promoción por acordar, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por celebrada la presente audiencia en términos de esta acta y se procede a dictar la sentencia que en derecho proceda. Doy fe. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1231/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN Y DATOS DE LA DEMANDA. Lucía Margarita Chiquillo Barrios, a través de su representante Carlos Abraham Tapia Rosales, mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil dieciséis, ante el Secretario Encargado de Guardia del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que a continuación se mencionan: "III. AUTORIDAD RESPONSABLE. Director de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Metepec, Estado de México. IV. ACTO RECLAMADO. La detención ilegal fuera de todo procedimiento, en el operativo denominado alcoholímetro, practicada por los elementos de la policía municipal de Metepec, Estado de México". SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS VIOLADOS La quejosa estimó violados los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 11, 14, 16, 17 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DEL JUICIO. Recibida la demanda en este Juzgado, por auto del catorce de agosto de dos mil dieciséis, se radicó, se concedió la suspensión de plano y se ordenó la ratificación de la demanda; en esa misma data, la quejosa ratificó su demanda y el quince de agosto siguiente, se admitió; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 33 fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que el acto que se reclama afecta la libertad personal de la quejosa y cuya ejecución se efectúa dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisa que en el presente juicio el acto reclamado lo constituye: ( Arresto administrativo en el operativo llamado alcoholímetro. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, México, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado, sin embargo realizó diversas manifestaciones de las que se advierte la existente, por ello, se tiene por cierto el acto. Certeza que se ve corroborada con las constancias allegadas por la responsable al rendir su informe justificado, a las que por tratarse de documentos públicos, se les otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. En principio, se realiza el examen de las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público y de estudio preferente, acorde a lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. El dispositivo legal en comento dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.." Es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce del derecho violado, se restablecerán las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar el derecho infringido y cumplir con lo que el mismo exija. La quejosa aduce que la autoridad vulneró sus derechos al decretar su arresto administrativo el catorce de agosto del año en curso, en las Galeras del Centro de Sanciones Administrativas de la Dirección General de Seguridad Pública de Metepec, Estado de México; sin embargo, el propio catorce de agosto de dos mil dieciséis a las cinco horas con quince minutos, la autoridad responsable dejó sin efectos el referido arresto y ordenó fuera puesto en inmediata libertad. Lo antes narrado evidencia que han cesado los efectos del acto reclamado, pues el Director de Seguridad Pública y Tránsito de Metepec, México, el catorce de agosto de dos mil dieciséis, dejó sin efectos el arresto administrativo decretado en esa misma fecha a las tres horas en contra de la quejosa Lucila Margarita Chiquillo Barrios, dejándola en libertad; por tanto, el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía una restricción al derecho fundamental previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto positivo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho consagrado en nuestra ley fundamental y, por ende, dejara insubsistente en acto reclamado, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia a la solicitante del amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, sirve de apoyo la jurisprudencia 103, publicada en las páginas 51 y 82 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia 415, publicada en la página 356 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En ese sentido, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo vigente, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Lucia Margarita Chiquillo Barrios, en contra de los actos y de las autoridades señaladas en los considerandos primero y segundo, por las razones expuestas en el considerando último de la presente resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido del Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza y da fe.
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