LUCIA LOPEZ MENDOZA y Otros.
Expediente 182/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 182/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- LUCIA LOPEZ MENDOZA y Otros.
Actuaciones
- Principal
SE DECLARA FIRME el proveído que desechó la presente demanda de garantías, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se declara que este expediente susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se encuentra contemplado en la hipótesis prevista en el artículo vigésimo primero, inciso d), del citado Acuerdo, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la destrucción en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental, y procédase a realizar la anotación en la carátula como se ordena en el acuerdo antes referido. Por lo que en cumplimiento de este último acuerdo general conjunto se ordena el archivo del presente expediente y se declara que es susceptible de ser destruido. Se tiene por hecha la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que en el presente asunto no obran documentos catalogados como originales; y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico, para los efectos conducentes. Notifíquese.
- Principal
Vista la razón levantada por la Actuaria adscrita a este Juzgado, en la que manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa los autos de dieciséis de abril y diez de agosto, ambos del año en curso, por los motivos que expone, en esas condiciones, túrnese el presente auto al actuario que corresponda para que notifique a dicho promovente por medio de lista los autos citados con antelación y el presente proveído, en términos de la fracción III, inciso a) del artículo 27 de la Ley de Amparo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hasta en tanto se sirva señalar nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones. Notifíquese, y por medio de lista a la parte quejosa. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LOS PROVEÍDOS DE DIECISÉIS DE ABRIL Y DIEZ DE AGOSTO, AMBOS DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE DICEN: "Ciudad de México, dieciséis de abril de dos mil veintiuno Vista la demanda de amparo signada por Lucía López Mendoza, por propio derecho y en representación del menor de iniciales J.H.M.L. contra actos del Juez Vigésimo Tercero Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales; fórmese expediente impreso y electrónico; y regístrese en el libro de gobierno con el número 182/2021. Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en el auto dictado el doce de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez Vigésimo Tercero Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual de manera oficiosa, declaró la nulidad de la diligencia de emplazamiento del codemandado Juan Vicente Ventura Olguín, efectuada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, auto dictado dentro de los autos del juicio oral mercantil de origen 230/2020, seguido por Lucía López Mendoza ahora quejosa. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda, se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Igualmente, el artículo 107 fracción V, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". De los artículos transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de juicio, el amparo indirecto solo procede contra los actos que tienen como efectos que sean de imposible reparación, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos en juicio de ejecución reparable respecto a los cuales no procede el amparo indirecto, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales al gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos, el amparo biinstancial es improcedente y tal acto se puede impugnar como una violación al procedimiento reclamable en el amparo directo que en su caso se promueva contra la sentencia definitiva hecha valer por la parte que le resulte desfavorable. En la especie, el acto reclamado se hace consistir, en el auto dictado el doce de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez Vigésimo Tercero Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a través del cual de manera oficiosa, declaró la nulidad de la diligencia de emplazamiento del codemandado Juan Vicente Ventura Olguín, efectuada el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, auto dictado dentro de los autos del juicio oral mercantil de origen 230/2020, seguido por Lucía López Mendoza ahora quejosa. Conviene precisar que el acto reclamado sólo tiene efectos meramente procesales en el juicio oral mercantil de origen, los cuales se traducen en que se efectúe de nueva cuenta el emplazamiento al codemando Juan Vicente Ventura Olguín y se continúe el procedimiento; sin embargo, no se advierte que dicho acto afecte la esfera de derechos sustantivos de la quejosa, puesto que con dicho acto no se ven afectadas sus propiedades o algún otro derecho sustantivo, por lo que el juicio de amparo que promueve por ahora resulta notoriamente improcedente. Entonces, se concluye que la resolución reclamada es un acto dentro de juicio, que no tiene, por el momento, como efecto que sea de imposible reparación, al no afectar materialmente un derecho sustantivo del promovente, tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial en los términos del artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, pues la única consecuencia jurídica que produce es la de que se continúe con la tramitación del procedimiento; y la afectación sólo puede darse en derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal e intraprocesal y en todo caso inciden en la posición que va tomando el solicitante del amparo como una de las partes dentro del procedimiento natural con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objeto primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos; y de no ser así, el acto reclamado podría constituir una violación intraprocesal, misma que podría reclamarse en el juicio de amparo directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 171 y demás aplicables de la Ley de Amparo. Asimismo, es aplicable por analogía la tesis de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Octubre de 1995, página 333, que a la letra señala: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE. Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." Consecuentemente, se desecha por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, esta última en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, tomando en consideración que en el acuerdo general 76/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de cinco de noviembre de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación del catorce de noviembre del mismo año, se modificaron los artículos 19 y tercero transitorio del diverso acuerdo 30/2003 del mismo Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información para los órganos del Poder Judicial de la Federación; en consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el modificado artículo 19 antes aludido, dígase al promovente que la resolución que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; así como también el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, lo cual deberán manifestar dentro del término de tres días hábiles, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia; en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de sus datos; cabe precisar que en términos del artículo 18 del acuerdo general precitado, los asuntos de naturaleza familiar, constituyen información reservada por el plazo de doce años contados a partir de su conclusión. En diverso aspecto, se tiene a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y autorizando únicamente para los mismos efectos a la persona que señala, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, se le tiene autorizando a los profesionistas que refiere en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la Ley de Amparo; en el entendido que al momento de promover en el presente expediente, deberá contar con su cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; asimismo, se autoriza únicamente para los efectos precisados en el escrito de cuenta a las personas que menciona. En otro aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme al artículo 3º del Acuerdo General 21/2020, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Adicionalmente, en dicho micrositio encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes, desahogo de comparecencias o requerimientos, por lo que sólo se podrán consultar los expedientes en los términos indicados en el dispositivo en cita y cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020. De igual forma, en caso de que las partes no tengan acceso a medios electrónicos para la consulta de los expedientes electrónicos, se hace de su conocimiento que cuando tengan cita podrán hacer uso del equipo de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrá para tal efecto, el cual podrá destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Asimismo, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación de Servicios en Línea, pues la intención es dar continuidad a la tramitación de los expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción para que se sirva notificar personalmente aún en días y horas inhábiles. Notifíquese, y personalmente a la quejosa" "CIUDAD DE MÉXICO, DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que no obra constancia de notificación a la promovente del amparo del auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno; en esas condiciones, a fin de no dejar en estado de indefensión a la citada parte realícese la notificación personal del auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, así como del presente proveído, en el domicilio que señaló en su escrito inicial de demanda, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción para que se sirva notificar personalmente aún en días y horas inhábiles. Notifíquese, y personalmente a la promovente del amparo"
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración que no obra constancia de notificación a la promovente del amparo del auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno; en esas condiciones, a fin de no dejar en estado de indefensión a la citada parte realícese la notificación personal del auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno, así como del presente proveído, en el domicilio que señaló en su escrito inicial de demanda, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción para que se sirva notificar personalmente aún en días y horas inhábiles.Notifíquese, y personalmente a la promovente del amparo
- Principal
Se desecha por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, esta última en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, y artículo 113, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese, y personalmente a la quejosa
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