Lucía López Arriaga
Expediente 69/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Lucía López Arriaga
Actuaciones
- Principal
Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de depuración, destrucción y archivo, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. Finalmente, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este juzgado federal a recoger la documental que exhibió con su escrito inicial de demanda; apercibida que de no hacerlo, en su momento se destruirá junto con el expediente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 15 DE FEBRERO DE 2023, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "CAUSA ESTADO AUTO QUE DESECHO LA DEMANDA DE AMPARO ."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Se desecha demanda de amparo. Vista la demanda de amparo, se determina que es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, al actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no pueden considerarse de autoridad para efectos del juicio constitucional: Para sustentar lo anterior, procede transcribir los referidos numerales, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ************." De una interpretación sistemática de tales preceptos, se obtiene que la improcedencia del juicio de amparo no sólo se actualiza en los casos que prevé el referido artículo 61, sino también cuando la parte quejosa no satisface alguno de los presupuestos que contemplan otras disposiciones, siempre que sean necesarios para estudiar la constitucionalidad de los actos que se combaten. Uno de tales presupuestos es que en la demanda de amparo se reclamen actos, omisiones, normas generales o tratados que provengan de una autoridad, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, asistiéndole tal carácter a aquella -con independencia de su naturaleza formal- que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, para considerar como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo los mismos deben contar con las siguientes características: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese tenor, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, se considera autoridad a quienes, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de otras personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En el caso la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la orden verbal de cambio de funciones y de espacio de trabajo por parte del Jefe de Servicio de Laboratorio del Hospital General de esta ciudad. Pues bien, se considera que los actos reclamados antes descritos no revisten las características de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que la relación que existe entre la parte quejosa y el Gobierno Estatal, a través del Hospital General de León es meramente de carácter laboral, que tiene su origen en un vínculo obrero-patrón, en el que se entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse ésta de una prestación de índole laboral. Se afirma lo anterior, pues como se precisó la disconforme reclama la orden verbal de cambio de funciones y de espacio de trabajo por parte del Jefe de Servicio del Laboratorio del Hospital General de esta ciudad; actos que no involucran una relación de supra a subordinación con el particular, es decir, no está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública. Máxime que, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la quejosa labora para el Hospital General de León, en el puesto denominado "Químico Jefe de Sección de Laboratorio de Análisis Clínicos A" y que el cambio de área y funciones están vinculadas con dicha relación laboral. De ahí que, los actos motivo de reclamo no son factibles de impugnarse en la vía constitucional, toda vez que constituyen actos que derivan de un vínculo laboral con el Estado-patrón, en los términos de las leyes y reglamentos que lo regulan, pero en el caso, la autoridad que señaló como responsable no actúa con imperio, que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, que emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extinga situaciones jurídicas generales que afectan la esfera legal del particular, ni tampoco se tratan de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados, pues se trata de una decisión derivada en su calidad de ente patronal equiparado, en un plano de coordinación o igualdad entre ambas partes. En las relatadas condiciones, con sustento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, procede con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, desechar por improcedente la demanda de amparo de que se trata. Téngasele como señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Manuel Gallardo López en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Público de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
- Principal
Se desecha demanda de amparo. Vista la demanda de amparo, se determina que es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, al actualizarse la causal prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción II, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, pues los actos reclamados no pueden considerarse de autoridad para efectos del juicio constitucional: Para sustentar lo anterior, procede transcribir los referidos numerales, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ************." De una interpretación sistemática de tales preceptos, se obtiene que la improcedencia del juicio de amparo no sólo se actualiza en los casos que prevé el referido artículo 61, sino también cuando la parte quejosa no satisface alguno de los presupuestos que contemplan otras disposiciones, siempre que sean necesarios para estudiar la constitucionalidad de los actos que se combaten. Uno de tales presupuestos es que en la demanda de amparo se reclamen actos, omisiones, normas generales o tratados que provengan de una autoridad, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, asistiéndole tal carácter a aquella -con independencia de su naturaleza formal- que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En ese sentido, para considerar como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo los mismos deben contar con las siguientes características: a) La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En ese tenor, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, se considera autoridad a quienes, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de otras personas, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En el caso la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, la orden verbal de cambio de funciones y de espacio de trabajo por parte del Jefe de Servicio de Laboratorio del Hospital General de esta ciudad. Pues bien, se considera que los actos reclamados antes descritos no revisten las características de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que la relación que existe entre la parte quejosa y el Gobierno Estatal, a través del Hospital General de León es meramente de carácter laboral, que tiene su origen en un vínculo obrero-patrón, en el que se entabla una relación entre particulares actuando en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse ésta de una prestación de índole laboral. Se afirma lo anterior, pues como se precisó la disconforme reclama la orden verbal de cambio de funciones y de espacio de trabajo por parte del Jefe de Servicio del Laboratorio del Hospital General de esta ciudad; actos que no involucran una relación de supra a subordinación con el particular, es decir, no está de por medio el despliegue de una facultad administrativa de ejercicio irrenunciable y pública. Máxime que, de la lectura integral de la demanda de amparo y sus anexos, se advierte que la quejosa labora para el Hospital General de León, en el puesto denominado "Químico Jefe de Sección de Laboratorio de Análisis Clínicos A" y que el cambio de área y funciones están vinculadas con dicha relación laboral. De ahí que, los actos motivo de reclamo no son factibles de impugnarse en la vía constitucional, toda vez que constituyen actos que derivan de un vínculo laboral con el Estado-patrón, en los términos de las leyes y reglamentos que lo regulan, pero en el caso, la autoridad que señaló como responsable no actúa con imperio, que establece una relación de supra a subordinación con un particular, esto es, que emita actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extinga situaciones jurídicas generales que afectan la esfera legal del particular, ni tampoco se tratan de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados, pues se trata de una decisión derivada en su calidad de ente patronal equiparado, en un plano de coordinación o igualdad entre ambas partes. En las relatadas condiciones, con sustento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, procede con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, desechar por improcedente la demanda de amparo de que se trata. Téngasele como señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Gerardo Manuel Gallardo López en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Público de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.
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