Lucia Letayf Barroso

Expediente 234/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
234/2019
Año
2019
Actuaciones
29
Última actuación
04/07/2019

Partes del expediente

  • Lucia Letayf Barroso

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    MESA IV.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de once de junio del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin que lo hubiese hecho. Por tanto, con fundamento en los artículos 2 y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado. Por lo anterior, archívese el presente como asunto concluido y de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además, a juicio de este órgano jurisdiccional no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Asimismo, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales.

  2. Incidental

    MESA IV.- Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este expediente. Se determina que es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se negó la suspensión provisional y definitiva; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.

  3. Principal

    MESA VI. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el cual, la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Quinta Investigadora CGI, en la Ciudad de México, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República, informa que cesaron los efectos del acto reclamado, dado que mediante acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro de la carpeta de investigación ***, se ordenó dejar sin efectos la alerta migratoria instaurada en contra de la impetrante de amparo ***; lo que se corrobora con las constancias anexas al oficio de que se provee. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa reclamó: LA ORDEN DE ALERTA MIGRATORIA. SU EJECUCIÓN. Atribuidos a autoridades ministeriales y administrativas. En ese sentido, la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Quinta Investigadora CGI, en la Ciudad de México, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República, aceptó la existencia del acto reclamado, en sustitución de su homólogo Titular de la Agencia Segunda Investigadora CGI, de la Unidad de Investigación y Litigación; como se aprecia de las constancias que remitió en apoyo al informe justificado, las cuales, de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno. Establecido lo anterior, se advierte que en caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece:... Del precepto transcrito, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. Es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Sobre el particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis, entre las que destacan la emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Tomo XCIX, visible en la página 2443, de epígrafe y sinopsis siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS...". De igual forma, la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Quinta Época, Tomo LXXXIX, visible en la página 731, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS...". A fin de demostrar que en el presente caso, operó la causal de improcedencia antes referida, es menester puntualizar los siguientes antecedentes: A las diez horas con diecinueve minutos del veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, el licenciado Roberto Rojas Esquivel, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Segunda Investigadora CGI de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, solicitó mediante oficio CGI-II-217/2016, de esa data, al Director General Adjunto de Información e Investigación del Instituto Nacional de Migración, la instauración de la alerta migratoria entre otros, a nombre de Lucia Letayf Barroso. El once de junio de dos mil dieciséis, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Segunda Investigadora CGI de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, dio inicio a la carpeta de investigación marcada con el número ***, relativo a hechos que la ley señala como delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el ordinal 109, fracción I y sancionado por el ordinal 108, ambos del Código Fiscal de la Federación, ordenándose la práctica de los actos de investigación necesarios, para la debida integración de la misma. El seis de agosto de dos mil dieciséis, se recibió asistencia jurídica internacional, mediante el cual el agregado legal en Washington D. C. Dr. Alfonso J. Motta Allen, hizo del conocimiento de esa autoridad de veintidós domicilios relacionados con los investigados en Estados Unidos de América; documentales que están agregados a la carpeta de investigación como datos de pruebas. Por lo que, derivado de dicha información y ante la posibilidad de citar a la investigada para hacerle del conocimiento la imputación de algún hecho que la ley señale como delito y que la misma al tener domicilio en otro país, esa autoridad ministerial se vería imposibilitada para hacerlo, por tal motivo y con la única finalidad de que la autoridad migratoria informara a esa representación social de las entradas y salidas del país de la investigada, se giró oficio a la autoridad migratoria correspondiente respecto a Lucia Letayf Barroso. A las diez horas con veintitrés minutos del diez de junio de dos mil diecinueve, atendiendo a que se ha apersonado a Lucia Letayf Barroso y a su abogado defensor, a efecto de solicitar acceso a la carpeta de investigación y ser recabada su entrevista, se ordenó la cancelación de la alerta migratoria única y exclusivamente por la parte quejosa y se ordenó girar oficio a la autoridad migratoria. En atención a lo anterior, cabe precisar que de las constancias adjuntas al oficio que se provee, se advierte lo siguiente: Cesaron los efectos del acto reclamado que de esa autoridad relama la quejosa, dado que mediante acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016, se ordenó dejar sin efectos la alerta migratoria instaurada en contra de la impetrante de amparo Lucia Letayf Barroso. Dicha acción jurídica, fue notificada en la fecha citada con antelación a Lucia Letayf Barroso y a su abogado defensor, vía correo electrónico. Mediante oficio CGI-V-48/2019, dirigido al Director General adjunto de Información e Investigación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, se ordenó la cancelación de la alerta migratoria solicitada por el licenciado Roberto Rojas Esquivel, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Segunda Investigadora CGI de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, mediante diverso CGI-II-217/2016, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. En esa tesitura, tomando en consideración que el acto que se reclamó en la demanda de amparo es LA ORDEN DE ALERTA MIGRATORIA; es innegable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, ya que de lo expuesto se aprecia de forma evidente que la propia autoridad responsable ordenó dejar sin efectos la alerta migratoria instaurada en contra de Lucia Letayf Barroso; lo cual implica la inexistencia del acto reclamado, por lo que, es correcto concluir que han cesado los efectos del mismo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo expuesto, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sobre el particular se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, marzo de dos mil tres, foja 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE...". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es nueve horas con veinte minutos del nueve de julio de dos mil diecinueve, lo cual se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

  4. Principal

    MESA VI. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA PERSONALMENTE POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, por el cual, la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Quinta Investigadora CGI, en la Ciudad de México, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República, informa que cesaron los efectos del acto reclamado, dado que mediante acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro de la carpeta de investigación ***, se ordenó dejar sin efectos la alerta migratoria instaurada en contra de la impetrante de amparo ***; lo que se corrobora con las constancias anexas al oficio de que se provee. Por otra parte, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa reclamó: LA ORDEN DE ALERTA MIGRATORIA. SU EJECUCIÓN. Atribuidos a autoridades ministeriales y administrativas. En ese sentido, la Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Quinta Investigadora CGI, en la Ciudad de México, de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República, aceptó la existencia del acto reclamado, en sustitución de su homólogo Titular de la Agencia Segunda Investigadora CGI, de la Unidad de Investigación y Litigación; como se aprecia de las constancias que remitió en apoyo al informe justificado, las cuales, de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno. Establecido lo anterior, se advierte que en caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del invocado artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece:... Del precepto transcrito, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, lo que implica la imposibilidad jurídica de analizar su constitucionalidad al no surtir efectos. Es de suma importancia advertir que existen dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) Por revocación y; b) Por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. La segunda hipótesis se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; por ejemplo, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Sobre el particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis, entre las que destacan la emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Tomo XCIX, visible en la página 2443, de epígrafe y sinopsis siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS...". De igual forma, la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Quinta Época, Tomo LXXXIX, visible en la página 731, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS...". A fin de demostrar que en el presente caso, operó la causal de improcedencia antes referida, es menester puntualizar los siguientes antecedentes: A las diez horas con diecinueve minutos del veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, el licenciado Roberto Rojas Esquivel, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Segunda Investigadora CGI de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, solicitó mediante oficio CGI-II-217/2016, de esa data, al Director General Adjunto de Información e Investigación del Instituto Nacional de Migración, la instauración de la alerta migratoria entre otros, a nombre de Lucia Letayf Barroso. El once de junio de dos mil dieciséis, el Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Segunda Investigadora CGI de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, dio inicio a la carpeta de investigación marcada con el número ***, relativo a hechos que la ley señala como delito de defraudación fiscal equiparada, previsto en el ordinal 109, fracción I y sancionado por el ordinal 108, ambos del Código Fiscal de la Federación, ordenándose la práctica de los actos de investigación necesarios, para la debida integración de la misma. El seis de agosto de dos mil dieciséis, se recibió asistencia jurídica internacional, mediante el cual el agregado legal en Washington D. C. Dr. Alfonso J. Motta Allen, hizo del conocimiento de esa autoridad de veintidós domicilios relacionados con los investigados en Estados Unidos de América; documentales que están agregados a la carpeta de investigación como datos de pruebas. Por lo que, derivado de dicha información y ante la posibilidad de citar a la investigada para hacerle del conocimiento la imputación de algún hecho que la ley señale como delito y que la misma al tener domicilio en otro país, esa autoridad ministerial se vería imposibilitada para hacerlo, por tal motivo y con la única finalidad de que la autoridad migratoria informara a esa representación social de las entradas y salidas del país de la investigada, se giró oficio a la autoridad migratoria correspondiente respecto a Lucia Letayf Barroso. A las diez horas con veintitrés minutos del diez de junio de dos mil diecinueve, atendiendo a que se ha apersonado a Lucia Letayf Barroso y a su abogado defensor, a efecto de solicitar acceso a la carpeta de investigación y ser recabada su entrevista, se ordenó la cancelación de la alerta migratoria única y exclusivamente por la parte quejosa y se ordenó girar oficio a la autoridad migratoria. En atención a lo anterior, cabe precisar que de las constancias adjuntas al oficio que se provee, se advierte lo siguiente: Cesaron los efectos del acto reclamado que de esa autoridad relama la quejosa, dado que mediante acuerdo de diez de junio de dos mil diecinueve, dictado dentro de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016, se ordenó dejar sin efectos la alerta migratoria instaurada en contra de la impetrante de amparo Lucia Letayf Barroso. Dicha acción jurídica, fue notificada en la fecha citada con antelación a Lucia Letayf Barroso y a su abogado defensor, vía correo electrónico. Mediante oficio CGI-V-48/2019, dirigido al Director General adjunto de Información e Investigación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, se ordenó la cancelación de la alerta migratoria solicitada por el licenciado Roberto Rojas Esquivel, Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Agencia Segunda Investigadora CGI de la Unidad de Investigación y Litigación de la Procuraduría General de la República, mediante diverso CGI-II-217/2016, de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis. En esa tesitura, tomando en consideración que el acto que se reclamó en la demanda de amparo es LA ORDEN DE ALERTA MIGRATORIA; es innegable que se actualiza la causa de improcedencia en comento, ya que de lo expuesto se aprecia de forma evidente que la propia autoridad responsable ordenó dejar sin efectos la alerta migratoria instaurada en contra de Lucia Letayf Barroso; lo cual implica la inexistencia del acto reclamado, por lo que, es correcto concluir que han cesado los efectos del mismo. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por lo expuesto, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sobre el particular se cita la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XVII, marzo de dos mil tres, foja 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE...". En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es nueve horas con veinte minutos del nueve de julio de dos mil diecinueve, lo cual se ordena hacer del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes.

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