Lucia Jonapa Cortes
Expediente 1373/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1373/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/10/2023
Partes del expediente
- Lucia Jonapa Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto, el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la determinación de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en la que se dictó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales a los que haya lugar Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable y tercero interesado, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia pronunciada, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este Órgano Jurisdiccional del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I, de dicho Acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Toda vez que en el presente juicio no se aperturó el incidente de suspensión, se deja de realizar pronunciamiento al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES. Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que, no se advierten documentos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, por ende, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.
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Vistos, los oficios signados por los integrantes y Actuario adscrito de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, por medio de los cuales rinden informe justificado, y anexan constancias. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, glósense a los autos los oficios y anexos de cuenta. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Por su parte, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tienen por admitidas las documentales que adjuntan, las que se desahogan atenta a su propia y especial naturaleza jurídica, las cuales se agregan al presente juicio al haberse presentado físicamente, sin perjuicio de obrar digitalizadas en el expediente electrónico. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por la parte quejosa consistente en la omisión de proveer el escrito de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en el que se solicitó se dictara el auto de ejecución de laudo dictado el cuatro de julio de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral número ****, del índice de la responsable; y su ejecución, se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando, ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Ahora, el impetrante del amparo reclamó de las autoridades responsables Presidente y Actuario Adscrito de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, la omisión de proveer el escrito de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en el que se solicitó se dicte el auto de ejecución de laudo dictado el cuatro de julio de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral número *****, del índice de la responsable; y su ejecución. En esa tesitura, del examen de las documentales exhibidas por las autoridades responsables de mérito, a la que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; porque se trata de actuaciones emitidas por una autoridad en el ejercicio de su encargo, se obtiene que mediante proveídos de doce de septiembre de dos mil veintitrés, la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado se pronunció respecto al escrito de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, y procedió, en atención a su contenido y a diversa certificación de la Secretaria Auxiliar de Amparos de dicha dependencia, con fundamento en los artículos 939, 940, 947, 950, 951 y demás relativos así como aplicables a la Ley Federal del Trabajo a dictar auto de ejecución con efectos de mandamiento, comisionando al actuario adscrito a efecto de que en la hora y fecha señalada (doce horas del once de octubre de dos mil veintitrés) se sirva a realizar la diligencia correspondiente. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la omisión de proveer el escrito de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, en el que se solicitó se dicte el auto de ejecución de laudo dictado el cuatro de julio de dos mil veintitrés, dentro del expediente laboral número ****, del índice de la responsable; y su ejecución. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose al inconforme en el goce del derecho violado, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO, respecto al acto aquí analizado, reclamado a las autoridades responsables Presidente y Actuario Adscrito de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. Apoya a la anterior consideración, la Jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Sin que resulte obstáculo a lo anterior, el hecho de que la Junta responsable, haya sido omisa en remitir la constancia de notificación practicada a Lucía Jonapá Cortés, en su carácter de actora en el juicio de origen (aquí quejosa), respecto de los proveídos de doce de septiembre de dos mil veintitrés, atinentes a proveer el escrito de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés y dictar el auto de ejecución con efectos de mandamiento dentro del expediente laboral *****, ello, toda vez que, este órgano de control constitucional mediante este proveído le da vista al accionante de los derechos fundamentales, con el contenido del informe justificado rendido por la autoridad en cita y las documentales de referencia; por tanto, se estima que la deficiencia en que incurrió la responsable de trato, no trasciende al resultado del juicio, ya que la misma es suplida por este Juzgado, con motivo inherente al desarrollo del procedimiento constitucional biinstancial. Del mismo modo, no es obstáculo a lo anterior, el hecho de que no se haya dado vista a las partes con los informes de cuenta y posteriormente celebrado la audiencia, ya que esa medida es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido de los informes justificados y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca; además de que ninguna finalidad práctica tendría conceder la oportunidad probatoria, si con ninguna prueba podría desvirtuarse la causal de improcedencia en estudio; y más aún, de considerar lo contrario, una vez transcurrido ese lapso, tendría que celebrarse la audiencia constitucional respectiva, y en ese sentido, la hipótesis contenida en el criterio jurisprudencial en cuestión, nunca se actualizaría. Corolario de lo anterior, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AL TERCERO INTERESADO, ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; el oficio signado por la Subconsejera Jurídica de lo Contencioso dependiente de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado, en representación del Titular de la Consejería Jurídica del Gobernador, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de trece de septiembre del año en curso; remite copia certificada del dictamen de procedencia de pago de veinte de septiembre de la anualidad en curso, emitido en el procedimiento ********************. Asimismo, informa que mediante oficio ********************, remitió al Secretario de Salud del Estado y Director General el Instituto de Salud, el referido dictamen de procedencia de pago, para dar cumplimiento a la sentencia emitida en este juicio de amparo, para lo cual adjunta las constancias relativas; agregando que la referida responsable, es la encargada de realizar los trámites necesarios ante la Secretaría de Hacienda, para que haga el pago respectivo. Al efecto, se acuerda. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos la comunicación y anexo de cuenta; en atención a su contenido, téngase a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de trece de septiembre de dos mil veintitrés. Ahora bien, es importante precisar que del dictamen emitido por la Subconsejera Jurídica de lo Contencioso dependiente de la Consejería Jurídica del Gobernador del Estado, en representación del Titular de la Consejería Jurídica del Gobernador, con residencia en esta ciudad, en el procedimiento ********************, de veinte de septiembre de dos mil veintitrés, en el punto resolutivo segundo, se estableció lo siguiente: "SEGUNDO: Hágase del conocimiento de este dictamen por oficio a la Secretaría de Salud del Estado y/o Instituto de Salud, así como a la Secretaría de Hacienda del Estado; a efecto de que el impacto presupuestario que genere este dictamen deberá ser cubierto con los propios recursos autorizados del organismo ejecutor, o en su caso, con la liberación del recurso que efectúe la Secretaría de Hacienda del Estado. Así, para continuar con el trámite de ejecución correspondiente, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, SE REQUIERE al Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas, para que dentro del término de tres días contados a partir de su legal notificación, comunique las subsecuentes gestiones encaminadas a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo a este órgano jurisdiccional; esto es, informe si realizará el pago de lo adeudado en el juicio de origen con los propios autorizados del ente responsable; o con la liberación del recurso que efectúe la Secretaría de Hacienda del Estado; ello, para estar en condiciones de acordar lo conducente. Se apercibe a la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior; o bien, manifestar el impedimento legal que tenga para ello o de advertir evasivas para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, con fundamento en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia ante el Tribunal Colegiado de Circuito legalmente competente, quien de reiterar que existe incumplimiento, remitirá los presentes autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable; lo anterior, sin perjuicio de su consignación ante un juez del orden penal. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Juan Carlos de León Betanzos, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Visto, el escrito signado por Roger Molina Álvarez, en su carácter de delegado de la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual interpone recurso de revisión contra la resolución incidental de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º, glósese a los autos copia del aludido escrito, para que obre como corresponda. Atento a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial "A", encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que realice la captura correspondiente del recurso citado supralíneas. De igual forma, con fundamento en los artículos 81, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el RECURSO DE REVISIÓN que hace valer; en consecuencia, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto y rubro es el siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO." Asimismo, hágase del conocimiento de la Superioridad, que el presente asunto, se encuentra integrado de conformidad con lo establecido en los numerales 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós; por lo que en términos del diverso 113 del precitado Acuerdo; infórmese al Ad quem, que desde este momento, queda debidamente vinculado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), este expediente de manera electrónica, a fin de que se encuentre disponible para su consulta, y con ello, obtener la información o constancias que se requieran. Aunado a lo anterior, se instruye al Oficial Judicial A, para que en el ámbito de sus funciones, realice los trámites correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA QUEJOSA, ELECTRÓNICAMENTE A LA AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A ESTE JUZGADO Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.
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